TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas
Barinas, 07 de Julio de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : EP01-P-2009-008982
ASUNTO : EP01-P-2009-008982

AUTO NEGANDO MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA.

Visto el escrito presentado, por la defensora pública Abg. Ana Isabel Rey defensa del acusado JUAN CARLOS MONTES PAREDES, venezolano, mayor de edad, soltero, de 43 años de edad, TITULAR DE LA Cédula de Identidad N° V.-9.267.349 (no porta) nacido el día 24-05-1967, en Acarigua Estado Portuguesa, profesión u oficio carpintero metálico, grado de instrucción 4° año de Bachillerato, hijo de Juan Montes (f) y Eva Paredes (v), residenciado en Urbanización Lomas de Alto Barinas, Conjunto Los Pinos Casa N° 19, Barinas, estado Barinas a quien se le sigue el presente proceso por la presunta comisión de los delitos de HURTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR previsto y sancionado en el artículo 1 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores concatenado con el artículo 83 del Código Penal; EXTORSIÓN AGRAVADA EN GRADO DE COAUTORES previsto y sancionado en el artículo 16 concordancia con el 19 numerales 2 y 8 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, en perjuicio de Juan Carlos Soto, concatenado con el artículo 83 del Código Penal; ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en relación al 16 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y USO DE ADOLESCENTES PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 264 de la Ley Orgánica de Protección al Niño y el adolescente; solicitando Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con el artículo 256 del COPP, por vía de revisión de conformidad con lo previsto en el artículo 264 ejusdem; este Tribunal para decidir sobre lo peticionado toma en cuenta las siguientes consideraciones:

Las medidas cautelares en el proceso penal tienen por objeto, como carácter general, asegurar el cumplimiento de los resultados del proceso penal y garantizar la estabilidad en la tramitación de la misma; sin embargo, la protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocentes mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad tomando el cuenta el tipo de delito cometido y el daño social causado, no significa el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso, esto es, su normal desarrollo y la seguridad del cumplimiento de las resultas.

Ahora bien, observa éste Tribunal que en fecha Que en fecha 23-10-2009, fue presentado por flagrancia el acusado JUAN CARLOS MONTES PAREDES, ante el Tribunal de Control N° 06; para ese momento se le decretó la privación judicial preventiva de la libertad considerando el tribunal que estaban llenos los extremos que establece el articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, por encontrarse el imputado de autos para ese momento involucrado presuntamente en la comisión de los delitos de HURTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR previsto y sancionado en el artículo 1 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores concatenado con el artículo 83 del Código Penal; EXTORSIÓN AGRAVADA EN GRADO DE COAUTORES previsto y sancionado en el artículo 16 concordancia con el 19 numerales 2 y 8 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, en perjuicio de Juan Carlos Soto, concatenado con el artículo 83 del Código Penal; ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en relación al 16 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y USO DE ADOLESCENTES PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 264 de la Ley Orgánica de Protección al Niño y el adolescente. Posteriormente en fecha 22-11-2009 el Ministerio Público presentó el acto conclusivo consistente en acusación penal en contra del ciudadano suficientemente identificado en autos por la presunta comisión de los delitos de HURTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR previsto y sancionado en el artículo 1 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores concatenado con el artículo 83 del Código Penal; EXTORSIÓN AGRAVADA EN GRADO DE COAUTORES previsto y sancionado en el artículo 16 concordancia con el 19 numerales 2 y 8 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, en perjuicio de Juan Carlos Soto, concatenado con el artículo 83 del Código Penal; ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en relación al 16 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y USO DE ADOLESCENTES PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 264 de la Ley Orgánica de Protección al Niño y el adolescente; En fecha 18-03-2010 se realiza la audiencia Preliminar dictándose el correspondiente Auto de Apertura a Juicio Oral y Público una vez admitida la acusación fiscal por la presunta comisión del supra mencionado.

