TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas
Barinas, 16 de Abril de 2004
193º y 145º

ASUNTO PRINCIPAL : EP01-S-2004-000111
ASUNTO : EP01-S-2004-000111

AUTO ORDENANDO ENTREGA DE VEHÍCULO

JUEZ ACTUANTE: Abg. PPERPETUO REVEROL BRICEÑO
MOTIVO DE CONOCIMIENTO: SOLICITUD DE ENTREGA DE VEHÍCULO.
SOLICITANTE: JAIRO OMAR CAMACHO VALERO.
FISCAL VI DEL MINISTERIO PÚBLICO: Abg. MIGUEL ANGEL GOMEZ.
SECRETARIA MAGUIRA ORDOÑEZ

Vista la solicitud presentada ante este Despacho por el ciudadano: JAIRO OMARCAMACHO VALERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 8.083.834, domiciliado en la población de Sabaneta Estado Barinas, en la cual pide la entrega de un vehículo que se encuentra depositado a la Orden de la Fiscalía VI del Ministerio Público, con las siguientes características: Clase: Automóvil; Marca: Ford; Modelo: F-150; Año: 1994; Color: Azul, Tipo: Pick Up, Clase: Camioneta, Serial Motor: 8 Cil; Serial Carrocería: AJF1RP18536; Uso: Carga; Placas: 648- XLJ.
El tribunal para decidir observa:
1º.- El vehículo fue retenido por funcionarios de la Guardia Nacional del Destacamento 14 de Barinas en un procedimiento efectuado en la sede del Puesto de Control Móvil, en la población de Arauquita juisdicción del Municipio Alberto Arvelo Torrealba, el día 11 de Noviembre de 2003.
2°.- El solicitante; al efecto acompaña a su solicitud documento de compra venta del ciudadano ALEJANDRO RUIZ para el ciudadano MIGUEL ANGEL LAVEGLIA ALVARADO , debidamente autenticado por ante Notaría Pública Segunda del Municipio Iribarren del Estado Lara, anotado bajo el N° 42, tomo 58 de los libros respectivos de fecha 10-05-2000 y documento de venta de MIGUEL ANGEL LAVAGLIA ALVARADO para el solicitante JAIRO OMAR CAMCHO VALERO, autenticado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Alberto Arvelo Torrealba del Estado Barinas, anotado bajo el N° 40, tomo 10, folios 79 al 80 de los libros de Autenticaciones, de fecha 21-11-2003, acompaña igualmente Certificado de Registro de Vehículo, a nombre del primer comprador; Pero observa también el tribunal que a dicho vehículo le fue practicada Experticia por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas - Seccional Sabaneta, en fecha 30-11-2003 a cargo del experto: Agente Gabriel Vivas; la cual dio como resultado: Que la activación de seriales, no se logró activar el serial original, debido al debaste de la zona; done concluye que la chapa identificadora del serial de carroceria, sujeta mediante remaches, ubicada en el tablero izquierdo del chofer, donde se lee AJF1RP18536, es original; el serial de carrocería, inserto mediante troquelen el chasis, se encuentra alterado, fue sometido a estudio,no logrando identificar el serial original, debido al debaste de la zona; el serial del motor se encuentra en su estado original. Se verificó los datos originales del vehículo por el sistema computurizado de información policial y se estableció que no se encuentra solicitudo. En la expereticia realizada al documento certificado de registro de vehículo y carnet de circulación. Señalando que los mismos son falsos, por cuanto no ocnfiguran el vaciado no corresponde al expedido por el SETRA. En consecuencia teniendo así esta información debidamente detallada que presentan los funcionarios en los informes y la experticia practicada al vehículo en cuestión, aunado que solicitante pide a este Tribunal que se le haga entrega del vehículo ya señalado.

