TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas
Barinas, 30 de Agosto de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : EP01-P-2009-008223
ASUNTO : EP01-P-2009-008223

MEDIDA DE DETENCIÒN DOMICILIARIA

Vista la solicitud que fuera presentada por la defensa técnica del acusado DEIBIS ALEJANDRO ALVARADO RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 19.553.886, de 19 años de edad, natural de la Victoria, Estado Aragua, fecha de nacimiento 31-07-1990, residenciado en el Barrio Corocito, Av. 04 con calle 3, casa Nº 50-3, a una cuadra del Liceo de Corocito, y al frente de la Bodega La Azul, Barinas, Estado. Barinas; en audiencia de fecha jueves 11 de Agosto de 2011, mediante la cual se peticiona a este Tribunal se le otorgue una medida cautelar menos gravosa que la privación judicial preventiva de libertad, consistente en cambio de sitio de reclusión, por cuanto el mismo se encuentra delicado de salud, en virtud de que el acusado antes referido requiere ser sometido a intervención quirúrgica inmediata debido al diagnostico clínico que presenta en la actualidad, tiene una Colostomía que en diversas oportunidades ha presentado infecciones en la cual su vida a corrido peligro, por la misma se ha ordenado una intervención quirúrgica, tal como consta en la presenta causa en el folio 163, 262, 263 al 266, 274 y otros, aunado al hecho de que la defensa a solicitado en diversas oportunidades los traslados a los centros médicos y a pesar de que el Tribunal los ha acordado ha sido imposible que mi defendido se le practique tal intervención, aunado a que el día 17 de este mes requiere estar ante el especialista, es por lo que ratifico le sea acordada cualquier medida menos grave incluyendo la detención domiciliaria, todo ello de conformidad con el art. 256 numeral 1º del COPP, para ello ofrezco la dirección donde mi defendido va a permanecer detenido la cual es la siguiente: Barrio Corocito, Av. 04 con calle 3, casa Nº 50-3, a una cuadra del Liceo de Corocito, y al frente de la Bodega La Azul, Barinas, Estado. Barinas, TELF- 0273-5329103 y 0426-7757434; este Tribunal para resolver sobre la medida de coerción personal que pesa sobre el ciudadano ya mencionado estima conveniente tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

Constan en el expediente los siguientes informes médicos:

Consta en autos Pieza 2, al folio (263) informe medico de fecha 20/11/2009, suscrito por Medico Cirujano adscrito a la Dirección Estatal de Salud del Estado Barinas, quien hace constar que el paciente Deivi Alvarado,…asistió a consulta de cirugía por presentar colostomia post operatorio por HAF, quien requiere cirugía para restitución de transito intestinal posterior a cumplimiento de preoperatorio.-
Cursa igualmente en la Pieza 3, al folio (471), constancia de fecha 27-01-2011, expedida por la Lcda.. Editen Villarreal Cala, jefe del departamento de Registros y Estadísticas de Salud del Hospital Dr. Luis Razetti, haciendo constar que Alvarado Ramírez Deibis Alejandro, de 18 años de edad, Historia Clínica Nº 40.59.35, estuvo hospitalizado …por el servicio de cirugía, desde el 29-06-09 hasta el 07-07-09, por presentar Herida por Arma de Fuego en Hipogastrio Penetrante, intervenido quirúrgicamente realizada con Laparotomía Exploradora, egresa con diagnostico clínico final de lesión abdominal penetrante por herida de arma de fuego en epigastrio complicado con lesión ósea delgada, lesión de colon, lesión de vejiga y arteria iliaca externa.

También consta en la Pieza 3, al folio (521) Reconocimiento Medico Legal, de fecha 24/03/11, signada con el Nº 9700-143-841, suscrito por el Medico Forense Iván Nieves, en el cual consta entre otras cosas: … paciente el cual presenta herida por proyectil de arma de fuego en región hipogástrico complicada de lesión de intestino delgado, colon, vejiga y arteria iliaca externa de 1 año y medio de evolución actualmente presenta colostomia izquierda por tal motivo este paciente debe ser valorado por cirujano general para decidir conducta y tratamiento medico.

