TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Circuito Judicial Penal con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer
Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencia y Medidas Nº 02
De la Circunscripción Judicial del estado Barinas
Barinas, 15 de julio de 2013
203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL : EJ02-S-2011-000287
ASUNTO : EJ02-S-2011-000287

JUEZA PROFESIONAL: Abogada JHANNA CAROLINA VALERIO VIVAS.
SECRETARIA: Abogada Alejandra Núñez.
IMPUTADO: JORGE ENRIQUE ALVAREZ CASTILLO, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V.- 11.190.592, natural de Barinas estado Barinas, de 38 años de edad, estado civil soltero, de profesión u oficio publicista, residenciado en la Urbanización Dominga Ortiz de Páez, calle 13, casa Nº 02, Barinas estado Barinas.
DEFENSOR PÚBLICO: Abogado Miguel Guerrero.
FISCAL TITULAR Nº 17 DEL MINISTERIO PÚBLICO: Abogada Carlos Ramírez.
DELITOS: VIOLENCIA PSICOLOGICA, ACOSO U HOSTIGAMIENTO Y AMENAZA, previsto y sancionado en los artículos 39, 40 Y 41 de La Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el delito de DAÑOS MATERIALES A LA PROPIEDAD, previsto y sancionado en el articulo 473 del Código Penal Venezolano.
VICTIMA: LEYBIS JOSEFINA PEREZ AGUIRRE.

AUTO FUNDADO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO
ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL -POR ADMISIÓN DE LOS HECHOS.-
Corresponde a este Tribunal de Primera Instancia Penal en funciones de Control, Audiencias y Medidas Nº 02 con competencia para conocer de los delitos previstos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Barinas, una vez celebrada la Audiencia Preliminar de conformidad con el artículo 104 de la Ley antes mencionada, fundamentar la decisión tomada en audiencia, en relación al otorgamiento de la Suspensión Condicional del Proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal, en los siguientes términos:

EXPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO:
La Fiscalía Décima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, representada en el acto por el Fiscal Titular Abg. Carlos Ramírez, en audiencia preliminar celebrada en fecha: Once (11) de Julio del año 2013, expuso oralmente las razones de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos en las que fundamenta su acto conclusivo que fuese presentado oportunamente contra el ciudadano que identificó como: JORGE ENRIQUE ALVAREZ CASTILLO, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V.- 11.190.592, natural de Barinas estado Barinas, de 38 años de edad, estado civil soltero, de profesión u oficio publicista, residenciado en la Urbanización Dominga Ortiz de Páez, calle 13, casa Nº 02, Barinas estado Barinas, calificando los hechos como los delitos de VIOLENCIA PSICOLOGICA, ACOSO U HOSTIGAMIENTO Y AMENAZA, previsto y sancionado en los Art. 39, 40 Y 41 de La Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el delito de DAÑOS MATERIALES A LA PROPIEDAD, previsto y sancionado en el articulo 473 del Código Penal Venezolano, cometido en perjuicio de la ciudadana: LEYBIS JOSEFINA PEREZ AGUIRRE; solicitó se admitiera la acusación en relación a los delitos de VIOLENCIA PSICOLÒGICA, ACOSO U HOSTIGAMIENTO, AMENAZA Y DAÑOS MATERIALES A LA PROPIEDAD, por cumplir con los requisitos previstos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, así como los medios de prueba ofrecidos (Testimoniales y documentales), por ser útiles, pertinentes y necesarios para el esclarecimiento de los hechos objeto del presente proceso y en consecuencia se ordenara el enjuiciamiento del acusado mediante el respectivo auto de apertura a juicio oral.

INTERVENCIÓN DE LA VÍCTIMA:
La víctima ciudadana: LEYBIS JOSEFINA PEREZ AGUIRRE, titular de la cedula de identidad Nº V.- 14.731.181, teléfono: 0416-1725806, presente en sala, a quien le asiste el derecho a intervenir en el proceso de conformidad con lo previsto en el articulo 37 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, le fue impuesto el precepto constitucional previsto en el artículo 49 numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, manifestando textualmente lo siguiente: “El no me ha vuelto a agredir, desde que se suscitaron los hechos actualmente estamos juntos de nuevo y todo esta bien”.

INTERVENCIÒN DEL IMPUTADO:
El imputado impuesto del Precepto Constitucional establecido en el artículo 49 numeral 5, que lo exime de declarar en causa propia, en consecuencia puede abstenerse de declarar sin que su silencio les perjudique, también se le hizo de su conocimiento que la declaración es un medio con el que cuenta para su defensa y por consiguiente tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre el recaiga. También se le impusieron los derechos que les confieren los artículos 127, 132 y 133 del Código Orgánico Procesal Penal, seguidamente le concede el derecho de palabra al acusado: JORGE ENRIQUE ALVAREZ CASTILLO, plenamente identificado en autos, quien previa imposición del precepto constitucional, de forma libre y espontánea, debidamente asistido de su defensor publico abogado Miguel Guerrero, expuso lo siguiente: “Yo prefiero guardar silencio. Es Todo”.

