TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas
Barinas, 14 de Mayo de 2012
202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : EP01-P-2010-001027
ASUNTO : EP01-P-2010-001027

AUTO NEGANDO MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LA PRIVACIÒN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD

JUEZ TEMPORAL DE JUICIO Nº 02: Abg. Vanessa Carolina Parada Torres
FISCAL 4º DEL MINISTERIO PÚBLICO: Abg. Arlo Urquiola
ACUSADO: NESTOR ANTONIO TORRES
DEFENSORA PÚBLICA: Abg. Omalvis Novoa
SECRETARIO: Abg. Luís Manuel Vidal

Visto el escrito presentado, por la defensora pública Abg. Omalvis Novoa, defensora pública del acusado NÉSTOR ANTONIO TORRES, venezolano, titular de la Cédula de Identidad Nº V-21.396.487, de 23 años de edad, nacido en fecha: 09-05-1986, natural de Acarigua Estado Portuguesa, hijo de Alberto Salas (v) y de Antolina Gómez (v), obrero y residenciado en el Barrio Río Acarigua, Calle Principal, Casa Nº 00-01, cerca de Agregados 2000, empresa procesadora de arena de la ciudad de Acarigua, teléfono: 0424-5464662, Acarigua Estado Portuguesa; Por la presunta comisión del delito de: ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR EN GRADO DE COAUTORÍA, previsto y sancionado en el artículo 5 en relación con el 6 ordinales 1, 2, 3 y 10 de la Ley sobre Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en concordancia con el artículo 83 del Código Penal; RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR Y PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD, previstos y sancionados en los artículos 218 numeral 1º del Código Penal, artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, artículo 2 en relación con el 6 y en concordancia con el artículo16 numeral 12 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y artículo 174 primer aparte del Código Penal, en relación con el artículo 83 del Código Penal; a quien se le sigue el presente proceso por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, LESIONES PERSONALES TIPO BASICAS, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previstos y sancionados en los artículos 458, 413, 277 y 218 numeral 1, todos del Código Penal Venezolano vigente, solicitando Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con el artículo 256 del Còdigo Orgànico Procesal Penal, por vía de revisión de conformidad con lo previsto en el artículo 264 ejusdem; argumentando entre otras cosas: que su defendido es inocente de los hechos que se le acusan, encontrándose amparado en los artículos 24, 44 numeral 1 y 49 numeral 2 constitucionales, 8, 9 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal, así como se desvirtúa el peligro de fuga y de obstrucción de la justicia por cuanto constan recaudos en la presente causa que así lo demuestran, solicitando se preste Caución Juratoria; este Tribunal a los fines de decidir observa:
UNICO

PRIMERO: Ahora bien se aprecia de los alegatos de la defensa que su defendido está siendo juzgado por un hecho delictivo que no cometió, enunciando hechos y circunstancias de fondo que no pueden ser apreciados por quien decide (Jueza de Juicio) en este momento pues solo es posible una vez que se inicie y concluya el debate a través de la valoración de las pruebas, ya que de hacerlo en estos momento, estaría adelantando opinión, y en consecuencia incursa en causal obligatoria de inhibición conforme a lo previsto en el articulo 86 del Còdigo Orgànico Procesal Penal.

SEGUNDO: Así tenemos que en fecha 17-02-10, se realizó Audiencia de Calificación de Flagrancia al imputado: NÉSTOR ANTONIO TORRES, al cual se le decretó Medida Privativa de Libertad, por la Jueza de Control N° 04 de este Circuito Judicial Penal por cuanto, consideró la Jueza a quo, entre otras cosas: Primer lugar: que se encuentran llenos los extremos exigidos por el articulo 250 en sus ordinales 1º, 2º, 3° Ejusdem, como son: La existencia del hecho punible que para el caso concreto lo es la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR EN GRADO DE COAUTORÍA, previsto y sancionado en el artículo 5 en relación con el 6 ordinales 1, 2, 3 y 10 de la Ley sobre Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en concordancia con el artículo 83 del Código Penal; RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR Y PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD, previstos y sancionados en los artículos 218 numeral 1º del Código Penal, artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, artículo 2 en relación con el 6 y en concordancia con el artículo16 numeral 12 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y artículo 174 primer aparte del Código Penal, en relación con el artículo 83 del Código Penal; a quien se le sigue el presente proceso por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, LESIONES PERSONALES TIPO BASICAS, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previstos y sancionados en los artículos 458, 413, 277 y 218 numeral 1, todos del Código Penal Venezolano vigente. En segundo lugar, la existencia de fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido participe en la comisión de los delitos antes señalados, tomando en cuenta que el Ministerio Público ya presentó escrito acusatorio en la presente causa. En tercer lugar, la presunción razonable de existir peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad que se encuentra determinado para el caso bajo análisis, en cuanto a la pena que pudiera llegar a imponerse en este caso, y del daño social causado.

