TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SEGUNDO DEL MUNICIPIO BARINAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS

Barinas, 27 de Enero de 2012
201º y 152º
SOLICITUD Nº 2017
SOLICITANTES: Ciudadanos: ELIGIO ANTONIO CUEVAS BARCO Y CARMEN JOSEFINA RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V–4.259.576 y V-9.261.388, respectivamente, domiciliados en esta ciudad.
ABOGADA ASISTENTE: BETZABETH ANGELICA MATHEUS BRITO, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 85.040.
MOTIVO: DIVORCIO 185-A.-

Se inicia el presente procedimiento por SOLICITUD DE DIVORCIO 185-A recibido previa distribución realizada por ante este Juzgado Segundo del Municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en fecha (29/06/2.011); en virtud, que actualmente son competentes los Juzgados de Municipios, para la tramitación y resolución de este tipo de asuntos, conforme a lo establecido en articulo 3 de la Resolución Nº 2009-0006, de fecha 18 de Marzo de 2009, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.152, de fecha dos (02) de abril de 2009; presentada conjuntamente por los ciudadanos: ELIGIO ANTONIO CUEVAS BARCO Y CARMEN JOSEFINA RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V–4.259.576 y V-9.261.388, respectivamente, domiciliados en esta ciudad; asistidos por la Abogada en ejercicio, BETZABETH ANGELICA MATHEUS BRITO, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 85.040., quienes contrajeron matrimonio civil por ante la Jefatura Civil de la Parroquia Santa Rosa del Municipio Rojas del Estado Barinas, en fecha 28-01-1984, según se evidencia del acta de Matrimonio N°01, cursante al folio (02) de este expediente, mediante la cual solicitan de conformidad con lo previsto en el artículo 185-A del Código Civil, se disuelva el vinculo matrimonial existente entre ellos, por cuanto tienen más de cinco años de separados de hecho.

Ahora bien, el artículo 754 del Código adjetivo civil, señala que la competencia del juez para conocer los juicios de Divorcio y de Separación de Cuerpos deriva del domicilio conyugal establecido después de contraído el matrimonio; aplicados estos principios jurídicos al caso de autos y revisado minuciosamente el escrito de solicitud, en el mismo los solicitantes manifiestan:

“…En fecha 28-01-1984, contrajimos Matrimonio Civil , por ante la Jefatura Civil de la Parroquia Santa Rosa del Municipio Rojas del Estado Barinas, según se evidencia del acta de Matrimonio N° 01… que al principio de nuestra unión matrimonial vivimos en completa armonía estableciendo nuestro domicilio conyugal en esta ciudad de Barinas del estado Barinas, en la Urbanización “Negro Primero”, Calle Uslar Pietro, Casa N° 4-46, en donde nos mantuvimos viviendo por un lapso de 19 años sin ninguna clase de problema, que mencionar, pero dentro del transcurrir de nuestra vida conyugal se dieron una serie de divagancia y por motivos ajenos nuestra voluntad es por lo que amistosa y de común acuerdo hemos decidido en solicitar como en efecto lo hacemos, la disolución de nuestro vinculo conyugal, ya que desde el mes de agosto del año 2003 hasta la presente fecha hemos permanecido separados en formo ininterrumpida y hasta ahora no ha habido reconciliación alguna entre nosotros… es por ello que acudimos ante su competente autoridad para demandar como en efecto demandamos por ante este Juzgado, la disolución del vinculo conyugal que nos une y a tales efectos que se declare el Divorcio, todo ello de conformidad a lo establecido en el artículo 185-A de nuestro Código Civil Venezolano vigente. Asimismo manifestamos ante este Juzgado que nuestra unión conyugal no existen hijos menores de edad, de igual forma manifestamos que no existen bienes en común de ninguna ídolo que declarar…”.

Del contenido del párrafo anteriormente trascrito, se evidencia que los solicitantes intentan por ante este Tribunal, solicitud de Divorcio de mutuo consentimiento, para poner fin al vinculo matrimonial que los mantiene unidos, alegando que la vida en común fue interrumpida desde agosto del año 2003, fundamentando su pretensión en el artículo 185-A del Código de Procedimiento Civil Vigente.
Por consiguiente, en fecha (06/07/2.011), se admite la solicitud de marras, se ordenó y se libró boleta de citación al Fiscal Séptimo del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, para que compareciera por ante este Tribunal dentro de diez (10) días de de despacho siguiente a que conste en autos su citación, a los fines de hacer oposición si así lo considerara pertinente.
En fecha (11/01/2.012), diligenció el Alguacil del Tribunal consignando boleta de citación librada al Fiscal Séptimo del Ministerio Público especializado en Materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas; el citado funcionario, en fecha (18/01/2.012), dentro de la oportunidad legal que indica el Artículo 185-A del código Civil vigente, diligenció manifestando que no tenía nada que objetar en la presente solicitud, por cuanto se cumplieron con la formalidades legales pautadas en el referido articulo.

