TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO DEL MUNICIPIO MIRANDA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

EXPEDIENTE: 2153-12.-
SENTENCIA: 2261 -
CAUSA: OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN.
DEMANDANTE(S): JENNIFER CAROLINA VALERA REVEROL.
DEMANDADO(S): WILLIAM JOSE PETIT JIMENEZ

Consta en los autos juicio de OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN seguido por la ciudadana JENNIFER CAROLINA VALERA REVEROL, venezolana, mayor de edad, casada, oficios del hogar, titular de la cédula de identidad No. V-18.342.098, domiciliada en la calle 19 de los puertos de Altagracia en el sector “San Crispulo”, Jurisdicción del Municipio Miranda del Estado Zulia, asistida por el abogado en ejercicio ALBENNIZ PEROZO, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 37.879, en relación con los niños JENNERIS CHIQUINQUIRA y WILLIAM DEIVY PETIT VARELA de seis (06) y un (01) años de edad, contra el ciudadano WILLIAM JOSE PETIT JIMENEZ, venezolano, mayor de edad, casado, operador de muelles, titular de la cédula de identidad No. V-9.509.545, domiciliado en la avenida 8, sector pueblo nuevo de los Puertos de Altagracia del Estado Zulia.
En fecha dieciocho de Diciembre del presente año, se admitió la presente solicitud de Obligación de Manutención y en la misma fecha se ordenó abrir pieza de medida otorgando la misma numeración de la pieza principal.
La parte actora acompañó las pruebas documentales siguientes: copia certificada del acta de nacimiento y copia de la cedula de identidad. Asimismo solicitó a este tribunal se decrete medida de embargo preventivo sobre:

a) EL TREINTA POR CIENTO (30%) del salario, primas, bonos sobre sueldos, gratificaciones, comisiones, compensaciones y cualquier otro concepto que devengue el demandado como trabajador de la empresa Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA PETROLEO; S:A:

b) El TREINTA POR CIENTO (30%) de las cantidades de dinero que por concepto de cualquier retroactivo pueda corresponderle al demandado por sus servicios prestado en la referida empresa;

c) EL TREINTA POR CIENTO (30%) de la cesta ticket, bono alimentario, tarjeta de debito, tarjeta de alimentación, Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, o cualquier otro beneficio similar que le corresponda al demandado por su relación laborar con la referida empresa.

d) El TREINTA POR CIENTO (30%) de las vacaciones, bono vacacional, programas recreativos, bono de transferencia, o cualquier otra indemnización que con ocasión de reposo pueda corresponderle al demandado ciudadano como trabajador de la mencionada empresa;

e) El TREINTA POR CIENTO (30%) de las utilidades, aguinaldos o cualquier otra indemnización que por su rendimiento o producción, pueda corresponderle al referido demandado como trabajador de la mencionada empresa:
f) El treinta por ciento (30%) de las cantidades de dinero que posea el demandado en la caja de ahorro que pudiera existir para los trabajadores de dicha empresa:

g) El treinta por ciento (30%) de las cantidades de dinero que tuviese el demandado constituidas en fideicomiso, asi como sobre los intereses de fideicomiso, e intereses sobre prestaciones sociales, y cualquier otro interés que le puedan corresponder por su relación laboral con la referida empresa;

h) EL TREINTA POR CIENTO (30%) de las prestaciones sociales y cualquier otro concepto que le pueda corresponder al demandado por su relación laboral con la empresa Petróleos de Venezuela, Sociedad anónima (PDVSA PETROLEOS, S.A) en caso de renuncia, retiro, despido, jubilación, incapacidad, muerte o cualquier otra forma de terminación de la relación laborar.

i) El CIEN POR CIENTO (100%) de las primas por hijos, juguetes, becas, útiles escolares y cualquier otro beneficios que se le otorgue al demandado con ocasión de sus prenombrados hijos,

j) El TREINTA POR CIENTO (30%) de cualquier cantidad que por cualquier concepto no especificado anteriormente le corresponda al demandado como consecuencia de su relación laborar con la empresa Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA PETROLEOS, S.A.) o con cualquier otra institución o empresa con la que pudiese estar laborando para el momento de ejecutar la medida de embargo solicitada

