TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SEGUNDO DEL MUNICIPIO BARINAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO BA RINAS

Barinas, 16 de Mayo de 2.012.-
201° y 153°

Expediente Nº 3006.-

Demandante:
Abogado ANDRES ALBARRAN RIVAS, venezolano, mayor de edad, titular de las cédula de identidad Nº V- 14.933.963, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 88.542, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL antes denominado (Banco Mercantil C.A. Banco Universal) domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, originalmente inscrito en el Registro de Comercio que llevaba en antiguo Juzgado de Comercio del Distrito Federal, el 3 de abril de 1925, bajo el N° 123, cuya reforma de los Estatutos refundidos en un solo texto consta de asiento inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 05 de Noviembre de 2.007, anotado bajo el N° 09, Tomo 175-A Pro, carácter que se evidencia instrumento poder otorgado en la Notaria Pública Trigésima Septima del Municipio libertador del Distrito Capital en fecha 26-03-2007 anotado bajo el N° 47 Tomo 20 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaria.

Demandados:
Empresa mercantil DISTRIBUIDORA SKY, C.A., domiciliada en la ciudad de Barinas estado Barinas, originalmente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, en fecha 13 de noviembre del año2001, bajo el numero 66, tomo 19-A, Registro Único de Información Fiscal (R.I.F)numero J-308710202, representada por su Gerente General ciudadano ADHAN JOUDIE ABOU MAHMOUD, venezolano, mayor de edad casado, titular de la cedula de identidad Nº 13.530.795, y solidariamente a los ciudadanos ADHAN JOUDIE ABOU MAHMOUD y LILIANA ACHKAR JARBOUH, venezolanos mayores de edad casados, titulares de la cedula de identidad números V- 13.530.795 Y V-17.600.534, en su orden, en sui condición de fiadores solidarios

Motivo: COBRO DE BOLÍVARES POR INTIMACIÓN.

Visto el escrito presentado en fecha 15/05/2.012, por el Abogado ANDRES ALBARRAN RIVAS, venezolano, mayor de edad, titular de las cédula de identidad Nº V- 14.933.963, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 88.542, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL antes denominado (Banco Mercantil C.A. Banco Universal) domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, mediante la solicita Medida Preventiva de Embargo sobre Bienes Muebles, propiedad de los demandados, a empresa mercantil DISTRIBUIDORA SKY, C.A., domiciliada en la ciudad de Barinas estado Barinas, originalmente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, en fecha 13 de noviembre del año2001, bajo el numero 66, tomo 19-A, Registro Único de Información Fiscal (R.I.F)numero J-308710202, representada por su Gerente General ciudadano ADHAN JOUDIE ABOU MAHMOUD, venezolano, mayor de edad casado, titular de la cedula de identidad Nº 13.530.795, y solidariamente a los ciudadanos ADHAN JOUDIE ABOU MAHMOUD y LILIANA ACHKAR JARBOUH, venezolanos mayores de edad casados, titulares de la cedula de identidad números V- 13.530.795 Y V-17.600.534, en su orden, en sui condición de fiadores solidarios de la obligación contenida en el contrato de préstamo.

Este Tribunal en aras de la seguridad jurídica entra a analizar la procedibilidad para decretar medida preventiva en este juicio:

La acción en la presente causa se fundamenta en un efecto mercantil denominado “contrato de préstamo”, el cual corre insertos a los folios (10 al 14) de las presentes actuaciones; de la cual se evidencia un monto por la cantidad de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 100.000,00), cantidad ésta que constituye el monto adeudado derivado del contrato de Préstamo a interés objeto de la presente demanda; la misma, es prueba suficiente para que este Órgano Jurisdiccional acuerde la solicitud de Medida Preventiva de Embargo, presentada por la parte accionante en el presente juicio, el Tribunal lo hace previo a las consideraciones siguientes:

Establece el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil:
“Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez, a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas.”

Por lo que de conformidad con el artículo antes mencionado del Código de Procedimiento Civil, el decreto de las medidas cautelares no es potestativo para el Juez, no expresa esta norma que el juez “puede” o “podrá” dictar medidas provisionales, sino que el decreto de las medidas es ordenado por el legislador en términos imperativos, particularmente este artículo 646 del Código de Procedimiento Civil que regula el decreto de las medidas preventivas en el procedimiento por intimación o monitorio que expresa: “…el juez, a solicitud del demandante, decretará embargo provisional…” lo cual significa que el juez no tiene facultad discrecional para el otorgamiento o no de las medidas sino que, efectuada la summaria cognitio respecto de los recaudos acompañados según los artículos 640 y 643 del Código de Procedimiento Civil, y verificado que los mismos cumplan con los requisitos legales, el juez debe decretar la medida solicitada.

Ahora bien, con respecto a las medidas cautelares en el procedimiento monitorio, el Dr. Ricardo Henriquez La Roche, en su Obra Medidas Cautelares, ha señalado:
“…En el procedimiento por intimación es necesario hacer una doble distinción: la medida que se decreta antes de la oportunidad de oposición y la que se decreta luego de precluida ésta. En este último caso el embargo es evidentemente ejecutivo, por haber pasado a la autoridad de cosa juzgada el decreto intimatorio (artículo 1.930 CC). En cambio, la medida que se decreta antes de la oportunidad de oposición es de naturaleza preventiva, pues tiene carácter provisional por estar pendiente la eventualidad del juicio de conocimiento, y se refiere por ello el legislador a las tres medidas preventivas típicas en el artículo 646…”

