REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas
Barinas, 14 de Julio de 2006
196º y 147º
ASUNTO PRINCIPAL : EP01-P-2005-004616
ASUNTO : EP01-P-2005-004616
AUTO ORDENANDO ENTREGA DE VEHÍCULO
JUEZ ACTUANTE: ABG. PERPETUO REVEROL BRICEÑO
MOTIVO DE CONOCIMIENTO: SOLICITUD DE ENTREGA DE VEHÍCULO.
SOLICITANTE: JOSE ADELIS TORREALBA, ATRAVES DE SU APODERADO ABG. MANUEL MATUTE
FISCAL PRIMERA DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. ABRAHAN VALBUENA.
SECRETARIA: DEICI CACERES
Vista la solicitud presentada ante este Despacho por el ciudadano: JOSE ADELIS RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 8.054.565, domicilio, en la Colonia de Mijagual Estado Barinas, por intermedio de su apoderado Abg. Manuel Matute Rodríguez, titular de la cédula de identidad Nº 2.398.203, e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 5415 y domiciliado en Araure Estado Portuguesa, en la cual pide la entrega de un vehículo que se encuentra depositado a la Orden de la Fiscalía I del Ministerio Público, con las siguientes características: Clase: Automóvil; Marca: Chevrolet, Modelo: Corsa; Año: 2002; Color: Blanco, Tipo: Sedan, Serial Motor: 02V316686; Serial Carrocería: 8Z1SC51602V316686: Carga; Placas: PAJ-47A.
El tribunal para decidir observa:
1º.- El vehículo fue retenido por funcionarios de la Guardia Nacional del Destacamento 14 de Barinas en un procedimiento efectuado en la sede del Puesto de Control Fijo, ubicado en el Trailer a la entrada de la Autopista José Antonio Páez que conduce hacia Barinas, el día 25 de Abril de 2005.
2°.- El solicitante; al efecto acompaña a su solicitud Poder que lo acredita para actuar otorgado por el solicitante propietario.
3º) Observa también el tribunal que a dicho vehículo le fue practicada Experticia por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas - Seccional Barinas, en fecha 29-04-2005 a cargo del experto: Inspector Jefe José Gregorio Montero y el Agente José Alexander Sira; la cual dio como resultado: Que la experticia practicada al vehículo solicitado dio como resultado lo siguiente:; La chapa identificadota del serial de carrocería 8Z1SC51602V316686, ubicada ne la cara de vaca del vehículo se encuentra suplantada, por cuanto su configuración, vaciado y fijación no corresponden al utilizado por la planta ensambladora; El serial de Motor 02V316686 se encuentra en su estado original de estampado por la planta ensambladora, el serial de seguridad S55374 denominado FCO se encuentra en su estado original de estampado por la planta ensambladora. La chapa que identifica el serial de carrocería, es falsa no pudo ser sometida a estudio. Se verificó los datos originales del vehículo por el sistema computarizado de información policial y se estableció que no se encuentra solicitado, no registra por ante el I.N.T.T.T.
4°).- Cursan en autos copia certificada del documento de Compraventa del ciudadano José Gregorio Parra Marín para el ciudadano José Adelis Torrealba, donde se demuestra la buena fe del poseedor actual.
4°.- Así mismo consta en autos la tradición legal de dicho vehículo desde el momento que fue adquirido en la concesionaria De Leo Motors CA, por el ciudadano Edgar José Meléndez, quien lo vendió al ciudadano Rodrigo de Jesús Loaiza García, quien a su vez lo vende a José Gregorio Parra Marín, tal como se evidencia de la copia fotostática del Certificado de origen y constancia expedida por el concesionario vendedor y los documentos que corren insertos en autos. Igualmente consta copia certificada del expediente de transito, donde consta que dicho vehículo estuvo involucrado en un accidente de tránsito y sufrió daños ne la parte delantera, donde esta fijado el serial de carrocería.
Ciertamente que el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) señala que: “El Ministerio Público devolverá lo antes posible los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el Juez de control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el Fiscal si la demora le es imputable.
El Juez o el Ministerio Público entregarán los objetos directamente o en depósito con la expresa obligación de presentarlos cada vez que sean requeridos.
Las autoridades competentes deberán darle cumplimiento inmediato a la orden que en este sentido impartan el Juez o el Fiscal, so pena de ser enjuiciados por desobediencia a la autoridad, conforme a lo dispuesto en el Código Penal”.
También es verdad que debe tenerse presente que de autos se desprende, con vista de la experticia que riela al folio 45, la presunta violación a tipos penales expresamente previstos y sancionados por nuestro ordenamiento jurídico de evidente orden público, los cuales por mandato constitucional le compete al Ministerio Público investigarlos, descubrir a los culpables y solicitar su enjuiciamiento para que mediante un debido proceso sean declarados responsables y sancionados.
Ahora bien, también es verdad que no consta que el solicitante sea autor o partícipe de esos presuntos hechos delictivos.
Pero existe desde luego una situación que debe ser aclarada por el organismo competente, léase Ministerio Público, constituida por la manifestación expresada en la referida experticia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas.
En la actualidad y por haber demostrado que obtuvo la propiedad del bien de manos de quien la tenía sobre ese mismo bien, a juicio del Tribunal quien tiene mejor derecho sobre el mismo es precisamente el solicitante de la entrega o devolución.
