TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas
Barinas, 17 de Noviembre de 2005
195º y 146º

ASUNTO PRINCIPAL : EP01-P-2003-000716
ASUNTO : EP01-P-2003-000716

JUEZ: Abg. Fanisabel González Maldonado
FISCAL: Abg. Fátima Cadena
IMPUTADO: Alcides Ruiz Hernández
DEFENSOR PRIVADO: Abg. Linda de los Ríos Rattia
DELITO: APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el Art. 472 Segundo Aparte Del Código Penal 470 del CP Vigente, en concordancia con el 58 y 43 de la ley penal del ambiente en perjuicio del Estado Venezolano
VICTIMA: Estado Venezolano
SECRETARIA: Abg. Vanessa Parada.

ENUNCIACION DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETOS DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR

Visto en la Audiencia Preliminar de la causa penal Nº EP01-P-2003-000716, en fecha 14 de noviembre de 2005, seguida al acusado Alcides Ruiz Hernández y consignada la Acusación Penal correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, por el titular de la acción Penal, quien la explano oralmente imputándole el Delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el Art. 472 Segundo Aparte Del Código Penal 470 del CP Vigente, en concordancia con el 58 y 43 de la ley penal del ambiente en perjuicio del Estado Venezolano y quien expuso sus alegatos tanto de hecho como de derecho; presentando formal acusación en contra del acusado, por haberse decretado el Procedimiento Ordinario, narrando las circunstancias de modo, tiempo y lugar como ocurrieron los hechos.

DE LOS HECHOS

Cuando siendo aproximadamente la 01:30 horas de la madrugada una comisión de funcionarios adscritos a la segunda Compañía del destacamento 14 de la Guardia Nacional de Venezuela, con sede en Ticoporo, Municipio Antonio José de Sucre del Estado Barinas, realizaban labores de patrullaje en funciones de Guardería ambiental por distintos sectores de esa jurisdicción y en momentos cuando circulaban por la carretera Nacional troncal 5 que conduce a la ciudad de San Cristóbal, específicamente que la conduce a la ciudad de San Cristóbal, específicamente a la altura de la estación de servicio Llano Petrol ubicada a 100 metros del puente sobre el río de Canagua y entrada al sector Caño Lindo, visualizaron un vehículo del tipo camión en donde se desplazaba un ciudadano transportando un lote de productos forestales. Inmediatamente procedieron a interceptarlo evidenciándose que se trataba de un vehículo marca Ford, modelo 350, color azul. Placa 62DAB, tipo plataforma; el cual era conducido por el ciudadano Alcides Ruiz, quien transportaban un lote de productos forestales, consistente en setenta y nueve (79) unidades de madera aserrada de la especie tectona grandis para un volumen aproximado de 5,000 metros cúbicos. El Ministerio público a los fines de demostrar los hechos que pretende probar ofreció los siguientes medios de pruebas: Acta Policial, de fecha 08 de diciembre de 2003; Inventario de productos forestales; informe de experticia N° 104, de fecha 06 de abril del 2005; solicitando por ultimo la admisión de la acusación y de los medios de pruebas, quien indicó la necesidad y pertinencia y solicitó igualmente el enjuiciamiento del acusado.

El Tribunal pasa a decidir: se admite la acusación en forma total por llenar los requisitos previstos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, admitidos igualmente los medios probatorios ofrecidos en su totalidad por considerarlos lícitos, pertinentes y necesarios para el esclarecimiento de los hechos, compartiendo quien aquí decide la calificación dada por la Representante del Ministerio Público, no habiendo objeción por la Defensa, tal como lo prevé el artículo 328 del COPP.
Imponiendo al imputado Alcides Ruiz Hernández del Precepto Constitucional, previsto en el artículo 49 Ordinal 5° y de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, previstas en el artículo 37, 40, 42 y 376 del Código Orgánico Procesal Penal, referidas al Principio de Oportunidad, Acuerdo Reparatorio, Suspensión Condicional del Proceso y Admisión de Hechos; siendo procedente en el caso concreto la Admisión de los Hechos y la Suspensión Condicional del Proceso, quien manifestó libre de apremio y sin coacción, manifestó: "Ciudadana Juez admito el hecho que me imputa la Fiscalía, así mismo estoy dispuesto a cumplir las condiciones que este Tribunal me imponga".