INTERVENCIÒN DE LA DEFENSA:
El defensor publico abogado MIGUEL GUERRERO, manifestó en su intervención lo siguiente: “Esta defensa solicita la suspensión condicional del proceso y cumplir con todas las condiciones que el tribunal imponga, Es todo”.

EL TRIBUNAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 313 RESUELVE DE LA SIGUIENTE MANERA:
SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACUSACION Y DE LOS MEDIOS DE PRUEBA
Corresponde a este Tribunal verificar el cumplimiento de los extremos constitucionales y legales para el ejercicio de la acción penal y en tal sentido, una vez revisado el libelo acusatorio, estima esta Juzgadora que efectivamente ha cumplido el Ministerio Público con los requisitos materiales y formales para el ejercicio de la acción penal, motivo por el cual lo procedente y ajustado a derecho es admitir totalmente la acusación, por cumplir con los requisitos previstos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión del artículo 64 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como se admiten todos los medios de prueba (Testimoniales y documentales) ofrecidos por el Ministerio Público por ser útiles, legales, pertinentes y necesarias para demostrar la responsabilidad penal del ciudadano: JORGE ENRIQUE ALVAREZ CASTILLO, ya identificado.

Así mismo, en relación a los medios de prueba aportados por la representación fiscal, a los fines de acreditar la comisión del ilícito penal por el ciudadano acusado, rielan en la presente causa los siguientes:

1.- Acta de Investigación Penal, de fecha 11-10-2010, suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub. Delegación Barinas, donde se deja constancia de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produce la aprehensión del ciudadano: JORGE ENRIQUE ALVAREZ CASTILLO.
2.- Acta de entrevista, de fecha 11-10-2010, realizada a la ciudadana: LEYBIS JOSEFINA PEREZ AGUIRRE, quien manifiesta las circunstancias en que fue agredida.
3.- Acta de Inspección Técnica, de fecha 11-10-2010, suscrita por los funcionarios JESUS LOBO Y ACARANTAHIR CONTRERAS, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub. Delegación Barinas, quienes dejan constancia de las características físicas y ambientales del sitio del suceso.
4.- Resultado del Informe Psicológico, de fecha 19-10-2010, suscrito por la Licenciada Ana Lourdes Parra Manzano, adscrita al Módulo asistencial de los Pozones del estado Barinas, quien realizo valoración a la victima: LEYBIS JOSEFINA PEREZ AGUIRRE, donde se deja constancia: “Leybys es una persona sin trastorno de personalidad, atenta, colaboradora, quien es victima de violencia física y psicológica por parte de su ex concubino, afectándole su estado emocional y su desenvolvimiento social normal, esta tan depresiva y vulnerada en su integridad como persona, que puede atentar contra su vida o perder control emocional, produciéndole un trastorno depresivo o trastorno de la personalidad, hay autoestima baja, insomnio, poca concentración en sus actividades laborales y temor de andar sola, se sugiere apoyo psicoterapéutico ”.
5.- Acta de Denuncia, de fecha 08-10-2010, interpuesta por la ciudadana: LEYBIS JOSEFINA PEREZ AGUIRRE, ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub. Delegación Barinas, donde manifiesta los hechos por los cuales ha sido victima de violencia de género.
6.- Acta de Inspección Técnica Nº 2246, suscrita por los funcionarios YONATHAN SAYAGO Y NEY VALERO, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub. Delegación Barinas, quienes dejan constancia de las características físicas y ambientales del sitio donde se encontraba ubicado el vehículo del ciudadano: JORGE ENRIQUE ALVAREZ CASTILLO.
7.- Acta de Inspección Técnica Nº 2248, suscrita por los funcionarios YONATHAN SAYAGO Y NEY VALERO, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub. Delegación Barinas, quienes dejan constancia de las características físicas y ambientales del sitio del suceso.

SOBRE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO
Seguidamente se le impone al acusado: JORGE ENRIQUE ALVAREZ CASTILLO, plenamente identificado en autos, de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, en atención a Sentencia de fecha 20-06-2003, de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia consagrado en los Artículos 38, 41, 43, y 375 del Código Orgánico Procesal Penal, correspondiente al principio de oportunidad, acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso y el procedimiento por admisión de los Hechos, de igual manera impone a los acusados del Precepto Constitucional inserto en el artículo 49 ordinal N° 5 de la Constitución Nacional que los exime de declarar en causa propia, en consecuencia puede abstenerse de declarar sin que su silencio le perjudique, también hizo de su conocimiento que la declaración es un medio con el que cuenta para su defensa y por consiguiente tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre el recaigan y a solicitar la práctica de diligencias que consideren necesarias. También se le impusieron los derechos que le confieren los artículos 127, 132 y 133 del Código Orgánico Procesal Penal, quien manifestó: “Admitido los hechos que se me acusan, y solicito la suspensión condicional del proceso”.

