TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Circuito Judicial Penal con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencia y Medidas Nº 02
De la Circunscripción Judicial del estado Barinas
Barinas, 1 de marzo de 2013
202º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL : EP01-S-2013-000118
ASUNTO : EP01-S-2013-000118

Vista la solicitud de revisión de medida cautelar de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, presentada por la abogada SUSANA GAMBOA, actuando en su condición de defensora privada del ciudadano JOSE MARTIN CABALLERO JORADO, plenamente identificado en autos, este Tribunal pasa a realizar las siguientes consideraciones:
La defensora privada indica como fundamento de su solicitud lo siguiente:
“….omisis… Ruego igualmente se le revise y se le otorgue una medida menos gravosa a los fines de proseguir con el proceso, para evitar daños a la salud del imputado, ya que mi defendido es una persona frágil de salud y de edad avanzada (…)”.
Sobre dicha solicitud considera esta Juzgadora, que en todo proceso cualquiera sea naturaleza, existe como componente esencial a la tutela judicial efectiva el derecho a solicitar medidas cautelares tendientes a impedir que la necesidad de un juicio previo y debido proceso sacrifique la realización de la justicia, haciendo imposible el cumplimiento de la sentencia de fondo.
En materia procesal penal estas medidas de aseguramiento están relacionadas con medidas no sólo de carácter patrimonial o medidas cautelares reales, en casos específicos, sino medidas corporales o de coerción personal que son el común denominador en este tipo de asuntos, lo que implica limitar derechos de la esfera individual de las personas.
En relación a ello ROXIN, al referirse a estas limitaciones indica “Para llevar a cabo el proceso penal son indispensables las injerencias en la esfera individual y, por cierto, tanto para asegurar el proceso de conocimiento como para asegurar la ejecución penal”.
Los fines de estos medios de coerción personal para SCHROEDER (1985) citado por ROXIN, se distinguen en seis fines distintos a saber: 1) Investigación; 2) Aseguramiento de Pruebas; 3) Comprobación de los presupuestos procesales; 4) Aseguramiento de la posibilidad de realización del procedimiento; 5) Aseguramiento de la ejecución de la sentencia; y 6) Prevención de los hechos punibles.
Por su parte ASENCIO MELLADO en relación a fines de las medidas de coerción personal las clasifica en cuatro que son las siguientes: “Evitar la frustración del proceso imposibilitando la fuga del imputado; asegurar el éxito de la instrucción y el ocultamiento de futuros medios de prueba; impedir la reiteración delictiva; y satisfacer las demandas sociales de seguridad en los casos en los que el delito haya causado alarma”.
Nuestro proceso penal reconoce como finalidades de las medidas de coerción personal, evitar la frustración del proceso por fuga del imputado, y asegurar el resultado de la investigación y evitar el ocultamiento de futuras pruebas.
Nuestro legislador ha considerado que a los fines de solicitar una medida de privación judicial preventiva de libertad se deben cumplir con los extremos contenidos en el artículo 236 del texto adjetivo penal, que son las siguientes: “1) Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; 2) Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; 3) Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación”.
En relación a las medidas cautelares sustitutivas dispone el artículo 242 lo siguiente: “Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, alguna de las medidas siguientes…omisis…”, con lo cual podemos afirmar que a los fines de que sea dictada una medida cautelar sustitutiva, deben encontrarse satisfechos los mismos extremos que para dictar una Privación Judicial Preventiva de Libertad, pero que por las circunstancias del caso se pueda ver satisfecha con una medida menos extrema, pero siempre teniendo en cuenta que dicha medida debe atender a la finalidad para la cual fue decretada que como se indicara ut supra, debe impedir la fuga del imputado, y de impedir que el imputado pueda borrar o impedir que sean traídas al proceso determinadas pruebas.
Estas medidas de coerción personal tienen unas características derivadas de su naturaleza jurídica, como lo son: 1) Instrumentalidad; 2) Provisionalidad; 3) Variabilidad o regla “Rebus sic stantibus”; 4) Jurisdiccionalidad.
Las medidas cautelares son instrumentales, porque ellas no son un fin en si mismas, sino que atienden a garantizar la ejecución definitiva del fallo sobre el fondo del asunto, y su necesidad radica en la necesidad de tiempo para la tramitación del proceso y posterior culminación.
