TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas
Barinas, 26 de Noviembre de 2008
198º y 149º

ASUNTO PRINCIPAL : EP01-P-2007-012521
ASUNTO : EP01-P-2007-012521

Por cuanto en fecha 20-10-2008 este Tribunal acordó resolver sobre el planteamiento de la medida cautelar presentado por el abogado Lucio Antonio Casanova en relación al acusado ciudadano LUIS EDUARDO NARVAEZ NIÑO una vez constara las resultas del reconocimiento medico legal que en su oportunidad fuera acordado por este Tribunal en virtud de que el fundamento de la solicitud del defensor privado Abg. Lucio Casanova guarda relación con el estado de salud del ciudadano acusado y por cuanto en fecha 21 de Octubre se recibió reconocimiento medico legal remitido por el experto Abg. Eleazar Ferrer mediante el cual deja constancia que al realizar examen forense al ciudadano acusado determinó: “Refiere Cefalea intensa, mas osteoartralgias (dolor Huesos y articulación), se sugiere evaluación por medicina Interna del Hospital Luís Razetti, Sin Lesiones medico legal que calificar”, ( inserto al folio 609 tercera pieza del expediente), es por lo que este Tribunal acuerda resolver sobre la Medida de coerción personal en virtud de la Medida cautelar sustitutiva presentada por el defensor Lucio Casanova; en tal sentido:
En fecha 15 de Agosto de 2.007, le fue decretada Medida Privativa de Libertad, al imputado para ese momento ciudadano LUIS EDUARDO NARVAEZ NIÑO, por la presunta Comisión de los Delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, DESVALIJAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previstos y sancionados en los artículo 3,5 y 6 de la Ley Sobre el Robo de Vehículo Automotor, y el artículo 218 del Código Penal del Código Penal venezolano, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 ordinales 1°,2° y3° en concordancia con los artículos 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal; en fecha 14-09-2007 fue presentado el acto conclusivo por parte de la Fiscalía Sexta Encargada del Ministerio Público consistente en acusación penal en contra del mencionado ciudadano por los delitos de Robo Agravado Continuado de Vehículo Automotor, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6 numerales 1,2,3,5,8 y 10 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehículos Automotores en concordancia con el artículo 90 del Código Penal, Desvalijamiento de Vehículo Automotor en grado de coautores, previsto y sancionado en el artículo 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehículos Automotores, ambos tipos penales en concordancia con lo establecido en el artículo 83 del Código Penal, imputándosele además a los acusados el delito de Resistencia a la Autoridad, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal Vigente; en fecha 17 de Octubre de 2.007 el Tribunal de Control N° 04 celebró la Audiencia Preliminar en la cual Decretó Auto de Apertura a Juicio Oral y Público en contra de los referidos ciudadanos por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO CONTINUADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR Y DESVALIJAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR EN GRADO DE COATORES, previstos y sancionados en los artículos 5 y 6 numerales 1,2,3,5,8, 10 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehículos Automotores en concordancia con el artículo 83 del Código Penal.
Ahora bien, con fundamento en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, “El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses y cuando lo estime prudente las sustituirá por otra menos gravosa”, disposición esta que debe entenderse en primer lugar, como el irrestricto derecho de los imputados a obtener un pronunciamiento judicial respecto de la necesidad de sostener o mantener la medida de la cual ha sido objeto, es decir, de incoar el examen de la vigencia de los supuestos de la medida y en segundo lugar la obligación para el juez, de examinar el mantenimiento de las medida cautelares, de oficio cada tres meses, obligación que de acuerdo al principio pro libertatis, debe interpretarse como la consagración de la posibilidad de sustituir y aun de revocar la medida de coerción personal en cualquier momento, siempre que los supuestos que la fundan hayan cesado de manera alguna, absoluta o parcialmente, variaciones éstas que puedan o que pudieran haberse verificado; y que hasta la presente fecha en el presente proceso penal debido a la naturaleza de la fase en la cual se encuentra (Juicio Oral), no han cesado ni variado en supuesto alguno; siendo así los elementos que dieron origen a la Medida de Privación Judicial de Libertad, y a su posterior mantenimiento en la audiencia preliminar, donde se decretó la apertura a juicio, por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado Continuado de Vehículo Automotor y Desvalijamiento de Vehículo Automotor en grado de coatores;, previstos y sancionados en los artículos 5 y 6 numerales 1,2,3,5,8, 10 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehículos Automotores en concordancia con el artículo 83 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano Jorge Luís Guedez Fernández y Gilber Jiménez; todavía logran apreciarse en esta etapa del proceso; criterios estos que hoy quien aquí decide considera que no han variado por cuanto si bien es cierto que estamos en otra fase del proceso, no es menos cierto que los elementos que dieron origen y mantenimiento a la ya mencionada privación de Libertad pesisten, en esta etapa de Juicio Oral; tales como: En primer lugar; La existencia del hecho punible que para el caso concreto lo es la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado Continuado de Vehículo Automotor y Desvalijamiento de Vehículo Automotor en grado de coautores, previstos y sancionados en los artículos 5 y 6 numerales 1,2,3,5,8, 10 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehículos Automotores en concordancia con el artículo 83 del Código Penal, en perjuicio de los ciudadanos Luís Guedez Fernández y Gilber Jiménez, tal y como fue calificado por el Representante del Ministerio Público en su escrito acusatorio en el cual se explanaron y ofrecieron medios de prueba que fueron admitidos por el Tribunal de Control en la fase intermedia del proceso, medios de prueba que una vez sometidos al contradictorio mediante un juicio oral, público y concentrado permitirán demostrar la culpabilidad o inocencia de los ciudadanos acusados en relación a los delitos atribuidos, situación esta que de acuerdo al orden y prosecución del proceso penal venezolano se corresponde con la celebración del Debate Oral y Publico. En segundo lugar, la existencia de fundados elementos de convicción para presumir que los acusados han sido participe en la comisión de los delitos antes señalados, tomando en cuenta que el Ministerio Público presentó en su escrito acusatorio medios de prueba que podrán demostrar o negar la culpabilidad y responsabilidad de los delitos atribuidos, y que no han sido desvirtuados en esta etapa de Juicio Oral, por cuanto dicha oportunidad es precisamente el Debate Oral y Publico. En tercer lugar, La presunción de peligro de fuga que viene dada de acuerdo a lo establecido en el artículo 251 numerales 2 y 3 del Código orgánico procesal penal, por la pena que podría llegarse a imponer, ya que la pena prevista para los hechos punibles por los cuales han resultado acusados los ciudadanos ya identificados excede en su límite máximo de los diez años aunado a que se trata de delitos de naturaleza pluriofensiva que atentan la condición psíquica y física de quienes resultan víctimas de estos hechos punibles y atentan contra el derecho de propiedad y la presunción de obstaculización en la búsqueda de la verdad que se encuentra determinado para el caso bajo análisis, en cuanto a que los acusados en libertad podrían influir en la victima, o testigos para que se comporten de manera desleal, poniendo en peligro la realización de la Justicia, aunado a ello el daño social causado; en virtud de que se trata de un delito contra la propiedad y el impacto social es mayor; y tomando en cuenta el principio de proporcionalidad entre el daño causado y la medida de coerción personal, debe considerarse la gravedad del delito que en el caso concreto se trata de un hecho punible que atenta contra el derecho de propiedad así como la vida e integridad física por las circunstancias de su comisión, y además la sanción probable que para los delitos que aquí se han atribuido es superior a diez años de prisión, lo cual permite presumir el peligro de fuga por cuanto la sanción probable en su término máximo para el presente caso excede en su límite máximo a los diez años de prisión, razones éstas por las cuales a criterio de quien aquí decide de conformidad con el articulo 244 y 251 parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal resulta improcedente el otorgamiento de dicha medida cautelar menos gravosa; por cuanto se ve el proceso en peligro de cumplir con su finalidad, como es la búsqueda de la verdad, la verdad de los hechos y la realización de la Justicia conforme a las normativa procesal penal vigente, Así se decide.

