REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SUPERIOR CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN LOS ANDES BARINAS, 05 DE NOVIEMBRE DE 2009. 199º Y 150º Mediante escrito consignado ante este Juzgado Superior, en fecha veintinueve (29) de Octubre de 2009, por el Abogado JOSÉ RAMÓN PANZA OSTOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.5.738.891, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 34.449, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana GAUDES EULALIA RODRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 4.255.050, interpuso demanda por COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES, contra el INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (INCE) actualmente, INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES). Previamente debe este Tribunal Superior pronunciarse acerca de su competencia para conocer y decidir el cobro de diferencia de prestaciones sociales interpuesto, y al respecto se observa que en el presente caso se ha interpuesto una demanda por el cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, con ocasión del egreso de la ciudadana Gaudes Eulalia Rodríguez (hoy demandante) del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), asunto éste que encaja en la competencia que le es hoy atribuida a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo, en los artículos 1 y 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, de allí que este Tribunal es competente para conocer y decidir el caso bajo análisis, y así se decide. Ahora bien, siendo el momento para proveer sobre la admisibilidad de la presente causa, estima necesario esta Juzgadora realizar las siguientes consideraciones: el Artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece lo siguiente: “Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto”. Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1643, de fecha 03 de Octubre de 2006, caso HÉCTOR RAMÓN CAMACHO AULAR, estableció al respecto: “Del Artículo transcrito se desprende que toda acción intentada con fundamento en la Ley del Estatuto de la Función Pública deberá ser interpuesta ante los órganos jurisdiccionales en el lapso que allí se establece, aplicable en los casos, donde exista una relación jurídico administrativa funcionarial que vincule a la parte con el órgano administrativo respectivo. Dicho artículo establece un lapso de tres meses para incoar la querella a partir del día en que se produce el hecho que da lugar al recurso. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han reiterado de manera pacífica, que la disposición antes transcrita, establece un lapso de caducidad, lo cual indica, necesariamente, que estamos en presencia de un término que no admite paralización, detención, interrupción ni suspensión, sino que el mismo transcurre fatalmente, y su vencimiento ocasiona la extinción del derecho que se pretende hacer valer, por ende, la acción ha de ser interpuesta antes de su vencimiento”. De lo antes expuesto, se evidencia que toda acción que se interponga con fundamento en la Ley del Estatuto de la Función Pública, será válida cuando se realice dentro de un lapso de tres meses, el cual debe contarse a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a ella, o desde el día en que la persona interesada fue notificada del acto, so pena de declararse la caducidad de la acción, lapso procesal que, como lo ha reconocido nuestra jurisprudencia, (Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, sentencia N° 2006-2164, de fecha 6 de julio de 2006, caso: VÍCTOR ORLANDO MONTAÑEZ HERNÁNDEZ) no admite interrupción, ni suspensión, sino que el mismo transcurre fatalmente y su vencimiento implica la extinción de la acción para ejercer el derecho que se pretende hacer valer, por lo cual la acción debe ser interpuesta antes del vencimiento del mismo. En el caso bajo análisis, el apoderado judicial de la parte actora, al fundamentar la querella interpuesta, señala que su representada en fecha 27 de enero de 2009, recibió un pago de Bs. 7.422, 52, por concepto de prestaciones sociales, asimismo, se observa que cursa al folio 8 del presente expediente, copia de la orden de pago, en el cual consta que el pago fue efectuado en fecha 27 de enero de 2009; en tal sentido, resulta precisar que es a partir de esta fecha (27/01/2009), que se computa el lapso de tres meses para accionar ante la jurisdicción contencioso administrativa, venciéndose el referido lapso, el 27 de abril de 2009; siendo evidente, que en el presente caso operó la caducidad, puesto que para la fecha de interponerse la querella funcionarial, esto es, el 29 de octubre de 2009, había transcurrido un lapso de nueve (09) meses, y dos (2) días, el cual excede con creces el lapso de caducidad de tres meses establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública para el ejercicio de la acción, operando en consecuencia la caducidad de la acción. ASÍ SE DECIDE. DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, declara INADMISIBLE POR CADUCIDAD la demanda por COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES, interpuesta por el Abogado JOSÉ RAMÓN PANZA OSTOS, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 34.449, actuando en su condición de apoderado judicial de la ciudadana GAUDES EULALIA RODRÍGUEZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 4.255.050, contra el INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES). Publíquese, regístrese y expídanse las copias de Ley. LA JUEZA PROVISORIA, FDO MAIGE RAMÍREZ PARRA LA SECRETARÍA, FDO DÁMARY GONZÁLEZ RANGEL MRP/yvr.- EXP. Nº 7822-09.-