TSJ Regiones - Decisión

COMISION No. 1433/2005

En horas de Despacho del día de hoy, MIERCOLES SIETE (07) de DICIEMBRE DOS MIL CINCO (2005), siendo las DOCE Y MEDIA HORAS DE LA TARDE (12:30 P.M.), fecha y hora de constitución de este Juzgado Tercero Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, para llevar a efecto la medida de REINCORPORACIÓN Y PAGO DE SALARIOS CAIDOS, decretada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, del ciudadano LISANDRO GONZALEZ FERNANDEZ, portadora de la cédula de identidad N° V-7.714.815, al cargo de AUDITOR IV, de la Contraloría Interna del Sistema Regional de Salud de la Gobernación del Estado Zulia, ó a otro equivalente, con el sueldo básico mensual correspondiente al mencionado cargo, así como los salarios dejados de percibir, incluyendo las bonificaciones, primas, aumentos o incrementos salariales por decretos Presidenciales, por aumento de Ley de Presupuesto del Estado Zulia, aguinaldo, vacaciones, aportes al fondo de ahorros, intereses sobre prestaciones sociales, fondo de pensiones y jubilaciones, ley Política Habitacional y cualquier otro concepto que pudiera corresponderle como funcionario público de carrera y dejados de percibir desde la fecha de su ilegal remoción y retiro, hasta su efectiva reincorporación al cargo, en acatamiento a la sentencia dictada por el Tribunal de la causa en fecha 25 de Noviembre de 1996, y la cual se relaciona con el juicio que por NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO, sigue el ciudadano LISANDRO GONZALEZ FERNANDEZ, antes identificado, contra LA GOBERNACION DEL ESTADO ZULIA, llevado en el expediente No. 5461, nomenclatura correspondiente al Tribunal de la Causa; y donde este Juzgado ha sido comisionado para practicar medida de reincorporación y pago de salarios caídos, en acatamiento a la mencionada sentencia dictada por el mencionado Tribunal de la Causa, y en tal sentido; se trasladó y constituyó el Tribunal Tercero Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada, San Francisco, Mara Paez y Almirante Padilla de la circunscripción Judicial del Estado Zulia, en la dirección indicada por la parte actora, ciudadano LISANDRO GONZALEZ FERNANDEZ, debidamente asistida en este acto por la abogada en ejercicio ADRIANA URDANETA, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 91.250, específicamente en el Despacho del Secretario de Gobierno de la Gobernación del Estado Zulia, ubicada frente a la Plaza Bolívar, Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Seguidamente y una vez presente el Tribunal en el sitio indicado, se procedió a notificar al ciudadano NELSON ENRIQUE CARRASQUERO ACOSTA, portador de la Cédula de Identidad Número V-3.113.925 con el carácter de SECRETARIO DE GOBIERNO y presente igualmente la abogada JANETH GONZALEZ, portadora de la Cédula de Identidad número V-5.169.740, en su carácter de DIRECTORA LEGAL DE LA PROCURADURIA DEL ESTADO ZULIA, y a quien se impuso sobre la reincorporación, del ciudadano LISANDRO GONZALEZ FERNANDEZ, portadora de la cédula de identidad No. V-7.714.815, al cargo de AUDITOR IV, de la Contraloría Interna del Sistema Regional de Salud de la Gobernación del Estado Zulia o a otro equivalente, con el sueldo básico mensual correspondiente al mencionado cargo, así como los salarios dejados de percibir, incluyendo las bonificaciones, primas, los aumentos o incrementos salariales por decretos Presidenciales, por aumento de Ley de Presupuesto del Estado Zulia, aguinaldos, vacaciones, aportes al fondo de ahorros, intereses, sobre prestaciones sociales, fondo de pensiones y jubilaciones, Ley de Política Habitacional y cualquier otro concepto que pudiera corresponder como funcionario público de carrera y dejados de percibir desde la fecha de su ilegal remoción y retiro, hasta su efectiva reincorporación al cargo, en acatamiento a la sentencia dictada por el Tribunal de la causa en fecha 25 de noviembre de 1996, (decretada por el Juzgado Superior en lo civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental) . En este estado presente el ciudadano NELSON ENRIQUE CARRASQUERO ACOSTA, en su carácter de SECRETARIO DE