TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas
Barinas, 11 de Noviembre de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : EP01-P-2009-008989
ASUNTO : EP01-P-2009-008989

AUTO FUNDADO ACORDANDO MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LA PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD.

Visto en audiencia de fecha 06-10-2011, fijada para decidir sobre Revisión de Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo previsto en el art. 260 y 264 del COPP y otorgamiento de medida cautelar sustitutiva de la privación judicial preventiva de libertad de conformidad con lo preceptuado en el artículo 256 numeral 1° eiusdem, a favor del acusado QUIJANO SANDOVAL VICTOR MANUEL, Colombiano, natural de Sardinata Norte de Santander, Colombia, de 48 años de edad, titular de la cédula de identidad: E.-13.199.133, de estado civil soltero, hijo de María Jesús Quijano Sandoval y Manuel Quijano, nacido en fecha 07-06-1961, residenciado en el barrio el centro al lado del hotel María Francia, casa sin número, Socopó Estado Barinas, por la presunta comisión del delito de POSESIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra el tráfico Ilícito y Consumo de Sustancia, Estupefacientes y Psicotrópica, en perjuicio del Estado Venezolano. Se le concede el derecho de palabra a la defensa publica Abg. José Gregorio Cañizalez, quien entre otras cosas manifestó: “ciudadana jueza esta defensa solicita como punto previo se de un pronunciamiento sobre la solicitud que esta defensa ha venido haciendo en relación al cambio de sitio de reclusión por Detención Domiciliaria con autorización a consultas medicas, por medidas humanitarias ya que mi defendido sufre de Parálisis Facial y Hernia Umbilical la cual amerita tratamiento quirúrgico, que le produce dolores intensos, y que en algún momento sino se le aplica el tratamiento adecuado puede llegar a producir efectos irreversibles por la misma se ha ordenado una intervención quirúrgica, tal como consta en el Reconocimiento Medico Legal, que riela en la presente causa en el folio 226, suscrito por el medico forense Hollman Avendaño, así como informes médicos del cirujano adscrito al Hospital Luís Razetti, folios 172 al 175 y resultados de Laboratorio, aunado al hecho de que la defensa a solicitado en diversas oportunidades los traslados a los centros médicos y a pesar de que el Tribunal los ha acordado ha sido imposible que mi defendido se le practique tal intervención, es por lo que ratifico le sea acordada cualquier medida menos grave incluyendo la detención domiciliaria por razones humanitarias de salud, todo ello de conformidad con el art. 256 numeral 1º del COPP, para ello ofrezco la dirección donde mi defendido va a permanecer detenido la cual es la siguiente: Restaurant El Gran Amigo, al lado del Hotel María Francia, carretera nacional, Socopo, Estado Barinas, Edo. Barinas, TELF- 0426-3725186.

En este estado la ciudadana Jueza les informa a las partes que en relación a las razones de salud alegada por la defensa del acusado QUIJANO SANDOVAL VICTOR MANUEL , este Tribunal ordeno la practica de Reconocimiento Medico Legal, el cual fue consignado en fecha 20-09-11, la cual cursa al folio 225, suscrito por el Medico Forense Dr. Hollman Avendaño de la cual se desprende la necesidad del acusado de acudir a consultas medicas y realizarse una intervención quirúrgica urgente, aunado a la aplicación a priori del principio de proporcionalidad de la pena al daño social causado hecho de que el delito que esta siendo juzgado razón por la cual este Tribunal acuerda la Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación Judicial Preventiva de la Libertad solicitada por la defensa de conformidad con lo previsto en el art. 264 del COPP en concordancia con el art. 256 numeral 1º ejusdem, consistente en DETENCION DOMICILIARIA, en la dirección aportada, con autorización para acudir a las consultas medicas necesarias para el estudio preoperatorio, igualmente se hace necesario dejar constancia que si bien es cierto que ante el Tribunal de Control Nº 05 de este Circuito judicial existe una medida alternativa a la prosecución del proceso como lo es la Suspensión Condicional del Proceso a favor del acusado en la acusa penal EP01-P-2010-1041 llevada por el Tribunal de Control nº 05 de este Circuito Judicial Penal, no es menos cierto que en la misma no se ha realizado aun la audiencia de verificación de cumplimiento de las condiciones impuestas por el Tribunal de Control, por lo que la causa se encuentra en estado suspendido y que aun en el peor de los casos como lo es, que resultara el incumplimiento de las condiciones impuestas; sin embargo este Tribunal, previo otorgamiento de la medida sustitutiva aquí solicitada, sostuvo comunicación con la jueza del Tribunal de Control Nº 05 manifestando dicha Jueza al Tribunal Abg. Carolina Paredes, que el criterio de los Tribunales de Control de esta Circunscripción Judicial es el establecido jurisprudencialmente en cuanto a la equivalencia de la detención domiciliaria como medida privativa de Libertad, y considerando que la finalidad de la medida es en garantía al derecho a la salud del mencionado acusado se hace procedente, por todo lo cual se otorga medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad al mencionado acusado en la modalidad de Detención Domiciliaria y le informa de las obligaciones inherentes a dicha medida las cuales son del tenor siguiente: 1) permanecer en el lugar designado para la detención domiciliaria: Restauran El Gran Amigo, al lado del Hotel María Francia, carretera nacional, de la población de Socopo del Estado Barinas, TELF- 0426-3725186, con autorización para acudir a las consultas medicas necesarias para el estudio preoperatorio.

