TSJ Regiones - Decisión

LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS.
IDENTIFICACION DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS.
PARTE DEMANDANTE:
GOVAGNI JESUS RONDON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.388.259, de profesión Abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 52.700, domiciliado en la Calle Plaza, entre Avenidas Vuelvan Caras y Garguera, N° 13-31, de la ciudad de Barinas, Estado Barinas.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE:
YURILMA T. HERNANDEZ DE MONSALVE, Abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 70.087 (poder folio 43).

PARTE DEMANDADA:
MILTON AURELIO CABALLERO SAINZ, venezolano, titular de la cédula de identidad N° 6.544.276, mayor de edad, domiciliado en la finca aledaña al Sector “La Morenera”, en la vía Obispos-Espinito, Municipio Obispos del Estado Barinas.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA:
JOSE MANUEL JOVES SOJO Y MARA COROMOTO RIVAS ZERPA, Abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 28.060 y 20.780 (poder folio 38 y 39).

ACCIÓN: INTIMACION DE HONORARIOS
EXPEDIENTE Nº 6556-96
HISTORIAL DE LA CAUSA
Previa revisión de las actas, se constató que en fecha diez (10) de agosto de 1998, fue presentado ante este Juzgado, libelo de demanda contentivo de acción de INTIMACION DE HONORARIOS, por el ciudadano RONDON GOVAGNI JESUS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.388.259, de profesión Abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 52.700, domiciliado en la Calle Plaza, entre Avenidas Vuelvan Caras y Garguera, N° 13-31, de la ciudad de Barinas, Estado Barinas; en contra del ciudadano MILTON CABALLERO SAINZ, venezolano, titular de la cédula de identidad N° 6.744.276, mayor de edad, domiciliado en la finca aledaña al Sector “La Morenera”, en la vía Obispos-Espinito, Municipio Obispos del Estado Barinas.

EPÍTOME
La parte demandante alega en el escrito libelar que cursó por ante este Tribunal el juicio de Querella Interdictal Restitutoria, en la que actuó como Apoderado de la parte querellada o demandada, ciudadano MILTON AURELIO CABALLERO SAINZ, que su representación se desprende de instrumento poder conferido por ante la Notaría Pública Primera de Barinas en fecha 18-11-1996, inserto bajo el N° 08, Tomo 92 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría, que procede por esta vía de demanda de Intimación de Honorarios, en virtud de considerar agotadas todas las vías amigables y conciliatorias para que el demandado procediera a cumplir con el pago de los honorarios correspondientes, que dichos honorarios no es el precio de un trabajo, es algo mas, es la remuneración de honor que le corresponde al abogado por haber producido un beneficio al cliente y colaborar al ejercicio de la justicia, que considera haber prestado un buen servicio, dando su esfuerzo científico y la responsabilidad como Profesional Universitario, que merece una justa retribución porque hay un servicio garantizado por la eficiencia científica y pulcritud moral. Que los servicios prestados no fueron eventuales sino permanentes, desempeñando la función de asesorar con poder de representación de la empresa Mercantil denominada “AGROPECUARIA CABALLERO C.A.”, , que realizó actuaciones no solo en la ciudad de Barinas sino también en los Municipios Alberto Arvelo Torrealba, Municipio Obispos y Cruz Paredes y el Municipio Páez en el estado Portuguesa; señala en su libelo específicamente en cuanto estima sus honorarios, todo lo cual suma la cantidad de siete millones (Bs. 7.000.000,00). Que ocurre en esta ocasión para ejercer el derecho que le confiere el artículo 22 de la Ley de Abogados y su reglamento, en concordancia con el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil. (Folios 01-08)
En fecha 11 de agosto de 1998, se admitió la demanda. (f-12)
En fecha 07 de septiembre de 1998, diligenció el Alguacil consignando la boleta de intimación librada al ciudadano MILTON CABALLERO SAINZ, a quien no pudo intimar por haberse negado a firmar. (f- 18 al 27)
En fecha 17 de Septiembre de 1998, se dictó auto acordando la notificación establecida en el Artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, dejando constancia la secretaria de haber entregado la boleta a la ciudadana YANIRE CONTRERAS. (f- 28 y 32)
En fecha 15 de octubre de 1998, presentó escrito de contestación a la demanda y anexos la Abogada MARA C. RIVAS ZERPA, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 20.780, con el carácter de co-apoderada judicial del ciudadano MILTON CABALLERO (f-33 AL 39 y vto).
En fecha 20 de octubre de 1998, se dictó auto agregando el escrito y el poder consignado por la representación de la parte intimada y se fijó oportunidad para el acto de nombramiento de Jueces Retasadores (f-44)
En fecha 22 de octubre de 1998, se realizó el acto de nombramiento de Jueces Retasadores, se realizó la designación y se acordó la notificación respectiva (f-45).
En fecha 17 de febrero de 1999, previa juramentación de los Jueces Retasadores, se procedió a fijar los honorarios de los mismos en Bs. 25.000,00 para cada uno. (f-68)
En fecha 24 de febrero de 1999, diligenció la abogada MARA RIVAS ZERPA, con el carácter de autos consignando Bs. 50.000,00 por concepto de Honorarios Profesionales para los Retasadores (f-69)
En fecha 24 de febrero de 1999, procedieron los Jueces Retasadores, abogados DORA MORLERO DE JUAREZ Y JOSE RAMON ESPAÑA, inscritos en el Inpreabogado bajo los nros 10.366 y 51.243, a la constitución del Tribunal procediendo a la designación de Secretaria y Alguacil (f-70)
En fecha 02 de marzo de 1999, se dictó auto haciendo entrega del expediente a la Juez ponente Dra. Dora Molero de Juárez (f-71)
Por auto de fecha 09 de marzo de 1999, se difirió la sentencia para dentro de los cinco (05) días de despacho siguientes al auto (f-72).
En fecha 19 de septiembre de 2011, se abocó al conocimiento de la causa el Juez Abogado JOSE JOAQUIN TORO SILVA, ordenando la notificación de las partes (f-78 al 82).

