REPUBLICA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS GUACARA Y SAN JOAQUÍN DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO DEMANDANTE: COOPERATIVA ENTRE CANCHAS R.L., debidamente inscrita en la Oficina de Registro Subalterno de los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra, en fecha 18 de Diciembre de 2003, bajo el N° 48, Tomo 24. Protocolo 1°, representada por ANTONIO JOSE PINTO OLIVEROS, titular de la cédula de identidad N° 7.223.316, en su carácter de Coordinador General, según los Estatutos Sociales de la Cooperativa. APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDANTE: No constituyo Apoderado Judicial, pero estuvo asistido por la abogado ADRIANA ISABEL MAURERA JOHN, debidamente inscrita en el I.P.S.A. bajo el N°. 79.763. DEMANDADO: LUIS TRINIDAD CHIRINOS y EDUARDO RAMÓN SÁNCHEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N°s 4.527.517 y 9.525.24 y de este domicilio. MOTIVO: RENDICIÓN DE CUENTAS TIPO DE SENTENCIA: PERENCIÓN DE INSTANCIA. EXPEDIENTE: 1059/06 Se inicia el presente procedimiento de Rendición de Cuentas por demanda interpuesta por el ciudadano Antonio José Pinto Oliveros, en su carácter de Coordinador General de la Cooperativa Entrecanchas R.L., asistido de abogado, contra los ciudadanos Luis Trinidad Chirinos y Eduardo Ramón Sánchez, por ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo civil, Mercantil Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial, correspondiéndole por sorteo su conocimiento al Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta Circunscripción Judicial, que se declara incompetente por la materia, remitiendo el expediente al Juzgado Distribuidor de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego del Estado Carabobo, quien lo recibe en fecha 25 de Noviembre de 2005, correspondiéndole por sorteo conocer al Juzgado Séptimo de Municipio, que se declara incompetente por el territorio y lo remite al Tribunal Distribuidor de los Municipios Guacara y San Joaquín de esta misma Circunscripción Judicial, correspondiéndole por sorteo conocer a este despacho. En fecha 15 de Marzo de 2006, se admite la demanda acordándose la intimación de los demandados a los fines de que comparezcan dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a que constara en autos su intimación, a presentar sus cuentas, ordenándose librar la compulsa de ley y entregarla al Alguacil, a los fines de su practica. Expuesto lo anterior quien decide este Tribunal hace las siguientes consideraciones: PRIMERO: El Código de Procedimiento Civil en su artículo 267 establece: También se extingue la instancia: …1.- Cuando transcurridos treinta días a contar de la fecha de admisión de la demanda, el demandado no hubiese cumplido con los deberes que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado… SEGUNDO: En sentencia de fecha 06 de Julio de 2004, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del magistrado Carlos Oberto Velez señala: …Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previo la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando en plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencia en la que se ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste a mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento acarreara la perención de la instancia, siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporciono lo exigido por la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación… TERCERO: De igual forma el artículo 269 ejusdem establece: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal…” Acogiendo el criterio establecido por el Alto Tribunal de la República considera este Tribunal, que en la presente causa se ha producido la perención de la instancia, por cuanto han trascurrido desde la fecha de admisión de la demanda, 15 de Marzo de 2006 a la fecha, mas de 30 días, sin que el demandante haya realizado acto alguno para impulsar la citación de los demandados, entendiéndose con relación a este lapso, no que esta citación deba realizarse dentro de los treinta días después de admitida la demanda, sino que las obligaciones que impone la ley para que se impulse la citación del demandado deben realizarse dentro de esos treinta días, por lo que la misma debe ser declarada por el Tribunal y así se decide.