Son Provisionales, porque las mismas tienen una duración limitada en el tiempo, comprendido este entre el tiempo en que son decretadas y el momento en que se dicta la sentencia definitiva, y delimitada en nuestra legislación en el artículo 230 del texto adjetivo penal, en relación al lapso de dos (02) años, o de cumplimiento de la pena mínima por el delito que esta siendo procesado.
Es Jurisdiccional, porque sólo pueden los Órganos Jurisdiccionales dictar una medida de coerción personal, atendiendo a la naturaleza de indisponibilidad del derecho a la libertad, y atendiendo al principio de exclusividad jurisdiccional.
El cumplimiento de la regla “rebus sic stantibus”, se encuentra referido a que las providencias cautelares cualquiera sea su naturaleza queda sometida a los cambios o modificaciones que presenten las condiciones que hayan determinado su imposición.
En relación a esta ultima característica ASENCIO MELLADO, en relación al contenido y operabilidad de la misma ha indicado:
“…omisis…La regla “rebus sic stantibus” hace referencia a la dependencia de la vigencia de la prisión preventiva en un proceso determinado, de la subsistencia o invariabilidad de las razones y motivos que constituyeron la base de su adopción.
En su virtud, si dichos motivos desaparecen o varían a lo largo de la causa, correlativamente, la medida cautelar ha de sufrir los efectos derivados de tal modificación y, consecuentemente, debe ser levantada o acomodada a la nueva situación…omisis…”. (Subrayado de la Corte).
Atendiendo a esta ultima característica de las medidas de coerción personal, el legislador incluyo en nuestro cuerpo normativo adjetivo penal, los mecanismos para dar cumplimiento estricto a esta especial característica de las medidas de coerción personal como lo son el examen y revisión de la medida contenida en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal y la revocatoria de las medidas cautelares por incumplimiento, la primera referida a la situación en la que habiendo cesado las circunstancias que dieron lugar a la imposición de la medida esta se revoca y cesa toda coerción; y la segunda referida a la situación en la que debido al incumplimiento por parte del imputado de las obligaciones que asumió al momento en que se le impuso la medida, el juez decide revocar la medida cautelar sustitutiva e imponer una más gravosa.
Ahora bien, la revisión de una medida cautelar corporal dictada en un proceso penal, tiene como finalidad determinar la necesidad del sostenimiento de la medida cautelar verificando si han variado las circunstancias que motivaron el decreto de la misma, sin que ello implique una actividad contralora de la decisión en la cual se dicto la medida cautelar, que en el caso de marras es la medida de privación judicial preventiva de libertad que fue dictada por este Tribunal de Primera Instancia Penal en Funciones de Control, Audiencia y Medidas Nº 02 con competencia para conocer de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en fecha veintidós (22) de enero del año 2013, al ciudadano JOSE MARTIN CABALLERO JURADO, titular de la cédula de identidad Nº V.- 4.212.832, Venezolano, nacido en fecha 05-01-1949, de 65 años de edad, residenciado en la Urbanización Gervasio Rubio, calle principal, casa desconoce el número, detrás del parque Gervasio Rubio, Rubio, Municipio Junín del estado Táchira, teléfono: 0426-3267594 (Esposa: Elsa Blanco de Caballero), a quien se le seguía causa fiscal Nº 20F26-PO-0029-2010, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA SEXUAL AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 43 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cometido en prejuicio de las adolescentes K.A.B, de 13 años de edad, y M.E.M.B, de 17 años de edad, (Identidad omitida por disposición del parágrafo segundo del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por ante el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal en funciones de Control, San Antonio del Táchira, y quien en fecha Veintiocho (28) de Noviembre del año 2012 declino la competencia de la causa, a un Tribunal de Control de estado Barinas, por cuanto el delito de mayor entidad fue cometido en la Jurisdicción de este Estado, encontrándose la presente causa en fase intermedia, por cuanto el correspondiente acto conclusivo fue presentando en fecha diez (10) de enero del 2013, siendo éste un escrito acusatorio, correspondiendo el conocimiento de la presente causa a este Tribunal en Funciones de Control, Audiencia y Medidas Nº 02 por distribución, y donde ésta juzgadora estimo en la audiencia realizada para declararse competente en razón del territorio, según se desprende de las actas procesales que conforman el presente expediente, que concurrían los requisitos establecidos en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, para ser viable al acusado de autos, el decreto de la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad.
