TSJ Regiones - Decisión

Expediente Nº 10.381.-

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre:
TRIBUNAL SEGUNDO DE JUICIO PARA EL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
196° y 147°

“Vistos”. Los antecedentes.-

Demandante: GUSTAVO GOMEZ MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.7.604.609, domiciliado en esta ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia.
Demandada: FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y FOMENTO MUNICIPAL (FUNDACOMUN), inscrita en la oficina subalterna del primer circuito de Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal, el 20 de marzo de 1962, bajo el No.49, folio 90, protocolo primero, tomo 14 y modificados sus estatutos el 20 de junio de 1985, bajo el No.10, tomo 30, protocolo primero, hasta la fecha del 15 de abril de 1995.
En fecha 21 de septiembre de 1995, interpuso el ciudadano GUSTAVO GOMEZ MARTINEZ, debidamente asistido en este acto por el profesional del derecho Américo Urdaneta Paz, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N.° 21.489, pretensión de COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES, en contra de la sociedad mercantil FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y FOMENTO MUNICIPAL (FUNDACOMUN), la cual fue admitida en fecha 09 de octubre de 1995 por el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, por haberle correspondido mediante distribución.
Ahora bien en fecha 22 de febrero del año 2005, el profesional del derecho Américo Urdaneta Paz, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No.21.489, con el carácter de apoderado judicial del accionante, según consta en el folio No.10 del expediente, el cual por medio de diligencia solicita que en virtud de haber sido notificadas las partes del avocamiento proceda a sentenciar la presente causa, se observa que en el expediente desde la fecha antes mencionada no existe ninguna otra actuación procesal que impulse al proceso, es por lo que ha transcurrido un periodo de un (01) año, y cinco (05) meses y diecisiete (17) días sin haber ejecutado ninguna acto por las partes en este procedimiento.
Estatuye el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo siguiente:
“Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido mas de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el juez, este ultimo deberá declarar la perención” (subrayado y negrilla de este sentenciador)

La Perención no es otra cosa que la extinción del proceso, derivada de la inercia de la actividad procesal de las partes, durante el plazo o término previsto en la Ley para que dicho efecto se produzca; constituye por lo tanto, una forma anormal de terminación del proceso. Al tratar la perención de la instancia, ello presupone tener un concepto de lo que significa el vocablo “instancia”, la definición más clara la hace Couture y Palacio, al establecer la institución como un conjunto de actos procesales que se realizan desde la petición procesal que abre un grado de jurisdicción o una etapa incidental del proceso, hasta la decisión o pronunciamiento que acoja o deniegue esta petición.
De manera que la perención se encuentra determinada por tres condiciones: Una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales, otra subjetiva, que se refiere a la actividad omisiva de las partes, una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el termino de un año. La jurisprudencia patria ha sido constante y reiterada en considerar que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas, entraña una renuncia a continuar la instancia.
También es necesario señalar, que los actos capaces de interrumpir la inactividad del año, que produce la perención consagrada en la legislación adjetiva, son los inferidos en el iter legal, que propendan el desarrollo del juicio; o lo que es lo mismo, un acto que implique la voluntad del interesado en activar o de impulsar el proceso hacia su finalidad lógica, que es el fallo del Tribunal.
En este sentido, el punto más importante es establecer el momento mismo a partir del cual se ha de computar el lapso para que opere la perención de la instancia por inactividad de las partes, prevista en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; por lo que hay que determinar el comienzo y el fin del mismo.
Ahora bien, de una detenida y exhaustiva revisión de las actas que integran el presente expediente, este Tribunal, ha podido constatar que desde el día 22 de febrero de 2005, hasta el día de hoy diez (10) de agosto de 2006, no existe entre las mismas ninguna actuación procesal de las partes, ni del Juez enmarcada a darle impulso al proceso, es por lo que de un simple computo entre las citadas fechas se constata que ha transcurrido un periodo superior a un (1) año; subsumiéndose dicha situación en el supuesto de hecho previsto en los artículos 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que procede en derecho la extinción de la instancia, por lo que forzosamente se impone su declaratoria por este órgano jurisdiccional a tenor de lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo cual se determinará de manera expresa, positiva y precisa en la dispositiva de este fallo. Así se decide.-
DISPOSITIVO
Por los fundamentos expuestos y en fuerza de los argumentos antes transcritos, este TRIBUNAL SEGUNDO DE JUICIO PARA EL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la pretensión de cobro de bolívares derivados de DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES incoada por el ciudadano GUSTAVO GOMEZ MARTINEZ, identificado en actas, en contra de la sociedad mercantil FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y FOMENTO MUNICIPAL (FUNDACOMUN), plenamente identificados en las actas procesales.
No procede la condenatoria en costas, en aplicación analógica de lo establecido en el artículo 283 del código de procedimiento civil.
Se deja constancia que la parte actora estuvo representada judicialmente por el profesional del Derecho Américo Urdaneta Paz, inscrito en el Inpreabogado bajo el N.° 21.489 y la parte demandada FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y FOMENTO MUNICIPAL (FUNDACOMUN), representada judicialmente por el profesional del derecho Maria Alejandra Ochoa Nava, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 52708.
Así mismo, por cuanto se evidencia de las actas que eventualmente pudieran estar comprometidos intereses patrimoniales de la República, se ordena notificar del presente fallo a la ciudadana Procuradora General de la República, quedando suspendida desde la fecha de la publicación de dicha decisión y hasta transcurridos treinta (30) días contados a partir de que conste en actas haberse practicado la notificación aquí ordenada de conformidad con lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, acompañándose copia certificada de la decisión señalada ut supra a la referida notificación, con inserción del presente auto, autorizando al ciudadano Manuel Nucette Ríos, titular de la cédula de identidad N.°3.115.700, para que elabore y confronte las copias simples fotostáticas con los originales, vencido el lapso antes señalado, se reanudará el proceso. Ofíciese.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.
Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL SEGUNDO DE JUICIO PARA EL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo a los diez (10) días del mes de agosto del año dos mil seis (2006).- Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.
El Juez,

NEUDO FERRER GONZÁLEZ.
La Secretaria,

MARILU DEVIS

En la misma fecha y previo el anuncio de ley dado por el Alguacil de este Tribunal a las puertas del Despacho, y siendo la tres y veintiséis minutos de la tarde (03:26 p.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede; quedando registrado bajo el No.882-2006; en la misma fecha se libraron los carteles de notificación, y se ofició a la Procuraduría General de la República bajo el N.°1351-2.006.-

La Secretaria,
Exp. 10.381.-
NFG/rom.-