GOBIERNO, debidamente asistido en este acto por la abogada JANETH GONZALEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo los número 20.163, expuso: “Vista la ejecución de la medida dictada por el Tribunal en relación la funcionaria LISANDRO GONZALEZ FERNANDEZ, aclaramos en primer término a este Tribunal Ejecutor que la Gobernación del Estado Zulia no esta en actitud de rebeldía y de desconocimiento al cumplimiento o no de la sentencia en cuestión, sino por el contrario hay una situación espacialísima de orden material que escapa de nuestra voluntad de querer cumplir o no con el mandato de dicha sentencia; constituye un impedimento objetivo y palpable que imposibilita en el orden material el poder cumplir con la ejecución de dicha sentencia; constituye un impedimento objetivo y palpable que imposibilita en el orden material el poder cumplir con la ejecución de dicha sentencia. Asimismo se quiere hacer del conocimiento que la Gobernación del Estado Zulia, acudió y recurrió por ante el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, a objeto de participarle las causas por las cuales se hacia imposible darle cumplimiento a dicha sentencias, esta circunstancia nos obliga a exponer algunas de las razones de fondo de orden legal que impiden el cumplimiento y la reincorporación inmediata del recurrente en tal caso, es oportuno manifestarle que la administración pública se maneja con la Ley de Presupuesto para cada ejercicio fiscal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que en el caso del situado constitucional el mismo debe ser distribuido de la siguiente manera: el cincuenta por ciento (50%) para la política de inversión, un veinte por ciento (20%) para el situado municipal y el treinta por ciento (30%) restante para la política de funcionamiento y gastos fijos del personal del ejecutivo regional.- En consecuencia no tenemos disponibilidad presupuestaria que nos permita disponer de los recursos necesarios para poder cumplir con el mandato de la sentencia, lo cual resulta importante señalar que la misma esta orientada en dos aspectos: a) la reincorporación y b) el pago de los salarios caídos y demás beneficios señalados en la sentencia, pero es de observar que en ninguna de las sentencias y en el caso sub judice viene determinada la cuantía ni las estimaciones de pago están incluidas ni fueron determinados por el Tribunal en su oportunidad por no haberse practicado una experticia complementaria que determinase la cantidad la cual estaríamos obligados a cancelar y mal pudieras cumplir con una reincorporación sin pago de salarios caídos o pago de salarios caídos ni la respectiva reincorporación, porque el mandato del Tribunal representa el cumplimiento, reincorporación y pago de salarios. Por disposición expresa de la Ley contra la Corrupción se prohíbe expresamente poder adquirir compromisos por parte de cualquier funcionario sin tener la disponibilidad presupuestaria. Asimismo la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público en su artículo 49 contempla que no se podrán adquirir compromisos para los cuales no existan créditos presupuestarios ni disponer de créditos para una finalidad distinta a la prevista, es de apreciarse el contenido categórico de esta ley para el funcionario que pretenda efectuar un convenimiento sin contar con la disponibilidad presupuestaria, por otra parte se quiere dejar constancia desde el punto de vista económico es necesario señalar: por tratarse del cumplimiento de una obligación de hacer en el escrito emitido al Fiscal General de la República las razones de fondo y las practicas cumplidas por la Gobernación del Estado con el propósito de lograr los recursos necesarios que permitan cumplir con dicha sentencia, ya que su contenido forma parte de los pasivos laborales, es importante señalar que la Gobernación del Estado es la única que ha cumplido en cuantificar en el país todos y cada uno de los pasivos laborales, pasivos estos que además fueron reclamados por la Gobernación del Estado Zulia, en la Convención de Gobernadores efectuada en Puerto La Cruz en el mes de Junio de 2002, después de los acontecimientos del mes de