Es importante resaltar, que la defensa privada fundamenta su petición en cuanto al estado de salud que actualmente presenta el imputado de autos, alegando el derecho a la salud, consagrado en el artículo 83 de nuestra Carta Magna, concatenado con los artículos 2 y 43, ambos del Texto Constitucional, solicitando el decreto de una medida cautelar menos gravosa, como lo son cualquiera de las medias cautelares sustitutivas previstas en el artículo 242 del texto adjetivo penal. En tal sentido el artículo 229 del referido Código Orgánico Procesal Penal, prevé que si bien es cierto el estado de Libertad, al estipular que toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso; sin embargo, la misma norma jurídica consagra la posibilidad de mantener la medida de coerción en los casos establecidos en la ley.
De igual manera observa este Tribunal, que el artículo 239 del Código Orgánico Procesal Penal, consagra la imposición de medidas cautelares solo cuando el delito objeto del proceso no exceda de tres años en su límite máximo, resulta evidente que el delito incriminado por el Ministerio Público en contra del acusado: JOSE MARTIN CABALLERO JURADO, establece una pena que excede el limite establecido por la mencionada norma jurídica, aunado a la circunstancia que la acusación fiscal está referida al daño causado a una victima, manteniéndose incólumes las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que ocurrieron los hechos objeto del presente proceso penal, las cuales sirvieron de fundamento para dictar la medida privativa de libertad, de donde se desprende la improcedencia en decretar la aplicación de medidas cautelares sustitutivas, en virtud de encontrarnos frente a la presunta comisión de un hecho tipificado en la ley penal sustantiva como delito, y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, así como la existencia de fundados elementos de convicción explanados en la acusación presentada por la representación fiscal donde lo identifican como el autor del hecho denunciado, así como la consideración de la presunción del peligro de fuga, y la pena que podría llegarse a imponer en el presente caso, al acusado de autos.
Así mismo, de una revisión exhaustiva realizada a las actas procesales que conforman el presente expediente penal, no se evidencia resultas de medicatura forense, que avalen la condición precaria de salud que actualmente presenta el ciudadano JOSE MARTIN CABALLERO JURADO, que hagan considerar a esta Juzgadora la procedencia del otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva menos gravosa, como lo son cualquiera de las previstas en el artículo 242 del texto adjetivo penal, a los fines de resguardarle el derecho a la salud, tal y como lo establece el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Así las cosas, de un análisis exhaustivo de los motivos que dieron lugar para decretar la privación judicial preventiva de libertad, se puede colegir que hasta la presente fecha, no han variado de ningún modo las circunstancias que motivaron el decreto de privación judicial preventiva de libertad, no existiendo en autos ningún elemento en el cual se pudiera concluir que han variado las circunstancias que motivaron su decreto, solo existiendo argumentos en el escrito de solicitud de revisión medida, en relación a las características personales del imputado en cuanto a su estado actual de salud, sin que existan elementos probatorios determinantes que hagan evidenciar a este Tribunal, tal deterioro en el estado de salud del acusado JOSE MARTIN CABALLERO JURADO, motivos por los cuales lo procedente y ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR, la solicitud de revisión de medida planteada, por no haber variado las circunstancias que motivaron el decreto de privación judicial preventiva de libertad. Y ASI SE DECIDE.

D I S P O S I T I V A
En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos este Tribunal de Primera Instancia en Función de Control, Audiencias y Medidas Nº 02 con competencia en delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, resuelve lo siguiente: PRIMERO: Declara SIN LUGAR, la solicitud de revisión de medida de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, presentada por la abogada SUSANA GAMBOA, actuando en su condición de defensora privada del ciudadano JOSE MARTIN CABALLERO JORADO, plenamente identificado en autos, por no haber variado las circunstancias que motivaron el decreto de privación judicial preventiva de libertad. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Regístrese y Publíquese. Cúmplase.-
LA JUEZA DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS Nº 02

ABG. JHANNA CAROLINA VALERIO VIVAS

LA SECRETARIA

ABG. FRANCHESCA CASTILLO