TSJ Regiones - Decisión

Visto el escrito presentado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de éste Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, por el abogado ABG. CARLOS DAVID CONTRERAS, en su carácter de Defensor Privado de la ciudadana MARIA MARIELA PEÑA, natural de Caldera, Municipio Bolívar, Estado Barinas soltero, de 32 años de edad, portador de la Cédula de Identidad Nº 14.434.028 de profesión u oficio Abogado, nacido en fecha 29-07-77, hijo de Rafael Vásquez (V) y Isabel Peña (v), residenciado en carrera 6, sector bella vista, casa S/N, Barinitas, Estado Barinas, donde solicita por vía de Examen y Revisión de Medida Cautelar Sustitutiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, ampliación de presentaciones cada 30 días ante la oficina de Atención al Público.

El Tribunal para decidir sobre lo solicitado, toma en cuenta las siguientes consideraciones:
En fecha 12 de Agosto de 2.008, le fue decretada Medida Cautelar Sustitutiva a la Privativa de Libertad, a la imputada ciudadana MARIA MARIELA PEÑA, natural de Caldera, Municipio Bolívar, Estado Barinas soltero, de 32 años de edad, portador de la Cédula de Identidad Nº 14.434.028 de profesión u oficio Abogado, nacido en fecha 29-07-77, hijo de Rafael Vásquez (V) y Isabel Peña (v), residenciado en carrera 6, sector bella vista, casa S/N, Barinitas, Estado Barinas, por la presunta Comisión del Delito de CONCUSIÓN CONTINUADA EN GRADO DE COMPLICIDAD, previsto y sancionado en el artículo 60 de la Ley contra la Corrupción.

Ahora bien, observa quien aquí decide que de conformidad con lo establecido en el articulo 264 del Código Orgánico Procesal Penal: " El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medida cautelares cada tres meses y cuando lo estime prudente las sustituirá por otra menos gravosas.", en este orden de ideas, se entiende que esta previsión regula dos supuestos: a) el irrestricto derecho de los acusados a obtener un pronunciamiento judicial respecto de la necesidad de sostener o mantener la medida de la cual ha sido objeto, es decir, de incoar el examen de la vigencia de los supuestos de la medida y b) la obligación para el juez, de examinar la necesidad del mantenimiento de las medida cautelares, de oficio cada tres meses, obligación que de acuerdo al principio pro libertatis, debe entenderse que consagra la posibilidad de sustituir y aun de revocar la medida de coerción personal impuesta en cualquier momento.

Entendiéndose esto así quienes tenemos la imperiosa y responsable misión de revisar dichas solicitudes de Medidas, estamos en el deber de revisar los fundamentos constitucionales y leyes especiales a objeto de verificar la procedencia o no de la revisión solicitada, en tal sentido observa éste Tribunal, que el ordenamiento jurídico venezolano consagra en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como valores superiores entre otros la libertad, la Justicia y en general la preeminencia de los derechos humanos.

El artículo 44.1 de la Constitución Nacional, establece que toda persona será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso; el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal establece el principio del proceso penal venezolano según el cual todo procesado hasta que no se establezca su culpabilidad en juicio oral y público debe presumirse inocente, dicho principio también lo consagra el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que textualmente dice "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa". El artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece "toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad." De la misma forma, se establece también como principio en el artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal la Afirmación de Libertad, donde se regula como excepcional la privación de libertad o su ejercicio, en concordancia con lo establecido en el artículo 243 Ejusdem; así como que en lo que se refiere a la privación de libertad será interpretada restrictivamente, así lo establecen también los artículos 247 y 256 (encabezamiento) del Código Orgánico Procesal Penal.

