REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGION OCCIDENTAL Con sede en Maracaibo.- Expediente N° 10.679 No.- 438 MOTIVO: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad con solicitud de Suspensión de Efectos. PARTE RECURRENTE: Sociedad Mercantil HERMANOS PAPPAGALLO S.A. inscrita por ante el Juzgado segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 20 de octubre de 1960, quedando anotado bajo el No.18, paginas 68 al 73, Tomo VIII. APODERADA JUDICIAL DEL RECURRENTE: Abogada NATHALIA AÑEZ FINOL, venezolana, mayor de edad, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 89.979, domiciliada en el Municipio San Francisco del Estado Zulia. ACTO RECURRIDO: Providencia Administrativa S/N, de fecha 29 de agosto de 2006, emanada por la Inspectoría del Trabajo sede General Rafael Urdaneta del Estado Zulia. Presentada la demanda el día 09 de octubre de 2006, se le dio entrada el día 10 de octubre de 2006. El 31 de octubre de 2006, se procedió a la Admisión del presente recurso. El 30 de enero de 2007, se libraron los recaudos de citación y notificación ordenados en la admisión. En fecha 07 de junio de 2007, el Alguacil expuso de las citaciones y notificación cumplidas; quedando desde esa fecha paralizado el proceso. El 29 de Junio de 2007, se libró Cartel de Citación para ser publicado en un diario de mayor Circulación Regional. El 09 de Julio de 2007, se le entregó a la parte actora Cartel para su Publicación. El 12 de Julio de 2007, la parte actora consigno ejemplar del diario PANORAMA. El 01 de agosto de 2007, se ACORDÓ la suspensión de la Providencia Administrativa, abriéndose Pieza de Medida por Separado. En fecha 10 de noviembre de 2008 el Fiscal Vigésimo Segundo del Ministerio Público diligenció solicitando la perención de la causa. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Con estos antecedentes este Superior Órgano pasa a decidir bajo las siguientes consideraciones: Examinadas las actas procesales, observa este Tribunal que el proceso estuvo paralizado desde el día 01 de agosto de 2007, hasta la presente fecha, sin que las partes hayan efectuado ningún acto de procedimiento que impulsara la relación jurídica procesal con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso. Antes de pronunciarse el Tribunal esclarece lo siguiente: el día 20 de mayo de 2004 entró en vigencia la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.942. En este sentido, el aparte 15 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que rige las funciones de este Máximo Tribunal establece lo siguiente: “La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año, antes de la presentación de los informes. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto procesal. Transcurrido dicho lapso, el Tribunal Supremo de Justicia deberá declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte, la cual deberá ser notificada a las partes, mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional. Luego de transcurrido un lapso de quince (15) días continuos se declarará la perención de la instancia”. El artículo anteriormente citado prevé la posibilidad de sancionar procesalmente, de oficio, la inactividad de las partes por más de un año, lo que se verifica de pleno derecho una vez que se comprueba el transcurso del tiempo exigido. Ahora bien, esta Sala, mediante decisión N° 1466 de 5 de agosto de 2004, desaplicó dicha norma por inintelegible y, en consecuencia, según la observancia supletoria que permite el artículo 19, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ordenó aplicar el Código de Procedimiento Civil a los casos en que opere la perención de la instancia, en los juicios que se siguen ante el Tribunal Supremo de Justicia. En concreto, es el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil la norma que debe aplicarse en estos casos, el cual establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”. Cabe destacar la importancia que ha establecido y reiterado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil como de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la institución de la perención en el sentido de que no todo acto de procedimiento impide la consumación de la perención, ya que sólo puede considerarse como acto interruptivo válido y eficaz a tales efectos, el que suponga – sin lugar a dudas – la intención de la parte en impulsar el proceso. Esto ha quedado de manifiesto al determinar que actuaciones de mero trámite como las solicitudes de copias simples o certificadas, cómputos de lapsos, la consignación de escritos que no expresen con claridad una petición que inste al órgano jurisdiccional a la continuación del proceso, en modo alguno constituyen manifestaciones capaces de interrumpir la perención. Ahora bien, comprobado en el caso de autos, que desde el 01 de agosto de 2007, oportunidad en la cual se efectuó el último acto de procedimiento, hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un (1) año, lapso previsto en el indicado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, sin que se haya efectuado ningún acto de procedimiento para continuar impulsando el proceso, debe forzosamente este Órgano Jurisdicente declarar la Perención de la Instancia, y en consecuencia se levanta la Medida Dictada en la presente causa en fecha 01 de agosto de 2007. Así se Declara.- DISPOSITIVO Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGION OCCIDENTAL, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: Primero: CONSUMADA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por la Sociedad Mercantil HERMANOS PAPPAGALLO S.A., contra la Providencia Administrativa S/N, de fecha 29 de agosto de 2006, emanada por la Inspectoría del Trabajo sede General Rafael Urdaneta del Estado Zulia. Segundo: Se levanta la Medida Cautelar decretada en fecha primero (01) de Agosto de 2007. El Tribunal no hace especial pronunciamiento en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGION OCCIDENTAL, en Maracaibo, a los doce (12) días del mes de Diciembre de Dos Mil Ocho (2008). Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación. LA JUEZ, DRA. GLORIA URDANETA DE MONTANARI El Secretario Temporal, Abog. Alberto José Márquez Luzardo En la misma fecha y siendo las dos y cuarenta y ocho minutos de la tarde (02:48 p.m.) se publicó y se registró el fallo anterior bajo el Nº 438__, anotado en el libro de control de sentencias interlocutorias llevados por este Tribunal. El Secretario Temporal, Abog. Alberto José Márquez Luzardo Exp. N° 10.679 GUdeM/AJML/f*