3°.- Cursan en original los documentos que acreditan la tradición legal de la propiedad del referido vehículo, como son los documentos de compra-venta de los diferentes propietarios, debidamente autentiucados, donde se demuestra la buena fe del poseedor actual.

Ciertamente que el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) señala que: “El Ministerio Público devolverá lo antes posible los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el Juez de control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el Fiscal si la demora le es imputable.

El Juez o el Ministerio Público entregarán los objetos directamente o en depósito con la expresa obligación de presentarlos cada vez que sean requeridos.

Las autoridades competentes deberán darle cumplimiento inmediato a la orden que en este sentido impartan el Juez o el Fiscal, so pena de ser enjuiciados por desobediencia a la autoridad, conforme a lo dispuesto en el Código Penal”.

También es verdad que debe tenerse presente que de autos se desprende, con vista de la experticia que riela al folio 37, la presunta violación a tipos penales expresamente previstos y sancionados por nuestro ordenamiento jurídico de evidente orden público, los cuales por mandato constitucional le compete al Ministerio Público investigarlos, descubrir a los culpables y solicitar su enjuiciamiento para que mediante un debido proceso sean declarados responsables y sancionados.

Ahora bien, también es verdad que no consta que el solicitante sea autor o partícipe de esos presuntos hechos delictivos.

Pero existe desde luego una situación que debe ser aclarada por el organismo competente, léase Ministerio Público, constituida por la manifestación expresada en la referida experticia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

En la actualidad y por haber demostrado que obtuvo la propiedad del bien de manos de quien la tenía sobre ese mismo bien, a juicio del Tribunal quien tiene mejor derecho sobre el mismo es precisamente el solicitante de la entrega o devolución.

Sea oportuno el comentario que con respecto al artículo 311 del COPP tiene el respetado autor cubano Eric Pérez Sarmiento en su obra “Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal”, el cual es del tenor siguiente: “Esta norma está encaminada a disminuir el número de piezas de convicción en poder de los tribunales. El procedimiento para estas devoluciones debe ser sumario y sencillo, debiendo el Ministerio Público entregar los objetos a que se refiere este artículo a quienes demuestren prima facie ser los propietarios o poseedores legítimos de los mismos. Esto es particularmente necesario en los casos de vehículos automotores, los cuales deben ser devueltos a aquellos que exhiban la documentación expedida por las autoridades administrativas de tránsito o que puedan probar sus derechos por cualquier medio lícito y valorable conforme a las reglas del criterio racional. En estos casos, como en todos, los jueces están obligados a proteger el principio “possesio vaux titre”, consagrado en el artículo 794 del Código Civil. De ahí que aún en aquellos casos donde se evidencie adulteración de seriales en los vehículos u otros signos que pudieran hacer presumir la existencia de delito, los jueces vienen obligados a proteger al poseedor de buena fe”.

Tal artículo 794 del Código Civil venezolano en seña que: “Respecto de los bienes muebles por su naturaleza y de los títulos al portador, la posesión produce, a favor de los terceros de buena fe, el mismo efecto que el título. Esta disposición no se aplica a la universalidad de muebles.

Sin embargo, quien hubiese perdido una cosa o aquel a quien la hubiesen quitado, podrán reclamarla de aquel que la tenga, sin perjuicio de que este último pueda exigir indemnización a aquel de quien la haya recibido.”

En este mismo sentido corroborando lo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de la Sala Constitucional de fecha 13-08-01, estableció expresamente lo siguiente: “Ahora bien observa esta Sala que, en atención a lo dispuesto en el artículo 319 (ahora 311) del Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público debe devolver los objetos recogidos o que se incautaron y que no son indispensables para la investigación, a quienes habiendo acudido ante el Juez de Control a solicitar su devolución demuestren prima facie ser propietarios o poseedores legítimos de los mismos. En los casos de vehículos automotores resulta obligatoria su devolución a quienes exhiban la documentación expedida por las Autoridades Administrativas de Tránsito o que puedan probar su derecho por cualquier medio lícito y valorable conforme a las reglas del criterio racional. Por ello, considera esta Sala, que acreditada sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto que se reclama en el proceso penal, el Juez deberá ordenar la entrega del vehículo correspondiente.”

