REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Décimo de Juicio de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del estado Zulia
Maracaibo, 09 de noviembre del 2010
200º y 151º
ASUNTO: 10M-161-08 RESOLUCIÓN NRO: 144/2010
AUTO ACORDANDO MODIFICACION DE MEDIDA CAUTELAR
Corresponde a este Tribunal emitir pronunciamiento en relación a solicitud presentada por la abogada DAISY TRONCONE, en su condición de Defensora Pública de la ciudadana MARY CRUZ GUERRERO, mediante el cual requiere de este Tribunal la modificación de la medida cautelar sustitutiva de libertad que pesa sobre su representada, siendo esta el régimen de presentación, por lo que requiere que la misma sea ampliada de cada (15) a cada (45) días, por cuanto la misma ha cumplido cabalmente con las obligaciones impuestas.
En tal sentido, este Tribunal observa que en fecha 24 de septiembre del 2008, este Juzgado mediante resolución nro 46-08, acordó sustituir la privación judicial privativa de libertad que pesaba sobre la acusada MARY CRUZ GUERRERO, imponiéndosele la medida cautelar sustitutiva de libertad, consistente en el régimen de presentaciones cada (15) días; obligándose mediante acta de fecha 26 de septiembre del 2008.
Al respecto de la solicitud objeto de análisis, es menester señalar que el Código Orgánico Procesal Penal, señala en el Titulo VIII, capitulo V, lo relacionado al examen y revisión de las medidas cautelares, y en el cual se establece:
Artículo 264. Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación. (Subrayado de este Juzgado).
De igual manera la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro 2439 de fecha 01-08-05 bajo la Ponencia del Magistrado Luís Velázquez Alvaray, estableció:
(omisis) Observa la Sala que, la acción de amparo constitucional de autos fue interpuesta por el accionante contra la decisión dictada, el 15 de marzo de 2005, por el Juzgado Trigésimo Quinto en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, que negó la sustitución de la medida judicial preventiva de libertad decretada en contra del imputado –hoy accionante-.
La Sala advierte que, en efecto el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal dispone a favor del imputado el mecanismo atinente al examen y revisión de las medidas cautelares a los efectos de solicitar la revocatoria o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que considere pertinente, la cual es la vía idónea para lograr, que en el caso de autos se sustituya la medida cautelar de privación de libertad que pesa sobre el imputado, tal como fue señalado por el a quo en la sentencia consultada. (omisis) (Subrayado de este Juzgado).
Igualmente, la misma Sala en Sentencia Nro 361 de fecha 01-03-07, bajo la ponencia del Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, refirió:
(omisis) Asimismo, considera oportuno esta Sala advertirle a la parte accionante que, de acuerdo con el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, es posible solicitar la revisión o sustitución de la medida cautelar privativa de libertad objeto de discusión ante el juez de la causa las veces que lo considere pertinente, y así lo sostuvo esta instancia constitucional cuando en el fallo del 20 de marzo de 2002, (Caso: Williams Armando González Salazar) sostuvo lo siguiente:
“Sala Constitucional comparte la opinión de la Sala No. 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo en relación con que la presente acción de amparo es inadmisible, pero el motivo por el cual no debe ser admitida es porque el accionante tenía otra vía ordinaria idónea diferente a la acción de amparo para obtener el fin que busca, es decir, su libertad, ya que el artículo 264 del Código Orgánico procesal penal reformado (anterior artículo 273) establece que el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente.” (Subrayado de este Juzgado).
Por lo que conforme a la norma antes transcrita y los fallos parcialmente expresados, el imputado puede cada vez que lo considere, puede solicitar la revisión de la medida que le fuere decretada en su contra.
Es de hacer notar, que las medidas cautelares dictadas a los investigados dentro de un Proceso Penal, tienen como objetivo asegurar la comparecencia del procesado a los actos del proceso.
En tal sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro 1592 de fecha 10 de agosto del 2006, bajo la Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, estableció:
(omisis) En tal sentido, apunta la Sala, que las medidas cautelares son instrumentos procesales que se imponen durante el curso de un proceso penal, con el objeto de restringir el ejercicio de los derechos personales o patrimoniales del imputado o de terceras personas.
Estas medidas son cautelares porque tienden a evitar los peligros de obstaculización del proceso y buscan asegurar el efectivo cumplimiento de la posible condena.
En nuestro sistema procesal penal, el texto adjetivo las denominó medidas de coerción personal, comprendiendo tanto las privativas de libertad como las cautelares sustitutivas de aquélla, estas últimas cuyo vocablo correcto debió haber sido el de medidas alternativas.
omisis
Como principios o características generales de las medidas cautelares, se pueden destacar los siguientes:
1.- Excepcionalidad: en vista del derecho a la libertad personal y del principio de presunción de inocencia, la regla es la libertad y la excepción la aplicación de la medida cautelar, la cual nunca procedería de manera generalizada.
