TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas
Barinas, 6 de Abril de 2009
198º y 150º
ASUNTO PRINCIPAL : EP01-P-2008-007384
ASUNTO : EP01-P-2008-007384

AUTO NEGANDO MEDIDA CAUTELAR

Visto el escrito presentado en fecha 11 de Marzo del año en curso por el Abogado YOVANNY RODRÍGUEZ en su condición de Defensor Privado de los imputados LUIS EDUARDO FERNÁNDEZ VIERA, venezolano, titular de la cédula de identidad N° 17.766.793 y JOSÉ ARGENIS GONZALEZ TORO, mediante el cual solicita el examen y revisión de la Medida de Privación Preventiva de Libertad de conformidad con lo establecido en el artículo 256 numeral en concordancia con el articulo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, éste Tribunal para decidir toma en cuenta las siguientes consideraciones:

Las medidas cautelares en el proceso penal tienen por objeto, como carácter general, asegurar el cumplimiento de los resultados del proceso penal y garantizar la estabilidad en la tramitación de la misma. Sin embargo, la protección de los derechos de los imputados a la libertad y a ser tratado como inocentes mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad tomando el cuenta el tipo de delito cometido y el daño social causado, no significa el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso, esto es, su normal desarrollo y la seguridad del cumplimiento de las resultas.

Ahora bien, observa éste Tribunal que en fecha 17 de Septiembre del 2008 el tribunal de Control que le correspondió conocer en la fase de investigación decretó en contra de los imputados para ese momento medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad, por considerar que estaban cumplidos los presupuestos establecidos en el artículo 250 del Código orgánico Procesal Penal, por encontrarse los imputados de autos para ese momento involucrados presuntamente en la comisión del de Robo Agravado en grado de Frustración previsto y sancionado en el artículo 458 del Código penal venezolano vigente; Posteriormente en fecha 17-10-2008 el Ministerio Público presentó el acto conclusivo consistente en acusación penal en contra de los ciudadanos suficientemente identificados en autos por la presunta comisión del delito de Robo Agravado en grado de Frustración y Resistencia a la Autoridad previstos y sancionados en los artículos 458 en relación con el articulo 80 y 218 numeral tercero todos del Código penal venezolano vigente; En fecha 24-11-2008 se realiza la audiencia Preliminar dictándose el correspondiente Auto de Apertura a Juicio oral y Público una vez admitida la acusación fiscal por la presunta comisión de los delitos objeto de acusación fiscal.