Así mismo este Tribunal para decidir sobre lo solicitado, pasa a revisar la medida de coerción personal impuesta en su oportunidad en contra del acusado QUIJANO SANDOVAL VICTOR MANUEL, Colombiano, natural de Sardinata Norte de Santander, Colombia, de 48 años de edad, titular de la cédula de identidad: E.-13.199.133, de estado civil soltero, hijo de María Jesús Quijano Sandoval y Manuel Quijano, nacido en fecha 07-06-1961, residenciado en el barrio el centro al lado del hotel María Francia, casa sin número, Socopó Estado Barinas, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 en concordancia con el articulo 256 numeral 1ª del Código Orgánico Procesal Penal, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

En fecha 01 de Marzo de 2010, le fue decretada Medida Privativa de Libertad por el Tribunal de Control Nº 5, en la causa EP01-P-2010-1041, para ese momento al imputado ciudadano QUIJANO SANDOVAL VICTOR MANUEL, acordándose igualmente la aplicación del procedimiento Ordinario de conformidad con el artículo 373 del Código orgánico procesal Penal; En fecha 29-09-2.010 fue presentado el acto conclusivo, en la presente causa, por parte de la Representación fiscal consistente en acusación penal en contra del ciudadano antes mencionado por la presunta comisión del Delito de POSESIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra el tráfico Ilícito y Consumo de Sustancia, Estupefacientes y Psicotrópica y aperturado a Juicio en fecha 15-08-11; En fecha 26-09-2.011 se dicto auto de acumulación de las causas EP01-P-2010-9127 con la EP01-P-2009-8989, por este Tribunal Segundo de Primera instancia en funciones de Juicio.
Ahora bien, observa quien aquí decide que conforme a el articulo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, se establece: " El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medida cautelares cada tres meses y cuando lo estime prudente las sustituirá por otra menos gravosas.", en este orden de ideas, se entiende que esta previsión regula dos supuestos: a) El irrestricto derecho de los acusados a obtener un pronunciamiento judicial respecto de la necesidad de sostener o mantener la medida de la cual ha sido objeto, es decir, de incoar el examen de la vigencia de los supuestos de la medida y b) la obligación para el juez, de examinar la necesidad del mantenimiento de las medida cautelares, de oficio cada tres meses, obligación que de acuerdo al principio pro libertatis, debe entenderse que consagra la posibilidad de sustituir y aun de revocar la medida de coerción personal impuesta en cualquier momento. Entendiéndose esto así quienes tenemos la imperiosa y responsable misión de revisar dichas solicitudes de Medidas, estamos en el deber de revisar los fundamentos constitucionales y leyes especiales a objeto de verificar la procedencia o no de la revisión solicitada, en tal sentido observa éste Tribunal, que nuestro Ordenamiento Jurídico Venezolano consagra en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como valores superiores entre otros la libertad, la justicia y en general la preeminencia de los derechos humanos; el artículo 44.1 de la Constitución Nacional, establece que toda persona será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso; el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal establece el principio del proceso penal venezolano según el cual todo procesado hasta que no se establezca su culpabilidad en juicio oral y público debe presumirse inocente, dicho principio también lo consagra el artículo. 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que textualmente dice "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa". El artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece "toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad." De la misma forma, se establece también como principio en el artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal la Afirmación de Libertad, donde se regula como excepcional la privación de libertad o su ejercicio, en concordancia con lo establecido en el artículo 243 Ejusdem; así como que en lo que se refiere a la privación de libertad será interpretada restrictivamente, así lo establecen también los artículos 247 y 256 (encabezamiento) del Código Orgánico Procesal Penal.