abril donde el Gabinete económico de la administración central aprobó el pago de esos pasivos, no obstante de haber sido aprobado por el Ministro de Finanzas y su equipo ha sido imposible hacerse efectivo tales pretensiones a pesar de que con posterioridad también fue aprobado por la Asamblea Nacional, pero lo cierto es que hasta el día de hoy, ese dinero no ha entrado a las arcas regionales por la administración central por lo que obviamente carecemos de la disponibilidad presupuestaria para poder cumplirla. Nuestra responsabilidad fue cumplida en gestionar ante los organismos competentes los montos correspondientes para el pago y cumplimiento de la referida sentencia, como resultado tuvimos una reducción al mes de diciembre de 2002 del presupuesto en cuanto al situado constitucional y un presupuesto para el 2003 rebajado, y 2004 fue el 53% Política de Desarrollo Social y el 57% para Política de Inversión. En el presupuesto del 2005 tuvimos la situación supra señalada.-Asimismo los recursos proveniente del FIDES y LAEE de 2002 y los de 2003 nunca ingresaron a las arcas regionales todo esto colocó al estado en una situación precaria a los fines de dar cumplimiento a sus obligaciones. Asimismo es conveniente destacar que como se trata de una obligación de hacer para llevar a efecto el cumplimiento de la sentencia y dadas las características presupuestarias que se han expuesto en este acto, por vía de hecho hemos venido resolviendo en el marco de nuestras posibilidades económicas algunos de estos casos y actualmente se encuentran en vía de negociación otros, los cuales ponemos a disposición del Tribunal de los que podemos mencionar un grupo de funcionarios de la Dirección de Desarrollo Social. Es importante conocer la situación presupuestaria del Estado Zulia correspondiente al año 2005 sobre la cual nos regimos; discriminación que supra señalada, mas los ingresos derivados por papel sellado y timbres fiscales, que representan un monto de cuatrocientos millones de bolívares y por los intereses en deposito que representan un monto de mil quinientos millones de bolívares, a diferencia del presupuesto de ingreso del año 2003 y 2004, que fue un presupuesto deficitario. A pesar de ellos hemos sido cumplidores de las obligaciones contractuales y laborales no satisfechas en el ejercicio anterior y en las posibilidades legalmente establecidas hemos honrado en este ejercicio algunas obligaciones relacionadas con pasivos laborales originadas en razón de sentencias definitivamente firmes. Siendo muy importante que este Tribunal ejecutor conozca la situación histórica del presupuesto que hemos manejado en el tiempo que nos ha tocado dirigir los destinos de nuestro Estado, el impacto por rebaja del presupuesto de la cual hemos sido objeto los zulianos, en los ejercicios 2000 y siguientes, específicamente resulta importante referenciar el ejercicio 2002, el presupuesto inicial fue de quinientos treinta y cuatro cincuenta y tres millardos en términos generales, y desde el punto de vista de gasto del personal el monto correspondió a Doscientos Ochenta y Cuatro millardos, a este presupuesto corresponde al año 2002, se produjo una primera rebaja de un doce por ciento de ese presupuesto esa rebaja representó un monto de treinta y cuatro millardos setecientos millones de bolívares quedando en consecuencia doscientos cuarenta y nueve millardos setenta millones, pero posteriormente se produjo otra rebaja presupuestaria representada un ocho por ciento e igualmente se redujo un gasto adicional por conversión de bonos de la deuda pública. De estas cantidades podemos apreciar que en el año 2002 con un presupuesto de doscientos cuarenta y siete millardos cuarenta millones no pudimos cumplir con las exigencias de las sentencias, por ser un presupuesto deficitario, con mayor razón, al tener un presupuesto en el año 2003 de doscientos veinticuatro millardos ochenta millones de bolívares, es decir, treinta y dos millardos setenta millones de bolívares menos que en el 2002 y no obstante el proceso inflacionario y la devaluación de la moneda que corre en el presupuesto del 2003. Este presupuesto deficitario