En este sentido con fundamento en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, “El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses y cuando lo estime prudente las sustituirá por otra menos gravosa”, disposición esta que debe entenderse en primer lugar, como el irrestricto derecho de los imputados a obtener un pronunciamiento judicial respecto de la necesidad de sostener o mantener la medida de la cual ha sido objeto, es decir, de incoar el examen de la vigencia de los supuestos de la medida y en segundo lugar la obligación para el juez, de examinar el mantenimiento de las medida cautelares, de oficio cada tres meses, obligación que de acuerdo al principio pro libertatis, debe interpretarse como la consagración de la posibilidad de sustituir y aun de revocar la medida de coerción personal en cualquier momento, siempre que los supuestos que la fundan hayan cesado de manera alguna, absoluta o parcialmente, variaciones éstas que puedan o que pudieran haberse verificado; y que hasta la presente fecha en el presente proceso penal debido a la naturaleza de la fase en la cual se encuentra (Juicio Oral), no han cesado ni variado en supuesto alguno; siendo así los elementos que dieron origen a la Medida de Privación Judicial de Libertad, y a su posterior mantenimiento en la audiencia preliminar, donde se decretó la apertura a juicio, por la presunta comisión de los delitos ya mencionados no han variado por cuanto si bien es cierto que estamos en otra fase del proceso, no es menos cierto que los elementos que dieron origen y mantenimiento a la ya mencionada privación de Libertad persisten, En primer lugar; La existencia del hecho punible que para el caso concreto lo es la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado en grado de Frustración y Resistencia a la Autoridad previstos y sancionados en los artículos 458 en relación con el articulo 80 y 218 numeral tercero todos del Código penal venezolano vigente tal y como fue calificado por el Representante del Ministerio Público en su escrito acusatorio en el cual se explanaron y ofrecieron medios de prueba que fueron admitidos por el Tribunal de Control en la fase intermedia del proceso, medios de prueba que una vez sometidos al contradictorio mediante un juicio oral, público permitirán demostrar la culpabilidad o inocencia de los ciudadanos acusados en relación a los delitos atribuidos, situación esta que de acuerdo al orden y prosecución del proceso penal venezolano se corresponde con la celebración del Debate Oral y Publico. En segundo lugar, la existencia de fundados elementos de convicción para presumir que los acusados han sido participes en la comisión de los delitos antes señalados, tomando en cuenta que el Ministerio Público presentó en su escrito acusatorio medios de prueba que podrán demostrar o negar la culpabilidad y responsabilidad de los delitos atribuidos, y que no han sido desvirtuados en esta etapa de Juicio Oral, por cuanto dicha oportunidad es precisamente el Debate Oral y Publico. En tercer lugar, La presunción de peligro de fuga que viene dada de acuerdo a lo establecido en el artículo 251 numerales 2 y 3 del Código orgánico procesal penal, por la pena que podría llegarse a imponer, ya que la pena prevista para los hechos punibles por los cuales han resultado acusados el ciudadano Eduardo Narváez Niño, excede en su límite máximo de los diez años aunado a que se trata de delitos de naturaleza pluriofensiva que atentan contra la condición psíquica y física de quienes resultan víctimas de estos hechos punibles y atentan contra el derecho de propiedad y además la presunción de obstaculización en la búsqueda de la verdad que se encuentra determinado para el caso bajo análisis, en cuanto a que el acusado en libertad podría influir en la víctima, o testigos para que se comporten de manera desleal ante el proceso, poniendo en peligro la realización de la Justicia, aunado a ello el daño social causado; en virtud de que se trata de un delito contra la propiedad y el impacto social es mayor; y tomando en cuenta el principio de proporcionalidad entre el daño causado y la medida de coerción personal, debe considerarse la gravedad del delito que en el caso concreto se trata de un hecho punible que atenta contra el derecho de propiedad así como la vida e integridad física por las circunstancias de su comisión, y además la sanción probable que para los delitos que aquí atribuidos es superior a diez años de prisión, lo cual permite presumir el peligro de fuga por cuanto la sanción probable en su término máximo para el presente caso como ya se ha dicho, excede en su límite máximo a los diez años de prisión, razones éstas por las cuales a criterio de quien aquí decide de conformidad con el articulo 244 y 251 parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal resulta improcedente el otorgamiento de dicha medida cautelar menos gravosa; por cuanto se ve el proceso en peligro de cumplir con su finalidad, como es la búsqueda de la verdad, la verdad de los hechos y la realización de la Justicia conforme a las normativa procesal penal vigente, Así se decide.

En consecuencia y por todas las razones y consideraciones antes expuestas se Niega la Solicitud de Decreto de Medida Cautelar menos gravosa que la Privación Judicial Preventiva de Libertad, planteada por la defensa privada; por cuanto las circunstancias no han variado como para el otorgamiento de la misma. Así se decide.

DISPOSITIVA

Por tales razones antes expuestas, este Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio N° 02 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: Se NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA, solicitada por el abogado Yovanny Rodríguez en su carácter de Defensor Privado de los ciudadanos LUIS EDUARDO FERNANDEZ, venezolano, de 24 años de edad, nacido el 15-06-84, natural de Caracas Distrito Capital, Titular de la cédula de identidad N ° 17.766.793 domiciliado en la Urb. Barrio corosito, calle 18 con avenida 02, casa número 323-21 de esta Ciudad de Barinas, mas arriba del ambulatorio corosito, numero de teléfono 0426-8759218, de profesión obrero, soltero, hijo de José Felipe Fernández (v) y Maria Irene Viera (v) y JOSE ARGENIS GONZALEZ TORO venezolano, de 19 años de edad, nacido el 25-04-89, natural de Turén estado Portuguesa, Titular de la cédula de identidad N ° 18.928.537 domiciliado en la Urb. Sector Punta Gorda segunda calle casa sin número vía torunos de esta Ciudad de Barinas, cerca del club que lo llaman CHICUACO, numero de teléfono 0426-7750909, de profesión obrero, soltero, hijo de Lucas González Ocanto (v) y Flor María González (v)POR SER IMPROCEDENTE, y en su lugar acuerda MANTENER LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD, en virtud de no haber variado las circunstancias que dieron lugar a la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal.

Dada Sellada y firmada en la sede del Tribunal de Juicio Nº 02 de este Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, a los Seis (06) días del mes de Abril de 2009.

LA JUEZA DE JUICIO N° 02.

ABG. VILMA MARIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

LA SECRETARIA

ABG. ANNEVEL VIELMA SUÁREZ