TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas
Barinas, 28 de Septiembre de 2009
199º y 150º

ASUNTO: EP01-P-2009-000480

SENTENCIA CONDENATORIA POR ADMISIÓN DE LOS HECHOS.

JUEZ DE CONTROL Nº 04: Abg. Maricelly Rojas Alvaray.
SECRETARIA: Abg. Blanca Jiménez.
ACUSADO: VALERIO AVILA QUINTERO, Venezolano, de 26 años de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 22.892.053, nacido en fecha: 20-06-1983, natural de Boconó Estado Trujillo, hijo de Ángela Rita Quintero (v) y de Andrés Ávila Quintero (v), agricultor y residenciado en las Mesitas de la población de Boconó, Estado Trujillo.
DELITOS: VIOLENCIA PSICOLÓGICA y AMENAZAS, previstos y sancionados en los artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO con alevosía por motivos fútiles, previsto y sancionado en el artículo 406, ordinales 1° y 3° literal a, en concordancia con el artículo 405 ambos del Código Penal y en relación con el parágrafo único del artículo 65 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
FISCAL DÉCIMO SÉPTIMO DEL MINISTERIO PÚBLICO: Abg. Carlos Miguel Ramírez Espinoza.
DEFENSA PRIVADA: Abgs. Francisco Arrieta Aliza y Nixon Antonio Faudito.
VÍCTIMAS: Leidy Josefina Valladares Rangel (occisa) y Rafaela María Albarrán.
PRIMER
CAPITULO
ENUNCIACION DE LOS HECHOS.

Vista la Audiencia Preliminar en la Causa Penal Nº: EP01-P-2009-000480, seguida al imputado: Valerio Ávila Quintero, anteriormente identificado. Se constituyó el Tribunal de Control Nº 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, integrado por la Juez, Abg. Maricelly Rojas Alvaray, el Secretario de Sala, Abg. Carlos Rodríguez Gorrín y el Alguacil José Luís Reyes. Seguidamente la Juez ordena al Secretario verificar la presencia de las partes, constatándose la presencia del Fiscal del Ministerio Público, Abg. Carlos Miguel Ramírez, la Defensa Privada, Abgs. Francisco Arrieta Aliza y Nixon Antonio Faudito, la víctima: Rafaela María Albarrán y el Imputado: Valerio Ávila Quintero. Acto seguido, la Ciudadana Juez apertura el acto y hace una exposición de la importancia y significado del mismo y la conducta que deben mantener las partes; advierte sobre las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, con una breve exposición de cada una de ellas. Seguidamente se le concedió el derecho de palabra al Fiscal del Ministerio Público, Abg. Carlos Miguel Ramírez, quien expuso: “…El ciudadano Valerio Ávila Quintero el día 27 de Enero del presente año a eso de las 11:30 horas de la mañana específicamente en la sede del Ministerio Público, ubicado en la Avenida San Luís, cruce con Aranjuez, edificio EUSA Barinas, procedió a amenazar y agredir psicológicamente a la ciudadana RAFAELA MARÍA ALBARRÁN, siendo aprehendido por los funcionarios policiales de seguridad; por ello se le acusa de los delitos de VIOLENCIA PSICOLÓGICA y AMENAZAS; de igual manera, se le acusa del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO con alevosía por motivos fútiles, en virtud de que quedó demostrado que este ciudadano el día 22 de Enero del presente año siendo aproximadamente las 09:00 horas de la mañana, específicamente en el Sector El Cedro, Calle Principal, Bodega Don Chuy de la población de Calderas, portando un arma blanca (cuchillo), sin motivo alguno, al momento que se encontraba discutiendo con la víctima la cual tenía en sus brazos su hija de dos años de edad, procede a propinarle “MÚLTIPLES HERIDAS CORTANTES Y PENETRANTES EN HEMITORÁX INZQUIERDO, ANTERIOR CON PERFORACIONES CARDÍACAS COMPLICADAS CON HEMORRAGIA INTERNA Y EXTERNA SEVERA…” lo que causara el fallecimiento de su concubina LEIDY JOSEFINA VALLADARES RANGEL, momentos más tarde en el Hospital donde fue trasladada...”
El Ministerio Público, a los fines de demostrar los hechos que pretende probar ofreció los medios de prueba señalados en la acusación, solicitó el enjuiciamiento del imputado y se dicte auto de apertura a juicio.
Seguidamente la Juez admite Totalmente el escrito acusatorio por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal e igualmente los medios de prueba plasmados en el mismo, por ser lícitos, pertinentes y necesarios para el esclarecimiento de los hechos.
Acto seguido, se le concedió el derecho de palabra a la Defensa Privada, Abg. Francisco Arrieta Aliza, quien manifestó: “Oída la acusación fiscal, esta defensa en conversación que tuve con mi defendido Valerio Ávila Quintero, solicita se le siga el procedimiento por Admisión de los Hechos, previsto y sancionado en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, por tal motivo pido a este Tribunal se le oiga a los fines de que admita los hechos que EL Fiscal del Ministerio Público le atribuye y se le dicte la sentencia condenatoria correspondiente. Solicito una medida cautelar menos gravosa a favor de mi defendido. Es Todo.”
Acto seguido se impone al Acusado: VALERIO ÁVILA QUINTERO, del Precepto Constitucional, previsto y sancionado en el artículo 49, ordinal 5°, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, siendo procedente en el caso concreto el Procedimiento por Admisión de los Hechos, previsto y sancionado en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal; concediéndole el derecho de palabra manifestó, entre otras cosas: “Admito los hechos que me imputa el Ministerio Público y solicito las rebajas de pena correspondientes.”
Acto seguido se le concedió el derecho de palabra a la víctima: Rafaela María Albarrán, quien manifestó no tener nada que declarar.