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En este sentido verificada tal necesidad y urgencia de intervención quirúrgica del acusado en mención, certificada mediante el contenido del reconocimiento medico legal antes señalado, circunstancia confirmada por parte del medico forense, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas, de las conclusiones y diagnósticos clínicos de los informes médicos producidos en ocasión de las valoraciones practicadas al ciudadano Deibis Alejandro Alvarado Ramírez, tanto por los médicos tratantes; de lo cual se desprende la necesidad de atención médica inmediata, a través de una intervención quirúrgica, por lo cual se acuerda Medida de Detención Domiciliaria a los fines de ser compensado a través del tratamiento preoperatorio indicado, con el fin de ser Intervenido Quirúrgicamente, en resguardo del derecho a la salud y a la vida del mismo y de sus derechos humanos.
Así mismo este Tribunal estando presente en la audiencia la Fiscal 4º Auxiliar del Ministerio Público, quien manifestó estar en conocimiento del caso, no oponiéndose a la medida solicitada por la defensa, por cuanto fue confirmado por el Medico Forense, el estado delicado de salud del acusado; consta de este misma manera oficios y traslados ordenados y remitidos al Director del Internado Judicial, a los fines de la preparación preoperatorio del acusado, quien hizo caso omiso a la orden por deficiencia de transporte para trasladarlo; en tal sentido este Tribunal considera que lo conveniente es entregarlo a sus familiares, para que velen por su salud, por lo que resulta inconcebible, contrario a los postulados constitucionales mantener a una persona gravemente enferma a someterse, a un régimen carcelario sin condiciones para ello, y/o bajo atención medica no especializada que minimice y prevenga el riesgo de empeorar y/o de hasta morir.
Motivo por el cual se decreta la Detención Domiciliaria, ordenándose el traslado a través de sus familiares del acusado DEIBIS ALEJANDRO ALVARADO RAMIREZ identificado ut supra, por razones humanitarias, en virtud de su estado de salud de conformidad con lo previsto en el art. 256 numeral 1ª en la dirección antes aportada por la defensa como lo es Barrio Corocito, Av. 04 con calle 3, casa Nº 50-3, a una cuadra del Liceo de Corocito, y al frente de la Bodega La Azul, Barinas, Estado. Barinas, TELF- 0273-5329103 y 0426-7757434, quien será trasladado desde la sala de Juicio Nº 2, hasta su Residencia por su familia, motivado a la falta de trasporte en ese centro penitenciario para cumplir con este tipo de traslado, el acusado, quedara bajo la responsabilidad de su progenitora Ciudadana Carmen Alicia Ramírez Vergara C.I. V- 4932904; a los fines de que reciba el tratamiento adecuado, su rehabilitación, así como el control y seguimiento del cuadro clínico que presenta el referido ciudadano, de acuerdo a las prescripciones médicas correspondientes, quien solo podrá movilizarse de su domicilio para recibir atención medica y a los actos que convoque el tribunal, en consecuencia, se ordena librar oficio a la Comandancia de la Policía de este Estado donde se encuentra de manera provisional y Boleta de Detención Domiciliaria. Igualmente se ordena Oficiar a la Comandancia Policía, para que realicen las Rondas periódicas de supervisión al acusado en su domicilio.

Es así como este Tribunal en aras del resguardo del derecho a la Vida, del derecho a la salud, del derecho a la integridad personal, toma en cuenta la consagración de los preceptos constitucionales recogidos en los artículos 19, 22 y 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela los cuales constituyen fuente constitucional de los derechos fundamentales, pues el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece el deber del Estado de garantizar “a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”.
Como se aprecia, el propio texto constitucional reconoce expresamente el principio de progresividad en la protección de los derechos humanos, según el cual, el Estado se encuentra en el deber de garantizar a toda persona natural o jurídica, sin discriminación de ninguna especie, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de tales derechos.
Dicho principio se concreta en el desarrollo consecutivo de la esencia de los derechos fundamentales, en tres aspectos fundamentales: ampliación de su número, desarrollo de su contenido y fortalecimiento de los mecanismos institucionales para su protección. En este contexto surge la necesidad de que la creación, interpretación y aplicación de las diversas normas que componen el ordenamiento jurídico, se realice respetando el contenido de los derechos fundamentales.
Ahora bien, el señalado artículo 19 constitucional no puede ser visto de manera aislada, por el contrario, debe ser interpretado sistemáticamente con los artículos 22 y 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales completan el contenido de aquél, enunciándose de esta forma la base para la protección de los derechos humanos.

Así, en el artículo 22 se inserta la cláusula abierta de los derechos humanos, según la cual la enunciación de los derechos y garantías consagrados en el texto constitucional y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, no debe entenderse como la negativa a aceptar la existencia y la aplicación de otros derechos y garantías constitucionales, que siendo inherentes a la persona, no se encuentren establecidos expresamente en el texto constitucional o en dichos tratados; mientras que en el artículo 23 se reconocen como fuentes en la protección de los derechos humanos, a la Constitución, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por la República, y a las leyes que los desarrollen. De igual forma, en dicha norma se establece, a los efectos de robustecer la protección de los derechos humanos, que los tratados, pactos y convenciones en materia de derechos humanos, que hayan sido suscritos y ratificados por Venezuela, predominarán en el orden jurídico interno en la medida en que contengan normas referidas al goce y ejercicio de los derechos humanos más favorables que las contenidas en la Constitución y en las leyes de la República, es decir, cuando tales tratados reconozcan y garanticen un derecho o una garantía de forma más amplia y favorable que la Constitución –u otra normativa nacional-, dichos instrumentos internacionales se aplicarán inmediata y directamente por todos los órganos del Poder Público, especialmente cuando se trate de operadores de justicia.

