TSJ Regiones - Decisión

República Bolivariana de Venezuela

Poder Judicial
Circuito Judicial Penal
Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Juzgado Segundo de Juicio
Maracaibo, 10 de mayo de 2010.-
199ª y 150ª

SENTENCIA No: 016-10 CAUSA: 2M-277-09

Corresponde al Tribunal, constituido en forma Unipersonal, dictar Sentencia Condenatoria Definitiva en la presente Causa Nº 2M-277-09 contentiva del proceso seguido al acusado DIOMER JOSE TORRES PACHECO, por la comisión de los delitos de USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niña y Adolescente, y DISTRIBUCION ILCIITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, tipificado y sancionado en el Artículo 31, tercer aparte de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, ,y verificado en Audiencia del Juicio Oral y Pública, celebrada el 04-05-2010; y al efecto, en conformidad con lo establecido en el Artículo 367, en concordancia con el Artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, se establece:
I
LOS SUJETOS PROCESALES
Se sigue Juicio en contra del ciudadano DIOMER JOSE TORRES PACHECO, de nacionalidad venezolano, de 27 años de edad, nacido el 21-09.1982, natural de Maracaibo, Estado Zulia, soltero, titular de la Cedula de Identidad N° V-16.492.412, de profesión u oficio: Herrero, hijo de los ciudadanos Omar Torres y Doris Pacheco, residenciado: en la vía La Concepción, Parcelamiento Carmen Hernández , entrando por la Agencia de Lotería Janeth del Municipio Maracaibo del estado Zulia.-
En representación de la vindicta Pública obra las ABOGS. AURA DELIA GONZALEZ y EDICTA QUIROGA, Fiscales Nª 35 con Competencia en materia Especializada de protección del Niño y del Adolescente, y 24ª con Competencia en materia de Droga respectivamente, quienes presentaron formal Acusación escrita, imputando los delitos objeto del juicio y solicitando se declare la culpabilidad del acusado, con la consiguiente imposición de la pena establecida para el hecho punible imputado.
La defensa del acusado estuvo a cargo del Abogado ALEXANDER VILCHEZ, Defensor Publico, adscrito a la Unidad Autónoma de la Defensa Pública.-
En calidad de víctima aparecen los ciudadanos MARIA ISABEL GONZALEZ y YESSICA GONZALEZ.-

