TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SUPERIOR CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN DE LOS ANDES

BARINAS, 05 DE MAYO DE 2004.-
194° y 145°

En escrito presentado ante este Tribunal Superior, el día Jueves Dieciocho (18) de Marzo de Dos Mil Cuatro (2004), por la Abogada YNGRID YURIMA GARCIA DE SILVERI, titular de la cédula de identidad N° V-8.007.560, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 23.747, con el carácter de Apoderada Judicial de la SOCIEDAD MERCANTIL PRIDE INTERNACIONAL C. A., domiciliada en el Estado Zulia, inscrita originalmente con el nombre de “Perforaciones Zulianas C.A., por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 12 de Febrero de 1982, bajo el N° 1, Tomo 2 a, y objeto de sucesivas reformas de fecha 06 de Junio de 1984, (cambia el nombre para Perforaciones Western, C.A.), inscrita bajo el N° 67, tomo 6 a, de fecha 30 de Enero de 1995 (cambia de nombre para PRIDE internacional C. A.), ha interpuesto RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE EFECTOS PARTICULARES en contra de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO BARINAS, y solicita sea decretada MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA, de la Providencia Administrativa N° 19-04 de fecha 27 de Febrero de 2004.
Este Tribunal Superior, para decidir observa:
Dispone el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, solo cuando exista riesgo manifiesto que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave del derecho que se reclama.”Por su parte, el Parágrafo Primero del artículo 588 ejusdem, establece:
“Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes puede causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer la continuidad de la lesión”

Prescindiendo de cualquier consideración en cuanto al fondo del asunto planteado sobre el cual no debe este Tribunal adelantar criterio, considera este Juzgador que los documentos traídos a los autos por la parte promovente de la presente Medida Cautelar se puede inferir el cumplimiento de los dos extremos que concurrentemente y obligatoriamente impone el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir, a) el denominado FUMUS BONI IURIS o presunción y apariencia de buen derecho, que se manifiesta en acreditar por parte de los actores de los elementos que permitan deducir su titularidad legítima para el cual invocan protección,; b) El denominado PERICULUM IN MORA, es decir, el peligro de mora, conceptuando como peligro de que la tardanza en que la tutela concedida por la decisión definitiva de la Acción promovida puede hacerse ilusoria o de imposible reparación; el Parágrafo Primero del artículo 588 ejusdem, establece un requisito adicional constituido por el fundado temor de daño inminente, o de continuidad de la lesión, conocido como PERICULUM IN DAMNI.
También considera conveniente este Juzgado Superior señalar el criterio doctrinario, según el cual las Medidas Cautelares tienen su razón de ser puesto que: “ ...son un instrumento que sirve para evitar ese

PELIGRO de que la Justicia pierda o deje en el camino su eficacia, sin la cual, por supuesto, deja de ser justicia...”( Carmen Chinchilla Marín) y en este sentido analizados los fundamentos de la presente acción, sin prejuzgar ni adelantar opiniones sobre el fondo de la controversia, la cual se definirá en la sentencia definitiva, este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, considera que están dados los presupuestos normativos, los indicios y los elementos probatorios para decretar la medida cautelar solicitada. En consecuencia, este Tribunal Superior hasta que se dicte sentencia definitiva, ACUERDA: La SUSPENSION DE LOS EFECTOS de la Providencia Administrativa N° 19-04 de fecha 27 de Febrero de 2004, mediante la cual se ordenó el Reenganche, y pago de salarios caídos interpuesta por el ciudadano JOSE MANUEL HERRERA GUZMAN, hasta tanto se dicte el mandamiento definitivo.
Se le advierte al solicitante que la falta de impulso procesal adecuado dará lugar a la revocatoria de la medida por contrario imperio.
Se acuerda, librar despacho comisionando suficientemente al Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, que se le enviarán copias fotostáticas certificadas. Para la elaboración de los fotostatos se autoriza al ciudadano Alguacil de este Tribunal Superior.-
EL JUEZ TEMPORAL,

FREDDY DUQUE RAMIREZ.

LA SECRETARIA,

BEATRIZ TORRES MONTIEL.
FDR/Elena.-
Exp. N° 4884-2004.-