SEGUNDO
CAPITULO
HECHOS ESTIMADOS POR EL TRIBUNAL COMO ACREDITADOS.

Se encuentran acreditados y determinados en forma precisa y circunstanciada los hechos, precedentemente narrados por el Fiscal del Ministerio Público, existiendo suficientes elementos de convicción que fueron analizados por quien aquí decide los cuales proporcionan serios argumentos para la imputación de los hechos punibles al referido acusado, como lo son: 1) Testimoniales de los Expertos; 2) Testimoniales de los Funcionarios y Testigos; 3) PRUEBAS DOCUMENTALES. Analizados estos elementos de convicción procesal uno a uno y en conjunto, los mismos conllevan sin duda a considerar la responsabilidad del acusado en los hechos antes narrados.
Se le concedió el derecho de palabra al acusado: VALERIO ÁVILA QUINTERO, previa imposición del Precepto Constitucional, previsto y sancionado en el artículo 49, ordinal 5º, de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, igualmente se le señaló que de querer hacerlo lo hará sin juramento y libre de coacción. Así informado manifestó: “Admito los hechos que me imputa el Ministerio Público y solicito las rebajas de pena correspondientes”; el mismo fue admitido en forma personal, voluntaria, consciente, libre, que conoce y entiende los hechos imputados, de la renuncia al debate, al derecho de defenderse y la posibilidad de lograr una sentencia de sobreseimiento o de absolución. Dicha Admisión fue personal, formal, expresa, pura, absoluta, de que entiende la imputación fáctica y admite los hechos en su totalidad. En este caso el Tribunal para decidir hace las siguientes consideraciones:

TERCER
CAPITULO
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR.