En este sentido con fundamento en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, “El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses y cuando lo estime prudente las sustituirá por otra menos gravosa”, disposición esta que debe entenderse en primer lugar, como el irrestricto derecho del Acusado a obtener un pronunciamiento judicial respecto de la necesidad de sostener o mantener la medida de la cual ha sido objeto, es decir, de incoar el examen de la vigencia de los supuestos de la medida y en segundo lugar la obligación para el juez, de examinar el mantenimiento de las medida cautelares, de oficio cada tres meses, obligación que de acuerdo al principio pro libertatis, debe interpretarse como la consagración de la posibilidad de sustituir y aun de revocar la medida de coerción personal en cualquier momento, siempre que los supuestos que la fundan hayan cesado de manera alguna, absoluta o parcialmente, variaciones éstas que puedan o que pudieran haberse verificado; y que hasta la presente fecha en el presente proceso penal debido a la naturaleza de la fase en la cual se encuentra (Juicio Oral), no han cesado ni variado en supuesto alguno; siendo así los elementos que dieron origen a la Medida de Privación Judicial de Libertad, y a su posterior mantenimiento en la audiencia preliminar, donde se decretó la apertura a juicio, por la presunta comisión de los delitos ya mencionados no han variado por cuanto si bien es cierto que estamos en otra fase del proceso, no es menos cierto que los elementos que dieron origen y mantenimiento a la ya mencionada privación de Libertad persisten, En primer lugar; La existencia del hecho punible que para el caso concreto lo es la presunta comisión del delito de HURTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR previsto y sancionado en el artículo 1 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores concatenado con el artículo 83 del Código Penal; EXTORSIÓN AGRAVADA EN GRADO DE COAUTORES previsto y sancionado en el artículo 16 concordancia con el 19 numerales 2 y 8 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, en perjuicio de Juan Carlos Soto, concatenado con el artículo 83 del Código Penal; ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en relación al 16 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y USO DE ADOLESCENTES PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 264 de la Ley Orgánica de Protección al Niño y el adolescente, tal y como fue calificado por el Representante del Ministerio Público en su escrito acusatorio en el cual se explanaron y ofrecieron medios de prueba que fueron admitidos por el Tribunal de Control en la fase intermedia del proceso, medios de prueba que una vez sometidos al contradictorio mediante un juicio oral, público permitirán demostrar la culpabilidad o inocencia del ciudadano acusado en relación al delito atribuido, situación esta que de acuerdo al orden y prosecución del proceso penal venezolano se corresponde con la celebración del Debate Oral y Publico. En segundo lugar, la existencia de fundados elementos de convicción para presumir que el acusado ha sido participe en la comisión de los delitos antes señalados, tomando en cuenta que el Ministerio Público presentó en su escrito acusatorio medios de prueba que podrán demostrar o negar la culpabilidad y responsabilidad de los delitos atribuidos, y que no han sido desvirtuados en esta etapa de Juicio Oral, por cuanto dicha oportunidad es precisamente el Debate Oral y Publico. En tercer lugar, La presunción de peligro de fuga que viene dada de acuerdo a lo establecido en el artículo 251 numerales 2 y 3 del Código orgánico procesal penal, por la pena que podría llegarse a imponer, ya que la pena prevista para el hecho punible por el cual ha resultado acusado ut supra identificado, excede en su límite máximo de los diez años aunado a que se trata de delitos de naturaleza pluriofensiva que atentan contra la condición psíquica y física de quienes resultan víctimas de estos hechos punibles y atentan contra el derecho de propiedad y derecho a la vida además la presunción de obstaculización en la búsqueda de la verdad que se encuentra determinado para el caso bajo análisis, en cuanto a que el acusado en libertad podría influir en la víctima, o testigos para que se comporten de manera desleal ante el proceso, poniendo en peligro la realización de la Justicia, aunado a ello el daño social causado; en virtud de que se trata de un delito contra la propiedad aunado al impacto social es mayor; y tomando en cuenta el principio de proporcionalidad entre el daño causado y la medida de coerción personal, debe considerarse la gravedad del delito y además la sanción probable que para los delitos que aquí atribuidos es superior a diez años de prisión, lo cual permite presumir el peligro de fuga por cuanto la sanción probable en su término máximo para el presente caso como ya se ha dicho, excede en su límite máximo a los diez años de prisión, razones éstas por las cuales a criterio de quien aquí decide de conformidad con el articulo 244 y 251 parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal resulta improcedente el otorgamiento de dicha medida cautelar menos gravosa; por cuanto se ve el proceso en peligro de cumplir con su finalidad, como es la búsqueda de la verdad, la verdad de los hechos y la realización de la Justicia conforme a las normativa procesal penal vigente, Así se decide.

En consecuencia y por todas las razones y consideraciones antes expuestas se Niega la Solicitud de Decreto de Medida Cautelar menos gravosa que la Privación Judicial Preventiva de Libertad, planteada por la defensa privada; por cuanto las circunstancias no han variado como para el otorgamiento de la misma. Así se decide.
DISPOSITIVA
Por tales razones antes expuestas, este Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio N° 02 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA, solicitada por el Abogado ALBERTO BOSCAN PEREZS, en su carácter de defensor privado del acusado JUAN CARLOS MONTES PAREDES, POR SER IMPROCEDENTE, de conformidad con lo previsto en el articulo 253 del Código Orgánico Procesal Penal y en su lugar acuerda MANTENER LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD, en virtud de no haber variado las circunstancias que dieron lugar a la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 250 y 264 ejusdem. Notifíquese a las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal.

Dada Sellada y firmada en la sede del Tribunal de Juicio N° 02 de este Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, a los siete (07) días del mes de Julio de 2011.
LA JUEZA DE JUICIO N° 02.
Abg. Varyná Mendoza B
Secretaria
Abg. Thaidy Guerrero