REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas Barinas, 14 de Septiembre de 2005 195º y 146º ASUNTO PRINCIPAL : EP01-P-2005-006095 ASUNTO : EP01-P-2005-006095 Vista la solicitud de fecha 31 de agosto del 2005 presentado por el Abg. José Joseph Quintero, mediante el cual pide revisión de Medida Cautelar Sustitutiva a la de Privación de Libertad a su defendido el ciudadano Rafael Alfonso Mendez Salazar, este Tribunal pasa a pronunciarse sobre tal pedimento en los siguientes términos: PRIMERO: En fecha 25 de Agosto de este año 2005, este Tribunal acuerda decretarle Medida de Privación de Libertad al imputado Rafael Méndez, con motivo de solicitud de Audiencia de presentación por flagrancia, por la presunta comisión del delito de Ocultamiento de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, el cual prevé una pena privativa de libertad de tres (3) a cinco (5) años de prisión. Es importante señalar que en el auto motivado de la decisión acordó privar en razón de que se trata de varias armas de fuego y que el imputado dijo ser el que cuidaba la casa para ese momento, es decir, tomando en consideración el posible daño causado. SEGUNDO: De la solicitud se desprende que el defensor acompaña constancias de residencias y de buena conducta de dos ciudadanos de nombres Felida Palacios y Rafael Montoya, así como también balance Personal del patrimonio de cada uno de ellos, así como también una copia fotostática simple del documento de inscripción de una Firma Mercantil de nombre Representaciones Mopeca, del ciudadano Rafael Montoya, proponiéndolos como fiadores personales del imputado. No obstante a esto el imputado en la audiencia señaló su lugar de residencia, la cual se encuentra en el Barrio Negro Primero, Sector 1, Vereda 2, casa N°12 de la ciudad de Barinas del Estado Barinas. TERCERO: En este Orden de ideas es de señalar que Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 2 de la Constitución República Bolivariana de Venezuela establece como valores superiores entre otros la libertad, la justicia y en general la preeminencia de los derechos humanos; el artículo 44 en su primer numeral de la Constitución Nacional, establece que toda persona será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso; el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal establece el principio del proceso penal venezolano de que todo procesado hasta que no se establezca su culpabilidad en juicio oral y público debe presumirse inocente, dicho principio también lo consagra el artículo 11 en su primer numeral de la Declaración Universal de los derechos humanos que textualmente dice "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayas asegurado todas las garantías necesarias para su defensa". El artículo 8 en su numeral segunda de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece "toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad." De la misma manera el Artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal (Afirmación de Libertad), señala: “Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta”. De igual manera el artículo el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal señala: “Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el Tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, alguna de las medidas señaladas en dicho artículo…” . Y por su parte el artículo 264 del Código orgánico Procesal Penal la posibilidad de que el imputado o su defensor soliciten la revisión de la Medida de Coerción las veces que los consideren conveniente. Así como también el artículo 251 señala en su parágrafo primero la presunción del peligro de fuga: “Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a los diez años”. Presunción esta que no es absoluta, pues el juez en este caso deberá valorar ciertas circunstancias tal como lo ordena dicha norma adjetiva, entre ellos el arraigo en el país, la conducta predelictual, la pena que podría llegarse a imponer en el caso, la magnitud del daño causado y el comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso que indique su voluntad de someterse a la persecución penal, en el presente caso quien aquí decide considera que los elementos acompañados por el defensor permiten verificar que el imputado reside en la ciudad de Barinas y que no obstante a esto existiendo en el hecho el hallazgo de varias armas de fuego, pero a su vez se debe presumir que el mismo es inocente tal como lo exige nuestra norma adjetiva y que además existen dos personas que están dispuestos a constituirse en fiadores del mismo, razones por las cuales este juzgador considera que en el presente caso es procedente revisarle la medida al imputado y otorgarle medida de Fianza Personal de la establecida en el artículo 258 del Código Orgánico Procesal Penal, con los fiadores que ha presentado su defensor, para lo cual los mismos deberán comprometerse ha: 1) Que el imputado no se ausentará de la jurisdicción del Tribunal. 2) Presentarlo a la Autoridad que designe el juez, cada vez que así lo orden, 3) satisfacer los gastos de captura y las costas procesales causadas hasta el día en que el afianzado se hubiere ocultado o fugado y 4) Pagar por vía de multa, en caso de no presentar al imputado dentro del término que al efecto se les señale, la cantidad de 30 unidades tributarias cada uno. Así se decide. Sin embargo una vez que se constituya la fianza Personal, deberá comprometerse el imputado ha: 1) La presentación periódica cada ocho (8) días por ante Oficina del Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal del estado Barinas; 2) Prohibición de salir de la Jurisdicción del Estado Barinas sin previa autorización de este Tribunal, sin autorización por escrito y 3) Prohibición de portar armas blancas y de fuego. Así lo acuerda. Por tales razones antes expuestas, este Tribunal de de Primera Instancia en Función de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, por medio de la presente decisión acuerda: PRIMERO: Revisa la Medida y en consecuencia otorga medida Cautelar Sustitutiva menos gravosa a la de Privación de Libertad al ciudadano RAFAEL ALFONSO MENDEZ SALAZAR , venezolano, portador de la cédula de identidad N° 16.189.790,de mayor edad, de 25 años de edad, ocupación estudiante Sexto año en la Técnica en horario nocturno, nacido el 29/07/1980, natural de Barinas, residenciado en la Urbanización Negro Primero, sector uno vereda dos, casa N° 12 Barinas hijo de Carmen Celina Salazar (v) y Rafael Alfonso Mendez (v), de la establecida en el artículo 258, consistente en fianza personal; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se fija Audiencia especial para constituir la fianza Persona, para el día el día 16 de septiembre del 2005, a las 10:45 AM. Notifíquense a las partes de la presente decisión. El Juez La Secretaria Abg. Gabriel Ernesto España Guillén Abg. María Quiñonez