Este Tribunal consideró procedente la aplicación del procedimiento especial en mención, con las prerrogativas que ello conlleva y en aras de garantizar el principio de igualdad procesal, el derecho a la defensa, a la equidad, a la justicia y por no ser contrario a derecho, considera procedente prescindir del debate oral y público, por lo tanto se obvia. Considerándose que siendo importante evitarnos el contradictorio y en aras de la celeridad y economía procesal, llenos los extremos exigidos en la norma procesal in comento, este Tribunal llega a la convicción, que nos ahorramos un debate que por lo demás muchas veces no garantiza al Estado su fin sancionador de un hecho ilícito como resulta de la verdad de los hechos.
En aras de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prevé que: “El Estado garantizará, una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.” En este mismo orden de ideas, el artículo 257 Ejusdem, establece: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptaran un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”. E igualmente siendo la finalidad del proceso establecer la verdad de los hechos, de conformidad con el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal. Tomando estos argumentos de derecho y existiendo suficientes elementos de convicción, una vez revisados por el Tribunal, así se declara tal pedimento y se procede a dictar la sentencia correspondiente. En consecuencia, este Tribunal de Control, considera que ha quedado plenamente demostrado de acuerdo a los elementos de convicción anteriormente narrados por el titular de la acción penal. Son estos los hechos que se encuentran complementados con el ofrecimiento de los medios de pruebas invocados por la Fiscalía y que se encuentran insertas en el expediente penal las cuales en su oportunidad fueron practicados por el Órgano de Policía y de Investigaciones Penales, precedentemente narrados en esta sentencia en el momento de ofrecimiento de los Medios de Prueba por el Ministerio Público; elementos estos suficientes que conllevan sin duda a considerar la culpabilidad y consiguiente responsabilidad penal del acusado.

“El procedimiento por admisión de los hechos es una de las formas de autocomposición procesal mediante la cual es legislador creó una manera especial de terminación anticipada del proceso. (Sala Constitucional. Jesús Eduardo Cabrera Romero. 20-07-06. Exp. 05-1564. Sent. Nº 1419).”

“…el momento en el cual el acusado puede o no admitir los hechos es, en la audiencia preliminar en un procedimiento ordinario y en juicio cuando se trata de un procedimiento abreviado. Siendo que, es en la fase intermedia del proceso cuando el acusado puede admitir los hechos, el Juez como el director del proceso debe cumplir con la función que le confiere la Ley en esta etapa, la de filtro purificador o de decantación del escrito de acusación fiscal o de la acusación particular propia, que como acto formal debe cumplir los requisitos señalados en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, y es al órgano jurisdiccional-Juez de Control en la Audiencia Preliminar-a quien corresponde ejercer el control efectivo de la misma…” Sentencia Nº 469 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C06-0410 de fecha 03/08/2007.

“…en la Fase Preliminar no es posible realizar una valoración de las pruebas. Que al analizar la sentencia Nº 203, del 27 de mayo de 2003, de la Sala Penal, consideró que ésta instruye al Juez en la fase intermedia, que no le está permitido valorar las pruebas traídas por carecer éste de inmediación, contradicción y oralidad de las pruebas. Así mismo, señaló que la sentencia citada le indica al Juez de Control la posibilidad de tomar en cuenta las causales de sobreseimiento cuando la misma es demasiado evidente y que la misma no le indica al Juez de Control el no poder hacer un cambio de calificación jurídica del delito imputado en la acusación penal. Que el cambio de calificación debe producirse en derecho sin entrar al análisis ni a la valoración probatoria de los medios de pruebas traídos por las partes en la fase de investigación ya que esto no escapa de su competencia jurisdiccional, propia de la audiencia de juicio oral y público ante un juez de juicio. Que para hacer esto, debe realizar el estudio de los hechos, y verificar si los mismos constituyen la calificación jurídica dada en la acusación presentada y nunca valorar las pruebas, pues siendo así violentarían los principios de inmediación, contradicción y oralidad…” Sentencia Nº 292 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C07-0079 de fecha 12/06/2007.

