REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SUPERIOR CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN LOS ANDES BARINAS, 17 DE AGOSTO DE 2010. 200° y 151° En fecha 12 de agosto de 2010, se recibió en este Juzgado Superior el presente expediente, proveniente del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, contentivo de la ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por la ciudadana SHIMDY KAROL CÁRDENAS MENDOZA, titular de la cédula de identidad Nº V-14.605.810, debidamente asistida por el abogado José Manuel Medina Briceño, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 24.808, contra el incumplimiento de la CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO TÁCHIRA, de acatar la Providencia Administrativa Nº 1132-2009, de fecha 23 de octubre de 2009, emanada de la Inspectoría del Trabajo “General Cipriano Castro” del Estado Táchira, en la que se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por la hoy accionante contra la mencionada Corporación de Salud. Evidenciándose que la presente causa se remitió a este Órgano Jurisdiccional a los fines de “completar la instancia de conformidad con el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Doctrina establecida por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República…”. Corresponde a esta Juzgadora pronunciarse previamente acerca de su competencia para conocer de la consulta de ley, y en tal sentido observa, que en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447, de fecha 16 de junio de 2010, se publicó la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010, cuya Disposición Final prevé su entrada en vigencia a partir de la publicación en la Gaceta Oficial; en igual sentido, se constata que el artículo 25 numeral 3 de la referida Ley, excluye del conocimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo, de lo cual se deriva que el conocimiento de la acción de amparo constitucional interpuesta contra el desacato por parte del patrono a dar cumplimiento a las Providencias Administrativas emanadas de la Administración del trabajo, con ocasión de la inamovilidad laboral, corresponde a la Jurisdicción Laboral. Ahora bien, de la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente se evidencia que el objeto de la acción de amparo constitucional interpuesta es la ejecución de la Providencia Administrativa Nº 1132-2009, de fecha 23 de octubre de 2009, dictada por la Inspectoría del Trabajo “General Cipriano Castro” del Estado Táchira, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios dejados de percibir incoada por ciudadana Shimdy Karol Cárdenas Mendoza (hoy accionante), contra la Corporación de Salud del Estado Táchira, alegando la mencionada ciudadana que se encontraba amparada por el Decreto de Inamovilidad Laboral Nº 6.603, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.090 de fecha 02 de enero de 2009; asimismo, se evidencia que la presente acción fue interpuesta en fecha 14 de julio de 2010, esto es, con posterioridad a la publicación en Gaceta Oficial de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo así, considera este Tribunal que la competencia por la materia, para conocer de la presente acción, corresponde al Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, no en virtud de la competencia excepcional establecida en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sino en primera instancia como Tribunal competente por la materia. Al respecto resulta oportuno remitirse al artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual establece: “Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo. En caso de duda, se observarán en lo pertinente las normas sobre competencia en razón de la materia (…)”. En corolario de las consideraciones anteriormente expuestas, es evidente que el Juzgado de Primera Instancia, erró al remitir en consulta la presente causa, puesto que ha debido asumir la competencia para el conocimiento de la acción de amparo constitucional conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y no con fundamento en la competencia excepcional establecida en esta especial materia de amparo constitucional; en consecuencia este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, no acepta la consulta de la sentencia dictada en fecha 19 de julio de 2010, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, y ordena la devolución del expediente al Juzgado remitente. Désele salida inmediata al Expediente y envíese con Oficio. LA JUEZA PROVISORIA, FDO MAIGE RAMÍREZ PARRA LA SECRETARIA, FDO GREISY OLIDAY MEJIAS. MRP/gm.- Exp. Nº 8232-2010.-