A los fines de resolver sobre la solicitud planteada y en cumplimiento con el procedimiento dispuesto en el artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal, se le concede el derecho de palabra al defensor público Abogado MIGUEL GUERRERO, quien expuso: “Solicito sea aplicada la Suspensión Condicional del Proceso, de igual manera mi defendido se comprometen a cumplir con las obligaciones que imponga el Tribunal, Es todo”.

Seguidamente se le concede el derecho de palabra a la victima: LEYBIS JOSEFINA PEREZ AGUIRRE, quien manifestó lo siguiente: “No me opongo al otorgamiento del beneficio”.

Seguidamente se le concede el derecho a la representante del Ministerio Público Abogada CARLOS RAMIREZ, quien en representación de la víctima expuso textualmente lo siguiente: “Esta representación escuchado el dicho de la victima no se opone a que se le otorgue al acusado la suspensión condicional del proceso, es todo”.

El Tribunal oídas las exposiciones de las partes, la admisión de los hechos por parte del acusado, la oferta de reparación del daño de manera simbólica, procede a analizar sobre la procedencia de la alternativa a la prosecución del proceso solicitada. El artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone como requisitos de procedencia de la medida cautelar sustitutiva los siguientes: 1) Que se trate de delitos leves. 2) Que la pena del delito no exceda de ocho (08) años en su límite máximo; 3) Que el acusado admita los hechos; 4) se demuestre que ha tenido buena conducta predelictual; y 5) Que no se encuentre sometido a otra medida de esta naturaleza de manera simultánea, ni se hubiera acogido a esta alternativa dentro de los tres (03) años anteriores.

El presente caso de marras versa sobre la comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLOGICA, ACOSO U HOSTIGAMIENTO Y AMENAZA, previsto y sancionado en los artículos 39, 40 Y 41 de La Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el delito de DAÑOS MATERIALES A LA PROPIEDAD, previsto y sancionado en el articulo 473 del Código Penal Venezolano, siendo que el delito de mayor entidad punitiva es el AMENAZA, el cual prevé una pena a imponer de diez (10) a veintidós (22) meses de prisión, más las agravante prevista en el Código Penal por la concurrencia de delitos previstos en el artículo 88 del Código Penal, el cual prevé un incremento de la pena a imponer de la mitad de la pena de los demás delitos, motivo por el cual podemos asegurar que por el quantum de la pena resulta procedente dicha alternativa a la prosecución del proceso, lo cual además evidencia que al no tener alta entidad punitiva es considerado por el legislador como un delito leve lo cual hace procedente la alternativa a la prosecución del proceso.

En relación a la conducta predelictual debe referir esta Juzgadora que no consta en autos que el imputado haya sido condenado penalmente, ya que no constan antecedentes penales por lo que debe asumir este tribunal conforme al principio de presunción de inocencia.

Sobre el requisito de que el imputado no este sometido a otra medida de esta naturaleza de manera contemporánea debe observar este Juzgador que revisado el sistema JURIS 2000 se puede constatar que no esta sometida a otra medida de esta naturaleza. Y ASI SE DECIDE.
El acusado de autos admitió los hechos y su responsabilidad en los mismos, así como realizó la oferta de reparación del daño, verificando que el Ministerio Público actuando en representación de la victima, manifestó su conformidad con la alternativa a la prosecución del proceso solicitada, estimando esta Juzgadora que se encuentran llenos los extremos previstos en el Ley para la procedencia de la Suspensión Condicional del Proceso, razón por la cual lo procedente y ajustado a derecho es decretar la misma, imponiéndose un régimen de prueba por un lapso de UN (01) AÑO conforme a lo dispuesto en el artículo 44 y 45 del Código Orgánico Procesal Penal, imponiéndole las siguientes condiciones consistente en: 1.- Se mantiene a favor del acusado: JORGE ENRIQUE ALVAREZ CASTILLO, plenamente identificado en autos, la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 numeral 8 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación con lo previsto en el artículo 242 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en régimen de presentaciones las cuales serán ampliadas cada sesenta (60) días ante la UVIC del Circuito Judicial Penal del estado Barinas. 2.- De conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se acuerda librar oficio a la coordinadora del equipo interdisciplinario adscrita a este Circuito Judicial Especializado en Violencia de Genero, a los fines de que le sea asignada cita al acusado de autos y le impongan trabajo comunitario y labor social durante el lapso de Un (01) año, tal y como lo prevé el artículo 122 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sugiriendo la remisión del acusado de autos al Educador del equipo interdisciplinario a los fines de que reciba un ciclo de charlas. 3.- Se mantiene la medida de protección y seguridad a favor de la victima: LEYBIS JOSEFINA PEREZ AGUIRRE, de conformidad con lo previsto en el artículo 87 numeral 6 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consistente en: 6.- Prohibición de acercarse el presunto agresor por él y por terceros, y no realizar actos de persecución, acoso o intimidación en contra de la victima, o sus familiares. Se le advierte al acusado que en caso de incumplir en forma injustificada alguna de las condiciones que se le impusieron se generaran las consecuencias contenidas en el artículo 46 y 47 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECIDE.

