TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas
Barinas, 16 de Octubre de 2009
199º y 150º

ASUNTO PRINCIPAL : EP01-P-2009-008641
ASUNTO : EP01-P-2009-008641

AUTO DECRETANDO MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD

JUEZ: ABG. MIGUEL ANGEL VIDAL PINZON
SECRETARI O: ABG. ANA DURAN
MOTIVO DE CONOCIMIENTO: SOLICITUD DE CALIFICACION DE FLAGRANCIA, MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD Y PROCEDIMIENTO ORDINARIO.
IMPUTADO: GILBERT MANUEL MARQUEZ MESTRA
DELITO IMPUTADO: PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, ROBO AGRAVADO Y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR
FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. ANGELICA JOVES
VICTIMA: ESTADO VENEZOLANO
DEFENSA PÚBLICA: ABG. ESTEBAN MENESES

Oídas las partes durante la celebración de la Audiencia de presentación de imputado y de calificación de flagrancia, del ciudadano GILBERT MANUEL MARQUEZ MESTRA, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Art. 458 y 277 del Código Penal Vigente y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el Art. 264 de la Ley Orgánica para La Protección del Niño y del Adolescente, cometido en perjuicio del Estado Venezolano, pasa a motivar las decisiones adoptadas en dicha Audiencia, para lo cual, hace las siguientes consideraciones:

DATOS DEL IMPUTADO

GILBERT MANUEL MARQUEZ MESTRA, no porta cédula de identidad, dice ser venezolano, dice ser titular de la cedula de identidad N° 23.022.494, fecha de nacimiento 02/08/1988, en Ciudad Bolivia Pedraza Estado Barinas, de 20 años, oficio obrero, sordo mudo, manifestó a través de señas que vive en casa de su hermana, Barinas Estado Barinas (La Secretaria Abg. Ana Durán, informó que realizó trabajos con personas con falta de audición, por lo que puede entender lo que el imputado manifiesta).

ENUNCIACION DE LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN

En actuaciones presentadas por la Fiscalía Décima del Ministerio Publico, recibe actuaciones procedentes de funcionarios adscritos a la Zona Policial N° 10 de la Policía del Estado Barinas, donde se deja constancia de las siguiente diligencias, “En fecha 09-10-2009, siendo aproximadamente las 03:55 hora de la tarde, encontrándose de servicio en el punto de control de la Acequia, Municipio Antonio José de Sucre, se presentó al puesto el ciudadano PEÑA ALBORNOS CLEOFAS, denunciando que en el sector San Isidro, lo habían robado dos personas a bordo de una moto, con una pistola, llevándose la cantidad de 160 bolívares, indicó que la persona que iba manejando era de piel morena, flaco y pelo largo, y el otro quien sacó la pistola y le quito el dinero, es de piel blanca y de contextura gruesa y no hablaba sino hacia sonidos que no se le entendía; por lo la comisión policial procedió a trasladarse en un vehículo moto particular, hasta el sector San Isidro, al llegar al puente de metal colgante sobre el río de la Acequia, visualizaron a dos ciudadanos, en una moto que venían en dirección contraria, quienes al notar la presencia policial, frenaron y dieron la vuelta de manera brusca perdiendo el control del vehículo estrellándose contra el puente, procediendo a darles voz de alto, preguntándoles si tenían algún arma u objeto de interés criminalístico que lo exhibiera, no obteniendo repuesta, procedieron al registro de persona amparados en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, quedando identificados como JORGE ANGARITA, de 16 años de edad, a quien no le encontraron ningún objeto de interés criminalístico, y al ciudadano GILBERT MARQUEZ, quien no portó mas datos, por ser una persona con deficiencia auditiva, cuyas características son: piel blanca, cabello corto, y de contextura gruesa, se le incautó en la pretina del pantalón del lado izquierdo un (01) facsímil, pistola de juguete marca omega 29598, de material plástico de color negro, en donde se puede EER U.S. 9mm m9 military (made in china) contentivo en su interior de material sólido (metal), así como también en el bolsillo derecho, la cantidad de 160 Bolívares en efectivo, le fueron leídos sus derechos a los mencionados ciudadanos y se les informó a cada un de las representaciones fiscales competentes en la materia, al fiscal décimo del ministerio publico y al fiscal octavo con competencia en adolescente, sobre el procedimiento efectuado, quedando detenidos a orden de dichas representaciones fiscales”.

