TSJ Regiones - Decisión

LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS. BARINAS

IDENTIFICACION DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS.
PARTE DEMANDANTE:
Ciudadano ANTONIO MARIA DURAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-5.449.430, de este domicilio.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE:
Abogada ADELA CAMACHO DE ANDUEZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 8.142.302, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 24.050, con domicilio procesal en la Av. Páez, c/c Camejo N° 9-63 de la Ciudad de Barinas.
PARTE DEMANDADA:
Ciudadanos WILLIANS JESUS CHAVEZ CORREA y LUIS EDUARDO RODRIGUEZ GUARNIZO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidades Nrosº V- 10.165.775 y E- 81.896.982, domiciliados el primero en el Barrio el corozo, Calle Principal, casa N° 48 de la Ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira y el segundo no consta domicilio procesal.-
DAÑOS OCASIONADOS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO.

HISTORIAL DE LA CAUSA
En fecha seis (06) de Mayo de 1999, se recibieron actuaciones a este Juzgado contentivo de demanda de Daños Ocasionados en Accidente de Tránsito, por el ciudadano ANTONIO MARIA DURAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°. V-5.449.430, debidamente asistido por la Abogada ADELA CAMACHO DE ANDUEZA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°. V-8.142.302, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 24.050.

EPÍTOME
Alegan las demandantes que siendo el día Veintidós de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Ocho a las Cuatro y Treinta minuto de la tarde aproximadamente en ciudadano DOMINGO ROA, cedula de identidad N° 9.182.605 conducía un vehiculo marca Ford, color Gris y Azul, Placa AA255X, año 1979, tipo Minibús, clase Camioneta, servicio por puesto, el cual le pertenece a su poderdante. El vehiculo antes señalado se desplazaba por el Ramal 008, carretera ciudad Bolivia via la Ye sector “Los Pinos” frente a la empresa Maderera “INCIBOLCA”, jurisdicción del Municipio Autónomo Pedraza estado Barinas en sentido Norte- Sur de Socopo con destino a ciudad Bolivia cuando en dicho sector un vehiculo que venia en sentido contrario a ciudad Bolivia hacia la entrada en sentido Sur- Norte conducido por el ciudadano WILLIANS JESUS CHAVEZ CORREA, cedula de identidad N° 10.165.775, el cual tiene las siguientes características placas 851-XHW, marca Chevrolet, clase Camión, tipo Jaula Ganadera, servicio carga, modelo Kodiak, color Rojo. Siento propietario el ciudadano LUIS EDUARDO RODRIGUEZ GUARNIZO Cedula de identidad N° E- 81.896.982, el conductor de este vehiculo venia en estado de ebriedad tal como lo muestra la prueba de ALCOTEST que corre en el folio N° 19 en el expediente de transito. El vehiculo de su poderdante se encontraba trabajando y prestando un servicio publico a la comunidad y cumplía todas las normas y reglamentos de la ley de Transito ya que transportaba personas y en cumplimiento a su labor se consigue con una persona que se había dedicado a ingerir licor todo el día y consiente que no se encontraba en condiciones de manejar condujo el vehiculo para causar el accidente donde murieron las siguientes personas: Maura Hernández de Castro, Noris Monsalve Montilla, Josefa del carmen López, José Melanio Valero Moreno, Jimmy Alexander García Hernández entre otros.

En fecha 06 de Mayo de 1999, se recibio libelo de la demanda. (01 al 67)

En Fecha 12 de Mayo de 1999, se admitió el libelo e la demanda y se ordeno librar boletas de citación y oficio remitiendo al Juzgado de Los Municipio Pedraza y Antonio José de Sucre de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. (Folio 68 al 74).

En fecha 08 de Julio de 1999, el alguacil del Juzgado del Municipio Pedraza de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, donde consigno boleta de citación de los ciudadanos WILLIANS JESUS CHAVEZ CORREA Y LUIS EDUARDO RODRIGUEZ GUARINZO, partes demandadas en la cual expuso: a pesar q los busque insistentemente en las direcciones: Avenida cuatro N° 4-85 y Av. 4 N° 10-8, de la población de ciudad Bolivia, municipio Pedraza del Estado Barinas, no se encontraron ni fue posible establecer su ubicación. (Folio 81).

