REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SUPERIOR CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN LOS ANDES BARINAS, 04 DE OCTUBRE DE 2011.- 201º y 152º La presente causa se recibió en este Tribunal Superior, previa distribución proveniente del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en virtud del recurso de apelación intentado por los abogados Mac Douglas García Salazar y José del Carmen Ortega Cárdenas, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 83.027 y 82.952, en su orden, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana Adelaida del Carmen Pérez Alarcón, titular de la cedula de identidad N° V-4.485.685 (tercera opositora), contra la decisión dictada en fecha 03 de diciembre de 2009, por el referido Juzgado de Primera Instancia en el que declaró sin lugar la oposición formulada por la mencionada ciudadana a la ejecución forzosa de la sentencia dictada en la demanda de cumplimiento de contrato de compra venta, interpuesta por el ciudadano José Evelio Gómez Plasencia, titular de la cédula de identidad N° V-11.924.652, contra la ciudadana Carmen Yetsenia Carrillo Pérez, titular de la cédula de identidad N° V-4.485.685. Encontrándose la presente causa en estado de dictar la sentencia correspondiente, debe advertir esta Juzgadora que en fecha 06 de mayo de 2011, fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.668, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, cuyo artículo 1 dispone que el objeto de la misma es “…la protección de las arrendatarias y arrendatarios, comodatarios y ocupantes o usufructuarios de bienes inmuebles destinados a vivienda principal, así como las y los adquirientes de viviendas nuevas o en el mercado secundario, contra medidas administrativas o judiciales mediante las cuales se pretenda interrumpir o cesar la posesión legítima que ejercieren, o cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda…”; evidenciándose igualmente que el artículo 4 de la mencionada Ley, prevé lo siguiente: “Artículo 4º. A partir del la publicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela, no podrá procederse a la ejecución de desalojos forzosos o a la desocupación de viviendas mediante coacción o constreñimiento contra los sujetos objetos de protección indicados en este Decreto Ley, sin el cumplimiento previo de los procedimientos especiales, establecidos para tales efectos, en el presente Decreto – Ley. Los procesos judiciales o administrativos en curso para la entrada en vigencia de este Decreto–Ley, independientemente de su estado o grado, deberán ser suspendidos por la respectiva autoridad que conozca de los mismos, hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en este Decreto – Ley, luego de lo cual y según las resultas obtenidas, tales procesos continuaran su curso”. (Resaltado de este Tribunal). En este orden de ideas, cabe hacer referencia a la sentencia Nº 1317, de fecha 03 de agosto de 2011, caso: Mirelia Espinoza Díaz, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la que dejó sentado lo que sigue: “…Omissis… Así las cosas, se advierte que el aludido Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas, de manera novedosa, impone la obligación a los jueces de la República de dar protección especial a las personas naturales y sus grupos familiares que ocupen de manera legítima, en calidad de arrendatarias, arrendatarios o comodatarias o comodatarios, inmuebles destinados a vivienda principal (artículo 2), el cual deberán aplicar en forma preferente a la legislación que rige los arrendamientos inmobiliarios o a la norma adjetiva en lo que concierne a las condiciones, requisitos y procedimiento de ejecución de los sujetos objeto de protección (artículo 19) para la solución de conflictos que se susciten con ocasión de los mismos. En tal razón, esta Sala ordena a los órganos jurisdiccionales llamados a intervenir en la solución de los conflictos intersubjetivos que impliquen desahucio, hostigamiento u otras amenazas de aquellos inmuebles ocupados como vivienda principal, que en tales casos deberán cumplir los procedimientos previstos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas, tanto el previo a la acción judicial o administrativa, como el contemplado para la ejecución de los desalojos. Así se decide…”. (Subrayado nuestro). Atendiendo a las disposiciones supra señaladas, así como a la jurisprudencia parcialmente transcrita, se constata que en el caso bajo estudio en la decisión apelada (folios 113 al 123) el Tribunal A Quo ordenó “la continuación de la ejecución forzosa de la sentencia definitivamente firme dictada por es(e) Juzgado en fecha 22/06/2009, que ordenó a la demandada hacer entrega al actor del bien inmueble consistente en: una casa quinta para habitación familiar, terminada, lista para ser habitada y la parcela de terreno sobre la cual está construida…”, ahora bien, al observarse que la presente demanda implica la entrega material de un inmueble destinado a vivienda principal, este Órgano Jurisdiccional estima procedente suspender la presente causa hasta tanto se evidencie a los autos que se haya cumplido con el procedimiento especial previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, luego de lo cual el Tribunal proveerá lo conducente. Notifíquese a las partes del presente auto. LA JUEZA PROVISORIA, FDO MAIGE RAMÍREZ PARRA LA SECRETARIA, FDO GREISY OLIDAY MEJIAS. Expediente N° 7916-2010.- MRP/gm.-