II
LOS HECHOS
El hecho objeto del juicio lo constituye en primer lugar, el uso de la adolescente MARIA ISABEL GONZALEZ y YESSICA GONZALEZ, quines luego de ser privadas ilegitímate de libertad por espacio de varios días, fueron obligadas a realizar actividades ilícitas propias del delito de Distribución de droga, como preparación y distribución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en varias zonas de la ciudad, por parte de varios sujetos que ejercieron amenazas para constreñirlas a realizar las enunciadas actividades ilícitas, en hecho ocurrido a partir del día 18-08-2008,a esos de las 9:00 de la mañana en la curva de Molina del Sector La Limpia, con continuidad en la sucesión en varias zonas de la ciudad de Maracaibo, en el Sector El Muro, Av. 114, casa Nª 95J-2-43, asì como n el Sector los tres Locos, Bario Chiquinquirá , Av. Principal, casa 144-86, frehte al local de nombre de Variedades Ivy; en segundo lugar, la incautación de una bolsa con material para la incautación de pitillos de diferentes drogas para ser distribuido, de un pote de color blanco donde contiene tres (03) pitillos que bajo análisis resulto ser COCAINA BASE con un 21% de pureza, y con un peso neto de 0,5 gramos, de un envoltorio de color transparente que bajo análisis resulto ser COCAINA CLORHIDRATO con un 37% de pureza y con peso neto de 5,7 gramos, un peso marca IDERNA, producto del procedimiento de allanamiento practicado por el Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, en hecho ocurrido el día 05 de noviembre de 2008, a esos de las 1:00 horas de la tarde, en un inmueble ubicado en el Parcelamiento del Barrio Carmen Hernández, avenida 114, casa Nª 95-J-2-43, en jurisdicción del del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.-
Por tanto, se imputa al ciudadano DIOMER JOSE TORRES PACHECO, por la comisión de los delitos de USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niña y Adolescente, y DISTRIBUCION ILCIITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, tipificado y sancionado en el Artículo 31, tercer aparte de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por Acusación propuesta por el Fiscal 1 y 35 del Ministerio Público en audiencia Oral y Pública verificada en fecha 04-05-2010.
III
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR
En la Audiencia del Juicio Oral y Público, celebrada el 04 de mayo de año 2010 en la Sala de éste Despacho Judicial destinada para tal efecto, el Fiscal 1º y 35ª del Ministerio Público Abog. CARLOS GUTIERREZ, Fiscal 1° del Ministerio Público, y Abog. AURA DELIA GONZALEZ ratificaron la Acusación en contra del ciudadano DIOMER JOSE TORRES PACHECO, por la comisión de los delitos USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niña y Adolescente, y DISTRIBUCION ILCIITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, tipificado y sancionado en el Artículo 31, tercer aparte de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, pidiendo su enjuiciamiento, por haber ejecutado acción mediante el uso de la adolescente MARIA ISABEL GONZALEZ y YESSICA GONZALEZ, quines luego de ser privadas ilegitímate de libertad por espacio de varios días, fueron obligadas a realizar actividades ilícitas propias del delito de Distribución de droga, como preparación y distribución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en varias zonas de la ciudad, por parte de varios sujetos que ejercieron amenazas para constreñirlas a realizar las enunciadas actividades ilícitas, en hecho ocurrido a partir del día 18-08-2008,a esos de las 9:00 de la mañana en la curva de Molina del Sector La Limpia, con continuidad en la sucesión en varias zonas de la ciudad de Maracaibo, en el Sector El Muro, Av. 114, casa Nª 95J-2-43, asì como n el Sector los tres Locos, Bario Chiquinquirá , Av. Principal, casa 144-86, frehte al local de nombre de Variedades Ivy; en segundo lugar, la incautación de una bolsa con material para la incautación de pitillos de diferentes drogas para ser distribuido, de un pote de color blanco donde contiene tres (03) pitillos que bajo análisis resulto ser COCAINA BASE con un 21% de pureza, y con un peso neto de 0,5 gramos, de un envoltorio de color transparente que bajo análisis resulto ser COCAINA CLORHIDRATO con un 37% de pureza y con peso neto de 5,7 gramos, un peso marca IDERNA, producto del procedimiento de allanamiento practicado por el Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, en hecho ocurrido el día 05 de noviembre de 2008, a esos de las 1:00 horas de la tarde, en un inmueble ubicado en el Parcelamiento del Barrio Carmen Hernández, avenida 114, casa Nª 95-J-2-43, en jurisdicción del del Municipio Maracaibo del Estado Zulia
Al concedérsele la palabra a la Defensa Pública, el ABOG. ALEXANDER VILCHEZ, por su parte, propuso como alternativa procesal al juicio, antes de aperturarse el debate y para que se decidiese como Cuestión Incidental previa, la aplicación a su defendido del Procedimiento Especial por Admisión de Hechos e imposición inmediata de la pena, y pidió se oyera al imputado con la intención de admitir los respectivos hechos, solicitando la atenuación de la penalidad que pudiera corresponderle al mencionado DEIMER JOSE TORRES PACHECO, prevista en el Artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, así como la atenuante por buena conducta predelictual contemplada en el Numeral 4º del Artículo 74 del Código Penal, y la indicada en el ordinal 1ª de a referida disposición penal, en razón de no poseer su patrocinado antecedentes penales o correccionales en Establecimiento Penitenciario.-
Con vista de lo expuesto por la defensa, se inquirió al acusado sobre su deseo de rendir testimonio, imponiéndolo previamente de los hechos objeto del juicio y del Precepto Constitucional consagrado en el Ordinal 5º del Artículo 49 de la Constitución Nacional y regulado por el Artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal y explicándole el alcance y significación de esa Garantía Constitucional y Legal, ante lo cual, libremente y sin juramento admitió con claridad los hechos imputados por la Representación Fiscal, reconociendo su respectiva responsabilidad penal y se escuchó del acusado su aceptación de asumir la penalidad aplicable, con las rebajas correspondientes.