D I S P O S I T I V A :
En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal de Primera Instancia Penal en Funciones de Control, Audiencias y Medidas Nº 02 del Tribunal de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, resuelve: PRIMERO: Admite la acusación fiscal presentada por la Fiscalía Décima Séptima del Ministerio Publico de esta Circunscripción Judicial en su totalidad, así como los medios de pruebas plasmados en la misma (testimóniales y documentales), por ser útiles, necesarios y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objeto del proceso y por cumplir con los requisitos exigidos en el Artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión expresa del artículo 64 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; SEGUNDO: Se acuerda la Medida Alternativa a la Prosecución del Proceso de SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, conforme a lo establecido en el Artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal, a favor del acusado: JORGE ENRIQUE ALVAREZ CASTILLO, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V.- 11.190.592, natural de Barinas estado Barinas, de 38 años de edad, estado civil soltero, de profesión u oficio publicista, residenciado en la Urbanización Dominga Ortiz de Páez, calle 13, casa Nº 02, Barinas estado Barinas, por la comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLOGICA, ACOSO U HOSTIGAMIENTO Y AMENAZA, previsto y sancionado en los artículos 39, 40 y 41 de La Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el delito de DAÑOS MATERIALES A LA PROPIEDAD, previsto y sancionado en el articulo 473 del Código Penal Venezolano, cometido en perjuicio de la ciudadana: LEYBIS JOSEFINA PEREZ AGUIRRE, por el lapso de UN (01) AÑO, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 del Código Orgánico Procesal Penal, imponiéndole las siguientes condiciones: 1.- Se mantiene a favor del acusado: JORGE ENRIQUE ALVAREZ CASTILLO, plenamente identificado en autos, la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 numeral 8 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación con lo previsto en el artículo 242 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en régimen de presentaciones las cuales serán ampliadas cada sesenta (60) días ante la UVIC del Circuito Judicial Penal del estado Barinas. 2.- De conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se acuerda librar oficio a la coordinadora del equipo interdisciplinario adscrita a este Circuito Judicial Especializado en Violencia de Genero, a los fines de que le sea asignada cita al acusado de autos y le impongan trabajo comunitario y labor social durante el lapso de Un (01) año, tal y como lo prevé el artículo 122 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sugiriendo la remisión del acusado de autos al Educador del equipo interdisciplinario a los fines de que reciba un ciclo de charlas. 3.- Se mantiene la medida de protección y seguridad a favor de la victima: LEYBIS JOSEFINA PEREZ AGUIRRE, de conformidad con lo previsto en el artículo 87 numeral 6 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consistente en: 6.- Prohibición de acercarse el presunto agresor por él y por terceros, y no realizar actos de persecución, acoso o intimidación en contra de la victima, o sus familiares. TERCERO: Se le advierte al acusado: JORGE ENRIQUE ALVAREZ CASTILLO, anteriormente identificado, que en caso de incumplir en forma injustificada alguna de las condiciones que se le impusieron se generaran las consecuencias contenidas en el artículo 46 y 47 del Código Orgánico Procesal Penal. CUARTO: Líbrese oficio al equipo interdisciplinario adscrito a este Circuito Judicial Especializado en Violencia de Género, en virtud de que este Tribunal remitió a la victima: LEYBIS JOSEFINA PEREZ AGUIRRE, a los fines de ser valorada y orientada por la psicóloga adscrita a dicho departamento. QUINTO: Líbrese oficio al equipo interdisciplinario de este Circuito a los fines de que le sea asignada fecha para realizar la valoración al acusado. SEXTO: Se deja constancia que el auto fundado de la presente decisión fue publicado al tercer (03) día hábil siguiente de haber sido realizada la audiencia preliminar. Líbrese Oficio a la UVIC del Circuito Judicial Penal de este estado, informando sobre la ampliación del régimen de presentaciones. Publíquese, Registrase y Cúmplase.

LA JUEZA EN FUNCIONES DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS Nº 02

ABG. JHANNA CAROLINA VALERIO VIVAS

LA SECRETARIA

ABG. ALEJANDRA NUÑEZ