REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas
Barinas, 15 de Junio de 2010
200º y 151º
ASUNTO PRINCIPAL : EP01-P-2005-000064
ASUNTO : EP01-P-2005-000064
AUTO FUNDADO DECRETANDO EL CESE DE LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA
JUEZ DE JUICIO Nº 2: Abg. Vilma María Fernández González.
FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO Abg. José Iván Rangel
ACUSADO: JOSE ANTONIO RUIZ GARRIDO
DEFENSOR PRIVADO: Abg. Carmen Lucia Rumbos
SECRETARIA: Abg. Annevel Vielma
Visto la solicitud en fecha 31 de Mayo de 2010, por el Defensor Privado Abg. Carmen Lucia Rumbos, en su condición de Defensor del acusado JOSE ANTONIO RUIZ GARRIDO, quien solicita el CESE DE LA MEDIDA DE COERCION Y ACTO CONCLUSIVO, de conformidad con el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, segundo Hoja de presentación consignada, por cuanto su defendido, tiene desde el día 02 de Febrero de 2007 presentándose cabalmente por ante la Oficina de Atención al Público de este Circuito Judicial. Este Tribunal a los fines de decidir hace las siguientes consideraciones:
Observa el Tribunal que el presente proceso penal se encuentra en este Tribunal desde el 01 de Abril de 200, procedente del Tribunal de Juicio N° 4, ahora bien en fecha 02 de Febrero del 2007 dictó el Auto Fundado Decretando Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación Judicial Preventiva de Libertad, ello de conformidad con el artículo 256 ordinal 3°, 4° y 6° consistente en presentaciones cada Ocho (08) días ante la OAP de este Circuito Judicial Penal, y en fecha 12 de Mayo de 2005 en el Auto de Apertura a Juicio y se remitió a la URDD, a los fines de ser distribuida al Tribunal de Juicio que corresponda, quedando en el Tribunal de Juicio N° 4, y el mismo planteo Inhiicion del presente asunto distribuyéndose nuevamente a los Tribunales de Juicio, quedando en el tribunal de Juicio N° 2 en fecha 01 de Abril del 2008, observando que quien aquí decide que desde 02 de Febrero del 2007 hasta la presente fecha según costa en la hoja de presentaciones inserta en autos, ha cumplido a cabalidad con el régimen impuesto, sin que se haya concluido el proceso, dichos actos se difirieron en reiteradas ocasiones por diversos motivos, considerando quien aquí decide, que el presente proceso penal se ha mantenido en trámite, en ningún momento se ha paralizado y debido a diversas circunstancias que en todo caso son atribuibles al desenvolvimiento del proceso mismo, causas estas que no pueden ser atribuibles, en forma exclusiva y excluyente al acusado, a las partes, o al Tribunal, dado que las diligencias, tramites y/o actuaciones que engloban la celebración de un juicio oral requieren de la intervención de varios elementos, órganos e instituciones, y circunstancias; lo que no puede atribuírsele al acusado.
Así mimo se advierte que la Fiscalía del Ministerio Público no presentó en la oportunidad prevista en el ultimo aparte del articulo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitud de prorroga, toda vez que el acusado se encuentra bajo medida de coerción personal desde fecha 02 de Febrero del 2007 concedida medida de cautelar sustitutiva, desde hace Tres (03) años y Cuatro (04) Meses, estando dentro del lapso legal establecido para decidir sobre el caso en particular, quien aquí juzga observa lo siguiente:
El artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, expresa textualmente en su ultimo aparte: “…omisis…, Excepcionalmente el Ministerio público…podrá solicitar la Juez una prorroga que no podrá exceder de la pena mínima, prevista para el delito, para el mantenimiento de las medidas de coerción personal que se encuentre próximas a su vencimiento, cuando existan causas graves que así lo justifique, las cuales deberán ser debidamente motivadas por el Fiscal…” fin de la cita
Este Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, actuando como director del proceso, en ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por el Código Orgánico Procesal Penal, en acatamiento del deber que tiene todo Juez de la República de garantizar y hacer valer la constitucionalidad y legalidad del proceso pasa a analizar y considerar la situación jurídica del ciudadano JOSE ANTONIO RUIZ GARRIDO, en el presente caso podemos constatar, que en fecha 02 de Febrero del 2007 fue decretada Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación de Libertad contra del Imputado de autos, a petición de la Fiscalía del Ministerio Público, sin que haya solicitado prórroga y trascurrido más del tiempo previsto en el articulo antes mencionado y el Ministerio publico no hizo pronunciamiento alguno al respecto. Tal omisión de la parte acusadora constituye una aceptación para que ocurra el efecto que prevé el articulo antes mencionado que inexorablemente conlleva a la libertad del acusado y advertirle que no deberá ausentarse de la Jurisdicción del Tribunal, todo ello con base a que la fecha pautada para la celebración del Juicio oral y público, ya que la misma esta pautada para el día 27 de Mayo del 2010 y que se le sigue por los delitos de TRÁFICO EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y DESVALIJAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 3 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor, en perjuicio del Estado Venezolano. Así se decide.
Aunado que de lo anterior se desprende que la Ley Penal Adjetiva establece como límite máximo de toda medida de coerción personal, independientemente de su naturaleza, la duración de dos (2) años; por que a criterio de quien aquí sustenta en acatamiento de las garantías constitucionales y procesales y el sagrado deber de todo Juez de la República de hacer valer dichas garantías, se debe emitir pronunciamiento sobre el mantenimiento de la medida privativa de libertad que fuera impuesta en su oportunidad legal, razón por la cual éste Tribunal previa solicitud de la defensa del Acusado JOSE ANTONIO RUIZ GARRIDO, procede a revisar las medidas de coerción personal, a los fines de analizar si han cambiado las circunstancias que originaron la medida de coerción personal, según lo establecido en el articulo 264 del Código Orgánico Procesal Penal y haciéndosele extensivo este derecho, y a los fines de evitar la lesión del derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el citado artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, así como a los fines de evitar que la medida de coerción personal que fue dictada conforme a derecho se convierta en ilegítima, considera quien aquí decide que debe cesar estas medidas de coerción personal que pesa sobre el acusado de autos y observándose que no se encuentra solicitada, ni con medidas de privación por otro Tribunal según revisión del sistema Juris 2000, de este Circuito Penal.
DISPOSITIVA
Por las razones antes expuestas, este Tribunal de Juicio Nº 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECRETA La libertad plena inmediata del Ciudadano JOSE ANTONIO RUIZ GARRIDO, venezolano, soltero, titular de la cédula de identidad N° 17.661.221, nacido el 24/04/1984, en Barinas Estado Barinas, de 20 años de edad, Obrero, hijo de Rosalía de Ruiz (V) y de José Antonio Ruiz (F), residenciado en la Urbanización Francisco de Miranda, Calle Mérida, Casa N° 34-46 Barinas Estado Barinas; se le impone la obligación de presentarse a las convocatorias de Juicio o Audiencias que señale y fije el Tribunal, notifíquese a las partes. Líbrese oficio a la OAP informando el cese de las presentaciones.
Dada, firmada y sellada en la Sede del Tribunal de Juicio Nº 2 de esta Ciudad de Barinas a los Quince (15) días del mes de Junio de 2010.
LA JUEZ DE JUICIO N° 2
Abg. Vilma María Fernández González.
LA SECRETARIA
Abg. Annevel Vielma