SUPUESTOS QUE CONCURREN DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 248, 250, 251 y 252 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

PRIMERO: En cuanto a la Aprehensión en Flagrancia de los imputados GILBERT MANUEL MARQUEZ MESTRA, éste Tribunal de Control No 02 observa: que de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, a los Jueces de la República les corresponderá velar por la incolumidad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de Venezuela, debiendo atender siempre a la norma constitucional por encima de cualquier otra ley, así se tiene que el artículo 44 ordinal 1 de la Carta Magna, dispone que la libertad personal es inviolable y: “…Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti… Será juzgada en libertad excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…” (Subrayado y negrillas del Tribunal), en tal sentido, resulta claro, que el legislador prevé como una garantía de rango constitucional la libertad personal, la cual es inviolable, a excepción de dos supuestos: 1.- Que la persona este solicitada a través de una orden judicial, entendiéndose que debe tener en su contra una orden de aprehensión o encarcelación emitida por la autoridad judicial y 2.- Que sea sorprendida “in fraganti” cometiendo un hecho punible. Ahora bien, éste Tribunal de Control No 02 observa que el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal establece los supuestos de la aprehensión en flagrancia, los cuales a criterio de quien aquí argumenta están dados en el presente caso en relación al delito precalificado como es el de ROBO AGRAVADO, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Art. 458 y 277 del Código Penal Vigente y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el Art. 264 de la Ley Orgánica para La Protección del Niño y del Adolescente, cometido en perjuicio del Estado Venezolano, ya que por delito flagrante se conoce en el concepto usual, el que se esta cometiendo de la manera singularmente ostentosa o escandalosa que hace necesaria la urgente intervención de alguien que termine con esa situación anómala y grave, a fin de que cese el delito, por estarse produciendo un daño, lesión u atentado a un bien jurídico protegido, que debe impedirse inmediatamente o porque es posible conseguir que el mal se corte y no vaya en aumento, y que el autor sea sorprendido, visto en el momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a la perpetración del delito. En tal sentido de acuerdo a lo que se desprende de las actuaciones que conforman la presente causa penal, los imputados fueron aprehendidos por funcionarios policiales momentos en que portaban el arma de fuego, siendo despojados los mismos de dichas arma por los funcionario aprehensores, constituyéndose así la aprehensión en flagrancia, por estar dados los supuestos establecidos en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal y así se decide.-
SEGUNDO: En cuanto a la procedencia de las Medidas de Coerción personal que podrían ser impuestas a los fines de asegurar las resultas del proceso en la presenta causa penal éste tribunal pasa a analizar los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación a los ciudadanos GILBERT MANUEL MARQUEZ MESTRA, en tal sentido observa éste Tribunal que el citado artículo establece los requisitos de procedencia a los efectos de la Medida de Privación Judicial Preventiva de la Libertad siempre que el Fiscal del Ministerio Público y se acredite: 1.) La existencia de un hecho punible de acción pública que merezca pena privativa de libertad mayor de tres años en su límite máximo por mandato del artículo 253 del citado Código, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita como lo es en el caso del imputado GILBERT MANUEL MARQUEZ MESTRA, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Art. 458 y 277 del Código Penal Vigente y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el Art. 264 de la Ley Orgánica para La Protección del Niño y del Adolescente, cometido en perjuicio del Estado Venezolano, cuya pena es de DIEZ (10) a DIECISIETE (17) años de prisión, en el delito de mayor gravedad, por haber concurrencia de delitos, lo que evidencia que estamos en presencia de un hecho punible, que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no está evidentemente prescrita, cumpliéndose así el primer requisito de los establecidos en el artículo 250 del COPP.

Por existir fundados elementos de convicción para estimar que los ciudadanos fueron autores en la presunta comisión del hecho, lo cual se desprende de las siguientes actuaciones policiales:

1. ACTA POLICIAL N° 1589, de fecha 09/10/2009, suscrita por los funcionarios ROBIN MARQUEZ y MARCO ESCALONA, adscritos a la Zona Policial N° 10 de la Policía del Estado Barinas, donde dejan constancia de la actuaciones realizadas en el sitio del hecho, la aprehensión del imputado y la retención del arma de fuego tipo facsímil, folio 16 y vuelto.
2. ACTA DE DENUNCIA, de fecha 09/10/2009, realizada por el ciudadano PEÑA ALBORNOZ CLEOFAS, victima en el presente hecho, donde deja constancia de las características de cómo fue objeto de robo por parte de dos ciudadanos, folio 18.
3. ACTA DE INSPECCION TECNICA, de fecha 09/10/2009, realizada por el funcionario DEIVIS URQUIOLA, adscrito a la Zona Policial N° 10 de la Policía del Estado Barinas, donde dejan constancia de las características del sitio donde ocurrieron los hechos, folio 19.
4. ACTA DE RETENCION DE OBJETO (FACSIMIL), de fecha 09/10/2009, suscrita por los funcionarios ROBIN MARQUEZ, adscrito a la Zona Policial N° 10 de la Policía del Estado Barinas, donde dejan constancia de las características del arma de fuego tipo facsímil, incautada al hoy imputado en el procedimiento policial, folio 20.
5. ACTA DE RETENCION DE DINERO, de fecha 09/10/2009, suscrita por los funcionarios ROBIN MARQUEZ, adscrito a la Zona Policial N° 10 de la Policía del Estado Barinas, donde dejan constancia de las características y la cantidad de dinero retenida en el procedimiento policial, al hoy imputado, el cual fue supuestamente sustraído a la victima en el presente hecho, folio 21.
6. ACTA DE RETENCION DE MOTO, de fecha 09/10/2009, suscrita por los funcionarios ROBIN MARQUEZ, adscrito a la Zona Policial N° 10 de la Policía del Estado Barinas, donde dejan constancias de las características del vehículo moto retenido en el procedimiento policial y donde se desplazaban el hoy imputado, en compañía de un adolescente, folio 22.

