REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS EN SU NOMBRE Barinas, 07 de junio de 2013 Años 203º y 154º Sent. N° 13-06-05 Vistas las anteriores actuaciones contentivas de la demanda de divorcio ordinario fundamentada en las causales segunda (2da) y tercera (3era) del artículo 185 del Código Civil, intentada por la ciudadana Mirna Josefina Zambrano Valdez, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 6.056.782, con domicilio procesal en la urbanización Punta Gorda, Sector El Campito, calle Principal, Casa s/n, en jurisdicción de la Parroquia Corazón de Jesús del Municipio Barinas, del Estado Barinas, representada por los abogados en ejercicio Carlos M. Archila M. y Henry Ulises Orellana, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 36.101 y 101.958 respectivamente, contra el ciudadano Abel Ramírez Araque, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.391.806, este Tribunal observa: En fecha 23 de abril de 2013, se realizó el sorteo de distribución de causas, correspondiéndole a este Tribunal el conocimiento de la presente demanda, la cual se admitió por auto del 25 de ese mes y año, ordenándose emplazar a las partes para que comparecieran personalmente ante este Tribunal vencidos como fuesen cuarenta y cinco (45) días continuos, a las diez de la mañana (10:00 a.m.) del primer día de despacho siguiente a que constara en autos la citación del demandado, y la notificación del Fiscal del Ministerio Público, pudiendo hacerse acompañar de parientes o amigos del matrimonio en un número no mayor de dos (2) cada uno, a fin de llevar a efecto el primer acto conciliatorio. En fecha 29/04/2013, el abogado en ejercicio Carlos M. Archila M., consignó los emolumentos para la apertura del cuaderno y para la elaboración de la compulsa. En fecha 03 de mayo del año en curso, se libró la boleta de notificación y el emplazamiento ordenados. El representante del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, fue notificado el 07 de mayo de 2013, según consta de la diligencia suscrita y la boleta consignada por el Alguacil, cursantes a los folios 85 y 86, respectivamente. En fecha 30 de mayo de 2013, el co-apoderado judicial de la parte actora, abogado en ejercicio Carlos M. Archila M., suscribió diligencia exponiendo estar disponible para trasladar al ciudadano Alguacil de este Tribunal, en el vehículo de su propiedad, con el fin de practicar la citación del demandado. En tal sentido, tenemos que el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: “… (omissis). También se extingue la instancia: 1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”. La norma parcialmente transcrita consagra la denominada institución de la “perención breve o especial”, que extingue el proceso, ya no por acto de parte sino por la inactividad de ellas prolongada por un cierto tiempo, luego de ser admitida la demanda. Por lo tanto, la inactividad procesal y el transcurso del lapso legal, hacen verificar de pleno derecho esta figura. La perención requiere de la concurrencia de tres elementos o condiciones, a saber: uno objetivo, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otro subjetivo, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del Juez; y uno temporal, que es la prolongación de la inactividad de las partes por el lapso de treinta días. La jurisprudencia nacional señala que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la instancia. Del contenido de la disposición parcialmente transcrita se desprende que es carga de la parte actora cumplir con las obligaciones de ley para lograr la citación de la parte demandada, cuales son: el pago de los derechos por concepto de arancel judicial y timbres fiscales. Sin embargo, hoy día toda la normativa referida a la cancelación de tales derechos es inconstitucional, ello en atención al principio de gratuidad establecido en el aparte único del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice: “El Estado garantizará una justicia gratuita…(omissis)” - cursivas de este Despacho -. No obstante ello, cabe resaltar que en relación con la obligación prevista en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, en cuanto al transporte de los funcionarios o auxiliares de justicia, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia dictada en fecha 06 de julio de 2004, en el expediente N° AA20-C-2001-000436, estableció que: “…(omissis) la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo la obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación…(sic)” En el caso de autos, si bien el co-apoderado judicial de la parte actora mediante diligencia suscrita en fecha 30/05/2013, manifestó estar disponible para trasladar al ciudadano Alguacil, en el vehículo de su propiedad, con el fin de practicar la citación del demandado, cabe destacar que la demanda intentada fue admitida el 25 de abril de 2013, razón por la cual, al no haber satisfecho o cumplido la actora la obligación legal establecida en el citado artículo 12, dentro del lapso de treinta (30) días continuos siguientes a ésta fecha, ello en virtud de que la dirección suministrada por dicha parte para la citación del demandado, a saber, ‘urbanización Punta Gorda, Sector El Campito, calle Principal, Casa s/n, en jurisdicción de la Parroquia Corazón de Jesús del Municipio Barinas, del Estado Barinas’, dista a más de quinientos (500) metros de la sede del Tribunal, es por lo que en estricto apego a la mencionada jurisprudencia de casación, resulta forzoso declarar que se ha producido en consecuencia la perención de la instancia en esta causa; Y ASI SE DECIDE. En mérito de las motivaciones anteriormente expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta sentencia en los siguientes términos: PRIMERO: Declara la perención de la instancia en la presente causa, y por ende, se extingue el procedimiento. SEGUNDO: No se ordena notificar a la parte actora de la presente decisión, por encontrarse a derecho. TERCERO: No se hace condenatoria en costas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Regístrese y Publíquese. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. En Barinas a los siete (07) días del mes de junio del año dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación. La Juez Titular Abg. Reina Chejín Pujol. La Secretaria Titular Abg. Karleneth Rodríguez Castilla. En la misma fecha siendo las nueve y cincuenta minutos de la mañana (09:50 a.m.) se publicó y registró la anterior decisión. Conste, La…. …Secretaria Titular Abg. Karleneth Rodríguez Castilla. Exp. N° 13-9767-CF. rcb.