REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y TRANSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS
Barinas, 22 de Febrero de 2.011
200º y 152º
Exp. Nº 3.370-10
PARTE DEMANDANTE: Eleyda Del Carmen Torres Pérez, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.724.371
ABOGADO ASISTENTE: Carlos Ontiveros, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 44.712
MOTIVO: Reconocimiento de la Comunidad Concubinaria
Se inicia el presente juicio por demanda de Reconocimiento de la Comunidad Concubinaria, interpuesta por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, por la ciudadana Eleyda Del Carmen Torres Pérez, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.724.371, soltera, debidamente asistida por el abogado en ejercicio Carlos Ontiveros, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 44.712. Alega la parte actora en su libelo:
“Que en fecha 15 de enero de 2.003, comenzó a vivir con el ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES CARRERO, quien en vida era venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.260.333, que durante la unión no procrearon hijos; que JOSE GREGORIO COLMENARES CARRERO, falleció en el Hospital “Luís Razetti” del Estado Barinas, el 24 de noviembre de 2.008; que el lugar donde vivieron juntos, era el Barrio 1ero de Diciembre, calle 2, etapa 3, Nº 543 de esta ciudad de Barinas Estado Barinas. Fundamenta la presente solicitud en lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 75 y 77 ejusdem, así como el artículo 767 del Código Civil Venezolano. Señaló sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 15 de julio de 2.005, con Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera. Que alega en primer lugar la convivencia en común, por lapso de seis años aproximadamente, el cual por los medios probatorios las hará evidencia para que la juzgadora conozca la verdad de los hechos anteriormente narrados. Que por la razones anteriormente expuestas es que acude ante esta autoridad, para solicitar que declare con lugar la presente demanda y la relación concubinaria entre Eleyda del Carmen Torres Pérez y José Gregorio Colmenares Carrero, para que surtan los efectos jurídicos de la unión concubinaria incluyendo el patrimonio económico de ambos y así también establezca fecha cierta de la convivencia”.
En fecha 18 de diciembre del año 2.008, se realiza por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, sorteo de distribución de causas, correspondiéndole el conocimiento de la presente a este Juzgado.
En fecha 07 de enero de 2.009, se dicta auto, dando por recibida la demanda y asignándole la nomenclatura 3.370-09.
En fecha 12 de enero de 2.009, se dicta auto de admisión, ordenando librar edicto. En esta misma fecha se libro edicto.
En fecha 28 de abril del 2.009, diligencia la ciudadana Eleyda del Carmen Torres Pérez, debidamente asistida por el abogado en ejercicio Carlos Ontiveros, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 44.712, consignando ejemplares donde fuere publicado el edicto.
En fecha 30 de abril de 2.009, presenta diligencia la ciudadana Eleyda del Carmen Torres Pérez, mediante la cual le confiere poder apud acta al abogado en ejercicio Carlos Ontiveros, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 44.712.
En fecha 16 de julio de 2.009, diligencia el abogado Carlos Ontiveros, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 44.712, solicitando la designación de defensor judicial a los herederos desconocidos del de cujus.
En fecha 22 de julio de 2.009, se dicta auto acordando la solicitud realizada por la parte actora, y designando como defensora judicial a la abogada en ejercicio Lina Wuilchy, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 32.708, a quien se acordó notificar a los fines de su aceptación o excusa.
En fecha 21 de septiembre de 2.009, el alguacil del Tribunal consigna boleta de notificación, debidamente firmada en fecha 21 de septiembre del mismo año, por la abogada en ejercicio Lina Wuilchy.
En fecha 01 de octubre de 2.009, diligencia la abogada en ejercicio Lina Wuilchy, aceptando el cargo de defensora judicial y jurando cumplir bien y fielmente con los deberes inherentes al cargo.
En fecha 07 de octubre de 2.009, se dicta auto, acordando emplazar a la abogada en ejercicio Lina Wuilchy, en su carácter de defensora judicial de los herederos desconocidos del de cujus, a los fines de dar contestación a la demanda incoada.
En fecha 08 de febrero de 2.010, el alguacil del Tribunal consigna boleta de citación, debidamente firmada en la misma fecha por la abogada en ejercicio Lina Wuilchy.