En consecuencia y por todas las razones y consideraciones antes expuestas se Niega la Solicitud de Decreto de Medida Cautelar menos gravosa que la Privación Judicial Preventiva de Libertad, planteada por la defensa privada; por cuanto las circunstancias no han variado como para el otorgamiento de la misma. Así se decide.

DISPOSITIVA

Por tales razones antes expuestas, este Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio N° 02 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: Se NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA, solicitada por el abogado Lucio Casanova, en su carácter de Defensor Privado de los ciudadanos LUIS EDUARDO NARVAEZ NIÑO titular de Cédula de identidad V- 15.867.983, de 27 años de edad, nacido en Acarigua Estado Portuguesa, en fecha 16-03-80, hijo de Evelio Ayala (v) y Yolanda Niño (v), residenciado en la calle 6, casa color azul frente a la radio La voz de Sabaneta Estado Barinas; POR SER IMPROCEDENTE, y en su lugar acuerda MANTENER LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD, en virtud de no haber variado las circunstancias que dieron lugar a la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. En virtud de la Evaluación por Medicina Interna por parte del Área de servicios Médicos del Hospital Luís Razetti sugerida por el Medico Forense Dr. Eleazar Ferrer se acuerda librar oficio dirigido al Servicio medico Medicina Interna del Hospital Luís Razetti a los efectos de que se sirvan proveer de asistencia y valoración medica al ciudadano acusado. Librese boleta de traslado.
Notifíquese a las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal.

Dada Sellada y firmada en la sede del Tribunal de Juicio N° 02 de este Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, a los veintidós (22) días del mes de Noviembre de 2007.

LA JUEZ DE JUICIO N° 02.

ABG. DEICY CÁCERES NAVAS

EL SECRETARIO

ABG. MIGUEL VIDAL