Por su parte, el artículo 272 de la Carta Magna señala que “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación; funcionarán bajo la dirección de penitenciariaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso, las formulas de cumplimiento de penas no privativas de libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusorio. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico”.
De manera que no hay lugar a dudas, en cuanto a la protección integral de los derechos humanos de todas las personas, consagrada en el Ordenamiento jurídico venezolano, como es la Constitución Nacional, así como los Pactos, Tratados y Convenios Internaciones, suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, protección esta, que no excluye en modo alguno, de la tutela y amparo del Derecho a la Salud de los ciudadanos que se encuentran recluidos en centros de internamiento, bien sea preventivamente o cumpliendo condena, y en atención y aplicación al principio de Igualdad ante la Ley.
Entre esos derechos fundamentales la Constitución señala el derecho a la salud cuando en su artículo 83 dispone que “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. …Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la Ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República”.

Así mismo, el artículo 43 constitucional dice que “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad.....”
Igualmente el artículo 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del Hombre, suscrito y ratificado por el Estado Venezolano, regula: “Del Derecho al respeto de la dignidad humana: Dignidad humana en prisión durante el régimen procesal y durante el régimen penitenciario. 1° Toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con respeto debido a la dignidad inherente….” El caso bajo análisis refiere la condición especial en la que se encuentra el acusado de autos, en virtud de su delicado estado de salud.

Consideraciones estas que conllevan al Tribunal a declarar procedente la solicitud de Sustitución de la Medida Privativa de Libertad por la Medida de Detención Domiciliaria, con el objeto de que el referido acusado pueda someterse al control y seguimiento médico asistencial, así como a la intervención quirúrgica que requiera según las prescripciones médicas, en tal sentido estimando este Tribunal la condición de procesado del ciudadano DEIBIS ALEJANDRO ALVARADO RAMIREZ, contra quien se tramita en este momento el juicio oral y público y dado que persisten los elementos de convicción que dieron lugar a la medida de coerción personal que le fuera impuesta en su oportunidad, este Tribunal estima que dicho ciudadano debe continuar sujeto a una medida de coerción personal con el objeto esencial del aseguramiento de las resultas del proceso y la consecución de la Justicia, en todo caso bajo la imposición de una medida de coerción menos gravosa que la privación judicial preventiva de Libertad intra muros, en virtud de la condición de salud que se ha corroborado según los informes médicos forenses arriba citados, por lo que Así se Declara, considerando procedente a los fines de la tutela del derecho a la salud, a la vida, dignidad humana y a la integridad personal del ciudadano Deibis Alvarado Ramírez, decretar en su favor Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación Judicial Preventiva de Libertad consistente en su DETENCIÓN DOMICILIARIA, con vigilancia policial, a través de rondas, de conformidad con lo previsto en el artículo 256 ordinales 1° del Código Orgánico Procesal Penal, con el objeto que el aquí acusado pueda recibir de manera inmediata asistencia médica especializada y lograr su rehabilitación oportuna, y a su vez pueda ser atendido y cuidado por sus familiares, permaneciendo en un ambiente adecuado a su condición de salud que le permita vencer la enfermedad que hoy padece, situación que está protegida en el transcrito artículo 83 de nuestra Constitución Nacional.
Por todos los razonamientos de hecho y de derecho expuestos este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en función de Juicio N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana y Por Autoridad de La Ley, OTORGA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, BAJO LA MODALIDAD DE DETENCION DOMICILIARIA, DE ESTE ESTADO BARINAS, al acusado DEIBIS ALEJANDRO ALVARADO RAMIREZ identificado ut supra, por razones humanitarias, en virtud de su estado de salud de conformidad con lo previsto en el art. 256 numeral 1ª en la dirección antes aportada por la defensa como lo es Barrio Corocito, Av. 04 con calle 3, casa Nº 50-3, a una cuadra del Liceo de Corocito, y al frente de la Bodega La Azul, Barinas, Estado. Barinas, TELF- 0273-5329103 y 0426-7757434, bajo la custodia de su progenitora Ciudadana progenitora Ciudadana Carmen Alicia Ramírez Vergara C.I. V- 4932904, a los fines de que reciba el tratamiento adecuado, sea intervenido quirúrgicamente, así como el control y seguimiento del cuadro clínico que presenta el referido ciudadano, de acuerdo a las prescripciones médicas correspondientes, y solo podrá el acusado movilizarse de su domicilio para recibir atención medica y a los actos que convoque el tribunal, en consecuencia, se ordena librar oficio al Director de la Policía del Estado, para que el acusado le sea entregado a su progenitora quien lo trasladara hasta su Domicilio, así como dirigir información y Boleta de Detención Domiciliaria; se Autoriza la realización del traslado del ciudadano Deibis Alvarado Ramírez, en vehículo particular que puedan proveer los familiares desde la sala de juicio Nº 2. Igualmente se ordena Oficiar a la Comandancia Policía, para que realicen las Rondas periódicas de supervisión al acusado en su domicilio. Quedaron notificadas todas las partes en sala.
Dada, firmada y sellada en la sede del Tribunal de Juicio N° 02 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, a los treinta (30) días del mes de Agosto de 2.011

La Jueza de Juicio N° 02

La Secretaria

Abg. Fanisabel González Maldonado
Abg. Yusbey Guerrero