Estas medidas varían en sus condiciones de procedibilidad según el documento fundamental que exhiba el intimante: si es un título negociable, es decir, cedible o endosable desde el punto de vista comercial, patrimonial (facturas aceptadas, letras de cambio, pagarés, cheques, etc.), o si se trata de instrumentos públicos o privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, el juez decretará la medida preventiva sin que goce de poder discrecional alguno que pueda llevarle a negar el decreto por razones de equidad o cautela.
De lo antes mencionado, se evidencia que para acceder a la providencia cautelar, el intimante debe fundamentar su pretensión en cualquiera de los instrumentos mencionados en la referida norma, en razón de la verosimilitud conferida a los nombrados instrumentos.
Las medidas preventivas en este procedimiento especial de intimación están basadas en los instrumentos fundamentales de la demanda en las cuales el legislador considera, indispensable y obligatorio el fumus boni iuris, en razón de lo cual, en estos procedimientos especiales no se le exige al solicitante de la medida, el cumplimiento de los requisitos de las cautelares en el procedimiento ordinario.
Así las cosas, tal criterio viene siendo sostenido en forma pacifica y reiterada por la extinta Corte Suprema de Justicia y no modificado por el Tribunal Supremo de Justicia, tal como se estableció en decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en fecha 26-07-1989, en los siguientes términos:

“…Las medidas cautelares establecidas en el primer supuesto del artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, no incumben al poder discrecional del Juez como ocurre tanto en el segundo supuesto del mismo artículo, como en el ámbito mercantil a tenor del artículo 1.099 del Código de Comercio. La medida cautelar en este procedimiento es de carácter preventivo y provisional de hecho directo es tipo de documento que fundamenta la demanda. El artículo 646 del Código de Procedimiento Civil determina específicamente, cuáles son los instrumentos que distinguen ambos supuestos…”

Admitida así la demanda de intimación y establecido previamente el presupuesto de que la misma está fundamentada en un contrato de “Préstamo, signado con el N° 84101196”, instrumento mercantil que llena el requisito legal como en el caso que se analiza, a tenor de lo dispuesto en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, el Juez decretará la medida cautelar solicitada.

Tal como está contemplado en el criterio contenido en la decisión que se transcribió parcialmente supra, en las medidas cautelares en el procedimiento monitorio, no se exigen los requisitos de procedibilidad contenidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, sino que admitida la demanda por el procedimiento por intimación (lo cual implica la valoración sumaria de los instrumentos fundamentales), y si la misma se sustenta en uno de los instrumentos mencionados en el primer supuesto del artículo 646 eiusdem, es imperativo para el juzgador el decreto de la medida, sin ninguna otra exigencia adicional Y ASÍ SE DECLARA.

Según lo expresado, el Juez, a solicitud de la parte accionante, decretará –mandato imperativo- medidas cautelares, siempre y cuando dicha acción estuviere fundada en alguno de los instrumentos a los que se refiere el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, lo cual autoriza dictar la medida provisional solicitada sin más requisitos, y por cuanto la presente acción esta fundada en uno de los instrumentos cambiarios contenidos en la referida norma, el Tribunal acuerda el decreto de la medida preventiva de EMBARGO, sobre bienes muebles propiedad de los demandados a empresa mercantil DISTRIBUIDORA SKY, C.A., domiciliada en la ciudad de Barinas estado Barinas, originalmente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, en fecha 13 de noviembre del año2001, bajo el numero 66, tomo 19-A, Registro Único de Información Fiscal (R.I.F)numero J-308710202, representada por su Gerente General ciudadano ADHAN JOUDIE ABOU MAHMOUD, venezolano, mayor de edad casado, titular de la cedula de identidad Nº 13.530.795, y solidariamente a los ciudadanos ADHAN JOUDIE ABOU MAHMOUD y LILIANA ACHKAR JARBOUH, venezolanos mayores de edad casados, titulares de la cedula de identidad números V- 13.530.795 Y V-17.600.534, en su orden, en sui condición de fiadores solidarios de las obligación contenida en el contrato de préstamo, hasta cubrir la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLIVARES CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 246.859,46), que comprende el doble de la suma demandada, en la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00), monto total del capital contenido en el contrato de Préstamo, instrumento cambiario objeto de la presente demanda; mas la cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 17.487,49) por concepto de intereses convencionales y de mora, por el aludido préstamo, mas la cantidad de VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 29.371,97), que comprende el monto de las costas procesales prudencialmente calculadas por este tribunal al (25%) del monto demandado.
Que si el embargo recae sobre dinero en efectivo, se limitará al monto de la demanda; es decir, en la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLIVARES CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 146.859,46), que comprende la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00) monto total del capital contenido en el contrato de Préstamo, instrumento cambiario objeto de la presente demanda; mas la cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 17.487,49) por concepto de intereses convencionales y de mora, por el aludido préstamo, mas la cantidad de VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 29.371,97), que comprende el monto de las costas procesales prudencialmente calculadas por este tribunal al (25%) del monto demandado. Y ASÍ SE DECIDE.
Igualmente, se ordena comisionar al Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, para que ejecute la Medida Preventiva de Embargo solicitada y acordada, quedando facultado para designar Perito Avaluador y Depositaria Judicial. Líbrese Despacho y Oficio.
Publíquese, regístrese y expídanse las copias de Ley.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juez Segundo del municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del estado Barinas. En Barinas, a los dieciséis (16) días del mes de Mayo del año dos mil doce (2.012). Años 201º de la Independencia y 153º de la Federación.
La Jueza Titular,

Abg. SONIA FERNANDEZ C. La Secretaria,

Abg. LILIANA CAMACHO.
En la misma fecha, siendo las dos y treinta minutos (02:50 p.m.) de la tarde se publico y registró la anterior sentencia. Conste.
La Secretaria,

Abg. LILIANA CAMACHO.

EXP-N° 3006
SFC/LC/idania.-