TERCERO: Igualmente se observa que consta en el sistema Juris 2000. Ahora bien es de hacer notar la gravedad de los delitos por los cuales se le acusa, lo que facilitaría la evasión de la justicia y su juzgamiento sería más difícil estando en libertad, ya que se trata de delitos que repercuten en la tranquilidad y armonía de la sociedad; Aunado a estas circunstancias se suma la presunción del peligro de fuga, por la pena que podría llegarse a imponerse.

CUARTO: Vistas las observaciones anteriores, considera quien aquí decide, que si bien es cierto que está amparado por el Principio de Presunción de Inocencia, que solo será desvirtuado por una sentencia condenatoria firme, y si como el estado de libertad durante el proceso, no es menos cierto que la obligación del Juez es asegurar la culminación del proceso, teniendo como finalidad la búsqueda de la verdad articulo 13 del Còdigo Orgànico Procesal Penal, para la realización de la justicia artículo 257 Constitucional, Además considera quien decide que en la presente causa se está en presencia de delitos de marcada gravedad, por cuanto constituyen actualmente uno de los mas graves males sociales por las gravísimas consecuencias que produce en un amplio espectro negativo en las personas afectadas y en sus familias, aunado a ello, debe considerarse que se trata de delitos de peligros abstractos, donde se considera que el peligro se presenta con la realización de la conducta delictiva descrita en el tipo, y de ahí que, en estos casos, no sea necesario acudir a un análisis acerca de si en el caso concreto hubo o no peligro de lesión al bien jurídico tutelado, pues en tales hipótesis el riesgo está implícito en la acción desplegada, bastando la realización de alguno de los verbos -incluidos también en las frecuentes descripciones de tipos penales mixtos-alternativos del derecho comparado- para que se tenga por configurada la conducta típica. Que con sobradísima razón se mantienen vigentes las circunstancias tomadas en consideración por el Tribunal de Control par decretar una medida de privación preventiva de libertad, traducido en la existencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad aun no prescrita; los elementos de convicción que en su momento fueron analizados por el Tribunal de Control al cual le correspondió conocer para estimar que el acusado ha sido participe o autor de tales hechos, mismos que, este Tribunal asume de la decisión jurisdiccional tomada al efecto y no revisa ni analiza por cuanto no debe contaminar su conocimiento acerca del fondo de la causa, un peligro de fuga materializado en el parágrafo primero del articulo 251 ejusdem, por la pena que podría resultar ser impuesta la cual supera los cinco años de prisión, y un peligro de obstaculización en razón de que, de quedar en libertad podría intentarse influir en los testigos o expertos del caso para evitar su comparecencia al Juicio Oral y Publico, en consecuencia, este Tribunal declara IMPROCEDENTE LA SOLICITUD de otorgar una medida cautelar menos gravosa, de conformidad con lo previsto en el artículo 253 del Còdigo Orgànico Procesal Penal, por cuanto existe el Peligro de Fuga artículo 251 numeral 2 ejusdem, toda vez que la pena a imponer es superior a los cinco años de llegar a salir condenado y numeral 3° la magnitud del daño causado, ratificándose la Medida Cautelar Gravosa, a los acusados de autos, decretada por el Juez de Control Nº 04 en fecha 17-02-10. Y así se declara.

DISPOSITIVA

Por las razones antes expuestas este Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio Nº 02, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de Ley: NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR SOLITADA POR LA DEFENSA al acusado NÉSTOR ANTONIO TORRES, venezolano, titular de la Cédula de Identidad Nº V-21.396.487, de 23 años de edad, nacido en fecha: 09-05-1986, natural de Acarigua Estado Portuguesa, hijo de Alberto Salas (v) y de Antolina Gómez (v), obrero y residenciado en el Barrio Río Acarigua, Calle Principal, Casa Nº 00-01, cerca de Agregados 2000, empresa procesadora de arena de la ciudad de Acarigua, teléfono: 0424-5464662, Acarigua Estado Portuguesa; Por la presunta comisión del delito de: ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR EN GRADO DE COAUTORÍA, previsto y sancionado en el artículo 5 en relación con el 6 ordinales 1, 2, 3 y 10 de la Ley sobre Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en concordancia con el artículo 83 del Código Penal; RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR Y PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD, previstos y sancionados en los artículos 218 numeral 1º del Código Penal, artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, artículo 2 en relación con el 6 y en concordancia con el artículo16 numeral 12 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y artículo 174 primer aparte del Código Penal, en relación con el artículo 83 del Código Penal; Por ser IMPROCEDENTE LA SOLICITUD de otorgar una medida cautelar menos gravosa, de conformidad con lo previsto en el artículo 253 del Còdigo Orgànico Procesal Penal y se ratifica la Medida Cautelar Gravosa, de privación preventiva judicial al acusado de autos, decretada por la Jueza de Control Nº 04 en fecha 17-02-10. Notifíquese de la presente decisión al acusado, Defensa Pública y Fiscal. Líbrese lo conducente.

Publíquese y regístrese.

Dada, sellada y firmada a los catorce (14) días del mes de Mayo de 2012.

LA JUEZA TEMPORAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO Nº 02

ABG. VANESSA CAROLINA PARADA TORRES.

EL SECRETARIO

ABG. LUÍS MANUEL VIDAL.