REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SUPERIOR CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN LOS ANDES BARINAS, 25 DE MAYO DE 2010.- 200º y 151º En fecha 17 de mayo de 2010, el ciudadano GONZALO ANTONIO CONTRERAS MOLINA, titular de la cédula de identidad Nº V-12.048.102, debidamente asistido por las Abogadas Leix Teresa Lobo y Minerva Paola Durán, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 10.882 y 142.439, presentó escrito contentivo de la Querella Funcionarial conjuntamente con Suspensión de Efectos, contra el Acto Administrativo de fecha 18 de marzo de 2010, dictado por la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA DEL ESTADO MÉRIDA. Por auto de esta misma fecha (25/05/2010) se admitió la querella funcionarial interpuesta, ordenándose la citación y notificaciones de ley; asimismo, se acordó abrir cuaderno separado a los fines de tramitar la medida cautelar solicitada. I DE LA SUSPENSIÓN DE EFECTOS El querellante solicita que de conformidad con el artículo 109 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se suspendan los efectos del acto administrativo recurrido; alega que el mismo adolece de vicios que afectan su validez, por cuanto se vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; solicitud que realiza a los fines de “…evitar las consecuencias a que se refiere el articulo 103 de la Ley del Estatuto de la Función Policial en cuanto a la notificación que debe hacerse de la destitución al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana para que realice el registro correspondiente a la desincorporación del listado y credenciales funcionariales”. II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Pasa de seguida este Órgano Jurisdiccional a examinar la suspensión de efectos solicitada: El artículo 21, aparte 21, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, consagra expresamente la suspensión de efectos de los actos administrativos de efectos particulares, en los siguientes términos: “El Tribunal Supremo de Justicia podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, a instancia de parte, cuando así lo permita la ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. A tal efecto, se deberá exigir al solicitante preste caución suficiente para garantizar las resultas del juicio”. De la citada norma se desprende lo que sigue: la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia, pueda a solicitud del recurrente, suspender los efectos del acto recurrido en nulidad, señalando expresamente cuales son los requisitos de procedencia para la mencionada suspensión de efectos, a saber: a) cuando así lo permita la Ley, b) que la suspensión sea indispensable en vista de que el acto administrativo recurrido pueda causarle un grave perjuicio al interesado de llegar a ejecutarse, c. teniendo en cuenta las circunstancias del caso y d) la obligación de exigir al solicitante una caución a los fines de garantizar las resultas del juicio. Ha sido pacífica la jurisprudencia tanto de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, como, de las Cortes Contencioso Administrativa, en considerar que la suspensión de efectos de actos administrativos de efectos particulares constituye una medida preventiva excepcional al principio de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos, consecuencia de la presunción de legalidad de los mismos. Asimismo, se ha señalado que la decisión que acuerde la medida de suspensión de efectos debe estar fundamentada no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un posible perjuicio real y procesal para el recurrente. (Sentencia N° 00006, de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 10 de enero de 2007, Caso: BARINAS INGENIERÍA, C.A.). En cuanto a los requisitos de procedencia, la mencionada decisión dejó sentado lo siguiente: “la medida preventiva de suspensión procede sólo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para evitar que el fallo quede ilusorio, y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal principal resultará favorable, a todo lo cual debe agregarse la adecuada ponderación del interés público involucrado; significa entonces que deben comprobarse los requisitos de procedencia de toda medida cautelar: el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y la presunción grave del derecho que se reclama. En efecto, el correcto análisis acerca de la procedencia de la medida cautelar solicitada requiere además de la verificación del periculum in mora, la determinación del fumus boni iuris, pues mientras aquél es exigido como supuesto de procedencia en el caso concreto, ésta, la presunción grave de buen derecho, es el fundamento mismo de la protección cautelar, dado que en definitiva, sólo a la parte que posee la razón en juicio puede causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien que emanen de la contraparte o sean efecto de la tardanza del proceso. Consecuentemente, el referido principio se encuentra necesariamente comprendido en las exigencias del aparte 21, del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela para acordar la suspensión de efectos, cuando alude la norma en referencia a que la medida será acordada ‘teniendo en cuenta las circunstancias del caso’”. Además de los requisitos de toda medida cautelar, el aparte 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece un requisito adicional que se traduce en la obligación de exigencia de la constitución de una caución para acordar la medida cautelar de suspensión de efectos. Caución, exigida como garantía para que el recurrente responda por los daños y perjuicios que puedan resultar de la inejecución del acto recurrido en nulidad. En el caso de autos el querellante solicita que de conformidad con el artículo 109 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se suspendan los efectos del acto administrativo recurrido; alegando que se vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; que tal solicitud la realiza para “…evitar las consecuencias a que se refiere el articulo 103 de la Ley del Estatuto de la Función Policial en cuanto a la notificación que debe hacerse de la destitución al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana para que realice el registro correspondiente a la desincorporación del listado y credenciales funcionariales”; en tal sentido resulta necesario la verificación de los requisitos concurrentes de procedencia de la protección cautelar solicitada, es decir, el denominado fumus boni iuris y el periculum in mora, sin embargo, observa esta Juzgadora que el querellante, en el presente caso, se limita a exponer en su escrito libelar los alegatos referentes a la querella funcionarial, sin fundamentar su solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo, es decir, sin proporcionar al Tribunal las razones de hecho y de derecho conjuntamente con las pruebas que sustenten su solicitud, siendo una carga del querellante que no puede ser suplida por este Órgano Jurisdiccional. En consecuencia, se declara improcedente la suspensión de efectos solicitada. Así se decide. III DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la suspensión de efectos solicitada por el ciudadano GONZALO ANTONIO CONTRERAS MOLINA, titular de la cédula de identidad Nº V-12.048.102, debidamente asistido por la Abogadas Leix Teresa Lobo y Minerva Paola Durán, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros.10.882 y 142.439, contra la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA DEL ESTADO MÉRIDA. Publíquese, regístrese, expídanse las copias de Ley. LA JUEZA PROVISORIA, FDO MAIGE RAMÍREZ PARRA LA SECRETARIA, FDO GREISY OLIDAY MEJÍAS MRP/mbs.- Exp. N° 8121-2010.-