En fecha 02 de Agosto de 1999, se recibio expediente proveniente del Juzgado del Municipio Pedraza de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. (Folio 82 vto)

En fecha 05 de Noviembre de 1999, diligencio la ciudadana ADELA CAMACHO, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 8.142.302, en la cual pidió se citara por cartel a los ciudadanos LUIS EDUARDO RODRIGUEZ GUARNIZO y WILLIANS JESUS CHAVEZ CORREA para el Acto de concentración y continuación del proceso. (Folio 83)

En fecha 18 de Febrero de 2000, diligencio la abogada ADELA CAMACHO venezolana, mayor de edad, inscrita en el inpreabogado bajo el N° 8.142.302, en la solicito se nombrara defensor judicial. (Folio 90).

En fecha 21 de Febrero de 2000, se dicto auto designando Defensor Judicial de los demandados al Abogado JOSÉ FRANCISCO TORRES y se libro la boleta de notificación. (Folio 91).

En fecha 30 de Mayo de 2000, presento diligencia la Abogada ADELA CAMACHO, venezolana, mayor de edad, inscrita en el inpreabogado bajo el N° 8.142.302, en donde solicito que sea nombrado defensor Judicial ya que el anterior no se juramento en el lapso legal, en fecha 01/06/2000 este Tribunal dicto auto acordando lo solicitado por la abogada ADELA y se designo como Defensor Judicial de las Partes demandadas al Abogado JAVIER MONTILLA, a quien se le ordeno notificar. (Folio 95).

En fecha 04 de Julio de 2000, presento diligencia la abogada ADELA CAMACHO, solicitando nuevo defensor Judicial. (Folio 98).

En fecha 07 de Julio de 2000, este Tribunal dicto auto designando Defensor Judicial de la demandada a la Abogada LIDIA YASMIN MANTILLA, a quien se le ordeno notificar a los fines de su aceptación. (Folio 99).

En fecha 25 de Julio de 2000, la Abogada LIDIA YASMIN MANTILLA presento diligencia aceptando el cargo de defensora judicial. (Folio 102).

En fecha 10 de Octubre de 2000, la Abogada Adela Camacho de Anduela presento escrito de prueba. (Folio 105).

En fecha 13 de Octubre de 2000, el Tribunal dicto auto ordenando comisionar al Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas de acuerdo a lo promovido en el escrito presentado por la apoderada de la parte demandante. (Folio 107)

En fecha 15 de Abril de 2005, el doctor JOSÉ GREGORIO ANDRADE PERNIA se aboco al conocimiento de la causa realizándose las notificaciones respectivas. (Folio 136).

En fecha 13 de Julio de 2011, el doctor JOSÉ JOAQUIN TORO SILVA se aboco al conocimiento de la causa realizándose las notificaciones respectivas (Folio 167).

DE LA COMPETENCIA DE ESTE JUZGADO PARA CONOCER DE LA ACCIÓN INTENTADA
Señala Humberto Cuenca, citando al Maestro Chiovenda, el punto de la llamada competencia funcional, la cual define de la siguiente manera: “cuando la ley confía a un juez una función particular, exclusiva, se dice que hay una competencia funcional. La característica esencial es la de ser absoluta e improrrogable y aún cuando parece confundirse, a veces, con la competencia por la materia y por el territorio, es, sin embargo, independiente de ella”. (Derecho Procesal Civil. Humberto Cuenca. Tomo Segundo. Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca. 1993). En sentencia de la Sala Constitucional del 24 de marzo de 2000 (caso: Universidad Pedagógica Experimental Libertador), se señaló los requisitos que conforme a los artículos 26 y 49 constitucionales, debe cumplir el juez natural. Entre ellos se indicó el de ser un juez idóneo, “…de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar, en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya a obrar…”, y se agregó que dicho requisito “no se disminuye por el hecho de que el conocimiento de varias materias puedan atribuirse a un solo juez, lo que atiende a razones de política judicial ligada a la importancia de las circunscripciones judiciales”. Idoneidad y especialización se consideraron exigencias básicas en el juez natural, lo que dicha Sala Constitucional reiteró en sentencia 19 de julio de dos mil dos, (caso: CODETICA), que ello da a los jueces que ejercen la jurisdicción especial una prioridad para conocer las causas que configuran la especialidad. Y ello hace al juez en este caso, el juez natural de la causa identificada en la presente acción.

