REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS Barinas, 27 de noviembre de 2008 198º y 149º Exp. N° 3.229-08 DEMANDANTE: RAFAEL EDUARDO PINTO GARCIA, venezolano, mayor de edad, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº V-15.784.583. APODERADOS DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogados en ejercicio DANIEL ALFREDO GRATEROL y FRANCISCO JAVIER PUMAR RIVAS, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 101.825 y 83.730 respectivamente. DEMANDADO: ADANA EMILIA BUSTILLOS BUSTILLOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.367.149, domiciliada en la avenida Las Lagrimas entre Farmatodo y MacDonalds de la Ciudad de Acarigua Estado Portuguesa.. MOTIVO: Solicitud de medida preventiva de embargo en el juicio de cobro de bolívares por intimación SENTENCIA INTERLOCUTORIA Se pronuncia este Tribunal en virtud de la solicitud hecha por el abogado en ejercicio FRANCISCO JAVIER PUMAR, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 83.730, en su carácter de co-apoderado judicial de la parte demandante, según diligencia presentada en fecha 25 de noviembre de 2008, la cual corre inserto al folio 08 del presente cuaderno de medidas, en la cual solicita al Tribunal se pronuncie sobre la medida preventiva de embargo solicitada en el libelo de la demanda, sobre bienes muebles propiedad de la demandada, ciudadana: ADANA EMILIA BUSTILLOS BUSTILLOS, suficientemente identificado. Este Tribunal para decidir sobre lo solicitado, observa lo siguiente: A los fines de precisar si ciertamente se cumple con los requisitos previstos en los artículos 585 y 588 Código de Procedimiento Civil, los cuales deben ser analizados pormenorizadamente por el Juez para poder decidir si es procedente o no el decreto de las medida preventiva antes solicitada, este Tribunal observa, que tales requisitos exigen verificar si están llenos los extremos de Ley relativas al cumplimiento del periculum in mora, el cual consiste en la existencia de un riesgo manifiesto real y comprobable de que la ejecución del fallo quede ilusoria, o sea de difícil reparación y a su vez al fumus bonis iuris, es decir, la apariencia o presunción del buen derecho que se reclama en el fondo del proceso, por parte de quien solicita la medida, de manera que la sola falta de uno de estos elementos hace improcedente la solicitud realizada. Establece el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil: “Las Medidas Preventivas establecidas en este Titulo las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. En este sentido respecto a la medida preventiva de embargo, y en cuanto al requisito del fumus boni iuris, encuentra éste Tribunal que la parte solicitante de la medida, pide que la misma sea decretada a los fines de salvaguardar su derecho como portador, poseedor y beneficiario de los cheques emitidos a favor de su representado, ciudadano: RAFAEL EDUARDO PINTO GARCIA, ya que su objetivo es proteger los derechos que posee éste sobre los cheques objeto del litigio, el cual persigue el pago de una suma liquida de dinero, solicita esta medida en función de amparar sus intereses, por lo que en este sentido encuentra quien decide, ajustada la solicitud al derecho aplicable. Y así se decide. Por cuanto el decreto de la medida solicitada constituye un medio suficiente para salvaguardar los intereses de ambas partes en litigio y la futura ejecución de una sentencia favorable a cualquiera de ellas, resulta procedente, decretar la medida preventiva de embargo sobre bienes muebles propiedad de la demandada, hasta por la cantidad de ciento diecinueve mil novecientos veinticinco bolívares fuertes (Bs.F. 119.925,00); que comprende el doble de la suma demandada, más el 25% de las Costas calculadas por este Tribunal, de conformidad con el artículo 648 del Código de Procedimiento Civil. Así mismo en caso de ser embargada suma liquida de dinero deberá recaer sobre la cantidad de sesenta y seis mil seiscientos veinticinco bolívares fuertes (Bs.F. 66.625,00), que comprende el monto demandado a pagar, más las Costas calculadas por este Tribunal. Para la práctica de dicha medida se comisiona al Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Páez de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. Líbrese despacho. Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en Barinas a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil ocho. Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación. La Juez Temporal Abg. Yriana Díaz Peña La Secretaria Abg. Mercedes Santiago En la misma fecha siendo las 2:38 p.m., se publicó y registró la anterior sentencia. Conste, Scría.