de 2003 se vio afectado también por la necesidad del cumplimiento de las obligaciones contractuales que tenemos adquiridas con todos los trabajadores que representaron un monto de quince millardos cincuenta millones de bolívares y otros beneficios de carácter laboral y contractual que presentan un monto de diecinueve millardos cincuenta millones de bolívares; como se puede apreciar de manera objetiva al Zulia se le deben por parte de la Administración Central los presupuestos 2001, 2002, 2003 y 2004, lo correspondiente a setecientos treinta y cinco millardos de donde se puede apreciar claramente que existe una imposibilidad de orden financiero y presupuestario para cumplir con los pasivos señalados y la Gobernación del Estado Zulia pueda dar cumplimiento en lo inmediato a la reclamaciones formuladas en este acto. En cuanto al presupuesto 2005 el estado Zulia tuvo un déficit de CIENTO CUARENTA MILLARDOS de los cuales el situado asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLARDOS, disponiéndose de un cincuenta por ciento (50%) para la política de Educación Salud y Desarrollo Social de conformidad con el Mandato expresamente establecido por el Constituyente 1999.- El resto es decir el cincuenta por ciento (50%) cubre Mantenimiento, Funcionamiento Gubernativo Servicio Generales; es preciso señalar que de ese cincuenta por ciento (50%) se dispone de TRESCIENTOS TREINTA CINCO MILLARDOS, para pago de Nominas y demás beneficios contractuales que abarca a cincuenta y cinco mil (55) Funcionarios Públicos. Este estado presente el ciudadano LISANDRO GONZALEZ FERNANDEZ, parte actora en el presente proceso, debidamente asistida en este acto por la abogada ADRIANA URDANETA, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 91.250, expuso: “Vista la exposición del representante de la Procuraduría del Estado Zulia, insisto en la REINCORPORACIÓN a su antiguo cargo o a otro de igual jerarquía y el pago correspondiente de los salarios caídos y otros conceptos laborales establecidos en la sentencia en cuestión dictada a favor, antes identificada.. Pido a este Tribunal cumpla con lo establecido con el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y mediante la ejecución de la sentencia reincorpore a su sitio de trabajo al ciudadano LISANDRO GONZALEZ FERNANDEZ; asimismo solicito que por cuanto la mencionada ciudadana ha cumplido con el lapso establecido de trabajo en la Administración Pública para gozar del beneficio de la jubilación que establece la Ley del Estatuto de Pensiones y Jubilaciones y la Ley de Policía pueda también otorgársele el beneficio de jubilación. Vista la exposición de la parte actora en cuanto a lo referente al beneficio de la Jubilación, no es materia que pueda resolver este Juzgado Ejecutor de Medidas, como una Jurisdicción de carácter especialísimo, cuyas facultades están delimitadas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil (C.P.C). En consecuencia, este JUZGADO TERCERO EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA, SAN FRANCISCO, MARA, PAEZ Y ALMIRANTE PADILLA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ACTUANDO EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: FORMALMENTE REINCORPORADO AL CIUDADANO LISANDRO GONZALEZ FERNANDEZ, antes identificada, al cargo de AUDITOR IV, conforme a los términos contenidos en la sentencia de fecha 25 de noviembre de 1996, dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, por una parte, y por la otra, notificados como han sido los abajo firmantes del deber que tienen de cancelar lo adeudado a la mencionada ciudadana y por tanto, declara cumplidos los actos ejecutivos encomendados por el Tribunal de la Causa; de tal manera que se da por cumplida la misión encomendada en los términos conferidos en el respectivo Despacho comisorio. Siendo las UNA Y MEDIA HORAS DE LA TARDE (1:30 P.M.), terminó, se leyó y conformes firman.

EL JUEZ

ABOG. EDMUNDO FINOL RINCON.

EL NOTIFICADO,

Abog. NELSON CARRASQUERO
SECRETARIO DE GOBIERNO

Dra. JANETH GONZALEZ
DIRECTORA LEGAL DE LA PROCURADURÍA DEL ESTADO ZULIA

EL QUERELLANTE Y SU ABOGADA ASISTENTE,

LA SECRETARIA

ABOG. MARGARITA MEDINA V.