Celebrada como ha sido la audiencia de CALIFICACION DE APREHENSION EN FLAGRANCIA, con motivo de las actuaciones presentadas por la Fiscalía Octava del Ministerio Público, en contra del adolescente: IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LA LEY; se procede por auto separado a fundamentar las decisiones dictadas oralmente en presencia de las partes y la decisión con respecto a las Medidas Cautelares Decretadas, basándose en las siguientes consideraciones: La representación fiscal especializada le atribuye al adolescente, la presunta comisión de los delitos de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y LESIONES TIPO BASICAS, contemplados en los artículos 218 y 413 del Código Penal venezolano vigente, en perjuicio del Sargento Mayor de Tercera de la Guardia Nacional, MARTÍNEZ RAMÍREZ JAVIER y EL ESTADO VENEZOLANO. Solicita a este Tribunal se sirva calificar la detención en flagrancia del adolescente antes mencionado, de conformidad con el artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en concordancia con el encabezamiento del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordene continuar por el Procedimiento Ordinario, conforme a lo previsto en el artículo 373 Ejusdem., y solicita se decrete Medida Cautelar, conforme al artículo 582 de la Ley Especial que rige la materia, por cuanto se desprende de las Actas Policiales que el adolescente fue aprendido en fecha 27 de Febrero de 2009, en horas de la noche, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en apoyo a la policía estadal se trasladaban al sector El Metro, cerca de la Unidad Educativa José Vicente Unda en Barinitas, por cuanto se encontraban alterando el orden público, al llegar ven tres vehículos los cuales eran inspeccionados por la Policía del Municipio Bolívar así como a las personas presentes quienes no querían colaborar, se encontraban tomando licor y el adolescente en actitud grosera con la Comisión, arremetió contra la Comisión Militar tratando de darse a la fuga, se le dio la voz de alto teniendo que usar la fuerza pública quien lanzó golpes contra el funcionario JAVIER MARTINEZ, quien lo detuvo y llamó al Ministerio Público, quien solicitó actuaciones y el traslado del adolescente directamente a la sede del Tribunal. Impuesto el adolescente imputado del Precepto Constitucional previsto en el artículo 49 numeral 5° de nuestra Carta Magna, quien manifestó no estar dispuesto a declarar, y libre de coacción y apremio manifestó lo siguiente: “Me acojo al Precepto Constitucional. Es Todo”. Acto seguido se le cede el derecho de palabra a la Defensora Pública de Adolescentes, Abg. JOHANA FREIRE, quien manifestó: “Solicito a este Tribunal la imposición de una medida menos gravosa, de conformidad con el artículo 582, literales “b” y “c” de la LOPNA. Finalmente, solicito copia simple de la presente acta. Es Todo”. Una vez oídas las exposiciones de las partes, este tribunal arriba a las siguientes conclusiones: PRIMERO: En cuanto a la aprehensión del adolescente imputado, ésta Juzgadora considera, que a la luz del artículo 44.1 constitucional, la aprehensión es legítima, por cuanto se desprende de las actas policiales que el mismo fue aprehendido en el momento en que estaban ocurriendo los hechos donde resultó lesionado el funcionario Sargento Mayor de Tercera de la Guardia Nacional, Martínez Ramírez Javier, cuando dicho funcionario en compañía de otros funcionarios instaban a un grupo de personas en el cual se encontraba el adolescente presente en sala a que cesara la alteración del orden publico que estaban presentando, hechos estos que concatenados entre sí configuración los supuestos establecidos en los artículos 248 del Código Orgánico Procesal Penal y 557 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, por lo que la aprehensión se debe calificar como flagrante; Así se decide. SEGUNDO: Coincide el Tribunal con el Ministerio Público en la precalificación jurídica, por cuanto de los hechos aquí expuestos se desprende la presunta comisión del delito tipificado en nuestro ordenamiento jurídico como RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y LESIONES TIPO BASICAS, contemplados en los artículos 218 y 413 del Código Penal venezolano vigente. Así se decide. TERCERO: Por otra parte, a los fines de decretar la Medida Cautelar acorde al adolescente de autos, esta juzgadora observa que se desprende de elementos de convicción aquí analizados, la existencia de un hecho punible que no se encuentra prescrito y la presunta participación del adolescente en grado de autor en los delitos imputados por la Representación Fiscal, tomando en cuenta que se trata de delitos que no prevén como sanción la privación de libertad conforme al artículo 628 de la Ley Especial, y en acatamiento al principio de proporcionalidad, observa quien aquí decide que lo que lo procedente es acordar la medida de cautelar establecida en el artículo 582, literales “b” y “c” de la LOPNA, de acuerdo a lo solicitado por la Vindicta Pública y la Defensa Técnica, que consiste en: 1.- Someterse al cuidado y vigilancia de sus representantes legales, ciudadanos OMITIDOS CONFORME ALA LEY, quienes deberán suscribir acta compromiso ante esta Instancia y 2.- Presentarse cada cuarenta (40) días, por ante la oficina de alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal. Así mismo, atendiendo al fin educativo se acuerda realizar valoración Psiquiátrica e Informe Social al adolescente por parte del Equipo Multidisciplinario adscrito a esta Sección de Responsabilidad de Adolescentes. Así se decide. CUARTO: En cuanto a la solicitud fiscal, de la aplicación del Procedimiento Ordinario, ello por considerar que faltan diligencias de investigación pendientes por practicar; y analizadas como han sido las actuaciones del presente caso, éste Tribunal coincide con el Ministerio Público en que no se han practicado todas las diligencias de investigación necesarias para la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos, fines previstos en el artículo 13 de la norma adjetiva penal, por lo que resulta pertinente acordar la aplicación del correspondiente procedimiento ordinario, de conformidad con lo establecido en el artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Así se decide.