República Bolivariana de Venezuela
En su nombre
Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas.
197° y 149°
Vista la diligencia suscrita por la abogada OLGA MONTILVA, titular de la cedula de identidad Nº 5.446.952, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 23.940, mediante la cual solicita que se ordene la citación del Defensor Ad-litem designado en la causa; ahora bien, de una revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente, quien aquí suscribe observa que en la diligencia de fecha 15/05/08, cursante al folio numero Cincuenta y Cuatro (54), suscrita por la abogada ISMELDA SANCHEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 4.077, con el carácter de Co-Apoderada Judicial de la parte actora, la misma manifestó:
“Por cuanto he tenido conocimiento que el nombre de la persona que ocupa el cargo de Gerente de la co-demandada Aseguradora C.A. de Seguros La Occidental y/o INVERPYME C.A., es Justiniano Velazco”.
Ahora bien, se puede observar que en el auto de fecha 19/05/08, se aclaro el nombre del representante de la empresa co-demandada de autos y ordeno la citación por carteles de la Empresa Aseguradora C.A., de Seguros La Occidental y/o INVERPYME C.A., en la persona de JUSTINIANO VELAZCO, de conformidad a lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, es de hacer notar que al haberse dictado el auto de fecha 19 de Mayo de 2008, cursante al folio Cincuenta y Seis (56), mediante el cual se ordenó citar por carteles a la empresa demandada, se aprecia una subversión del orden procesal establecido en la ley, y en consecuencia, se vulneró los derechos del debido proceso de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y en la ley procesal común, en concordancia con el sagrado deber que como operadores de justicia poseemos los Jueces de la República al momento de admitir, tramitar y decidir las controversias sometidas a nuestra consideración, de actuar ajustados a lo dispuesto en las disposiciones adjetivas aplicables al caso, ya que en caso contrario estaríamos vulnerando el principio de legalidad de las formas procesales, y juzgando fuera de nuestra competencia, con evidente abuso de poder.
En razón a los motivos de hecho y consideraciones expuestas, este Tribunal considera necesario reponer la causa a fin de corregir el error cometido, que acarrea la nulidad de lo actuado, teniendo en cuenta para ello, lo señalado por el Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación social en sentencias de fechas 17 de Febrero y 24 de Mayo de 2000 en las que expuso:
" … Las reposiciones deben perseguir una finalidad útil para corregir así los vicios ocurridos en el trámite del proceso. Ello conduce a que los jueces deben examinar exhaustivamente y verificar la existencia de algún menoscabo de las formas procesales, que impliquen violación del derecho a la defensa y del debido proceso, para acordar una reposición”.
Siendo que la reposición es una institución procesal creada con el fin práctico de corregir los errores de procedimiento, que afecten o menoscaben el derecho de las partes con infracción de normas legales que señalen las condiciones que deben seguirse en el trámite del proceso, ya que había sido jurisprudencia reiterada de la antigua Corte Suprema de Justicia y del actual Tribunal Supremo de Justicia el que la reposición no puede tener por objeto subsanar desaciertos de las partes, sino corregir vicios procesales, faltas del Tribunal que afecten el orden público o que perjudiquen los intereses de las partes sin culpa de éstas.
Vista ella dentro del conjunto de garantías que conforman la compleja noción del debido proceso, entendido en su sentido formal, se encuentra el derecho de toda persona a ser juzgada de acuerdo con el procedimiento judicial establecido con anterioridad en la ley, ello en virtud del principio de legalidad de las formas procesales que rige en ordenamientos jurídicos como el venezolano, donde está excluido el principio de libertad de las formas procesales. Tal garantía, atiende al mismo tiempo al principio de seguridad jurídica que ha de regir las relaciones jurídicas existentes entre los particulares y entre éstos y el Estado, específicamente, en cuanto a la determinación previa de las vías judiciales que deberán seguirse en aquellos casos en los que surjan conflictos con motivo de dichas relaciones, que deban ser dirimidos en definitiva por los órganos jurisdiccionales competentes.
“Ciertamente, el artículo 24 de la Constitución Española no incluye un derecho fundamental a procesos determinados; son los órganos judiciales los que aplicando las normas competenciales o de otra índole han de encausar (sic) cada pretensión por el procedimiento adecuado, sea o no el elegido por la parte actora (STC 2/1986). Pero si el seleccionado por el demandante objetivamente cumple el presupuesto de la adecuación, no puede imponerse un cause (sic) procesal distinto”. (Cursiva del Tribunal).
En consecuencia, es criterio vinculante de dicha Sala que la admisión de una demanda y el obviar los requisitos para la admisión del procedimiento por uno distinto al establecido de manera expresa en la ley para el trámite de la misma, resulta contrario al debido proceso, actuación ésta que podría ser susceptible de tutela constitucional por vía de amparo. (Crf. S.S.C. nº 2403 del 09 de octubre de 2002, caso: José Diógenes Romero).
Pues bien, al haberse ordenado la citación por carteles de la empresa ASEGURADORA C.A. DE SEGUROS LA OCCIDENTAL y/o INVERPYME C.A., cuando lo correcto era agotar la citación personal del representante legal de la misma; trajo como consecuencia la evidente violación del debido proceso y del derecho a la defensa, por tal motivo se hace necesario corregir las faltas cometidas tal como lo establece el Artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del tenor siguiente:
Artículo 206.- Los Jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.
Por todo lo anteriormente expuesto, se hace procedente la reposición de la causa, conforme a la jurisprudencia citada y a los artículos anteriormente transcritos. En consecuencia, este Tribunal de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, Administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: 1.) SE REPONE LA CAUSA AL ESTADO de agotar la citación personal del representante legal de la empresa ASEGURADORA C.A. DE SEGUROS LA OCCIDENTAL y/o INVERPYME C.A., librando nueva boleta de citación dirigida al ciudadano JUSTINIANO VELAZCO, en su condición de Gerente de la mencionada empresa, tal como lo indico la Abogada Ismelda Sánchez, en la diligencia de fecha 15/05/08, cursante al folio Cincuenta y Cuatro (54). 2.) Se declara la nulidad de todas las actuaciones a partir del auto de fecha 19 de Mayo de 2008.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dado, firmado y sellado en la sala del Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. En Barinas, a los Veintitrés (23) días del mes de Julio de dos mil Ocho. Años 197° de la Independencia y 149° de la Federación.
Abg. JOSE GREGORIO ANDRADE PERNIA.
JUEZ.
Abg. JENNIE W. SALVADOR P.
SECRETARIA.
Nota: En la misma fecha, siendo las 11:20 a.m, se publicó la presente Sentencia y se ordenó el correspondiente registro del mismo. Conste.
La Scría.
JGAP/JWSP/ld.
Exp. 5.049
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