Acto seguido, el Tribunal inquirió la opinión del Representante Fiscal, manifestando su conformidad con la Alternativa Procesal solicitada para el acusado.
En este estado y con vista de lo expuesto por las partes y el acusado, el Tribunal pasó a deliberar en sesión secreta y pronunciar la Sentencia.
IV
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DEL FALLO
Ahora bien, encuentra este Juzgador que, en efecto, con base en el Principio Dispositivo que informa e inspira el Sistema Acusatorio Venezolano, la titularidad de la acción penal pública corresponde al Estado a través del Fiscal del Ministerio Público, quien está obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales, en conformidad con lo que establece el Artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal. Este alto cometido y responsabilidad impone al Representante Fiscal, que enmarque su actuación dentro de parámetros objetivos y racionales al momento de imputar mediante acusación los hechos que la Ley reputa como punibles y enjuiciables.
De allí que el Legislador exija e imponga al funcionario Fiscal en su actuación y al Juzgador en su decisión, que la imputación tenga un “fundamento serio”, esto es, elementos de convicción que objetivamente apreciados señalen a una determinada persona de la comisión de un determinado y concreto hecho punible. De otro modo, el Fiscal debe desistir de su pretensión punitiva, pues está en el deber de hacer constar y probar no solo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado, sino también de aquellos que sirvan para exculparle (Artículos 281 y 326 COPP).
De otro lado, en principio y conforme al contenido de la normativa procesal contemplada en los Artículos 376 del vigente Código Orgánico Procesal Penal, el Procedimiento Especial por Admisión de Hechos procede únicamente en Fase Intermedia durante la Audiencia Preliminar ante el Juez de Control, antes de acordarse la Apertura a Juicio; y en Procedimiento Abreviado ante el Juez de Juicio correspondiente, una vez propuesta y admitida la Acusación Fiscal y antes del debate.
No obstante, con la reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal, especialmente la norma contenida en el Artículo 376 Ejusdem, y en atención a razones de igualdad procesal ante la ley entre imputados por vía abreviada y acusados por vía ordinaria, de celeridad procesal y economía material e institucional, y de auto-disposición unilateral del proceso por parte de los acusados que deseen admitir hechos, el legislador patrio permitió con la reforma en cuestión atemperar la rigurosidad legal con que fue limitada esta Institución procesal y permitir, excepcionalmente, la procedencia de la misma en Fase de Juzgamiento Ordinario ante Tribunal Unipersonal o Mixto, en el primero de los casos, una vez admitida la acusación antes de la apertura del debate, y en el segundo de los casos, una vez admitida la acusación y hasta antes de la constitución del Tribunal Mixto. De allí que planteada por vía de Cuestión Incidental previa al Debate, prevista en el Artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal la aplicación del Procedimiento Especial por Admisión de Hechos por parte de la Defensa del acusado, este Tribunal estima ajustada a Derecho su procedencia y consideración. Y así lo Declara el Tribunal.
A la luz de estos postulados encuentra este Juzgador que el mecanismos de la Admisión de los Hechos es una Institución del nuevo Sistema Acusatorio Venezolano que permite a las partes suprimir el debate en juicio oral y público por razones de economía procesal, cuando el acusado reconoce haber cometido el delito que el Fiscal le imputa en su acusación, con lo cual el Juez deberá sancionarlo, tomando en cuenta la gravedad del caso.- En este sentido, la potestad de juzgar y aplicar la Ley es una facultad que corresponde a los Jueces, por mandato establecido en el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, teniendo en cuenta que el proceso es un instrumento fundamental para la realización de la justicia, siendo que las leyes de procedimientos establecen y garantizan la simplificación y eficacia de los trámites, en atención al principio de eficacia de la justicia. De tal manera que en el presente caso, no es necesario analizar el fondo de las pruebas testifícales e instrumentales presentadas por la Vindicta Pública, pues el acusado DEIMER JOSE TORRES PACHECO, admitió absolutamente y en su totalidad de manera categórica, en forma libre y espontánea, los hechos que le fueron imputados al comienzo de la celebración de la Audiencia del Juicio Oral y Público, por vía Incidental. En tal sentido sostiene la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 196, de fecha 09 de Mayo de 2006, con ponencia del Magistrado HECTOR MANUEL CORONADO FLORES, cuando expresa, que:”la apreciación de las pruebas conduce al sentenciador al establecimiento de los hechos y a determinar la responsabilidad o no del imputado…”. Por lo que este Tribunal, concluyo que efectivamente el acusado DIOMER JOSE TORRES PACHECO, por la comisión de los delitos de USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niña y Adolescente, y DISTRIBUCION ILCIITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, tipificado y sancionado en el Artículo 31, tercer aparte de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,. ASI SE DECIDE.
En ese orden de ideas, resulta necesario transcribir la disposición que regula el Instituto Procesal de la Admisión de los Hechos, el cual es del temor siguiente:
Artículo 376. Solicitud.” El procedimiento por admisión de los hechos procederá en la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación, o ante el Tribunal Unipersonal de juicio una vez admitida la acusación y antes de la apertura del debate.-
