TSJ Regiones - Decisión

Siendo la oportunidad para publicar el texto integro de la sentencia recaída en la presente causa este Tribunal lo hace así:

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL TRABAJO DEL NUEVO RÉGIMEN COMO DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS

195° y 146°

I
DETERMINACION DE LAS PARTES Y DE SUS APODERADOS

DEMANDANTE: MARCOS ANTONIO MORAN, titular de la cedula de identidad No.8.146.739
APODERADO JUDICIAL
DEL DEMANDANTE ELIBANIO UZCATEGUI, titular de la cédula de identidad No. V.-90.610

MOTIVO DE LA CAUSA:
COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES

DEMANDADO
Las Sociedades Mercantiles Servicios Integrales de Seguridad, C.A Y Bomba Sicula
DEFENSOR AD LITEM LERSSO GONZALEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el No.72.161.

II
DETERMINACION PRELIMINAR DE LA CAUSA
Obra ante esta Alzada la presente causa, por apelación ejercida en fecha 07 de Abril de 2005, por el Lersso González, en su carácter de defensor ad litem contra el auto dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación Laboral del de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en fecha 05 de Abril de 2005, donde declaró SIN LUGAR la demanda la cual fue oída en ambos efectos en fecha 28 de Marzo de 2005 (F.61 2da. pieza)

III
DE LA SENTENCIA APELADA
El a-quo ha dictado decisión declarando Sin lugar la demanda fundamentándose en que la acción se encontraba prescrita, debido a que en un primer momento se había intentado la misma pretensión bajo el No.3340 dentro del lapso requerido por la ley para interrumpir la prescripción, sin embargo fue declarada la extinción del proceso conforme a lo previsto en el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil. Intentándose con posterioridad la demanda nuevamente, considerando el aquo, que al momento de interponerse la acción habían transcurrido mas de un año del momento del registro de la demanda..

IV
FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN

El apoderado actor alego durante la audiencia lo siguiente:
1. El tribunal a-quo se avoco al conocimiento de la causa en fecha 11 de febrero de2005, sin que se haya notificado del auto de avocamiento , lo constituye una violación de la derecho a la defensa y al debido proceso, conforme al ordinal 1º del articulo 49 Constitucional.
2. Que no se concedió a las partes el lapso de reanudación de la causa previsto en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil.
3. Pide la reposición de la causa al estado de que se notifique a las empresas codemandas de la presente causa. la causa y se proceda dictar sentencia de fondo.

V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Este tribunal pasa a resolver lo planteado por el defensor ad liten en la audiencia oral, en la cual denuncia violación del derecho a la defensa y al debido proceso debido, toda vez que el juez de la causa no notifico a sus defendidas del avocamiento de la causa y no se fijo el termino previsto para la reanudación de la misma, en virtud de encontrarse paralizada, lo cual este juzgador puede constatar de la lectura del auto de avocamiento de fecha 11 de febrero de 2.005.

En este sentido es necesario plantear, que el derecho a la tutela judicial efectiva constituye uno de los principios de mayor trascendencia que definen y determinan la noción contemporánea del estado de derecho. El conjunto de derechos y garantías reconocidos en favor de los ciudadanos por el ordenamiento jurídico, se hace letra muerta, si el Estado no garantiza en forma prioritaria, la existencia y el respeto a un sistema jurisdiccional que permita libremente a los administrados exigir la protección plena de todas sus libertades.

En esa dimensión, el derecho a la tutela judicial efectiva se transforma en el primer y principal instrumento que asegura la justa, confiable y pacífica resolución de los conflictos entre particulares inherentes a la vida en sociedad, así como, la primera línea de protección de las libertades ciudadanas ante las eventuales actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado.

Dos de las más importantes implicaciones del derecho a la tutela judicial efectiva, lo conforman el derecho a la defensa y al debido proceso. El primero, entendido como la libertad de formular los alegatos, aportar las pruebas y ejercer los recursos que el ciudadano estime más convenientes para la causa que sostiene en resguardo de sus derechos e intereses y, el segundo, como la garantía de que todo juicio se ventile siguiendo un procedimiento previamente establecido por la ley, sin dilaciones indebidas, de carácter público, en fin, con respeto a todas las garantías procesales, de rango Constitucional conforme al articulo 49 Constitucional.
Es por ello, que nuestro legislador estableció que en los supuestos en que una causa se encuentre paralizada, surge el deber a cargo del Juez de fijar un plazo antes de su reanudación, con la finalidad de que las partes tengan certeza en cual estado se encuentra el proceso y notificar a las mismas. En este sentido dispone el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:

“El Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo legal. Cuando esté paralizada, el juez debe fijar un término para su reanudación que no podrá ser menor de diez días después de notificadas las parte o sus apoderados.” (Subrayado es nuestro)

De la norma antes transcrita, se puede deducir que cuando la causa se encuentre paralizada, el juez que se avoque al conocimiento de ella tiene el deber de establecer en el auto de avocamiento que dicte un termino para la causa se reanude, que no puede ser inferior diez (10) días de despacho, contados a partir que consten en autos la notificación de las partes a los efectos de que la causa se reanude, es decir, es indispensable que se concedan los diez (10) días para la reanudación de la causa y sen notificadas.