Concediéndole el derecho de palabra a la defensa, quien expuso: "Una vez que este tribunal se pronuncie sobre la admisión de la acusación, de llegarla a declararla con lugar, solicito se le conceda el derecho de palabra a mi defendido para que admita los hechos ya que así me ha manifestado su voluntad de hacerlo, a los fines de que se le otorgue el beneficio de Suspensión Condicional del Proceso de conformidad don el articulo 42 del Código Penal, así mismo solicito que se le hagan las rebajas de ley y ratifico en este acto la solicitud de entrega de vehículo realizada por el Sr. Onecimo Ruiz por cuanto es su único medio de trabajo, y por cuanto de la experticia realizada al vehículo la cual consta al folio 67, 68 y 69 de la presente causa se desprende que dicho vehículo no presenta alteración de seriales ni se encuentra solicitado por ningún organismo de seguridad solicito muy respetuosamente a este despacho se pronuncie en cuanto a la presente solicitud así mismo dejo constancia que el solicitante quien es el propietario del vehículo no se encuentra relacionado de ninguna manera con el hecho cometido. Es todo”.
El Ministerio Público no realizó oposición a la suspensión condicional del proceso solicitada.

A tal efecto este Tribunal, considera que lo solicitado es procedente y ajustándose a lo previsto en el artículo 42 ejusdem, igualmente se observa que la pena del Delito que se acusa no excede en su límite máximo de tres (3) años, siendo la oportunidad procesal, igualmente se observa la intención de admitir los hechos y reparar el daño causado.

HECHOS ESTIMADOS POR EL TRIBUNAL COMO ACREDITADOS

Estimado por el Tribunal que se encuentran acreditados y determinados en forma precisa y circunstanciada los hechos, precedentemente narrados por el Fiscal del Ministerio Público, existiendo suficientes elementos de convicción que fueron analizados por quien aquí decide los cuales proporcionan serios elementos para la imputación del hecho punible al referido acusado, quien admitió los hechos, los mismos fueron admitidos en forma personal voluntaria, consciente, libre, que conoce y entiende los hechos imputados, de la renuncia al debate, al derecho de defenderse y la posibilidad de lograr una sentencia de sobreseimiento o de absolución, entienden que de incumplir con las condiciones impuestas por el tribunal, inmediatamente, se procederá a dictar Sentencia Condenatoria, sin debate alguno. Dicha Admisión fue personal, a los fines de que se le conceda la Suspensión Condicional del Proceso. En este caso el Tribunal para decidir hace las siguientes consideraciones:

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR

Este Tribunal consideró procedente la aplicación del procedimiento especial en mención tomando en consideración que la causa penal que aquí se ventila, donde el acusado, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Código Orgánico Procesal Penal, tienen la oportunidad de acogerse a este procedimiento, en la Audiencia Preliminar, una vez admitida la acusación, siendo el caso que nos ocupa, Procedimiento Ordinario, considera procedente la Suspensión Condicional del proceso, con las prerrogativas que ello conlleva y en aras de garantizar el principio de igualdad procesal, el derecho a la defensa, a la equidad, a la justicia y por no ser contrario a derecho, considera procedente prescindir del debate oral y publico, por lo tanto se obvia, igualmente observa quien aquí decide que este Tribunal es competente y esta la oportunidad procesal, tomando en cuenta que el Delito cometido fue calificado como flagrante y solicitado el procedimiento ordinario por el Ministerio Público por este Tribunal de Control quien de conformidad con el tercer aparte del artículo 373 del COPP, así lo decreto. Considerándose que siendo importante evitarnos el contradictorio y en aras de la celeridad y economía procesal, llenos los extremos exigidos en la norma procesal in comento, este Tribunal llega a la convicción, que siendo uno de los principios y objetivos procesales, garantizar a la victima protección y reparación del daño, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 ejusdem y ahorrarnos un debate que por lo demás muchas veces no garantiza al Estado su fin sancionador de un hecho ilícito como resulta de la verdad de los hechos, y así se decide.
Y en aras de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prevé que: “El Estado garantizará, una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.” En este mismo orden de ideas el Artículo 257 ejusdem establece: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptaran un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”. E igualmente siendo la finalidad del proceso establecer la verdad de los hechos de conformidad con el artículo 13 del COPP. Tomando estos argumentos de derecho y existiendo suficientes elementos de convicción, una vez revisados por el Tribunal. Así se declara tal pedimento: y se procede a dictar la sentencia correspondiente. En consecuencia, este Tribunal de Control, considera que ha quedado plenamente demostrado de acuerdo a los elementos de convicción anteriormente narrados por el titular de la acción penal. Son estos los hechos que se encuentran complementados con el ofrecimiento de los medios de pruebas invocados por la fiscalía y que se encuentran insertas en el expediente penal las cuales en su oportunidad fueron practicado por los Órganos de Instrucción de Investigaciones Penales, precedentemente narrados en esta sentencia en el momento de ofrecimiento de los Medios de Prueba por el Ministerio Público; elementos estos suficientes que conllevan sin duda a considerar la culpabilidad y consiguiente responsabilidad penal del acusado, razón por la cual habiendo admitido en su totalidad estos hecho y la intención de reparar el daño causado, la cual consiste en: Realizar trabajo comunitario, a favor del Estado Venezolano, cada quince (15) días, los días sábados por el periodo de un año de acuerdo a sus capacidades físicas y mentales y realización de curso en materia ambiental ante el área integral N° 2 del Municipio Pedraza a cargo del Ingeniero Julio Balza

Este Tribunal, encuentra que quedó comprobado plenamente la responsabilidad penal del acusado, como autor del Delito de: APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el Art. 472 Segundo Aparte Del Código Penal 470 del CP Vigente, en concordancia con el 58 y 43 de la ley penal del ambiente en perjuicio del Estado Venezolano. Y aunado a la admisión los hechos por el acusado, al compromiso de reparar el daño causado y de cumplir con las condiciones impuesta, es por lo debe decretarse la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, por el régimen de prueba, será de Un (1) año, de conformidad con lo previsto en el artículo 43 y 44 del COPP y así se declara conforme a la ley.

DISPOSITIVA

Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal de Control N° 6 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECRETA PRIMERO: Admite la Acusación Fiscal por la comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el Art. 472 Segundo Aparte Del Código Penal 470 del CP Vigente, en concordancia con el 58 y 43 de la ley penal del ambiente en perjuicio del Estado Venezolano; así como los medios de pruebas respectivos plasmados en la misma, por ser legales, lícitos, pertinentes y necesarios para el esclarecimiento de los hechos que se investigan y por cumplir con los requisitos exigidos por el Art. 326 del Código Orgánico Procesal Penal, SEGUNDO: Se decreta la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO AL ACUSADO Alcides Ruiz Hernández, venezolano, de 30 años de edad, natural de Palma Sola Municipio Pedraza, Titular de la cédula de identidad N° V-12. 462. 609 (la porta), comerciante, soltero, nacido el día, 07-01-1975, hijo de Eustaquio Ruiz (f) y Aura Ruiz Hernández (v), domiciliado en Palma sola caserío, cerca de la escuela Bolivariana Palma sola l, en el Municipio Pedraza del Estado Barinas; fijando plazo de régimen de prueba UN (1) AÑO, en el cual deberá cumplir las siguientes condiciones: Realizar trabajo comunitario, a favor del Estado Venezolano, cada quince (15) días, los días sábados por el periodo de un año de acuerdo a sus capacidades físicas y mentales y realización de curso en materia ambiental ante el área integral N° 2 del Municipio Pedraza a cargo del Ingeniero Julio Balza; de conformidad con los ordinales 2° y 8° del artículo 44 del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano. TERCERO: Se acuerda oficiar al Ministerio de Ambiente, área integral N° 02, con sede en Pedraza Estado Barinas.
Publíquese y Regístrese.
Dada, firmada, sellada y refrendada en este Tribunal de Control Nº 6 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, a los diesiete (17) días de noviembre de 2005. Años 196º de la Independencia y 146º de la Federación.
La Juez de Control N° 6

Abg. Fanisabel González
La secretaria
Abg.