En caso de que el Juzgamiento corresponda a un Tribunal Mixto, el acusado o acusada podrá solicitar el presente procedimiento una vez admitida la acusación y hasta antes de la constitución del Tribunal.-
El Juez o Jueza deberá informar al acusado o acusada respeto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra.- El acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al Tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva.-
En estos casos, el juez o jueza deberá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado, motivando adecuadamente la pena impuesta.
Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, y en los casos de delitos contra el patrimonio público o previstos en la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, el juez o jueza sólo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio.
En los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, la sentencia dictada por el juez o jueza, no podrá imponer una pena inferior al límite mínimo de aquella que establece la ley para el delito correspondiente.
Por lo tanto, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, tomando en consideración los principios de celeridad y economía procesal consagrados en el nuevo sistema acusatorio, así como la inviolabilidad del derecho de defensa en todo estado y grado del proceso, considera procedente en derecho aprobar la solicitud de aplicación del Procedimiento por Admisión de los Hechos, previsto en el Articulo 376 del Código Orgánico Procesal Penal.-
V
PENALIDAD:
Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, CONDENA al expresado acusado DIOMER JOSE TORRES PACHECO, por la comisión de los delitos de USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niña y Adolescente, y DISTRIBUCION ILCIITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, tipificado y sancionado en el Artículo 31, tercer aparte de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, a cumplir la pena de CUATRO (04) AÑOS DE PRISION, en el establecimiento penitenciario que disponga el respectivo Juez de Ejecución, así como a las Accesorias Legales, previstas en los Artículos 16 del Código Penal y 266 del Código Orgánico Procesal Penal, y según formal Acusación propuesta por el Fiscal 1º y 35º del Ministerio Público; ello en razón de la admisión que de los hechos imputados han hecho en esta audiencia y conforme a la siguiente dosimetría penal:
- El delito DISTRIBUCION ILCIITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, tipificado y sancionado en el Artículo 31, tercer aparte de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en aplicación de la dosimetria penal, prevista en el Artículo 37 del Código Penal, el límite Medio de la penalidad del delito en cuestión, de CUATRO (04) a SEIS (06) AÑOS DE PRISION, esto es, la pena de CINCO (05) AÑOS DE PRISION, rebajada la misma a 4 AÑOS DE PRISION, por efectos de la aplicación de la Atenuante Genérica, contemplada en el Artículo 74, ordinal 4ª Ejusdem, en virtud de que el acusado no posee antecedentes penales o correccionales.- Asimismo, el delito de USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niña y Adolescente, tiene una penalidad entre UNO (01) a TRES (03) AÑOS DE PRISION, en aplicación de la dosimetria penal, prevista en el Artículo 37 del Código Penal, el límite Medio de la penalidad del delito en cuestión, es de DOS (02) AÑOS DE PRISION; la cual en aplicación al Artículo 88 del Código Penal, le es aumentada en la mitad a la pena correspondiente al delito más grave, vale decir, la pena del delito de DISTRIBUCIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS- 04 años- se le aumenta la mitad de la pena del delito de menor entidad, es decir, UN (01) AÑO, lapso que al ser aumentado al delito de mayor entidad, resulta una pena en concreto de CINCO (05) AÑOS; rebajada igualmente al término de CUATRO (04) AÑOS conforme a la previsión contenida en el aparte quinto del Artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que al estar en presencia de un delito relacionado con sustancias estupefacientes y psicotrópicas, existe una prohibición legal que imposibilita rebajar la pena en menos del limite mínimo; resultando en consecuencia la pena en concreto de CUATRO (04) AÑOS DE PRISION.
VI
DISPOSITIVA:
Con base en los hechos y circunstancias establecidas anteriormente y con fundamento en las disposiciones legales aplicadas, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACUERDA: PRIMERO: De conformidad con en el Articulo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, Admite TOTALMENTE la Acusación presentada en contra del hoy Acusado ciudadano DIOMER JOSE TORRES PACHECO, por la comisión de los delitos de USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niña y Adolescente, y DISTRIBUCION ILCIITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, tipificado y sancionado en el Artículo 31, tercer aparte de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; SEGUNDO: SE CONDENA al acusado DIOMER JOSE TORRES PACHECO, por la comisión de los delitos de USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niña y Adolescente, y DISTRIBUCION ILCIITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, tipificado y sancionado en el Artículo 31, tercer aparte de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, a cumplir las penas de CUATRO (04) AÑOS DE PRISION, más las accesorias de ley establecidas en el artículo 16 del Código Penal, se mantiene la medida cautelar de privación de libertad que pesa sobre el acusado.. Remítase el presente asunto al Tribunal de ejecución que corresponda conocer en el Circuito judicial del Estado Zulia con sede en Maracaibo. ASI SE DECIDE.-
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia Extensión Cabimas, en la ciudad de Cabimas, a los DIEZ (10) días del mes de mayo del 2010.
Publíquese y regístrese la presente sentencia.

EL JUEZ SEGUNDO DE JUICIO.

ABOG. ANDRES ENRIQUE URDANETA

LA SECRETARIA.

En la misma fecha, se registró la presente sentencia bajo el N° 2C-016-10.

LA SECRETARIA