Ahora bien; este Tribunal, conforme al artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en su numeral segundo, en cuanto a los elementos de convicción que hacen posible estimar que el imputado GILBERT MANUEL MARQUEZ MESTRA, ha sido presunto autor o participe en la comisión del hecho punible que le ha sido atribuido, en concordancia con lo establecido en el artículo 254 del Código Orgánico Procesal Penal, en acatamiento del deber de fundamentar las razones que pudieran dar lugar al Decreto de Medida de Privación Judicial Preventiva de la libertad, considera que de las actas que conforman el legajo de actuaciones, arriba señaladas de su revisión y análisis, se desprenden suficientes elementos de convicción como para estimar que los imputados son presuntos autores de la comisión del hecho punible que se les atribuye en el presente proceso penal como lo es el delito de ROBO AGRAVADO, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Art. 458 y 277 del Código Penal Vigente y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el Art. 264 de la Ley Orgánica para La Protección del Niño y del Adolescente, cometido en perjuicio del Estado Venezolano, toda vez que existen suficientes indicios y elementos, que conllevan al convencimiento de quien aquí decide de su presunta autoría, lo cual se deduce al ir analizando detalladamente las actuaciones de investigación que conforman la causa, lo cual hace estimar que estamos en presencia de la presunta comisión de un hecho punible, que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita;

En cuanto lo establecido en el numeral tercero, referido a la presunción razonable del peligro de fuga o de obstaculización de la investigación, observa éste Tribunal que, el Tribunal considera que dicho numeral se encuentra cumplido y aunado a los anteriores numerales, son concurrentes, llenándose plenamente lo exigido en el Art. 250 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que tomamos en cuenta, la pena que podría llegarse a imponer en el presente caso, es de DIEZ (10) a DIECISIETE (17) años de prisión, excediendo de tres (03) años en su límite máximo, siendo requisito exigido en el Art. 256 del precitado código, para que le sea procedente una medida cautelar menos gravosa a la privación, pero también es cierto que, aun cuando se cumple con dicho requisito, no es menos cierto que también se encuentran llenos los extremos exigidos en el Art. 250 ejusdem y por la magnitud del daño causado, por cuanto el hecho punible es referido al delito de ROBO AGRAVADO, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Art. 458 y 277 del Código Penal Vigente y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el Art. 264 de la Ley Orgánica para La Protección del Niño y del Adolescente, cometido en perjuicio del Estado Venezolano, son delitos que atentan contra el orden publico, toda vez que la acción punible de dicho delito dirige su propósito a despojar a una persona de sus bienes bajo amenazas, tutelado por la el Código Penal, así como por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por Tratados Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República Bolivariana de Venezuela, razones estas por las cuales considera quien aquí decide que al igual que los requisitos del artículo 250 concurren y dan lugar a la procedencia del decreto de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra del imputado GILBERT MANUEL MARQUEZ MESTRA.

Por las consideraciones antes expuestas este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control N° 02 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECRETA: PRIMERO: Califica la Aprehensión del Imputado ciudadano GILBERT MANUEL MARQUEZ MESTRA, como Flagrante de conformidad con lo establecido en el Art. 248 del Código Orgánico Procesal Penal por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Art. 458 y 277 del Código Penal Vigente y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el Art. 264 de la Ley Orgánica para La Protección del Niño y del Adolescente, cometido en perjuicio del Estado Venezolano. SEGUNDO: Se DECRETA Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad conforme a lo establecido en el Art. 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal en contra del imputado GILBERT MANUEL MARQUEZ MESTRA, no porta cédula de identidad, dice ser venezolano, dice ser titular de la cedula de identidad N° 23.022.494, fecha de nacimiento 02/08/1988, en Ciudad Bolivia Pedraza Estado Barinas, de 20 años, oficio obrero, sordo mudo, manifestó a través de señas que vive en casa de su hermana, Barinas Estado Barinas (La Secretaria Abg. Ana Durán, informó que realizó trabajos con personas con falta de audición, por lo que puede entender lo que el imputado manifiesta). TERCERO: Acuerda la prosecución del Procedimiento Ordinario, de conformidad con lo establecido en el Art. 373 del Código Orgánico Procesal Penal, Se acuerdan las Copias de la causa y de la presente acta a la Defensa Pública.

Diarícese y Publíquese.

Dada, firmada y sellada en la Sede del Tribunal de Control N° 02, en Barinas a los dieciséis (16) días del mes de Octubre de 2009.
EL JUEZ DE CONTROL N° 02
LA SECRETARIA
ABG. MIGUEL ANGEL VIDAL PINZON
ABG. ANA DURAN