TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO SUPERIOR CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y
DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS

EXPEDIENTE N° 2012-3417-C.P.

En fecha 18 de enero del año 2.012, se recibieron las presentes actuaciones contentivas de la Inhibición formulada por el abogado: Juan José Muñoz Sierra, en su carácter de Juez Temporal del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas.

Dada la inhibición formulada, se acordó remitir el expediente a este Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, a los fines de decidir la misma.

Por auto de fecha 23 de enero de 2.012, se le dio entrada al presente expediente dejándose constancia que de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, la presente inhibición se decidiría dentro de los tres (3) días siguientes a esa fecha, estando dentro del lapso legal, este tribunal procede a decidir en los términos siguientes:
I
DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA

Las actuaciones con las que se formó el presente expediente fueron recibidas en este Juzgado Superior el día 18 de enero del presente año, para el conocimiento y decisión de la inhibición de fecha 14 de diciembre de 2011, formulada con fundamento en el numeral 2º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, por el Juez Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Barinas Abg. Juan José Muñoz, para conocer del juicio de divorcio, intentada por el ciudadano: David Alfredo Dávila Bastardo, contra la ciudadana: Maria Auxiliadora Parra Gómez, a que se contrae el expediente Nº 3.910-11, de la nomenclatura de dicho Tribunal.

Por auto de fecha 23 de enero de 2012, este juzgado dispuso darle entrada, formar expediente y darle el curso de Ley correspondiente, lo cual hizo en esa misma fecha correspondiéndole el Nº 12-3417. Así mismo, advirtió que la presente inhibición se decidiría dentro de los tres (3) días siguientes a esa fecha.

II
SINTESIS DE LA CONTROVERSIA

La inhibición de marras fue formulada por el Juez abogado: Juan José Muñoz Sierra, según se evidencia en declaración contenida en acta de fecha 14 de diciembre de 2011, cuya copia certificada se encuentra inserta en el folio cinco (5) del presente expediente, en los términos que se trascriben a continuación:

“En horas de despacho del día de hoy, catorce (14) de diciembre de 2011, comparece por ante la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, el abogado Juan José Muñoz Sierra, titular de la cédula de identidad N° V- 13.173.086, en su carácter de Juez Temporal de este tribunal, quien expone: “Por cuanto tengo la convicción de encontrarme incurso en la causal de recusación prevista en el numeral 2° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el encabezamiento del artículo 83, ejusdem, ME INHIBO de conocer en la presente causa, por cuanto me une parentesco de afinidad en segundo grado con el abogado en ejercicio Cristche Mendoza, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 70.252, quien es hermano de mi cónyuge ciudadana: Varyná Mendoza, y en el presente juicio asiste como profesional del derecho, a la parte demandante, ciudadano David Alfredo Dávila Bastardo, titular de la cédula de identidad N° V- 3.671.791, por lo que en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, para no ver comprometida mi imparcialidad y comportamiento transparente, honesto y siempre ajustado al cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes, es por lo que formulo la presente inhibición. Dejo expresa constancia que el impedimento obra contra la parte demandada, ciudadana: Maria Auxiliadora Parra Gómez, titular de la cédula de identidad N° V-5.974.348. Asimismo, manifiesto que no estoy dispuesto a seguir conociendo de la presente causa en caso de allanamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la ley adjetiva venezolana.” Es todo, Terminó, se leyó y conformes firman.

En fecha 20 de diciembre de 2011, el tribunal a-quo dictó auto el cual es del tenor siguiente:

“Vencido como se encuentra el lapso previsto en el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil, sin que las partes hayan manifestado su allanamiento, se ordena remitir copias certificadas del libelo de la demanda, del acta de inhibición y del presente auto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, a los fines de que resuelva dicha inhibición, e igualmente se acuerda remitir el presente expediente, al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, a los fines de que conozca de la presente causa.

III
PUNTO PREVIO
Una de las instituciones que las leyes procesales y, en particular el Código de Procedimiento Civil consagra en garantía del principio constitucional de imparcialidad del juzgador, es por ello que constituye un deber para el juez que tenga conocimiento que en su persona existe alguna causal de recusación, pueda a través del acto procesal de la inhibición manifestar su voluntad de separarse del conocimiento y decisión de una determinada causa.

Nuestro sistema procesal se rige por el principio de la legalidad de las formas procesales, en la Ley adjetiva en su artículo 7, elevado a rango constitucional en el primer aparte del artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de ello, la declaración de inhibición se encuentra sometida al riguroso cumplimiento de determinados requisitos intrínsecos y extrínsecos establecidos en la ley, cuyo incumplimiento determina su improcedencia.