DE LA COMPETENCIA DE ESTE JUZGADO PARA CONOCER DE LA ACCIÓN INTENTADA

En virtud que la presente acción versa sobre tierras con vocación de uso agrario y subsumida ésta en el supuesto del artículo 2 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y así como lo señala Humberto Cuenca, citando al Maestro Chiovenda, trata el punto de la llamada competencia funcional, la cual define de la siguiente manera: “cuando la ley confía a un juez una función particular, exclusiva, se dice que hay una competencia funcional. La característica esencial es la de ser absoluta e improrrogable y aún cuando parece confundirse, a veces, con la competencia por la materia y por el territorio, es, sin embargo, independiente de ella”. (Derecho Procesal Civil. Humberto Cuenca. Tomo Segundo. Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca. 1993). En sentencia de la Sala Constitucional del 24 de marzo de 2000 (caso: Universidad Pedagógica Experimental Libertador), se señaló los requisitos que conforme a los artículos 26 y 49 constitucionales, debe cumplir el juez natural. Entre ellos se indicó el de ser un juez idóneo, “…de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar, en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya a obrar…”, y se agregó que dicho requisito “no se disminuye por el hecho de que el conocimiento de varias materias puedan atribuirse a un solo juez, lo que atiende a razones de política judicial ligada a la importancia de las circunscripciones judiciales”. Idoneidad y especialización se consideraron exigencias básicas en el juez natural, lo que dicha Sala Constitucional reiteró en sentencia 19 de julio de dos mil dos, (caso: CODETICA), que ello da a los jueces que ejercen la jurisdicción especial una prioridad para conocer las causas que configuran la especialidad. Y ello hace al juez agrario en este caso, el juez natural de la causa identificada en la presente acción. Y en este orden de ideas, tal y como lo ha definido meridianamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el fallo N° 1715 del 08 de agosto de 2007 con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño (caso: “INMOBILIARIA EL SOCORRO, C.A.”), en los siguientes términos:

