TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas
Barinas, 1 de Noviembre de 2012
202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : EP01-P-2009-003891
ASUNTO : EP01-P-2009-003891

AUTO ACORDANDO EL DECAIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LA PRIVACIÒN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD

Vista la solicitud de la defensa Abg. Johana Freire, en su condición de Defensora Pùblica del ciudadano PEDRO FELIPE PEREZ CONTRERAS, venezolano, soltero, nacido en fecha 01/05/1960, en Managua estado Mérida, de 49 años de edad, titular de la Cédula de Identidad número V° 9.393.092, de profesión u oficio vigilante, hijo de María Antonia Contreras (f) y Atilio Pérez (v), residenciado Barrio 24 de julio los vencedores “El kilombo”, calle 2 frente a la casa de Ramón Castillo cerca del consejo comunal Pedraza Estado Barinas, teléfono 0414-5698436, por la presunta comisión del delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en los artículos 277 del Código Penal Venezolano vigente, en perjuicio del Estado Venezolano, mediante el cual solicita el Decaimiento de la Medida de Coerción Personal, que recae sobre su defendido, de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código orgánico Procesal Penal, por cuanto tiene mas de dos (02) años cumpliendo a cabalidad con las presentaciones impuestas por el tribunal, así como compareciendo a los actos que se les han fijado; en tal sentido esta Juzgadora, a los fines de decidir observa:

De una revisión hecha al expediente se pudo constatar, que al acusado de autos le fue concedida Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación Judicial Preventiva de Libertad, por decisión emitida por el Tribunal de Control Nº 01 de este Circuito Judicial Penal en fecha 05-08-09, de conformidad con lo establecido en el articulo 256 numeral 3ero del Código Orgánico Procesal Penal; por la presunta comisión del delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en los artículos 277 del Código Penal Venezolano vigente, en perjuicio del Estado Venezolano.

Ahora bien, antes de decidir sobre el planteamiento hecho por la defensa es importante hacer las siguientes consideraciones en relación a los distintos motivos de diferimientos de audiencias:

En fecha 19-05-09, la Fiscalía Décima del Ministerio Público del Estado Barinas, presentó escrito de acusación para el acusado por el delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en los artículos 277 del Código Penal Venezolano vigente, en perjuicio del Estado Venezolano. Este Tribunal a los fines de decidir observa:

En fecha 05-06-09 fue recibida la causa ante el tribunal de Juicio Nª 02 y se fijo el juicio oral y pùblico para el 26-06-09. En fecha 26-06-09 se difiere la audiencia oral y pùblica para el 25-11-09 por la inasistencia del acusado de autos. En fecha 25-11-09 se difiere el juicio para el 23-02-10 por la inasistencia del acusado de autos. En fecha 23-02-10 no se realiza el juicio oral y pùblico por cuanto el tribunal se encontraba en continuación de juicio en la causa Nª EP01-P-2008-7414 y se fija nueva fecha para el 22-04-10. En fecha 22-04-10 se difiere el juicio para el 09-06-10 por cuanto el tribunal se encontraba en continuación de juicio en la causa Nª EP01-P-2005-2932 Y EP01-P-2009-1152. En fecha 09-06-10 se difiere el juicio para el 23-09-10 por cuanto el tribunal se encontraba en continuación de juicio en la causa Nª EP01-P-2008-10055. En fecha 23-09-10 se difiere el juicio para el 08-12-10 por inasistencia del acusado. En fecha 08-12-10 se difiere el juicio para el 12-05-11 en virtud de que el tribunal se encontraba en continuación de juicio en la causa EP01-P-08-9867, EP01-P-2007-13570, EP01-P-2009-2356. En fecha 22-02-11 se refija el juicio oral y pùblico para el 11-05-11. En fecha 11-05-11 se fija la audiencia oral y pùblica para el 20-10-11 en virtud de que el tribunal se encontraba en continuaciones de juicio en las causas Nª EP01-P-2009-2914 Y EP01-P-2007-13075. En fecha 20-10-11 se fija audiencia oral y pùblica para el 06-03-12 por cuanto el tribunal se encontraba en continuación de juicio en la causa Nª EP01-P-2010-8076 Y EP01-P-2007-1172. En fecha 06-03-12 se fija la audiencia oral y pùblica para el 28-06-12 en virtud de la inasistencia de la Fiscalia del Ministerio Pùblico. En fecha 28-06-12 se fija nueva fecha para el 29-10-12 por cuanto el tribunal se encontraba en continuación de juicio en la causa Nª EP01-P-2008-6655. En fecha 29-10-12 se difiere la audiencia oral y pùblica para el ***** en virtud de que la fiscal del Ministerio Pùblico se encontraba en continuación de juicio y llego pasada la hora de la audiencia.
SOBRE EL DECAIMIENTO DE LA MEDIDA DE COERCION PERSONAL

Ahora bien, del análisis de todos y cada uno de los motivos de diferimientos se pudo constatar que:

Establece la norma invocada:

“Articulo 244 del COPP…” No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.
En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito ni exceder del plazo de dos años; si se tratare de varios delitos se tomará en cuenta la pena mínima del delito más grave.
Excepcionalmente y cuando existan causas graves que así lo justifiquen para el mantenimiento de las medidas de coerción personal, que se encuentren próximas a su vencimiento, el Ministerio Público o el o la querellante podrán solicitar al tribunal que esté conociendo de la causa, una prórroga que no podrá exceder de la pena minina prevista para el delito imputado y cuando fueren varios los delitos imputados, se tomará en cuenta la pena mínima prevista para el delito más grave.
Igual prórroga se podrá solicitar cuando dicho vencimiento se deba a dilaciones Indebidas atribuibles al imputado o imputada, acusado o acusada, o sus defensores o defensoras.
Estas circunstancias deberán ser debidamente motivadas por el o la Fiscal o el o La querellante.
En este supuesto,.si el caso se encuentra en la Corte de Apelaciones, se recibirá la solicitud y se remitirá de inmediato con los recaudos necesarios al Juzgado de Primera Instancia que conoce o conoció de la causa, .el tribunal que esté conociendo de "'la causa deberá convocar al imputado o imputada; acusado o acusada y alas partes a una audiencia oral a los fines de decidir, debiendo tener en cuenta, a objeto de establecer el tiempo de la prórroga, el principio de proporcionalidad.”

Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ponente: Francisco Carrasquero López. 17-07-2006. Exp. 06-0617. Sent. N° 1399, señala: “Transcurrido los dos años se debe apreciar, entre otros criterios, la complejidad del asunto, la conducta personal del justiciable, (negrillas del tribunal) el riesgo del demandante en el proceso y la conducta de los órganos judiciales…” De igual manera la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada: Carmen Zuleta Merchán. Exp. 05-1899. 13-04-2007, dejó sentado: “…Cabe recalcar que en el proceso pueden existir dilaciones propias de la complejidad del asunto debatido, por lo que el simple transcurso del tiempo no configura íntegramente el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, pues, de lo contrario, la comprensible complejidad que pudiera llegar a tener un caso se convertiría en un mecanismo que propenda a la impunidad. Tal circunstancia, en un razonamiento lógico, conduce a concluir que la norma per se excluye los retrasos justificados que nacen de la dificultad misma de lo debatido; sólo esta interpretación justifica que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se refiera al deber del Estado de garantizar una justicia sin dilaciones indebidas, lo que reconoce implícitamente que en los procesos pueden existir dilaciones debidas o, dicho en otras palabras, que se pueden justificar, tal como lo refiere en igual sentido el propio artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal. Así, un proceso penal puede prolongarse sin que exista una tardanza de mala fe imputables a las partes o al Juez, pues en algunos casos es posible y hasta necesario para la búsqueda de la verdad de los hechos que las partes, en ejercicio pleno de su derecho a la defensa y dada la complejidad del caso, promuevan un número importante de medios de pruebas que luego deberán ser evacuadas, en estos casos, se insiste, la tardanza del proceso penal se debe a la complejidad de los hechos controvertidos y mal puede dicha complejidad beneficiar a los posibles culpables…”

La existencia del hecho punible que para el caso concreto lo es la presunta comisión del delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en los artículos 277 del Código Penal Venezolano vigente, en perjuicio del Estado Venezolano; tal y como fue pre-calificado por el Representante del Ministerio Público en su escrito acusatorio en el cual se explanaron y ofrecieron medios de prueba que fueron admitidos por el Tribunal de Control en la fase intermedia del proceso, medios de prueba que una vez sometidos al contradictorio mediante un juicio oral y publico, deberán dar paso al cumplimiento de la finalidad del proceso.

Ahora bien se observa que los diferimientos han sido por circunstancias justificadas que no han dependido de la conducta de los órganos judiciales de forma temeraria, sino de actos propios a la complejidad del asunto sometido al debate oral y público justificadamente; habiendo transcurrido 03 años y 05 meses, que superan los dos años que establece el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. Igualmente se observa que el acusado goza de la Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación Judicial Preventiva de la Libertad, de la cual se ha mantenido y la representación fiscal no la impugno en su oportunidad y aún así se han mantenido atento al proceso, compareciendo a los actos fijados, así como cumpliendo con las presentaciones de manera regular hasta la fecha, evidenciándose así por parte del acusado PEDRO FELIPE PEREZ CONTRERAS buen comportamiento procesal; motivo por el cual considera quien decide que en el caso concreto debe decaer la Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación Judicial Preventiva de Libertad; y se le impone como condiciòn estar atento al proceso y comparecer a todos los actos que fije el Tribunal, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 244 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

En consecuencia y por todas las razones y consideraciones antes expuestas se otorga por ser procedente el Decaimiento de la Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación judicial de libertad, de conformidad con lo previsto en el artìculo 244 del Còdigo Orgànico Procesal Penal, planteada por la defensa; se acuerda oficiar a las Fuerzas Armadas Policiales, Zona Policial Nª 03 a los fines de informar el decaimiento de la medida. Así se decide.

DISPOSITIVA

Por tales razones antes expuestas, este Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio N° 02 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la Repùblica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Decreta: EL DECAIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo previsto en el articulo 244 del Còdigo Orgànico Procesal Penal, solicitada por la defensa Privada a favor del acusado PEDRO FELIPE PEREZ CONTRERAS, venezolano, soltero, nacido en fecha 01/05/1960, en Managua estado Mérida, de 49 años de edad, titular de la Cédula de Identidad número V° 9.393.092, de profesión u oficio vigilante, hijo de María Antonia Contreras (f) y Atilio Pérez (v), residenciado Barrio 24 de julio los vencedores “El kilombo”, calle 2 frente a la casa de Ramón Castillo cerca del consejo comunal Pedraza Estado Barinas, teléfono 0414-5698436; a quien se le sigue la presente causa penal por la presunta comisión del delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en los artículos 277 del Código Penal Venezolano vigente, en perjuicio del Estado Venezolano, con la única condición de estar atento al proceso y comparecer a todos los actos que fije el Tribunal, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 244 y 264 ambos del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal.
Dada Sellada y firmada en la sede del Tribunal de Juicio N° 02 de este Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, al primer (01) día del Mes de Noviembre del año 2012.

LA JUEZA (T) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO Nº 02

Abg. VANESSA CAROLINA PARADA TORRES.

LA SECRETARIA

Abg. YANNIRA DÁVILA.