REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO DEL MUNICIPIO PEDRAZA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS. Ciudad Bolivia, 29 de abril de 2010. 200° y 151°. NARRATIVA: En fecha dos (02) de abril de 2009, se inicia la presente causa mediante solicitud, acompañada de documentales, presentada por la ciudadana: MARINA HERNÁNDEZ ANDRADE, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.814.762, de ocupación peluquera, domiciliada en el Caserío Mijaguas, sector Brisas del Río, calle principal, casa s/n, Parroquia Ciudad Bolivia, Municipio Pedraza del Estado Barinas, actuando en representación de sus hijas, cuyos nombres se omiten por razones de ley, incoada contra el ciudadano: YILBERT ANTONIO NIÑO NAVAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-12.463.848, de ocupación obrero, domiciliado en su sitio de trabajo Quesera La Pradera, ubicada en Bum-Bum, Municipio Antonio José de Sucre del Estado Barinas; mediante la cual solicita fijación de Obligación de Manutención. En fecha 06 del mismo mes y año, cursante al folio cinco (05), fue admitida conforme a derecho la presente solicitud, mediante auto que ordenó darle el curso legal correspondiente y practicada como se evidencia al folio siete (07), la notificación de Ley a la Fiscal del Ministerio Público Especializada en materia de Niños, Niñas y Adolescentes. En esta misma fecha se libró oficio a la Gerencia de la firma comercial Quesera La Pradera, solicitando información del salario y demás beneficios laborales percibidos por el demandado alimentario, sin que hasta la presente fecha se haya obtenido respuesta sobre tal pedimento. Igualmente se libró Exhorto al Juzgado del Municipio Antonio José de Sucre de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, para el cumplimiento de la citación del demandado de autos, resultas que fueron recibidas en este Tribunal en fecha 22-05-2009 y agregada a los autos en fecha 25-05-2009. En fecha trece (13) de mayo de 2009, cursante al folio quince (15), el Alguacil del Tribunal comisionado, mediante diligencia consignó Boleta de Citación sin firmar, correspondiente al ciudadano: Yilber Antonio Niño Navas, indicando que se trasladó a la dirección señalada en la boleta y fue informado por la secretaria de la mencionada Quesera, que el prenombrado ciudadano dejó de laborar en la misma desde el día 30 de abril de año 2009, sin que hasta la presente fecha la parte accionante haya realizado las gestiones tendentes a dar cumplimiento a los trámites subsiguientes del proceso. Siendo la oportunidad legal para decidir, el Tribunal observa: MOTIVOS DE HECHO Y DERECHO PARA DECIDIR El Tribunal hecha la anterior síntesis de los hechos que conforman el presente expediente, considera necesario pronunciarse de oficio sobre la perención de la instancia, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención…” Conforme el contenido de la norma, el Instituto de la perención de la instancia no es más que: “…el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso…”. (RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE, Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 329). Esta sanción tiene su fundamento, de un lado, en la presunta expresión de voluntad de la parte de no continuar con el proceso instaurado, la cual se evidencia de la falta de impulso procesal por un período de tiempo determinado que el legislador previó como suficiente para presumir tal circunstancia y del otro, la necesidad del Estado de evitar que los jueces se recarguen de expedientes cuya pendencia de no ocurrir la perención resultaría indefinida. La perención es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al Órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que éstos se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad a las partes. De acuerdo con el principio contenido en el Artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, al no poner en movimiento la actividad del Juzgado mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso. Considera quien suscribe que al respecto, es necesario citar un extracto de la sentencia del 1º de junio de 2001 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrado ponente Jesús Eduardo Cabrera Romero, caso Fran González y otros, expediente Nº 00-1491, sentencia Nº 956: “El Código de Procedimiento Civil establece la institución denominada perención de la instancia…En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil. El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella ataca a la acción y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquella…Por tratarse de una ‘sanción’ a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad….El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención, y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia…Estos son los principios generales sobre la perención de la instancia, los cuales son aplicables plenamente al proceso civil y a los procesos que se rijan por el Código de Procedimiento Civil…Para que exista paralización, es necesario que ni las partes ni el Tribunal actúen en las oportunidades señaladas en la ley para ello…Para que corra la perención la clave es la paralización de la causa…En razón de los argumentos expuestos, considera la Sala que la perención de la instancia, al menos en los procesos de naturaleza civil, o de los que se guíen por el Código de Procedimiento Civil, sólo funciona cuando existe inactividad de las partes…Omissis”. De lo expuesto se desprende que de las normas contenidas en nuestro Código de Procedimiento Civil establece que la falta de actividad procesal o impulso de las partes por más de un año produce la Perención de la Instancia respectiva, y esta perención es de pleno derecho e irrenunciable por las partes, en el caso de marras se evidencia claramente el transcurso de más de un año sin que ninguna de las partes efectuara ningún acto de procedimiento, entendido éste como una conducta realizada por los sujetos procesales, susceptibles de constituir, modificar o extinguir el proceso. En el presente caso se observa, que revisado el expediente signado con el N° 991 contentivo de solicitud de fijación de obligación de manutención presentada por la ciudadana: Marina Hernández Andrade, contra el ciudadano: Yilber Antonio Niño Navas; se constata que ha transcurrido un tiempo que excede al previsto en nuestra legislación adjetiva civil, encontrándose paralizada desde el día 03 de abril de 2009, sin haberse ejecutado por la parte actos que impulsen el procedimiento para obtener la tutela efectiva de sus derechos, es por lo que forzosamente este Tribunal aplicando lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 eiusdem, declara LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y así se declara. D I S P O S I T I V A En consecuencia, de conformidad con el Artículo 267 en su encabezamiento, en concordancia con el artículo 269, ambos del Código de Procedimiento Civil, este Juzgado del Municipio Pedraza de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA LA PERENCION DE LA INSTANCIA, debido a la total ausencia de actividad desplegada por la parte solicitante, que conlleven a lograr la realización de lo solicitado. Así se decide. No hay condenatoria en costas, en virtud de la naturaleza de la decisión, a tenor de lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Notifíquese a las partes de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 233 ejusdem. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada en el Archivo de este Juzgado. Dado, firmado y sellado en el Juzgado del Municipio Pedraza de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, a los veintinueve (29) días del mes de abril del 2010. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación. La Jueza Titular, Belkis Xiomara Méndez Ramírez La Secretaria, Janitzia Aro Bastidas En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 12:30 p.m. Conste, La Secretaria, Exp Nº 991. BXMR/opm. Sent. Nº 41-2010.