En el presente caso, este Tribunal considera que si bien es cierto que para la fecha en que fue presentado para oírlo, se acordó mantener la Medida Privativa por los delitos, antes descrito; quien allí dictaminó encontró acreditado los supuestos previstos en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, no es menos cierto que las circunstancias alegadas por la defensa en cuanto a la posibilidad de que su defendido pueda permanecer frente el proceso penal bajo el sometimiento de una medida cautelar menos gravosa que la privación de libertad, éste Tribunal toma en cuenta a los fines de resolver sobre el planteamiento de la defensa en primer término que el delito atribuido por el cual se sigue el presente proceso penal, debe ser considerado, tomando en cuenta la proporcionalidad en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable; en este sentido, observa el Tribunal que ciertamente en la Audiencia de oír a la acusada, realizada en fecha 02-07-2010, le fue acordada Medida Cautelar con la obligación de: 1°.- Que la imputada MARIA MARIELA PEÑA, no saldrá del territorio nacional sin autorización del Tribunal; 2°.- Presentarlo cada ocho (08) días ante la oficina del alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, a partir de la presente fecha; 3°.- Satisfacer los gastos de captura y las costas procesales causados hasta el día en que el afianzado se hubiere ocultado o fugado, y 4°.- Pagar por vía de multa, en caso de no presentar el imputado dentro del término señalado, la cantidad de Cien (105) unidades tributarias (U.T), en caso de que se ordene la aprehensión del imputado por no cumplir éste con las obligaciones aquí señaladas, e integrarlo de nuevo al proceso, y hasta la presente fecha, la hoy acusado ha dado cumplimiento a las obligaciones impuestas por el Tribunal de Juicio N° 03, y ha comparecido las veces que ha sido requerido por el Tribunal de Juicio, y teniendo las medidas cautelares en el proceso penal tienen por objeto, como carácter general, asegurar el eventual cumplimiento de los posibles resultados del proceso penal y garantizar la estabilidad en la tramitación del proceso, quien aquí decide estima que deben sopesarse suficientemente las circunstancias como para determinar la procedencia o no de la Ampliación de las Presentaciones, conforme al artículo 256 numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal.

Considerando el Tribunal en consecuencia que el acusado puede atender y satisfacer las resultas del presente proceso penal, en virtud de no estar demostrado el peligro de fuga, con la ampliación de las presentaciones de la medida cautelar menos gravosa en los términos establecidos en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, numerales 3, éste tribunal declara con lugar la solicitud de AMPLIACION DE MEDIDA CAUTELAR en consecuencia el ciudadano acusado se le amplían las presentaciones CADA 20 DIAS, ante la oficina de Atención al Publico. Así Se decide.

DISPOSITIVA

Por las razones antes expuestas, este Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio N° 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara con lugar la AMPLIACION DE PRESENTACIONES EN MEDIDA CAUTELAR en consecuencia el ciudadano acusada, MARIA MARIELA PEÑA, natural de Caldera, Municipio Bolívar, Estado Barinas soltero, de 32 años de edad, portador de la Cédula de Identidad Nº 14.434.028 de profesión u oficio Abogado, nacido en fecha 29-07-77, hijo de Rafael Vásquez (V) y Isabel Peña (v), residenciado en carrera 6, sector bella vista, casa S/N, Barinitas, Estado Barinas, por la presunta comisión del delito de MARIA MARIELA PEÑA, natural de Caldera, Municipio Bolívar, Estado Barinas soltero, de 32 años de edad, portador de la Cédula de Identidad Nº 14.434.028 de profesión u oficio Abogado, nacido en fecha 29-07-77, hijo de Rafael Vásquez (V) y Isabel Peña (v), residenciado en calle principal casa N° 18-B, parroquia Ignacio Fernández Peña, Ejido Estado Mérida, por la presunta Comisión del Delito de CONCUSIÓN CONTINUADA EN GRADO DE COMPLICIDAD, previsto y sancionado en el artículo 60 de la Ley contra la Corrupción; se le amplían las presentaciones CADA 20 DIAS, ante la oficina de Atención al Publico, conforme al artículo 256 numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes. Ofíciese a la Oficina de Atención al Público.

Dada sellada y firmada en la sede del tribunal de Juicio N° 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas a los Quince (15) días del mes de Marzo de Dos Mil Once (2.011).
JUEZA DE JUICIO N° 04.

ABG. NERYS CARBALLO JIMENEZ. EL SECRETARIO.

ABG. MIGUEL ANGEL VIDAL PINZON