“…Respecto de las pretensiones procesales de naturaleza agraria, esta Sala reconoció la competencia de los órganos jurisdiccionales especializados regulados por la mencionada Ley Orgánica, derogada por la actual Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y, en ese sentido, ha afirmado que “(…) a los tribunales con competencia en materia agraria le corresponde conocer limitadamente de las demandas en las cuales se introduce la acción y se postula la pretensión agraria, así como de las medidas y controversias que se susciten con ocasión a dicha demanda, pues debe entenderse que el esquema competencial dispuesto en el artículo 1º de la ley referida, obedece a la existencia de un vínculo directo entre la naturaleza del bien y la materia agraria (Vid. Sentencia de esta Sala N° 449 del 4 de abril de 2001, caso: “Williams Blanco Bencomo y Thamara Muraschkoff De Blanco”)…”

MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR
Previo al pronunciamiento de fondo correspondiente, y vistas las actas cursantes a los autos, procede este Juzgador a realizar las siguientes consideraciones:

Se observa de las actas cursantes en el expediente, que la última actuación de las partes en este Tribunal durante el curso del proceso, ocurrió en fecha 24 de febrero de 1999, fecha en la cual diligenció la abogada MARA RIVAS ZERPA, con el carecer de autos consignando Bs. 50.000,00 por concepto de Honorarios Profesionales para los Jueces Retasadores (f-69), observándose que posterior a tal fecha no existe actuación alguna de las partes interesadas, que permita evidenciar su interés en que se dicte sentencia definitiva en la presente causa; es decir, se verifica una inacción prolongada de las partes y en tal sentido cabe mencionar sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 956, de fecha 01 de junio de 2001, caso: Fran Valero González y Milena Portillo de Valero.
… omissis ….

“Sin embargo, al ejercerse la acción puede fingirse un interés procesal, o éste puede existir y luego perderse, por lo que no era necesario para nada la intervención jurisdiccional.

En ambos casos, la función jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida del interés procesal, del cual el ejemplo del bien asegurado es una buena muestra, y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscribe al procedimiento.

Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.

Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida.

(…)

La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda.

Por lo regular, el argumento que se esgrime contra la declaratoria oficiosa, o a instancia de parte, de tal extinción de la acción, es que el Estado, por medio del juez, tenía el deber de sentenciar, que tal deber ha sido incumplido, por lo que la parte actora no puede verse perjudicada por la negligencia del Estado.

Todo ello sin contar que la expectativa legítima del accionante, es que la causa en estado de sentencia debe ser resuelta por el juez sin necesidad de instancia alguna, y sin que su falta de impulso lo perjudique.

Es cierto, que es un deber del Estado, que se desarrolla por medio del órgano jurisdiccional, sentenciar en los lapsos establecidos en la ley, que son los garantes de la justicia expedita y oportuna a que se refiere el artículo 26 constitucional.

Es cierto que incumplir tal deber y obligación es una falta grave, que no debe perjudicar a las víctimas del incumplimiento; pero cuando tal deber se incumple existen como correctivos, que los interesados soliciten se condene a los jueces por el delito tipificado en el artículo 207 del Código Penal, o acusar la denegación de justicia que funda una sanción disciplinaria, o la indemnización por parte del juez o del Estado de daños y perjuicios (artículos 838 del Código de Procedimiento Civil y 49 Constitucional); y en lo que al juez respecta, además de hacerse acreedor de todas esas sanciones, si el Estado indemniza puede repetir contra él. La parte que trata por todos estos medios de que el juez sentencie, está demostrando que su interés procesal sigue vivo, y por ello al interponerlos debe hacerlos constar en la causa paralizada en estado de sentencia, por falta de impulso del juez. Es más, el litigante que ha estado vigilando el expediente y que lo ha solicitado por sí o por medio de otro en el archivo del Tribunal, está demostrando que su interés en ese juicio no ha decaído.

No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta.

(…)

No es que la Sala pretenda premiar la pereza o irresponsabilidad de los jueces, ya que contra la inacción de éstos de obrar en los términos legales hay correctivos penales, civiles y disciplinarios, ni es que pretende perjudicar a los usuarios del sistema judicial, sino que ante el signo inequívoco de desinterés procesal por parte del actor, tal elemento de la acción cuya falta se constata, no sólo de autos sino de los libros del archivo del tribunal que prueban el acceso a los expedientes, tiene que producir el efecto en él implícito: la decadencia y extinción de la acción”.