PUNTO PREVIO
Siendo la oportunidad de dictar la sentencia de mérito en el presente juicio, este Tribunal realiza las siguientes consideraciones:
Es claro en el presente caso, que a pesar de haberse citado a los herederos desconocidos del de cujus ciudadano José Gregorio Colmenares Carrero, por medio del edicto previsto en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, el cual fuere debidamente publicado, tal como lo exige la legislación adjetiva, salvaguardándose en este sentido, el constitucional derecho a la defensa de los herederos desconocidos, no se presentó por ante este Juzgado persona alguna manifestando tener interés o derechos en el presente juicio, por lo que en consecuencia, se designó defensor judicial para sostener los derechos e intereses de los herederos desconocidos, quien, no obstante haber aceptado el cargo, prestado el juramento de ley y ser debidamente citada, no ejerció su deber procesal de contestar la demanda incoada en contra de sus representados, y menos aún promovió pruebas en la etapa legal respectiva.
En este sentido, resulta procedente resaltar lo que sobre tal circunstancia ha expresado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 531, de fecha 14 de Abril de 2.005, caso Jesús Rafael Gil Márquez, con ponencia del Magistrado Arcadio de Jesús Delgado Rosales, donde se expresó lo siguiente:
“…la designación de un defensor ad litem se hace con el objeto de que el demandado que no pueda ser citado personalmente, sea emplazado y de este modo se forme la relación jurídica procesal que permita el desarrollo de un proceso válido, emplazamiento que incluso resulta beneficioso para el actor, ya que permite que la causa pueda avanzar y se logre el resultado perseguido como lo es la sentencia; el abogado que haya sido designado para tal fin juega el rol de representante del ausente o no presente, según sea el caso y tiene los mismos poderes de un apoderado judicial, con la diferencia que, su mandato proviene de la Ley y con la excepción de las facultades especiales previstas en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, mediante el nombramiento, aceptación de éste, y respectiva juramentación ante el Juez que lo haya convocado, tal como lo establece el artículo 7 de la Ley de Juramento, se apunta hacia el efectivo ejercicio de la garantía constitucional de la defensa del demandado a la que se ha hecho mención.
Sin embargo en el caso de autos, el abogado designado como defensor del demandado no cumplió con los deberes inherentes a su cargo, puesto que se evidencia del estudio hecho a las actas, que una vez aceptado el cargo y juramentado para el cumplimiento de dicha actividad, su participación en la defensa de los derechos de su representado fue inexistente, ya que el mismo no dio contestación a la demanda interpuesta y ni siquiera impugnó la decisión que le fue adversa a dicho representado; por lo que visto que el defensor ad litem tiene las mismas cargas y obligaciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil con respecto a los apoderados judiciales, esta negligencia demostrada por el abogado Jesús Natera Velásquez, quien juró cumplir bien y fielmente con los deberes impuestos, dejó en desamparo los derechos del entonces demandado.
Aunado a lo anterior, considera esta Sala que el Juez como rector del proceso debe proteger los derechos del justiciable, más aún cuando éste no se encuentra actuando personalmente en el proceso y su defensa se ejerce a través de un defensor judicial, pues como tal debe velar por la adecuada y eficaz defensa que salvaguarde ese derecho fundamental de las partes, por lo que en el ejercicio pleno de ese control deberá evitar en cuanto le sea posible la transgresión de tal derecho por una inexistente o deficiente defensa a favor del demandado por parte de un defensor ad litem.
Asimismo, ha sido criterio de la doctrina que el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil constriñe al Juez a evitar el perjuicio que se le pueda causar al demandado, cuando el defensor ad litem no ejerce oportunamente una defensa eficiente, ya sea no dando contestación a la demanda, no promoviendo pruebas o no impugnando el fallo adverso a su representado, dado que en tales situaciones la potestad del juez y el deber de asegurar la defensa del demandado le permiten evitar la continuidad de la causa, con el daño causado intencional o culposamente por el defensor del sujeto pasivo de la relación jurídica procesal en desarrollo; por lo que corresponderá al órgano jurisdiccional -visto que la actividad del defensor judicial es de función pública- velar por que dicha actividad a lo largo de todo el iter procesal se cumpla debida y cabalmente, a fin de que el justiciable sea real y efectivamente defendido.
En el caso bajo análisis observa esta Sala que, si bien es cierto que el Juzgado Primero de Primera Instancia realizó todo lo conducente en un principio para la tutela del derecho a la defensa del demandado, como lo reflejan sus intentos de citación, y vista su imposibilidad el posterior nombramiento de un defensor ad litem, aquel al avistar el cúmulo de omisiones por parte del defensor judicial que devenían en una violación del derecho a la defensa del demandado ausente, debió en la oportunidad de dictar su decisión de fondo, como punto previo, reponer la causa al estado en que dejó de ejercerse eficientemente la defensa del demandado, actividad que podía perfectamente realizar atendiendo a lo establecido en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dado que, con la declaratoria con lugar de la demanda, con fundamento en la confesión ficta del demandado –por la omisión del defensor ad litem- vulneró el orden público constitucional, cuya defensa indiscutiblemente correspondía a dicho órgano jurisdiccional.