Ahora bien, la presente demanda por Daños Ocasionados en Accidente de Transito, fue recibida en fecha Seis (06) de Mayo de 1999, fecha en la cual este Juzgado tenia competencia por la materia para conocer de los juicios en materia de Transito y por cuanto a través de la Resolución Nº 2009-0049 de fecha 30 de Septiembre de 2009, emanada del Tribunal Supremo de Justicia, la cual se trascribe parcialmente a continuación:
(…)
RESUELVE
I
CREACIÓN DE LOS JUZGADOS CON COMPETENCIA AGRARIA

Artículo 1: Se modifica la distribución de la competencia agraria en la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en la forma que determina la presente Resolución.

Artículo 2: Se modifica la denominación del Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario, con sede en Barinas, Estado Barinas, por la de JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS, se le suprime la competencia en materia de tránsito y se le atribuye competencia agraria por el territorio en los municipios Barinas, Obispos y Bolívar del estado Barinas.

Artículo 3: En virtud de la supresión de competencia por la materia que hace el artículo 2 de la presente Resolución, se atribuye a los Tribunales de Primera Instancia Civil y Mercantil existentes en la Circunscripción Judicial del Estado Barinas la competencia en materia de tránsito; los mismos quedarán conformados de la siguiente manera:

1.El Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, con sede en Barinas, pasa a denominarse JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS.

(…)
Sexta: Las causas en materia de tránsito que se encuentren en estado de sentencia, serán decididas por el juzgado que las haya sustanciado. El resto de las causas serán remitidas a los juzgados de primera instancia civil y mercantil del estado Barinas, de la manera que se indica en la Disposición Transitoria Tercera de la presente Resolución.-

En virtud de la Resolución antes mencionada y a los fines de dar cumplimiento a la misma, este Juzgado tiene competencia para decidir la presente causa de DAÑOS OCASIONADOS EN ACCIDENTE DE TRANSITO.

MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR
Previo al pronunciamiento de fondo correspondiente, y vistas las actas cursantes a los autos, procede este Juzgador a realizar las siguientes consideraciones:

Se observa de las actas cursantes en el expediente, que la única actuación fue del apoderado Judicial de la parte demandada en el curso del proceso, ocurrió en fecha 10/10/2000 consistente en diligencia presentada por la Abogada Adela Camacho de Anduela, en donde presento escrito de prueba, cursante dicha actuación al folio 105.

observándose que posterior a tal fecha no existe actuación alguna de las partes interesadas, que permita evidenciar su interés en que se dicte sentencia definitiva en la presente causa; es decir, se verifica una inacción prolongada de las partes y en tal sentido cabe mencionar sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 956, de fecha 01 de junio de 2001, caso: Fran Valero González y Milena Portillo de Valero.
… omissis ….
“Sin embargo, al ejercerse la acción puede fingirse un interés procesal, o éste puede existir y luego perderse, por lo que no era necesario para nada la intervención jurisdiccional.

En ambos casos, la función jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida del interés procesal, del cual el ejemplo del bien asegurado es una buena muestra, y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscribe al procedimiento.

Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.

Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida.

(…)

La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda.

Por lo regular, el argumento que se esgrime contra la declaratoria oficiosa, o a instancia de parte, de tal extinción de la acción, es que el Estado, por medio del juez, tenía el deber de sentenciar, que tal deber ha sido incumplido, por lo que la parte actora no puede verse perjudicada por la negligencia del Estado.

Todo ello sin contar que la expectativa legítima del accionante, es que la causa en estado de sentencia debe ser resuelta por el juez sin necesidad de instancia alguna, y sin que su falta de impulso lo perjudique.

Es cierto, que es un deber del Estado, que se desarrolla por medio del órgano jurisdiccional, sentenciar en los lapsos establecidos en la ley, que son los garantes de la justicia expedita y oportuna a que se refiere el artículo 26 constitucional.

Es cierto que incumplir tal deber y obligación es una falta grave, que no debe perjudicar a las víctimas del incumplimiento; pero cuando tal deber se incumple existen como correctivos, que los interesados soliciten se condene a los jueces por el delito tipificado en el artículo 207 del Código Penal, o acusar la denegación de justicia que funda una sanción disciplinaria, o la indemnización por parte del juez o del Estado de daños y perjuicios (artículos 838 del Código de Procedimiento Civil y 49 Constitucional); y en lo que al juez respecta, además de hacerse acreedor de todas esas sanciones, si el Estado indemniza puede repetir contra él. La parte que trata por todos estos medios de que el juez sentencie, está demostrando que su interés procesal sigue vivo, y por ello al interponerlos debe hacerlos constar en la causa paralizada en estado de sentencia, por falta de impulso del juez. Es más, el litigante que ha estado vigilando el expediente y que lo ha solicitado por sí o por medio de otro en el archivo del Tribunal, está demostrando que su interés en ese juicio no ha decaído.

