REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN LOS ANDES
BARINAS, 19 DE NOVIEMBRE DE 2009
199° y 150°
Mediante escrito presentado ante este Tribunal Superior en fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil ocho (2008), el Abogado LUIS ALBERTO MEDINA GALLANTI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 11.502.614, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 66.904, actuando con el carácter de Co-apoderado judicial de la Empresa CENTRO CLÍNICO SAN CRISTÓBAL, HOSPITAL PRIVADO C.A., interpuso el presente RECURSO DE NULIDAD conjuntamente con AMPARO CAUTELAR, contra el Auto dictado en fecha 29 de enero de 2008, por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO “GENERAL CIPRIANO CASTRO” DEL ESTADO TÁCHIRA.
Por auto de fecha 25 de Septiembre de 2008, este Tribunal Superior admitió el recurso interpuesto, ordenándose la citación y notificaciones de ley (folio 711 y vuelto).
En fecha 13 de noviembre de 2008, el ciudadano JESÚS FERNÁNDEZ MORA, titular de la cédula de identidad Nº 10.167.300, actuando en su condición de Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Centro Clínico San Cristóbal (SINTRASECLINSC), asistido por la Abogada Eudocia Teresa Rosales Abreu, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 13.937, consignó escrito solicitando se declarase sin lugar el recurso interpuesto, e igualmente solicitó se le tuviese como tercero adhesivo en el presente juicio (folios 712 al 715).
Mediante auto de fecha 18 de noviembre de 2008, este Juzgado Superior admitió la participación del mencionado ciudadano, como tercero adhesivo en el presente proceso (folio 806).
Ahora bien, de una revisión exhaustiva del presente expediente, se constata que las partes no han impulsado la presente causa, habiendo transcurrido más de un año de inactividad y falta de impulso del proceso. En este sentido considera necesario esta Juzgadora, hacer referencia al instituto procesal de la perención de la instancia, el cual ha sido concebido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 05396, de fecha 04 de agosto de 2005, Caso: Carlos Alberto Urdaneta Finucci, como un mecanismo de ley diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen el tiempo y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés por parte de los sujetos procesales.
Asimismo la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, instrumento legal que regula lo relativo a este mecanismo procesal en el aparte decimoquinto, del artículo 19, dispone:
“Salvo lo previsto en disposiciones especiales la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de Un (1) año. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha que se haya efectuado el último acto de procedimiento. Transcurrido el lapso aquí señalado, sin más trámites se declarará la perención de oficio o a instancia de parte. Lo previsto en este Artículo no es aplicable a procedimientos penales”.-
Resulta de interés resaltar que la norma anteriormente transcrita, fue objeto de desaplicación por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, en sentencia Nº 1466, de fecha 05 de agosto de 2004, en los términos siguientes:
“ (…) la Sala acuerda desaplicar por ininteligible la disposición contenida en el párrafo quince del artículo 19 de la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que pareciera obedecer a un lapsus calamis del Legislador y, en atención a lo dispuesto en el aludido artículo 19 del Código Civil, acuerda aplicar supletoriamente el Código de Procedimiento Civil, de carácter supletorio, conforme a lo dispuesto en el primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en lo relativo a la perención de la instancia.
Dicho precepto legal previene, en su encabezamiento, lo siguiente:
‘Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención’.
En consecuencia, por cuanto el anterior precepto regula adecuada y conveniente la institución que examinamos, el instituto procesal de la perención regulada en el Código de Procedimiento Civil, cuando hubiere lugar a ello, será aplicado a las causas que cursen ante este Alto Tribunal cuando se dé tal supuesto. Así se decide”.
Criterio jurisprudencial que ha sido acogido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 05396, de fecha 04 de agosto de 2005, caso: Carlos Alberto Urdaneta Finucci y, que igualmente comparte esta Juzgadora.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, este Órgano Jurisdiccional observa que en el presente caso, la última actuación que cursa en el expediente es el auto dictado por este Tribunal Superior en fecha 18 de noviembre de 2008 (folio 806), mediante el cual se admite la participación del ciudadano Jesús Fernández Mora, como tercero adhesivo en el proceso; sin que la parte actora hubiese realizado actividad procesal alguna, dirigida a movilizar y mantener en curso el juicio, resultando evidente que transcurrió con creces el lapso previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil; este Tribunal Superior, luego de verificar que en el presente caso no se violan normas de orden público y por cuanto la causa ha estado paralizada por más de un (01) año, declara consumada la perención y en consecuencia extinguida la instancia, y así se decide.
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, declara CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en el RECURSO DE NULIDAD conjuntamente con AMPARO CAUTELAR, interpuesto por el Abogado Luis Alberto Medina Gallanti, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 66.904, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Empresa CENTRO CLÍNICO SAN CRISTÓBAL, HOSPITAL PRIVADO C.A., contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO “GENERAL CIPRIANO CASTRO” DEL ESTADO TÁCHIRA, en virtud de que la instancia se ha extinguido de pleno derecho por paralización de la causa por más de un año.
LA JUEZA PROVISORIA,
FDO
MAIGE RAMÍREZ PARRA
LA SECRETARIA,
FDO
DÁMARY GONZÁLEZ RANGEL
MRP/ ems/gm.-
EXP. Nº 7023-2008.-
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