TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas
Barinas, 7 de Enero de 2009
198º y 149º

ASUNTO PRINCIPAL : EP01-P-2008-003952
ASUNTO : EP01-P-2008-003952

JUEZA DE CONTROL N° 04: ABG. CLAUDIA SANGUINETTI
MOTIVO DE CONOCIMIENTO: SOLICITUD DE ENTREGA DE VEHÍCULO
SOLICITANTE: LUBIN ANTONIO ZAMBRANO ARAQUE.
FISCALÍA QUINTA DEL MINISTERIO PÚBLICO.

Corresponde a este Tribunal emitir pronunciamiento sobre entrega de vehículo solicitada por el ciudadano: LUBIN ANTONIO ZAMBRANO ARAQUE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad personal Nº: V- 9.184.470, sobre un vehículo de las siguientes características: MARCA: CHEVROLET; PLACA: CAC 31U; AÑO: 2001; COLOR: VERDE; SERIAL DE CARROCERÍA: 8Z1SC21Z51V300359; SERIAL DEL MOTOR: 51V300359; CLASE: AUTOMOVIL; TIPO: CUOPE; USO: PARTICULAR; MODELO: CORSA.

El Tribunal para decidir sobre lo pedido lo hace bajo las siguientes observaciones:

1º.- El vehículo fue retenido por funcionarios adscritos a la Segunda Compañía del Comando Regional Nº 01 del Destacamento 14 de la Guardia Nacional, con sede en Santa Bárbara de Barinas, en un procedimiento efectuado en fecha 08/01/2008.

2°.- Consta igualmente al folio 20 y vto. de las actuaciones, Experticia de Vehículo practicada por el funcionario TSU GERARDO ALCEDO VIVAS, expertos, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub- Delegación Santa Bárbara del Estado Barinas el cual arrojó como conclusión: 1.- Que la plaqueta de Identificación donde se lee el serial de carrocería, se encuentra en su estado ORIGINAL; 2.- Que los seriales del motor y la caja de las velocidades, se encuentra en su estado ORIGINAL; Que el FCO se encuentra alterado; 4.- Que mediante REACTIVACIÓN no se logró obtener la numeración original oculta del FCO”.

3°.- A los folios 138 Y 139, cursa en original documento que acredita la tradición legal de la propiedad del referido vehículo; es decir, documento debidamente notariado ante la Notaría Pública Tercera de San Cristóbal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, mediante el cual el ciudadano LUBIN ANTONIO ZAMBRANO ARAQUE (el solicitante) adquiere la propiedad del vehículo de manos del ciudadano JULIO ENRIQUE GANDIZA ZAMBRANO, titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.732.037, donde quedó anotado bajo el Nº 13, Tomo: 35, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría; este documento público no consta haya sido desconocido ni impugnado o tachado de falso o de dudoso y al ser documento público pues hace fe de su contenido hasta sea declarado por autoridad competente como falso.

Es oportuno resaltar que el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) señala que:
“El Ministerio Público devolverá lo antes posible los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el Juez de control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el Fiscal si la demora le es imputable.

El Juez o el Ministerio Público entregarán los objetos directamente o en depósito con la expresa obligación de presentarlos cada vez que sean requeridos.

Las autoridades competentes deberán darle cumplimiento inmediato a la orden que en este sentido impartan el Juez o el Fiscal, so pena de ser enjuiciados por desobediencia a la autoridad, conforme a lo dispuesto en el Código Penal”.

También es verdad que debe tenerse presente que de autos se desprende, con vista de la experticia que riela al folio 46, la presunta violación a tipos penales expresamente previstos y sancionados por nuestro ordenamiento jurídico de evidente orden público, los cuales por mandato constitucional le compete al Ministerio Público investigarlos, descubrir a los culpables y solicitar su enjuiciamiento para que mediante un debido proceso sean declarados responsables y sancionados.

Ahora bien, también es verdad que no consta que el solicitante sea autor o partícipe de esos presuntos hechos delictivos; pero existe desde luego una situación que debe ser aclarada por el organismo competente, léase Ministerio Público, constituida por la manifestación expresada en la referida experticia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Barinas donde se señala que el FCO del vehículo se encuentra alterado.

En la actualidad y por haber demostrado que obtuvo la propiedad del bien de manos de quien la tenía sobre ese mismo bien, a juicio del Tribunal quien tiene mejor derecho sobre el mismo es precisamente el solicitante de la entrega o devolución.

Sea oportuno el comentario que con respecto al artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal tiene el respetado autor cubano Eric Pérez Sarmiento en su obra “Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal”, el cual es del tenor siguiente:
“Esta norma está encaminada a disminuir el número de piezas de convicción en poder de los tribunales. El procedimiento para estas devoluciones debe ser sumario y sencillo, debiendo el Ministerio Público entregar los objetos a que se refiere este artículo a quienes demuestren prima facie ser los propietarios o poseedores legítimos de los mismos. Esto es particularmente necesario en los casos de vehículos automotores, los cuales deben ser devueltos a aquellos que exhiban la documentación expedida por las autoridades administrativas de tránsito o que puedan probar sus derechos por cualquier medio lícito y valorable conforme a las reglas del criterio racional. En estos casos, como en todos, los jueces están obligados a proteger el principio “possesio vaux titre”, consagrado en el artículo 794 del Código Civil. De ahí que aún en aquellos casos donde se evidencie adulteración de seriales en los vehículos u otros signos que pudieran hacer presumir la existencia de delito, los jueces vienen obligados a proteger al poseedor de buena fe”.
Tal artículo 794 del Código Civil venezolano en seña que: “Respecto de los bienes muebles por su naturaleza y de los títulos al portador, la posesión produce, a favor de los terceros de buena fe, el mismo efecto que el título. Esta disposición no se aplica a la universalidad de muebles.
Sin embargo, quien hubiese perdido una cosa o aquel a quien la hubiesen quitado, podrán reclamarla de aquel que la tenga, sin perjuicio de que este último pueda exigir indemnización a aquel de quien la haya recibido.”