Criterio jurisprudencial aplicable al caso de autos, puesto que la inactividad prolongada de las partes se traduce como una pérdida de interés procesal, lo que produce la extinción del proceso, la cual puede declararse, aún de oficio por el Tribunal, debiéndose mencionar en sintonía con lo expuesto, sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 1607, de fecha 25 de octubre de 2011, caso: Carlos Alejandro Pérez Vivas.
… omissis ….

“El derecho al acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción que se concreta con la interposición de la demanda y los actos necesarios para el impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia (vid. s.S.C. 416 del 28 de abril de 2009, caso: Carlos Vecchio y otros).
El interés procesal surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que a través de la administración de justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (vid. s.S.C. 686 del 2 de abril de 2002, caso: MT1 (Av) Carlos José Moncada).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y ha de mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Por ello, ante la constatación de esa falta de interés, el cese de la acción puede declararse de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional (vid. s.S.C. 256 de 1 de junio de 2001, caso: Fran Valero González).
En tal sentido, la Sala ha establecido la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso de decisión de la causa, la inactividad produce la perención de la instancia”.

En aplicación del criterio jurisprudencial supra mencionado, y habiéndose verificado en los autos la inactividad prolongada de las partes, siendo su última actuación en fecha 24 de febrero de 1999, fecha en la cual diligenció la abogada MARA RIVAS ZERPA, con el carácter de autos consignando Bs. 50.000,00 por concepto de Honorarios Profesionales para los Jueces Retasadores (f-69); observándose que posterior a tal fecha no existe actuación alguna de las partes interesadas, habiendo transcurrido a partir de tal actuación hasta la presente fecha un lapso superior a trece (13) años, lo que denota la pérdida del interés procesal, por lo que resulta en consecuencia forzoso para este Tribunal, declarar extinguido el proceso, y así se decide.
PARTE DISPOSITIVA

Por todo lo anteriormente expuesto este Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley dicta sentencia de la siguiente manera:

PRIMERO: Se declara competente para conocer de la Acción de INTIMACION DE HONORARIOS, intentado por el ciudadano GOVAGNI JESUS RONDON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.388.259, de profesión Abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 52.700, domiciliado en la Calle Plaza, entre Avenidas Vuelvan Caras y Garguera, N° 13-31, de la ciudad de Barinas, Estado Barinas, en contra del ciudadano MILTON AURELIO CABALLERO SAINZ, venezolano, titular de la cédula de identidad N° 6.544.276, mayor de edad, domiciliado en la finca aledaña al Sector “La Morenera”, en la vía Obispos-Espinito, Municipio Obispos del Estado Barinas.

SEGUNDO: SE DECLARA EL DECAIMIENTO DE LA ACCION por pérdida de interés procesal y en consecuencia EXTINGUIDO EL PROCESO EN LA PRESENTE Acción de INTIMACION DE HONORARIOS, intentado por el ciudadano GOVAGNI JESUS RONDON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.388.259, de profesión Abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 52.700, domiciliado en la Calle Plaza, entre Avenidas Vuelvan Caras y Garguera, N° 13-31, de la ciudad de Barinas, Estado Barinas, en contra del ciudadano MILTON AURELIO CABALLERO SAINZ, venezolano, titular de la cédula de identidad N° 6.544.276, mayor de edad, domiciliado en la finca aledaña al Sector “La Morenera”, en la vía Obispos-Espinito, Municipio Obispos del Estado Barinas.
No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Notifíquese a las partes de la presente decisión, líbrese boletas de notificación y entréguense al Alguacil a fin de que practique las notificaciones respectivas.
Publíquese, regístrese y expídanse las copias de Ley.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. En Barinas, a los tres (03) días del mes de Julio del año Dos Mil Trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
EL JUEZ

Abg. JOSÉ JOAQUÍN TORO SILVA
LA SECRETARIA,

Abg. JENNIE W. SALVADOR PRATO.
En la misma fecha se publicó la anterior sentencia siendo las 2:25 p.m., y se libró boletas de notificación. Conste.
LA SECRETARIA,

Abg. JENNIE W. SALVADOR P.

JJTS/JWSP/nh
Exp. Nº 6556-96