Asimismo solicito a este Tribunal comisionar al TRIBUNAL EJECUTOR DISTRIBUIDOR DE MEDIDA DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, SANTA RITA, SIMÓN BOLÍVAR, MIRANDA LAGUNILLAS Y BARALT DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
El Tribunal para decidir observa:
Examinadas las actas procesales, observa esta Juzgadora que en el presente juicio de Obligación de Manutención, la parte demandante ha solicitado Medidas Preventivas de Embargo sobre el sueldo y demás conceptos antes expresados del demandado, para satisfacer las necesidades alimentarias de los niños JENNERIS CHIQUINQUIRA y WILLIAM DEIVY PETIT VARELA.
Las Medidas Preventivas son disposiciones de precaución adoptadas por el Juez a instancia de parte, a fin de asegurar los bienes litigiosos y evitar la insolvencia del obligado o demandado antes de la sentencia, estando establecidas en el artículo 585 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, correspondiendo estas medidas al tipo de procedimientos cautelares, siendo sus características la jurisdiccionalidad, provisoriedad, sumariedad, instrumentalidad, tramitándose y decidiéndose en cuaderno separado, y constituyendo una incidencia dentro del proceso.
A este respecto se ha pronunciado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 22 de Marzo de 2000, donde se estableció el siguiente criterio:
“Las sentencias sobre medidas preventivas son decisiones interlocutorias que tienen claramente fuerza de sentencias definitivas en cuanto al fundamento que resuelven, como lo evidencia la circunstancia que las incidencias deben ser tramitadas en cuadernos separados y con cierta autonomía, pues las decisiones que allí se dictan no influyen en la cuestión de fondo y la definitiva no está en capacidad de reparar el gravamen causado en estas incidencias; por tanto es procedente la admisibilidad inmediata del recurso de casación para las sentencias que decidan en forma definitiva las medidas preventivas, acordándolas, revocándolas o suspendiéndolas y pongan fin a la incidencia cautelar.”
Siguiendo el criterio de Couture, las decisiones judiciales de medidas preventivas no producen cosa juzgada material, sino formal, todo como consecuencia de su mutabilidad o provisionalidad.
A este respecto, establece el artículo 466 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente:
“Las medidas cautelares podrán decretarse a solicitud de parte y su plazo será establecido por el Juzgador en la resolución que las decrete. La parte que solicite una medida cautelar debe señalar el derecho reclamado y la legitimación del sujeto que la solicita…”
Así mismo, el artículo 381 de la misma Ley, establece:
“El Juez puede acordar cualquier medida cautelar destinada a asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria, cuando exista riesgo manifiesto de que el obligado deje de pagar las cantidades que por tal concepto, correspondan a un niño o adolescente. Se considera probado el riesgo cuando habiéndose impuesto judicialmente el cumplimiento de la obligación alimentaria, exista atraso injustificado en el pago correspondiente a dos cuotas consecutivas.”
En este caso, al tratarse de un proceso de Reclamación Alimentaria, el artículo 512 de la mencionada Ley, establece:
“El Juez, al admitir la solicitud correspondiente, puede disponer las medidas provisionales que juzgue más convenientes al interés del niño o del adolescente, previa apreciación de la gravedad y urgencia de la situación. Puede asimismo decretar medida de prohibición de salida del país, la cual se suspenderá cuando el afectado presente caución o fianza que, a juicio del Juez, sea suficiente para garantizar el cumplimiento de la respectiva obligación.”
A este mismo efecto, dispone el artículo 521 ejusdem:
“El Juez, para asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria, podrá tomar, entre otras las medidas siguientes:
a) Ordenar al deudor de sueldos, salarios, pensiones, remuneraciones, rentas, intereses o dividendos del demandado, que retenga la cantidad fijada y la entregue a la persona que se indique;
b) Dictar las medidas cautelares que considere convenientes sobre el patrimonio del obligado, someterlo a administración especial y fiscalizar el cumplimiento de tales medidas;
c) Adoptar las medidas preventivas que juzgue convenientes, a su prudente arbitrio, sobre el patrimonio del obligado, por una suma equivalente a treinta y seis mensualidades adelantadas o más, a criterio del Juez. También puede dictar las medidas ejecutivas aprobadas para garantizar el pago de las cantidades adeudadas para la fecha de la decisión.”

Es por todo lo cual esta Jueza del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, del examen de los instrumentos probatorios indicados y que forman parte de las actas de este expediente, considera procedente la medida preventiva de embargo solicitada, EL TREINTA POR CIENTO (30%) del salario, primas, bonos sobre sueldos, gratificaciones, comisiones, compensaciones que devengue el demandado como trabajador de la empresa Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA PETROLEO; S:A; El TREINTA POR CIENTO (30%) de las cantidades de dinero que por concepto de cualquier retroactivo pueda corresponderle al demandado por sus servicios prestado en la referida empresa; El TREINTA POR CIENTO (30%) de las vacaciones, bono vacacional, programas recreativos, bono de transferencia, o cualquier otra indemnización que con ocasión de reposo pueda corresponderle al demandado ciudadano como trabajador de la mencionada empresa; El TREINTA POR CIENTO (30%) de las utilidades, aguinaldos o cualquier otra indemnización que por su rendimiento o producción, pueda corresponderle al referido demandado como trabajador de la mencionada empresa; El TREINTA POR CIENTO (30%) de las cantidades de dinero que posea el demandado en la caja de ahorro que pudiera existir para los trabajadores de dicha empresa; El TREINTA POR CIENTO (30%) de las cantidades de dinero que tuviese el demandado constituidas en fideicomiso, asi como sobre los intereses de fideicomiso, e intereses sobre prestaciones sociales, y cualquier otro interés que le puedan corresponder por su relación laboral con la referida empresa; EL TREINTA POR CIENTO (30%) de las prestaciones sociales y cualquier otro concepto que le pueda corresponder al demandado por su relación laboral con la empresa Petróleos de Venezuela, Sociedad anónima (PDVSA PETROLEOS, S.A) en caso de renuncia, retiro, despido, jubilación, incapacidad o muerte; El CIEN POR CIENTO (100%) de las primas por hijos, juguetes, becas, útiles escolares y cualquier otro beneficios que se le otorgue al demandado con ocasión de sus prenombrados hijos, El TREINTA POR CIENTO (30%) de cualquier cantidad que le pudiera corresponder por su relación laboral con la empresa Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA PETROLEOS, S.A.) o con cualquier otra institución o empresa con la que pudiese estar laborando para el momento de ejecutar la medida de embargo solicitada.
Asimismo, este Tribunal considera procedente comisionar al Tribunal Ejecutor Distribuidor De Medida De Los Municipios Cabimas, Santa Rita, Simón Bolívar, Miranda Lagunillas Y Baralt De La Circunscripción Judicial Del Estado Zulia, por ser competente para ejecutar la medida de embargo decretada, considerando este Juzgado el porcentaje establecido, suficiente para asegurar y cubrir las necesidades del niño antes mencionado, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva. Así se decide.
DECISIÓN
Por los fundamentos antes expuestos este Juzgado del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA:
PRIMERO: Se decreta medida de Embargo Provisional sobre:

a) EL TREINTA POR CIENTO (30%) del salario, primas, bonos sobre sueldos, gratificaciones, comisiones, compensaciones que devengue el demandado como trabajador de la empresa Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA PETROLEO; S:A.

b) EL TREINTA POR CIENTO (30%) de las cantidades de dinero que por concepto de cualquier retroactivo pueda corresponderle al demandado por sus servicios prestado en la referida empresa.

c) EL TREINTA POR CIENTO (30%) de las vacaciones, bono vacacional, programas recreativos, bono de transferencia, o cualquier otra indemnización que con ocasión de reposo pueda corresponderle al demandado ciudadano como trabajador de la mencionada empresa.

d) EL TREINTA POR CIENTO (30%) de las utilidades, aguinaldos o cualquier otra indemnización que por su rendimiento o producción, pueda corresponderle al referido demandado como trabajador de la mencionada empresa.

e) EL TREINTA POR CIENTO (30%) de las cantidades de dinero que posea el demandado en la caja de ahorro que pudiera existir para los trabajadores de dicha empresa.

f) EL TREINTA POR CIENTO (30%) de las cantidades de dinero que tuviese el demandado constituidas en fideicomiso, así como sobre los intereses de fideicomiso, e intereses sobre prestaciones sociales, y cualquier otro interés que le puedan corresponder por su relación laboral con la referida empresa.

g) EL TREINTA POR CIENTO (30%) de las prestaciones sociales y cualquier otro concepto que le pueda corresponder al demandado por su relación laboral con la empresa Petróleos de Venezuela, Sociedad anónima (PDVSA PETROLEOS, S.A) en caso de renuncia, retiro, despido, jubilación, incapacidad o muerte;

h) EL CIEN POR CIENTO (100%) de las primas por hijos, juguetes, becas, útiles escolares y cualquier otro beneficios que se le otorgue al demandado con ocasión de sus prenombrados hijos.

i) EL TREINTA POR CIENTO (30%) de cualquier cantidad que le pudiera corresponder por su relación laboral con la empresa Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA PETROLEOS, S.A.) o con cualquier otra institución o empresa con la que pudiese estar laborando para el momento de ejecutar la medida de embargo solicitada
Las cantidades a retener establecidas en los literales “a, b, c, d y h” podrán ser entregadas directamente a la reclamante de autos, pudiendo el patrono aperturar una cuenta de ahorro a nombre de ésta para tal fin, o ser remitidas a este Juzgado del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

En relación a las cantidades establecidas en el literal “e, f, g, y i” estas deben ser siempre remitidas a este tribunal en cheque de gerencia a nombre del Juzgado del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En todo caso, el patrono deberá informar a este tribunal por escrito la modalidad implementada para el cumplimiento de dicha medida.
SEGUNDO: Para la Ejecución de las medidas antes mencionadas, se comisiona suficientemente al TRIBUNAL EJECUTOR DISTRIBUIDOR DE MEDIDA DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, SANTA RITA, SIMÓN BOLÍVAR, MIRANDA LAGUNILLAS Y BARALT DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA a quien se ordena librar Despacho de Comisión.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, sellada y firmada en la Sala del Despacho del JUZGADO DEL MUNICIPIO MIRANDA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, a los dieciocho (18) días del mes de Diciembre de dos mil doce.- AÑOS: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
La Jueza,

Abog. Nodesma Mudafar de Ramírez
El Secretario,

Abog. Jesús E. Peralta Rivera.

En la misma fecha siendo las once de la mañana (11:00 a.m.) se dictó y publicó el fallo que antecede bajo el Nº 2261.-
El Secretario,

NMdeR/jepr/spm.-