El último aparte del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, fija que la declaratoria de inhibición la haga el funcionario “en un acta en la cual se expresen las circunstancias de tiempo, lugar y demás del hecho o los hechos que sean motivo del impedimento”; debiéndose expresar también contra quien obra el impedimento.

Por otro lado, el encabezamiento del artículo 189 eiusdem, dispone:

“El acta deberá contener la indicación de las personas que han intervenido y de las circunstancias de lugar y de tiempo en que se han cumplido las diligencias de que hace fe; debe además contener la descripción de las actividades cumplidas y de los reconocimientos efectuados. El acta deberá ser suscrita por el Juez y por el Secretario.”

Además de ello, el artículo 88 ibidem establece las condiciones sustanciales de procedencia de la inhibición, a saber:

“El Juez a quien corresponde conocer de la inhibición, la declarará con lugar si estuviere hecha en la forma legal y fundada en alguna de las causales establecidas por la ley.

En caso contrario, la declarará sin lugar y el Juez inhibido continuará conociendo.

Lo dispuesto en este artículo deja a salvo el derecho de recusación de que pueden usar las partes.”

De la norma precedentemente transcrita, se deduce que para declarar la procedencia de la inhibición, es necesaria la concurrencia de dos requisitos:

I) Que la inhibición sea realizada en forma legal, es decir, en la forma establecida en el último aparte del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, que impone que la declaratoria de inhibición se haga en un acta en la que se expresen las circunstancias de tiempo, lugar y demás del hecho o los hechos que sean motivo del impedimento, debiendo además expresar la parte contra quien obre el impedimento, y

II) Que la inhibición se encuentre fundada en alguna de las causales establecidas por el Ley, vale decir, cualesquiera de las previstas en el artículo 82 eiusdem.

Sin embargo, debe advertirse que el rigor de este último requisito ha sido morigerado a través de sentencia N° 2140 de fecha 07 de agosto de 2003, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictada bajo la ponencia del Magistrado Dr. José Manuel Delgado Ocando, en la que el Máximo Tribunal estableció que en aras de preservar el derecho a ser juzgado por un juez natural, lo cual implica un juez predeterminado por la ley, independiente, idóneo e imparcial, señaló que el juez puede ser recusado o inhibirse por causas distintas a las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sin que ello implique en modo alguno, dilaciones indebidas o retardo judicial.

Por otra parte, es necesario resaltar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución Nacional, el precedente judicial al cual hemos hecho referencia es de carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República.

El Código de Procedimiento Civil, no establece de manera expresa desde qué etapa procesal puede el Juez inhibirse o ser recusado, ante ese silencio del legislador, la Sala Constitucional de nuestro más Alto Juzgado, en sentencia de fecha 18 de mayo de 2001, bajo ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, caso: Rafael Enrique Montserrat, Exp. Nº 00-2055, estableció su criterio en los términos siguientes:

“Resulta un punto previo determinar en qué etapa procesal pueden las partes interponer una recusación y el juez inhibirse, y si ello puede suceder antes de la Admisión de la demanda.

Excepto en las causas donde el juez puede requerir del actor a raíz de la recepción del escrito de demanda, aclaraciones, complementos, pretensiones o reformas del escrito, como en el proceso de amparo (artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), o por ejemplo, los supuestos de los artículos 642 del Código de Procedimiento Civil, ó 116 de la Ley Orgánica del Trabajo, la relación procesal efectiva comienza con el auto de admisión de la demanda, previsto para el proceso común en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, y es sólo desde que éste se dicte, cuando puede considerarse que existe el proceso en forma, pudiendo el demandado darse por citado y el actor obtener las medidas preventivas o las copias certificadas de su demanda, con el fin de interrumpir la prescripción, solicitadas en el libelo. Es a su vez dicho auto el que convalida la fecha de recepción del escrito de demanda, como elemento interruptor de la caducidad.
Es después de la existencia del auto de admisión de la demanda, cuando formalmente hay proceso, y cuando las partes pueden obrar en autos; no pudiendo actuar como tales en un proceso inexistente.
Sólo después de la admisión de la demanda -auto de iniciación del juicio-, es cuando las partes pueden recusar a los jueces, ya que en este momento existe un proceso donde los jueces van a actuar, y es también después de la oportunidad de dicho auto, cuando el juez puede inhibirse válidamente.
Según los casos previstos en las leyes, el juez cuando recibe una demanda debe examinar la admisibilidad de la misma, bien constatando el cumplimiento de requisitos generales, atinentes tanto al escrito (demanda) como a la acción, tales como los previstos en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil; o bien, si el actor cumplió formalidades especiales, como por ejemplo las contempladas en los artículos 630, 640, 661 y 667 del Código de Procedimiento Civil. En esta etapa de preadmisión, no hay actividad permitida al actor, quien si le niegan la admisión podrá apelar del auto negativo.
La apelación de este auto siempre es posible contra las decisiones de Tribunales que tienen alzada, lo que incluye los de sustanciación, y deja de existir en casos muy excepcionales, cuando por la jerarquía del Tribunal éste conoce en una sola instancia.
Este es el régimen del derecho procesal venezolano, y ello significa que antes de la admisión o negativa de admisión de la demanda, las partes no pueden recusar a los funcionarios judiciales ordinarios, accidentales o especiales, ya que aún no existe proceso constituido; y si lo hicieren, tal recusación no produce ningún efecto, y no tienen los jueces que suspender el trámite de admisión y enviar los autos al juez que deba conocer en los casos de recusación de los jueces” (http://www.tsj.gov.ve) (Resaltado de este Tribunal)