En el presente caso, este Tribunal considera que si bien es cierto que para la fecha en que se Califico la Flagrancia por el delito antes descrito; quien allí dictaminó encontró acreditado los supuestos previstos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, no es menos cierto que aún y cuando en la audiencia preliminar resultó admitida la Acusación fiscal, se observa que los hechos atribuidos producto de las investigaciones que resultaron acusados y posteriormente admitidos para ser objeto de juicio oral se corresponden con el delito de POSESIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra el tráfico Ilícito y Consumo de Sustancia, Estupefacientes y Psicotrópica, de igual modo se observa que no deja de ser menos cierto lo alegado por la defensa en cuanto a la posibilidad de que su defendido pueda permanecer frente al proceso penal bajo el sometimiento de una medida cautelar menos gravosa que la privación de libertad; en este sentido observa el Tribunal que ciertamente la conclusión de la etapa de investigación y posterior a ella la conclusión de la fase intermedia ubican el presente proceso penal en la fase de juicio oral, lo cual a los fines de emitir un pronunciamiento sobre la solicitud de la medida planteada por la defensa conlleva a quien aquí decide a valorar los elementos y circunstancias que dieron lugar al decreto de la Medida de coerción personal consistente en la Privación Judicial Preventiva de Libertad, en tal sentido a criterio de quien aquí decide se hace necesario determinar si persisten los supuestos establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal a los fines del mantenimiento de la medida privativa de Libertad, considerando quien aquí suscribe si la posibilidad de sustitución de la medida privativa de libertad por una menos gravosa interfiere con la finalidad del proceso como es la de establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la Justicia en la aplicación del derecho de conformidad con el articulo 13 de la Ley Adjetiva Penal. No dejando de tomarse en cuenta lo referente a la presunta responsabilidad del acusado en los hechos que se le imputan, los cuales vienen dados por elementos de convicción y medios de pruebas que deben ser sometidos al contradictorio y una vez controvertidos conforme a los principios que rigen el sistema penal venezolano, permitirán al esclarecimiento y probanza de la inocencia o autoría y/o responsabilidad del acusado en relación a los hechos atribuidos, lo cual tendrá lugar precisamente en el Juicio Oral y Público, siempre sobre la base de la presunción de inocencia. En este sentido y tomando como norte la esencia de las distintas medidas cautelares en el proceso penal, las cuales tienen por objeto, como carácter general, asegurar el eventual cumplimiento de los posibles resultados del proceso penal y garantizar la estabilidad en la tramitación del proceso, quien aquí decide estima que deben sopesarse suficientemente las circunstancias como para determinar la procedencia o no de la Sustitución de la medida de privación Judicial preventiva de libertad impuesta al ciudadano acusado, por una medida menos restrictiva de la libertad conforme al artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en este sentido, tomando en cuenta el derecho que tiene quien se encuentra sujeto a un proceso penal de enfrentarlo en libertad y el derecho que tiene a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, lo cual no significa el absoluto abandono de otros mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso, esto es, su normal desarrollo y la seguridad del cumplimiento de sus resultas; considerándose así, entonces a los fines de decidir, procedente tal y como lo dispone la ley, siempre que pueda ser satisfecho el aseguramiento del proceso por medios idóneos distintos a la privación preventiva de libertad, debe darse preferencia a éstos, atendiéndose al Principio de Proporcionalidad y Progresividad, en el caso especifico tenemos la incautación de una cantidad ínfima de droga con un peso neto de setecientos treinta miligramos (730) de cocaína; en tal sentido si bien es cierto que al verificarse la penalidad que pudiera llegarse a imponer en el presente caso por la presunta comisión de los delitos de POSESIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra el tráfico Ilícito y Consumo de Sustancia, Estupefacientes y Psicotrópica, se corrobora que la penalidad establecida para los delitos acusados excede en su limite máximo a tres años de prisión, no obstante a ello debe tomarse en cuenta que los límites entre los cuales se establece la penalidad a imponer en este tipo penal, de igual modo Cuando se imputa