2.- Proporcionalidad: las medidas deben estar en adecuada relación con el hecho que se imputa y con lo que se busca garantizar.
3.- Instrumentalidad: ya que la medida cautelar no tiene una finalidad en sí misma, es siempre un medio para asegurar el logro de otros fines: los del proceso. Las medidas que la integran no tienen naturaleza sancionatoria -no son penas-; sólo se conciben en cuanto sean necesarias para equilibrar los peligros que puedan cernirse sobre el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva.
4.- Temporalidad: la medida cautelar sólo puede adoptarse estando pendiente el proceso principal y tiene una duración limitada en el tiempo, ya que toda persona sometida a un proceso tiene derecho a que tal proceso termine dentro de un lapso razonable.
5.- Revisabilidad: su imposición responde a una determinada situación de hecho existente al momento de adoptar la medida, que varía si las circunstancias que la motivaron sufrieran modificaciones a lo largo del proceso, lo que obliga a su modificación o revocación.
6.- Jurisdiccionalidad: pues su aplicación y control se encuentran reservados exclusivamente a los jueces, ya que si son los jueces quienes tienen a su cargo la vigencia de los principios del juicio previo y de la presunción de inocencia, es obvio -más aun dentro de la lógica de las garantías- que sean los jueces quienes autoricen estas medidas excepcionales. Carecería de sentido que se les encomendara a los jueces la preservación de estos principios y se concediera a cualquier autoridad la posibilidad de autorizar las excepciones.
Ante toda omisión o acción de un órgano cualquiera de los poderes del Estado que afecte o restrinja ilegítimamente la libertad de una persona, es el Poder Judicial exclusivamente, el que puede y debe cumplir la tarea de proteger sus derechos fundamentales y de impedir o hacer cesar toda medida cautelar ilegítima, pues antes de su aplicación deben cumplirse con todas las exigencias jurídicas formales y materiales propias de las mismas, establecidas en la Constitución y en el Código Orgánico. (omisis) (Subrayado de este Juzgado).
En el caso en estudio, se observa que han variado las circunstancias que dieron origen a que les fuera decretada a la ciudadana MARY CRUZ GUERRERO, la medida cautelar sustitutiva de libertad conforme a lo establecido en el artículo 256 ordinal 3ero del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto se evidencia que la misma ha cumplido regularmente el régimen de presentación que le fuere impuesto por este Juzgado en fecha 24 de septiembre del 2008, conforme se desprende del control de registro de presentaciones que se lleva por ante este Circuito Judicial Penal. De igual manera se desprende de las actuaciones que dicha ciudadana regularmente ha comparecido a los actos por la cual ha sido citada por este Tribunal. Por lo que habiéndose comprobado que dicha ciudadana a lo largo de este tiempo ha manifestado su voluntad de someterse al Proceso Penal que se les sigue; se acuerda parcialmente con lugar la solicitud de la abogada Marlin Osorio Machado, en su condición de Defensora Pública de la ciudadana GRISELDA ANDRADES PEREZ, y se le alarga el régimen de presentaciones de cada treinta (30) días a cada sesenta (60) días por ante este Circuito Judicial Penal con sede en Villa Del Rosario. Y así se decide.
DISPOSITIVA
En razón de los argumentos antes esgrimidos, este Tribunal de Primera Instancia en funciones Décimo de Juicio de este Circuito Judicial Penal, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
Primero: Con lugar la solicitud de la abogada DAISY TRONCONE, en su condición de Defensora Pública de la ciudadana MARY CRUZ GUERRERO, y se acuerda alargar el régimen de presentaciones de cada (15) días a cada (45) días por ante este Circuito Judicial Penal.
Segundo: Se acuerda notificar al Representante de la Fiscalia Vigésima del Ministerio Público y a la Defensora Pública Abg. Daisy Troncote. Modifíquese el régimen de presentaciones en el sistema.
Dada, firmada y sellada en la sala de Audiencias del Tribunal Décimo en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en Maracaibo, a los nueve (09) días del mes de noviembre del año 2010. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
Publíquese, Regístrese. Déjese copia certificada en el copiador de sentencias llevados por ante este Juzgado.
La Jueza Temporal Décimo de Juicio
Ana María Petit Garcés
Secretaria
Leda Jiménez
En esta misma fecha se cumplió con lo acordado.
Secretaria
CAUSA NRO: 10M-215-08
CAUSA IURIS: VP02-P-2008-05446
CAUSA FISCAL NRO: 24-F20-1068-07
AMPG/ana
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