En tal sentido es preciso citar la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 18-12-2003, en caso de amparo constitucional interpuesto por Constructora Nigarca, C.A., la cual se encuentra publicada en el tomo 206 de Ramírez & Garay, Págs. 234 y 235, donde se establece lo siguiente:

“…Al respecto, la Sala debe señalar las irregularidades en que incurrió la Jueza Itinerante, en el auto mediante el cual se avocó a la causa cuando estableció únicamente, un término para la sentencia (el décimo día), una vez que constara en autos la notificación de las partes; pues debió fijar el lapso de 10 días para la reanudación de la causa, que establece que el artículo 14 del Código de procedimiento Civil, para que las partes volviesen a estar a derecho, y una vez vencido dicho lapso que establece el referido artículo 118 de la Ley Orgánica del Trabajo para dictar sentencia, junto con el cual correría simultáneamente el lapso que establece el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, de tres (3) días para recusar al Juez o a la Secretaria, si la parte lo considera pertinente. Tales irregularidades ocasionaron a las partes una incertidumbre sobre la oportunidad en que vencía el lapso para sentenciar y comenzaría el cómputo del lapso para la interposición del recurso de apelación, debido a que se redujo el referido lapso para el pronunciamiento de la sentencia, y no se fijaron expresamente los lapsos de la manera como se ha establecido, lo cual afectó el derecho a la defensa de la accionante…” (Subrayado nuestro)

Conforme Resolución No 2004-00017 de fecha 24 de Noviembre de 2004, se suprime el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas y se crea la Coordinación Laboral del Estado Barinas integrada por una serie de tribunales los cuales continuaran conociendo las causas que cursaban por ante dicho órgano jurisdiccional; situación esta que constituye un motivo de paralización de la causa, debido a que es otro tribunal (distinto al originario) el que se encargaría del conocimiento del expediente. Aunado a lo anterior, el suprimido Juzgado dicta una resolución en la cual ordeno la paralización de las causas.

Ahora bien, de la revisión de las actas procesales se observa, que en fecha 11 de Febrero de 2005, (F.03) se dicta auto mediante el cual el Juez se avoca al conocimiento de la causa y se concede la oportunidad procesal para que las partes ejerzan el derecho de recusar al juez conforme al articulo 90 del Código de Procedimiento Civil, sin que se haya ordenado la notificación de las partes y mucho menos concedido el termino para la reanudación de la causa. Una vez dictado el auto anterior, se reanuda la causa y se dan inicio a los actos procesales pertinentes.

Es de resaltar que en diligencia de fecha 02 de marzo de 2.005 (F.08), el coapoderado judicial de la parte actora solicita que sea notificada del avocamiento en la presente causa, lo cual niega el tribunal de instancia. Con posterioridad el abogado Lersso González, actuando con el carácter de defensor ad litem, solicita la reposición de la causa al estado de notificación del avocamiento, dado que constituye una violación al debido proceso, (F.15); Consta igualmente (folio 15) que por auto de fecha 05 de abril de 2005 el tribunal “…considera que no es necesario la notificación de las empresas demandadas:…, por cuanto se encuentran a derecho ambas partes desde que se reanudo el juicio en fecha 11 de febrero de 2005.”

Las actuaciones procesales antes indicadas constituyen una violación al debido proceso, en razón a que no existió certeza para las partes el momento en el cual el juez de la causa se avoco al conocimiento, dado que la falta de notificación, que le permitiría a éstas determinar cual era la oportunidad procesal, para efectuar la recusación del Juez, esto conllevo a colocar a la empresas parte demandada en una situación de indefensión, viciándose por tanto en forma absoluta el auto de avocamiento y por consiguiente todas las actuaciones realizadas con posterioridad a el.

En merito de lo antes expuesto, este tribunal considera imperioso y aras de salvaguardar el derecho a la defensa y el debido proceso, se decreta la nulidad del auto de fecha 11 de febrero de 2005 y todo lo actuado con posterioridad al mismo y en consecuencia se ordena la reposición de la causa, al estado de que el Tribunal de origen se avoque nuevamente, notifique a las partes del avocamiento en la presente causa concediéndose el plazo de reanudación de 10 días de despacho contemplado en el articulo 14 del Código de Procedimiento Civil, todo de conformidad con el articulo 206. Así mismo se ordena remitir la presente causa al tribunal de origen para que continué sustanciando la presente causa Así se decide.

V
DECISIÓN

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, este Tribunal Primero Superior del Trabajo tanto del nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

PRIMERO: Con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Lersso González contra el auto dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación Laboral del de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas el día 05 de Abril de 2005.

SEGUNDO: Se decreta la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de fecha 11 de febrero de 2005 incluyendo a este auto y ordena la reposición de la causa, al estado de que el Tribunal de origen se avoque nuevamente notifique a las partes del avocamiento en la presente causa concediéndose los plazo de reanudación de 10 días de despacho contemplado en el articulo 14 del Código de Procedimiento Civil y la oportunidad procesal para que las partes puedan efectuar la recusación del juez conforme con el articulo 90 eiusdem.
.
TERCERO: Remítase la presente causa al Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación Laboral del de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, a los fines de que continué sustanciando el conocimiento en la presente causa.

CUARTO: No hay condenatoria en costas dado la naturaleza revocatoria del presente del fallo.

QUINTO: Este tribunal se reserva un plazo de cinco días de despacho siguientes al de hoy para publicar el texto integro del presente fallo.

Publíquese, cúmplase con lo ordenado y remítanse el presente expediente al tribunal de origen para la respectiva ejecución

Dado, firmado y sellado en la Sala de despacho de este Juzgado, en Barinas, a los once (11) de Mayo de 2.005, años 195° de la Independencia y 146° de la Federación

El Juez

Abog. Jesús Montaner

La Secretaria

Abg. Arelis Molina.

En la misma fecha se dicto y publico siendo las 10:30 A.M. Conste.

La Secretaria,

Abg. Arelis Molina