Sea oportuno el comentario que con respecto al artículo 311 del COPP tiene el respetado autor cubano Eric Pérez Sarmiento en su obra “Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal”, el cual es del tenor siguiente: “Esta norma está encaminada a disminuir el número de piezas de convicción en poder de los tribunales. El procedimiento para estas devoluciones debe ser sumario y sencillo, debiendo el Ministerio Público entregar los objetos a que se refiere este artículo a quienes demuestren prima facie ser los propietarios o poseedores legítimos de los mismos. Esto es particularmente necesario en los casos de vehículos automotores, los cuales deben ser devueltos a aquellos que exhiban la documentación expedida por las autoridades administrativas de tránsito o que puedan probar sus derechos por cualquier medio lícito y valorable conforme a las reglas del criterio racional. En estos casos, como en todos, los jueces están obligados a proteger el principio “possesio vaux titre”, consagrado en el artículo 794 del Código Civil. De ahí que aún en aquellos casos donde se evidencie adulteración de seriales en los vehículos u otros signos que pudieran hacer presumir la existencia de delito, los jueces vienen obligados a proteger al poseedor de buena fe”.
Tal artículo 794 del Código Civil venezolano en seña que: “Respecto de los bienes muebles por su naturaleza y de los títulos al portador, la posesión produce, a favor de los terceros de buena fe, el mismo efecto que el título. Esta disposición no se aplica a la universalidad de muebles.
Sin embargo, quien hubiese perdido una cosa o aquel a quien la hubiesen quitado, podrán reclamarla de aquel que la tenga, sin perjuicio de que este último pueda exigir indemnización a aquel de quien la haya recibido.”
En este mismo sentido corroborando lo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de la Sala Constitucional de fecha 13-08-01, estableció expresamente lo siguiente: “Ahora bien observa esta Sala que, en atención a lo dispuesto en el artículo 319 (ahora 311) del Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público debe devolver los objetos recogidos o que se incautaron y que no son indispensables para la investigación, a quienes habiendo acudido ante el Juez de Control a solicitar su devolución demuestren prima facie ser propietarios o poseedores legítimos de los mismos. En los casos de vehículos automotores resulta obligatoria su devolución a quienes exhiban la documentación expedida por las Autoridades Administrativas de Tránsito o que puedan probar su derecho por cualquier medio lícito y valorable conforme a las reglas del criterio racional. Por ello, considera esta Sala, que acreditada sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto que se reclama en el proceso penal, el Juez deberá ordenar la entrega del vehículo correspondiente.”
En el presente caso el solicitante ha probado, prima facie, y en criterio del Tribunal ser el propietario y poseedor legítimo del bien mueble que pide le sea devuelto.
El vehículo en cuestión no aparece solicitado por las autoridades policiales y en opinión de quien aquí decide no es indispensable para la investigación por cuanto ya consta la experticia efectuada sobre el mismo; aunado a que tal indispensabilidad no ha sido declarada motivadamente por el Ministerio Público.
La documentación del vehículo que sirvió para efectuar el negocio jurídico y trasladar la propiedad del bien, no ha sido declarada judicialmente falsa. Lo que significa que el solicitante adquirió de buena fe dicho bien mueble, por lo que con fundamento en lo preceptuado en el trascrito artículo 794 del Código Civil que consagra y protege la posesión de buena fe, él debe ser tratado.
Por otra parte no consta que haya alguien más reclamando tener derecho sobre dicho bien.
Lo que hace que se genere en la convicción del Tribunal que quien tiene mejor derecho a poseer ese vehículo es el ciudadano JOSE ADELIS TORREALBA, sin que ello signifique que este Tribunal se esté pronunciando definitivamente sobre la propiedad de dicho bien mueble.
Por lo que estima el Tribunal que la solicitud de devolución o entrega debe considerarse procedente. Así se declara.
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, este Tribunal de Primera Instancia Penal en función de Control No.6 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, DECLARA PROCEDENTE la solicitud de entrega del vehículo hecha por el ciudadano JOSE ADELIS TORREALBA, ya identificado y en consecuencia, SE ORDENA al propietario, administrador, encargado o a quien haga sus veces del estacionamiento donde se encuentra depositado el vehículo entregado, ubicado en esta ciudad de Barinas, Estado Barinas, HACER ENTREGA DIRECTA E INMEDIATA al ciudadano JOSE ADELIS TORRELABA, ya identificado, o a su apoderado, ABG. MANUEL MATUTE RODRIGUES, igualmente identificado, el vehículo Clase: Automóvil; Marca: Chevrolet, Modelo: Corsa; Año: 2002; Color: Blanco, Tipo: Sedan, Serial Motor: 02V316686; Serial Carrocería: 8Z1SC51602V316686, Uso: Particular; Placas: PAJ-47A; el cual quedó retenido a orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público y remitido hasta ese estacionamiento.
Igualmente debe quedar entendido que no podrá celebrar válidamente ningún acto de disposición sobre el vehículo aquí entregado hasta tanto quede definitivamente aclarada la situación jurídica del mismo.
Se fija el traslado y constitución del tribunal hasta el lugar donde se encuentra depositado el vehículo para el miércoles 19 de julio de 2.006 a las 3:30 de la tarde, para realizar la entrega aquí acordada.
Ofíciese lo conducente. Notifíquese esta decisión. Todo de conformidad con el artículo 311 del COPP y la doctrina y jurisprudencia citadas.
Se ordena expedir copia certificada de la presente decisión y desglosar los documentos originales y devolverlos al solicitante, previa certificación en autos.
Dada, sellada y firmada en la sede del Tribunal Penal de Control No. 6 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas.
EL JUEZ DE CONTROL N° 6
Abg. PERPETUO REVEROL BRICEÑO
LA SECRETARIA
ABG. DEICY CÁCERES NAVAS
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