En este mismo sentido corroborando lo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de la Sala Constitucional de fecha 13-08-01, estableció expresamente lo siguiente:
“Ahora bien observa esta Sala que, en atención a lo dispuesto en el artículo 319 (ahora 311) del Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público debe devolver los objetos recogidos o que se incautaron y que no son indispensables para la investigación, a quienes habiendo acudido ante el Juez de Control a solicitar su devolución demuestren prima facie ser propietarios o poseedores legítimos de los mismos. En los casos de vehículos automotores resulta obligatoria su devolución a quienes exhiban la documentación expedida por las Autoridades Administrativas de Tránsito o que puedan probar su derecho por cualquier medio lícito y valorable conforme a las reglas del criterio racional. Por ello, considera esta Sala, que acreditada sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto que se reclama en el proceso penal, el Juez deberá ordenar la entrega del vehículo correspondiente.”

En el presente caso el solicitante ha probado, prima facie, y en criterio del Tribunal ser el propietario y poseedor legítimo del bien mueble que pide le sea devuelto.

El vehículo en cuestión no aparece solicitado por las autoridades policiales y en opinión de quien aquí decide no es indispensable para la investigación por cuanto ya consta la experticia efectuada sobre el mismo, que por lo demás es irrepetible; aunado a que tal indispensabilidad no ha sido declarada motivadamente por el Ministerio Público.

La documentación del vehículo que sirvió para efectuar el negocio jurídico y trasladar la propiedad del bien, no ha sido declarada judicialmente falsa, lo que significa que el solicitante adquirió de buena fe dicho bien mueble, por lo que con fundamento en lo preceptuado en el transcrito artículo 794 del Código Civil que consagra y protege la posesión de buena fe, él debe ser tratado.

Por otra parte no consta que haya alguien más reclamando tener derecho sobre dicho bien.

Lo que hace que se genere en la convicción del Tribunal que quien tiene mejor derecho a poseer ese vehículo es el ciudadano LUBIN ANTONIO ZAMBRANO ARAQUE, supra identificado, sin que ello signifique que este Tribunal se esté pronunciando definitivamente sobre la propiedad de dicho bien mueble.

Por lo que estima el Tribunal que la solicitud de devolución o entrega debe considerarse procedente. Así se declara.

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, este Tribunal de Primera Instancia Penal en función de control Nº 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, DECLARA PROCEDENTE la solicitud de entrega del vehículo efectuada y en consecuencia, SE ORDENA al propietario, administrador, encargado o a quien haga sus veces del estacionamiento de Transito “Guaicapuro”, Santa Bárbara, Municipio Ezequiel Zamora del Estado Barinas, en el cual se encuentra depositado, HACER ENTREGA DIRECTA E INMEDIATA al ciudadano LUBIN ANTONIO ZAMBRANO ARAQUE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad personal Nº: V- 9.184.470, del vehículo de las siguientes características: MARCA: CHEVROLET; PLACA: CAC-31U; AÑO: 2001; COLOR: VERDE; SERIAL DE CARROCERÍA: 8Z1SC21Z51V300359; SERIAL DEL MOTOR: 51V300359; CLASE: AUTOMOVIL; TIPO: CUOPE; USO: PARTICULAR; MODELO: CORSA, el cual quedó retenido a orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público.

Tal entrega que se acuerda a favor del solicitante lo es condicionada en el sentido que queda obligado a presentar el bien entregado cada vez que la Fiscalía del Ministerio Público o este Tribunal lo requiera, hasta que ocurra uno de los actos conclusivos que obligatoriamente debe verificarse en esta investigación y que desde luego arrojará otra decisión.

Igualmente debe quedar entendido que no podrá celebrar válidamente ningún acto de disposición sobre el vehículo aquí entregado hasta tanto quede definitivamente aclarada la situación jurídica del mismo.

Ofíciese lo conducente. Notifíquese esta decisión. Todo de conformidad con el artículo 311 del COPP y la doctrina y jurisprudencia citadas. Entréguese copia certificada de esta decisión al solicitante, se acuerda el desglose de los documentos originales que cursan en la presente causa y en su defecto se dejen copias certificadas de los mismos.

Dada, sellada y firmada en la Sede del Tribunal de Control N° 04 de este Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, a los siete (7) días del mes de enero de 2009.

LA JUEZA DE CONTROL Nº 04
ABG. CLAUDIA SANGUINETTI
LA SECRETARIA
ABG. BLANCA ANDREINA JIMÉNEZ LÓPEZ