Siendo la oportunidad legal, para decidir, el Tribunal observa:

La disolución del vínculo conyugal fundamentada en la ruptura prolongada e ininterrumpida de la vida en común de la pareja y por un tiempo mayor de cinco (5) años, es una institución consagrada en el articulo 185 –A del Código Sustantivo Civil, es básicamente asumir el divorcio como una solución a una situación de ruptura irreparable e insostenible para la pareja, tratando al mismo tiempo de que dicho conflicto no afecte a los demás integrantes de la familia, desde el punto de vista formal el legislador ha pretendido con ello, darle juricidad a una situación que de hecho viene existiendo sin que haya posibilidad de resarcir, como lo es precisamente, el caso de marras, aun cuando el vínculo del matrimonio estaba vigente desde el punto de vista jurídico, en la realidad dicho vínculo es infuncional y esa separación fáctica como es llamada en la Doctrina, a la cual el Estado como garante de la armonía familiar debe dar respuesta, mediante la legalización de esta situación de hecho, sin que ello signifique menoscabar los intereses fundamentales del Estado en preservar la institución del matrimonio y por ende de la familia; en efecto la noción de orden público de las normas que regulan la materia de familia, y en especial de las normas relativas a la disolución del vínculo matrimonial, se justifica por el hecho que más allá de los intereses particulares de los cónyuges, lo que se persigue es proteger la institución de la familia.
En este orden de ideas, el artículo 185-A del Código Civil, establece lo siguiente:
“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio. (…)
Admitida la solicitud, (…) y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud.”

La norma arriba trascrita parcialmente, contempla los requisitos legales para la procedencia del divorcio por mutuo consentimiento, en efecto, de los autos se evidencia que los ciudadanos: ciudadanos ELIGIO ANTONIO CUEVAS BARCO Y CARMEN JOSEFINA RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V–4.259.576 y V-9.261.388, respectivamente, domiciliados en esta ciudad; asistidos por la Abogada en ejercicio, BETZABETH ANGELICA MATHEUS BRITO, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 85.040., contrajeron matrimonio civil por ante la Jefatura Civil de la Parroquia Santa Rosa del Municipio Rojas del Estado Barinas, en fecha 28-01-1984, según se evidencia del acta de Matrimonio N° 01, cursante al folio (02) de este expediente, igualmente, manifestaron que se encuentran separados de hecho desde el mes de agosto de 2003, configurándose de esta manera la cuestión fáctica (separación de hecho por más de cinco años) y consta en las actas procesales la opinión fiscal (folio 12) favorable a la disolución del vínculo matrimonial existente; en conclusión, se encuentran llenos los extremos señalados en el artículo 185-A del Código Civil para la procedencia de la disolución del vínculo matrimonial que une a los prenombrados solicitantes y procedente la disolución del vínculo matrimonial. Así se decide.

En virtud de las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este JUZGADO SEGUNDO DEL MUNICIPIO BARINAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 243 del Código de Procedimiento Civil y 185-A del Código Civil Vigente, DECLARA CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO, presentada por los ciudadanos: ELIGIO ANTONIO CUEVAS BARCO Y CARMEN JOSEFINA RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V–4.259.576 y V-9.261.388, respectivamente, en consecuencia declara disuelto el vínculo matrimonial que los une en virtud del matrimonio civil contraído por ellos ante la Jefatura Civil de la Parroquia Santa Rosa del Municipio Rojas del Estado Barinas, en fecha 28-01-1984, según se evidencia del acta de Matrimonio N° 01, cursante al folio(02) de este expediente.

Déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y expídanse las copias de ley.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo del Municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, a los (27) días del mes de Enero del año Dos mil doce (2.012). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
La Juez titular

Abg. SONIA C. FERNÁNDEZ
La Secretaria,

Abg. LILIANA CAMACHO

En la misma fecha, siendo las Once (11:00 a.m.) se publicó y registró la anterior sentencia. Conste.

La Secretaria

Abg. LILIANA CAMACHO

Sol. Nº 2017.
SFC/LC/leom.-