TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Cabimas
Cabimas, 10 de Marzo de 2011
200º y 152º

ASUNTO: VI21-V-2007-000010
CAUSA: INQUISICION DE PATERNIDAD
DEMANDANTE: MARIBEL JOSEFINA REYES
ABOGADA ASISTENTE: AURORA CASANOVA
DEMANDADO: JORGE SILVA
NIÑO: se omite el nombre de conformidad con el artículo 65 de la Lopnna
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PARTE NARRATIVA
Ocurrió por ante el extinto Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con sede en Cabimas, Juez Unipersonal N°1, la ciudadana, MARIBEL JOSEFINA REYES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 14.235.524 y domiciliada en el Municipio Cabimas del Estado Zulia, asistida por la ciudadana AURORA CASANOVA, abogada en ejercicio, inscrita en el inpreabogado bajo el N° 34.599, a los fines de interponer demanda de INQUISICION DE PATERNIDAD, contra el ciudadano JORGE SILVA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 4.705.074, domiciliado en el Municipio Cabimas, fundamentando la acción en los artículos 8,16, 27 y 32 de la ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente.
La referida ciudadana manifestó que conoció al ciudadano JORGE SILVA para el mes de agosto de 2000, con el cual inicio una relación afectiva, de esta unión extramatrimonial, procrearon al niño de autos, de este hecho fue enterado el mencionado ciudadano, quien se negó a asumir su responsabilidad; así mismo alegó que una vez nacido el niño procedió a visitarlo innumerables ocasiones dispensándole trato de hijo. De igual forma manifestó que el ciudadano JORGE SILVA, se niega a reconocerlo ante las autoridades competentes, alegando que de ello se evidencia que a dicho niño se la ha violentado su derecho a la identidad, a mantener relaciones personales y integridad personal, de conformidad con lo establecido en los artículos 8,17, 27y 32 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
Una vez efectuada la distribución, se le da entrada y se admite en fecha 29 de enero de 2.007, ordenándose la citación del demandado, librar edicto a personas que puedan tener interés directo o manifiesto en la solicitud; así mismo notificar al la Fiscal 36° del Ministerio Publico del Estado Zulia.
Consta en actas:
• Copia certificada del acta de registro civil de nacimiento del niño de autos.
• Copia fotostática de la cédula de identidad de la ciudadana MARIBEL JOSEFINA REYES.
• Edicto, de fecha 29 de enero de 2007, a todas aquellas personas que puedan tener interés directo o manifiesto en la solicitud.
• Boleta de notificación al Fiscal Trigésimo Sexto del Ministerio Público del Estado Zulia, de fecha 14 de febrero de 2007.
• Boleta de citación al demandado ciudadano JORGE SILVA, de fecha 08 de marzo de 2007.
• Escrito de pruebas, de fecha 14 de mayo de 2007, presentado por la parte demandante.
• Oficio N° 0914-07, en el cual este Tribunal provee de conformidad a lo solicitado por la parte demandante en el escrito de promoción de pruebas, oficiando al INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, la practica de una prueba hematológica y heredo-biológica al ciudadano JORGE SILVA.
• Auto de Abocamiento del Juez Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución con competencia para el régimen procesal transitorio de fecha 26 de julio de 2010.

Se evidencia de las actas procesales que desde el día once (11) de marzo de 2.009, no ha habido ninguna actuación de las partes en la presente causa.
Con ese antecedente, esté órgano Jurisdiccional pasa a decidir con la siguiente consideración:
PARTE MOTIVA
Este Sentenciador pasa de seguidas a analizar las disposiciones legales referidas a la perención de la instancia, a la luz del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:

Artículo 267 CPC: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención

Artículo 268 CPC; “La perención procede contra la Nación, los Estados y las Municipalidades, los establecimientos públicos, los menores y cualquiera otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes, salvo el recurso sobre su representante”

Artículo 269 CPC: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquier de los casos del artículo 267, es apelable libremente”
La institución de la perención de la instancia no está regulada expresamente en la Ley Orgánica para la protección del niño y del adolescente, de tal forma, que deben aplicarse supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil.
El autor Ricardo Henríquez La Roche, en su obra “Código de Procedimiento Civil Tomo II”, considera con respecto a la perención de la instancia:

“El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios. (Después de un período de inactividad procesal prolongado el Estado entiende liberar a sus propios órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal)”
“La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uyi singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir”

La jurista Margelys Guevara Velásquez en su artículo titulado “Análisis de jurisprudencias de las Cortes Superiores de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente en la obra “Segundo año de vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Terceras Jornadas sobre la LOPNA, refiere:
“Ahora bien, se evidencia del contenido del artículo 268 del Código de Procedimiento, trascrito con anterioridad, la intención del legislador de no exceptuar de la institución procesal de la Perención de la Instancia, aquellos procedimientos donde estén involucradas personas que no hubiesen alcanzado la mayoría de edad”
De los artículos antes transcritos y de la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se hace preciso determinar si en el presente caso se han configurado los presupuestos procesales que hagan procedente la declaratoria perención de la instancia en virtud de la inactividad procesal anual, en este sentido, se evidencia de las actas procesales que la parte actora no ha realizado ninguna actuación desde el once (11) de marzo de 2.009, pues bien, de un simple computo se desprende que hubo inactividad procesal por mas de un año, en consecuencia, este Juzgador acoge el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y por lo tanto debe declararse la perención de la instancia. Así se declara.

En este orden de ideas, el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República y en la jurisprudencia transcrita se sostiene que la negligencia de las partes no puede ser premiada manteniendo el demandado sujeto a un juicio pues ello contraviene el debido proceso y la propia finalidad del mismo, en consecuencia, por ser el debido proceso una garantía de carácter constitucional, es procedente la declaratoria de la perención de la instancia.
PARTE DISPOSITIVA
Por los fundamentos antes expuestos este Juez Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución con competencia para el Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, extensión Cabimas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara consumada la perención y extinguida la instancia en el presente juicio de INQUISICIÓN DE PATERNIDAD, intentado por la ciudadana MARIBEL JOSEFINA REYES, contra el ciudadano JORGE SILVA, plenamente identificados.
Publíquese. Regístrese. Archívese. Déjese copia certificada por secretaria de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1384 del Código Civil y los numerales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y expídase copias certificadas a cada parte.
Dada, Firmada y sellada en el Despacho del Juez Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución con competencia para el Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, extensión Cabimas. En Cabimas, a los diez (10) días del mes de marzo de 2011. Años 200º de la Independencia y 152º de la Federación.
El Juez,

Abog. CARLOS LUIS MORALES GARCIA.
La Secretaria

Abog. YAJAIRA CHIRINOS.
En la misma fecha, se publicó la presente sentencia interlocutoria bajo el N° 430-11.
La Secretaria

Abog. YAJAIRA CHIRINOS.

CLMG/YCH.-
ASUNTO: VI21-V-2007-000010