En el presente caso el solicitante ha probado, prima facie, y en criterio del Tribunal ser el propietario y poseedor legítimo del bien mueble que pide le sea devuelto.

El vehículo en cuestión no aparece solicitado por las autoridades policiales y en opinión de quien aquí decide no es indispensable para la investigación por cuanto ya consta la experticia efectuada sobre el mismo; aunado a que tal indispensabilidad no ha sido declarada motivadamente por el Ministerio Público.

La documentación del vehículo que sirvió para efectuar el negocio jurídico y trasladar la propiedad del bien, no ha sido declarada judicialmente falsa. Lo que significa que el solicitante adquirió de buena fe dicho bien mueble, por lo que con fundamento en lo preceptuado en el transcrito artículo 794 del Código Civil que consagra y protege la posesión de buena fe, él debe ser tratado.
Por otra parte no consta que haya alguien más reclamando tener derecho sobre dicho bien.
Lo que hace que se genere en la convicción del Tribunal que quien tiene mejor derecho a poseer ese vehículo es JAIRO OMAR CAMCHO VALERO, sin que ello signifique que este Tribunal se esté pronunciando definitivamente sobre la propiedad de dicho bien mueble.

Por lo que estima el Tribunal que la solicitud de devolución o entrega debe considerarse procedente. Así se declara.

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, este Tribunal de Primera Instancia Penal en función de Control No.6 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, DECLARA PROCEDENTE la solicitud de entrega del vehículo efectuada y en consecuencia, SE ORDENA al propietario, administrador, encargado o a quien haga sus veces del estacionamiento “Industrial” de esta ciudad de Sabaneta, Estado Barinas, HACER ENTREGA DIRECTA E INMEDIATA al ciudadano JAIRO OMAR CAMCHO VALERO, ya identificado, el vehículo Marca: Ford; Modelo: F.150 Clase: Camioneta; Año: 1994; Color: Azul; Placas: 648 XLJ; Serial de Carrocería: AJF1RP; Serial de Motor: 8 cil; Uso: Carga; Tipo: Pick Up, el cual quedó retenido a orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público y remitido hasta ese estacionamiento, según se desprende del oficio No. 9700-211-2134, de fecha 12 de Noviembre de 2003 suscrito por el Lic.Gerardo Andrade, Sub. Comisario Jefe de la Sub-Delegación Sabaneta del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y que riela al folio 4 de las actuaciones que reposan en este Tribunal.

Tal entrega que se acuerda a favor del solicitante lo es condicionada en el sentido que queda obligado a presentar el bien entregado ante este Circuito Judicial Penal a través de la oficina de alguacilazgo cada treinta (30) días contados a partir del que se le haga la entrega y hasta que ocurra uno de los actos conclusivos que obligatoriamente debe verificarse en esta investigación y que desde luego arrojará otra decisión.

Igualmente debe quedar entendido que no podrá celebrar válidamente ningún acto de disposición sobre el vehículo aquí entregado hasta tanto quede definitivamente aclarada la situación jurídica del mismo.
Se comisiona suficientemente al Fiscal Sexto del Ministerio Público para realice la entrega aquí acordada.

Ofíciese lo conducente. Notifíquese esta decisión. Todo de conformidad con el artículo 311 del COPP y la doctrina y jurisprudencia citadas.
Se ordena expedir copia certificada de la presente decisión y desglosar los documentos autenticados y devolverlos al solicitante.
Dada, sellada y firmada en la sede del Tribunal Penal de Control No. 5 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas.

EL JUEZ DE CONTROL N° 6
Abg. PERPETUO REVEROL BRICEÑO

LA SECRETARIA

Abg.