CUARTO
CAPITULO
PENALIDAD

Los Delitos de: HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO con alevosía por motivos fútiles, previsto y sancionado en el artículo 406, ordinales 1° y 3°, literal a, en concordancia con el artículo 405 ambos del Código Penal y en relación con el parágrafo único del artículo 65 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, prevé una pena de: Veintiocho (28) a Treinta (30) AÑOS DE PRISIÓN, cuyo término medio es de: Veintinueve (29) AÑOS DE PRISIÓN; VIOLENCIA PSICOLÓGICA, previsto y sancionado en el artículo 39 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, prevé una pena de: Seis (06) a Dieciocho (18) AÑOS DE MESES, cuyo término medio es de: Doce (12) MESES DE PRISIÓN y AMENAZAS, previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, prevé una pena de: Diez (10) a Veintidós (22) MESES DE PRISIÓN, cuyo término medio es de: Dieciséis (16) MESES DE PRISIÓN; según lo dispone el artículo 37 del Código Penal, haciendo la conversión respectiva de todas las penas, de conformidad con el artículo 88 del Código Penal y por cuanto admitió los hechos, de conformidad con el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, se le rebaja un tercio, es decir, quedando en definitiva la pena que ha de cumplir el acusado: VALERIO ÁVILA QUINTERO, en: DIECINUEVE (19) AÑOS, NUEVE (09) MESES Y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN, con todas las accesorias de Ley, de conformidad con el artículo 16 del Código Penal. Queda exonerado de las costas del proceso, tomando en cuenta que el acusado demuestra carecer de recursos económicos, como así lo manifestó en su oportunidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 254 de la Carta Magna y artículos 265 y 272 del Código Orgánico Procesal Penal. En la determinación de la pena fue aplicado el Principio de Progresividad, igualmente se rebaja un tercio de la pena por existir concurrencia de delitos, no siendo comprobada la mala conducta predelictual, al atender todas las consideraciones del caso, tomando en cuenta que la Admisión de los Hechos acarrea economía procesal a favor del Estado, lo que en muy poco beneficia al acusado debido a la renuncia de defenderse en el debate y en el peor de los casos de salir condenado se le aplicaría la misma pena sin rebaja alguna.

DISPOSITIVA

Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal de Primera Instancia Penal en Funciones de Control Nº 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECRETA: PRIMERO: Se admite totalmente el escrito acusatorio, por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal e igualmente los medios de prueba plasmados en el mismo, por ser lícitos, pertinentes y necesarios para el esclarecimiento de los hechos. Se Admite el Procedimiento por Admisión de los Hechos, establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: CONDENA: al Ciudadano: VALERIO AVILA QUINTERO, Venezolano, de 26 años de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 22.892.053, nacido en fecha: 20-06-1983, natural de Boconó Estado Trujillo, hijo de Ángela Rita Quintero (v) y de Andrés Ávila Quintero (v), agricultor y residenciado en las Mesitas de la población de Boconó, Estado Trujillo; a cumplir la pena de: DIECINUEVE (19) AÑOS, NUEVE (09) MESES Y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN; por la comisión de los delitos de: VIOLENCIA PSICOLÓGICA y AMENAZAS, previstos y sancionados en los artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO con alevosía por motivos fútiles, previsto y sancionado en el artículo 406, ordinales 1° y 3° literal a, en concordancia con el artículo 405 ambos del Código Penal y en relación con el parágrafo único del artículo 65 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en perjuicio de las ciudadanas: Leidy Josefina Valladares Rangel (occisa) y Rafaela María Albarrán. TERCERO: Se mantiene la Medida Privativa de Libertad del acusado de autos, hasta tanto el Tribunal de Ejecución que por distribución le corresponda el presente asunto, decida lo conducente. CUARTO: Transcurrido el lapso de impugnación legal se enviará al Tribunal de Ejecución que por distribución corresponda, a los fines del cómputo y ejecución de la pena correspondiente.
Para la aplicación de la pena antes señalada se aplicaron las siguientes disposiciones legales: artículos: 37, 406 ordinales 1° y 3° literal a, en concordancia con el artículo 405 ambos del Código Penal y en relación con el parágrafo único del artículo 65 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 16 del Código Penal; artículos: 376, 265, 272, 364, 365 y 367 del Código Orgánico Procesal Penal, artículos: 39 y 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Provisionalmente el Acusado: Valerio Ávila Quintero, cumplirá su condena en fecha: 06-11-2028.
Publíquese, regístrese. Envíese copia certificada de la presente Sentencia a la División de Antecedentes Penales del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia, Caracas; una vez que la misma quede definitivamente firme.
Dada, Firmada, Sellada y Refrendada en el Tribunal de Primera Instancia Penal en Funciones de Control Nº 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, a los Veintiocho (28) días del mes de Septiembre de 2009.

LA JUEZ DE CONTROL Nº 04,

ABG. MARICELLY ROJAS ALVARAY.

LA SECRETARIA,

ABG. BLANCA JIMÉNEZ.