o acusa una persona por un delito, esta debe hacerse acreedora a un trato de inocente manteniendo esa condición, mientas no exista una sentencia condenatoria definitivamente firme que declare por supuesto, su responsabilidad penal, de manera tal que la detención preventiva implica dejar de reconocer al imputado, su condición de inocente, como una especie de pena adelantada, lo que presume su culpabilidad y va en contra de del Principio de un Juicio Previo, que es un requisito fundamental de carácter constitucional en pleno estado de derecho, es decir en libertad a manera de no descartar la presunción de inocencia de una persona. Concatenando tales disposiciones con las garantías constitucionales del Debido Proceso y de la Presunción de Inocencia; según la cual al imputado o acusado no se le puede dar un tratamiento de culpable y se traduce en el hecho de que la carga de la prueba corresponde al Estado y que la libertad es un derecho humano y fundamental de entidad superior inherente a la persona humana y es reconocido, después del derecho a la vida, como el más preciado por el ser humano y un valor sobre el cual se fundamenta el estado social y de derecho, según Sentencia Nº 231 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha: 10-03-2005, con ponencia del Magistrado Dr. Pedro Rondón Haaz. De igual manera, considera quien aquí decide, que se encuentra desvirtuado el ordinal 3° del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, al no existir, en este caso en particular, circunstancias que pudieran constituir peligro de fuga, razones todas estas por las cuales a los fines de decidir sobre la solicitud de medida menos gravosa presentada por la defensa, a los fines del mantenimiento de la medida privativa de libertad, estima quien decide que es procedente la Sustitución de la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad por una Medida cautelar menos gravosa conforme al artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal numerales 1º, Detención en su propio Domicilio, bajo la consideración de que se encuentra desvirtuado el peligro de fuga, por las razones ya suficientemente señaladas, y por considerar en el presente caso de acuerdo a las circunstancias ya analizadas que la sustitución de la medida privativa de libertad por una menos gravosa no entorpece la finalidad del proceso como es la de establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas; razones éstas por las cuales el Tribunal estima que el acusado QUIJANO SANDOVAL VICTOR MANUEL, puede atender y satisfacer las resultas del presente proceso penal bajo la imposición de una medida cautelar menos gravosa en los términos establecidos en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, numeral 1, para cuyos efectos el ciudadano acusado deberá permanece en la siguiente dirección Restaurant El Gran Amigo, al lado del Hotel María Francia, carretera nacional, Socopo, Estado Barinas, TELF- 0426-3725186, así como se le mantendrá vigilancia mediante rondas policiales y no ausentarse de la jurisdicción del Tribunal y no consumir sustancia estupefacientes y psicotrópicas; debiendo comprometerse igualmente a cumplir con los actos que le convoque el Tribunal. Así se decide.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio N° 02 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y
por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación Judicial Preventiva de Libertad bajo la modalidad de Detención Domiciliaria a favor del acusado VICTOR MANUEL QUIJANO SANDOVAL identificado Ut Supra., imponiéndole las siguientes obligaciones 1) permanecer en el lugar designado para la detención domiciliaria: Restauran El Gran Amigo, al lado del Hotel María Francia, carretera nacional, de la población de Socopo del Estado Barinas, TELF- 0426-3725186, con autorización para acudir a las consultas medicas necesarias para el estudio preoperatorio, todo de conformidad con lo preceptuado en los articulo 256 numeral 1º, 260 y 264 del COPP, Líbrese boleta de libertad por medida cautelar sustitutiva a la privación preventiva de libertad. Líbrese oficio a la Policía del Estado, Líbrese lo conducente. Quedaron las partes notificadas. Así se decide.

Dada sellada y firmada en la sede del Tribunal de Juicio Nº 02 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas a los once (11) días del mes de Noviembre de Dos Mil Once (2011).

LA JUEZA DE JUICIO Nº 02.

Abg. Fanisabel González M.
LA SECRETARIA

Abg. Amarelys Goyoneche.