En relación al criterio interpretativo establecido por la Sala Constitucional y precedentemente expuesto, este Tribunal lo acoge y hace suyo, y en virtud de ello, como punto previo se procede a verificar la tempestividad o no de la inhibición formulada en el caso bajo examen, a cuyo efecto observa:

De la exhaustiva revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, verificó esta juzgadora que el escrito contentivo del juicio de divorcio fue interpuesto en fecha 08 de diciembre de 2011, y la inhibición fue planteada en fecha 14 de diciembre de 2011, sin que se observe en las actas procesales que la acción incoada haya sido previamente admitida y tramitada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil de esta Circunscripción Judicial.

Habiéndose formulado la inhibición de marras, antes de que el mencionado Tribunal, admitiera o negara su admisión, es decir, aún cuando todavía no existía proceso, debe concluirse que conforme al referido precedente judicial de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, tal inhibición es extemporánea, y por ende inadmisible. Y ASI SE DECLARA.

En virtud de la anterior declaratoria de inadmisibilidad de la inhibición formulada, resulta inoficioso, por inútil procesalmente, determinar si se encuentran o no cumplidos sus requisitos de procedencia, enunciados ut supra, por lo que este Tribunal se abstiene de emitir juzgamiento al respecto. Y ASI SE RESUELVE.

DECISIÓN
En fuerza de los razonamientos de hecho y de derecho que anteceden, este Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta sentencia en la presente incidencia, en los términos siguientes:
PRIMERO: Se declara INADMISIBLE por extemporánea, la inhibición de fecha 14 de diciembre de 2011, formulada, con fundamento en la causal prevista en el ordinal 2° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, por el juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, Abogado Juan José Muñoz Sierra, para conocer del juicio de divorcio, interpuesta por el ciudadano: David Alfredo Dávila Bastardo, contra la ciudadana: Maria Auxiliadora Parra Gómez, a que se contrae el expediente N° 3.910-11, de la nomenclatura interna de ese tribunal.
SEGUNDO: No obstante el anterior pronunciamiento, por las razones expresadas en la parte motiva de esta sentencia, SE ADVIERTE que continuará conociendo, en primer grado la referida causa, el mismo juez Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, Abogado Juan José Muñoz Sierra, que actualmente lo hace, lo cual se ORDENA.
En acatamiento a la sentencia vinculante proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, signada con el número 1175, de fecha 23 de noviembre de 2.010, Expediente N° 08-1497, en la que se dejó establecido que las decisiones que resuelvan las incidencias relativas a la recusación o inhibición deberán ser notificadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al juez o jueza inhibido o recusado y al sustituto temporal; este tribunal observa que el juez inhibido ciudadano: Juan José Muñoz Sierra, se encuentra a cargo del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, en virtud de ello se ordena notificar de la presente decisión al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Barinas. Y ASI SE DECIDE.
En este mismo orden de ideas, y a los mismos fines relacionados con la sentencia dictada por la Sala Constitucional antes referida, se ordena la notificación del juez inhibido ciudadano: Juan José Sierra Muñoz, de la presente decisión. Y ASÍ SE DECIDE.
Publíquese, regístrese y expídanse las copias de Ley.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. En Barinas a los veintiséis (26) días del mes de enero del año dos mil doce (2.012). Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

La Juez Suplente Especial,

Rosa Elena Quintero Altuve
La Secretaria,

Abg. Adriana Norviato Gil

En esta misma fecha, se publicó y registro la anterior sentencia. Conste.
La Scría.

Expediente N° 2012-3417-C.P.
REQA/marilyn.-