No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta.

(…)

No es que la Sala pretenda premiar la pereza o irresponsabilidad de los jueces, ya que contra la inacción de éstos de obrar en los términos legales hay correctivos penales, civiles y disciplinarios, ni es que pretende perjudicar a los usuarios del sistema judicial, sino que ante el signo inequívoco de desinterés procesal por parte del actor, tal elemento de la acción cuya falta se constata, no sólo de autos sino de los libros del archivo del tribunal que prueban el acceso a los expedientes, tiene que producir el efecto en él implícito: la decadencia y extinción de la acción”.

Criterio jurisprudencial aplicable al caso de autos, puesto que la inactividad prolongada de las partes se traduce como una pérdida de interés procesal, lo que produce la extinción del proceso, la cual puede declararse, aún de oficio por el Tribunal, debiéndose mencionar en sintonía con lo expuesto, sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 1607, de fecha 25 de octubre de 2011, caso: Carlos Alejandro Pérez Vivas.
… omissis ….
“El derecho al acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción que se concreta con la interposición de la demanda y los actos necesarios para el impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia (vid. s.S.C. 416 del 28 de abril de 2009, caso: Carlos Vecchio y otros).
El interés procesal surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que a través de la administración de justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (vid. s.S.C. 686 del 2 de abril de 2002, caso: MT1 (Av) Carlos José Moncada).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y ha de mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Por ello, ante la constatación de esa falta de interés, el cese de la acción puede declararse de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional (vid. s.S.C. 256 de 1 de junio de 2001, caso: Fran Valero González).
En tal sentido, la Sala ha establecido la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso de decisión de la causa, la inactividad produce la perención de la instancia”.

En aplicación del criterio jurisprudencial supra mencionado, y habiéndose verificado en los autos la inactividad prolongada de las partes, siendo la única actuación del apoderado Judicial de la parte demandada en fecha 10/10/2000, y habiendo transcurrido hasta la presente fecha un lapso superior a los doce (12) años, lo que denota la pérdida del interés procesal, resulta en consecuencia forzoso para este Tribunal, declarar extinguido el proceso, y así se decide.

PARTE DISPOSITIVA

Por todo lo anteriormente expuesto este Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara el decaimiento del interés procesal y en consecuencia:

PRIMERO: se declara COMPETENTE para conocer del juicio de DAÑOS OCASIONADOS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO intentado por el ciudadano ADELA CAMACHO DE ANDUEZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 8.142.302, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 24.050, con domicilio procesal en la Av. Páez, c/c Camejo N° 9-63 de la Ciudad de Barinas, apoderada Judicial del Ciudadano ANTONIO MARIA DURAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-5.449.430, de este domicilio.

SEGUNDO: SE DECLARA EL DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN por pérdida de interés procesal y en consecuencia EXTINGUIDO EL PROCESO en el juicio de DAÑOS OCASIONADOS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO intentado por el ciudadano ADELA CAMACHO DE ANDUEZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 8.142.302, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 24.050, con domicilio procesal en la Av. Páez, c/c Camejo N° 9-63 de la Ciudad de Barinas, apoderada Judicial del Ciudadano ANTONIO MARIA DURAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-5.449.430, de este domicilio.
TERCERO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.

CUARTO: Notifíquese a las partes de la presente decisión, para la notificaron de la parte demandante fíjese boleta de notificación y entréguese al alguacil a los fines respectivos, y para la notificación e la parte demandada líbrese boletas y fíjese en la cartelera del tribunal con lo establecido en el Articulo 174 por cuanto las misma carecen de domicilio procesal. Publíquese y regístrese.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. En Barinas, a los Treinta (30) días del mes de Octubre del año Dos Mil Doce (2012). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
EL JUEZ

Abg. JOSÉ JOAQUÍN TORO SILVA
LA SECRETARIA,

Abg. JENNIE W. SALVADOR PRATO
En la misma fecha se publicó la anterior sentencia siendo las 2:34 p.m., y se libraron las respectivas Boletas de Notificación. Conste.
LA SECRETARIA,

Abg. JENNIE W. SALVADOR P.
JJTS/JWSP/av
Exp. Nº 1954