Ciertamente, es necesario señalar que esta Sala a través de su fallo N° 967 del 28 de mayo de 2002, en un caso análogo, indicó que bastaba con el nombramiento y posterior juramentación del defensor ad litem por parte del órgano jurisdiccional, para garantizar el derecho a la defensa de la parte demandada en juicio; sin embargo, el 26 de enero de 2004, al asumir un nuevo criterio, esta Sala fue más allá y estableció mediante decisión N° 33, que “(…) la función del defensor ad litem, en beneficio del demandado, es el de defenderlo, el que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone que sea oído en su oportunidad legal. De allí, que no es admisible que el defensor ad litem no asista a contestar la demanda, y que por ello se apliquen al demandado los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. El defensor ad litem ha sido previsto en la ley (Código de Procedimiento Civil), para que defienda a quien no pudo ser emplazado, no para que desmejore su derecho de defensa. (...omisis...) Si el defensor no obra con tal diligencia, el demandado queda disminuido en su defensa, por lo que la decisión impugnada, que no tomo en cuenta tal situación, infringió el artículo 49 constitucional y así se declara”. Es decir, que no resulta suficiente que el Tribunal asegure los trámites que concluyen con la aceptación y juramentación del defensor ad litem, sino que la actuación debe ser vigilada en todo momento por el órgano jurisdiccional, a los fines de que esa participación por parte dicho defensor se haga activa, y de esta forma se garantice el derecho a la defensa del justiciable.
Vista la transición en cuanto al criterio que había venido sosteniendo la Sala, y dado que con esta última decisión se arribó a la consideración de que esa deficiente o inexistente defensa por parte del defensor judicial vulnera el derecho a la defensa de quien representa, derecho que en virtud de su importancia debe ser protegido en todo momento por el órgano jurisdiccional, se estima que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, no debió con su decisión convalidar la actuación del defensor ad litem, ya que la misma dejaba en franca indefensión al ciudadano Jesús Rafael Gil Márquez y atentaba contra el orden público constitucional, razón por la cual y dado que esta Sala en todo momento está llamada a garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se anulan todas las actuaciones realizadas en la primera instancia a partir y se repone el juicio al estado de que se ordene una nueva citación del demandado en dicha instancia. Así se decide”. (Cursivas y subrayado de éste Tribunal)
De tal forma, que en consonancia con la sentencia anterior y parcialmente transcrita y según el criterio esgrimido por la Sala Constitucional -y que comparte quien aquí decide- en el caso de autos, se produjo un incumplimiento en los deberes que implica el desempeño del cargo de defensor ad litem, producto de la inactividad procesal advertida a lo largo del procedimiento sub examine, lo cual generó la falta absoluta de asistencia jurídica a los herederos desconocidos del de cujus, Jose Gregorio Colmenares Carrero, representados por la defensora judicial, abogada en ejercicio Lina Wuilchy, en desmedro del derecho a la defensa de aquellos.
En razón a lo expuesto, y a los fines de garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso de las partes y proveer lo necesario para lograr el equilibrio procesal, principios fundamentales de nuestra administración de justicia, consagrados en nuestro texto constitucional y en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal considera procedente, en el presente caso, tomando en cuenta que la reposición tiene por objeto corregir vicios procesales, faltas del Tribunal que afecten el orden público o que perjudiquen los intereses de las partes sin culpa de estas, aunado al hecho de que la misma debe perseguir una finalidad útil, para corregir los vicios ocurridos en el trámite del proceso, y de conformidad con lo establecido en el artículo 206 ejusdem, REPONER LA CAUSA AL ESTADO DE DESIGNAR NUEVO DEFENSOR JUDICIAL, por ser este el momento en que dejó de ejercerse eficientemente la defensa de los herederos desconocidos del de cujus. En consecuencia, se declara la nulidad de la designación de defensor judicial, realizada mediante auto dictado en fecha 22 de julio de 2.009, así como todas las actuaciones realizadas con posterioridad al mismo.
Se ordena notificar a las partes de la presente decisión.
Déjese transcurrir íntegramente el lapso previsto en el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de la apelación.
LA JUEZ TEMPORAL
Abg. Yriana Díaz Peña
LA SECRETARIA
Abg. Mercedes Santiago
En la misma fecha, siendo las 11:00 de la mañana, se ordenó registrar y publicar la presente decisión. Conste,
LA SECRETARIA
Abg. Mercedes Santiago
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