TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Circuito Judicial Penal con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer
De la Circunscripción Judicial del Estado Barinas
Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencia y Medidas Nº 02
Barinas, 29 de Noviembre de 2013
203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL : EJ02-S-2010-000102
ASUNTO : EJ02-S-2010-000102

AUTO FUNDADO DE AMPLIACIÒN DEL REGIMEN DE PRUEBA EN CUANTO A LAS CONDICIONES IMPUESTAS EN EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÒN CONDICIONAL DEL PROCESO.

JUEZA PROFESIONAL: ABOGADA JHANNA CAROLINA VALERIO VIVAS.
SECRETARIA: Abg. Alejandra Núñez.
IMPUTADO: DANIEL ANTONIO VEQUIZ, titular de la cédula de identidad Nº V.- 8.134.649, fecha de nacimiento 31-10-1958, edad 55 años, profesión u oficio Chofer, natural de Puerto de Nutria Barinas Estado Barinas, hijo de Rosa Dominga Vequiz (V) y desconocido, Dirección Barrio Coromoto tercera calle Nº 11-45, teléfono 0424-5332672.
FISCAL AUXILIAR Nº 17 DEL MINISTERIO PÚBLICO: Abg. Almarys González.
VICTIMA: YURAIMA DEL CARMEN PEÑA TORRES.
DELITO: VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Vista las actuaciones que rielan en la presente causa penal, así como escuchado los alegatos formulados por las partes en audiencia oral celebrada en fecha Veintidós (22) de Noviembre del año 2013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, este Juzgado en Funciones de Control, Audiencia y Medidas Nº 02 con competencia en delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, para decidir observa:

En fecha Veintidós (22) de Noviembre del año 2013, este Tribunal finalizada la audiencia especial fijada de conformidad con lo previsto en el artículo 46 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la audiencia preliminar celebrada en fecha once (11) de Octubre del año 2011, ante el Tribunal Penal de Control Nº 02 Ordinario del Circuito Judicial Penal del estado Barinas, donde se decreto la Suspensión Condicional del Proceso a favor del ciudadano: DANIEL ANTONIO VEQUIZ, titular de la cédula de identidad Nº V.- 8.134.649, fecha de nacimiento 31-10-1958, edad 55 años, profesión u oficio Chofer, natural de Puerto de Nutria Barinas Estado Barinas, hijo de Rosa Dominga Vequiz (V) y desconocido, Dirección Barrio Coromoto tercera calle Nº 11-45, teléfono 0424-5332672, estableciendo un régimen de prueba por el lapso de Un (01) año, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para el momento de los hechos, en el cual se impusieron las siguientes condiciones: “1.- Realizar un Donativo en el Geriátrico del Estado Barinas constante de 3 paquetes de pañales desechables, 2.- Presentaciones cada sesenta (60) días por la OAP de este Circuito Judicial Penal, 3.- Prohibición de ingerir bebidas alcohólicas, 4.- Asistir a charlas en alcohólicos anónimos en la Cruz Roja, 5.- Asistir a charlas de violencia contra la Mujer en la Fiscalía del Ministerio Público…”.

Asimismo, en dicha audiencia especial se le concedió el derecho de palabra a la representación fiscal representada por la Fiscal Auxiliar Abg. Almarys González, quien manifestó textualmente lo siguiente: “Solicito sean verificadas las condiciones impuestas en un primer término por el Tribunal de Control Nº 2 Ordinario del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, y de ser verificado su incumplimiento se proceda conforma a lo establece el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 47”.

Seguidamente otorgado el derecho de palabra a la víctima ciudadana: YURAIMA DEL CARMEN PEÑA TORRES, titular de la cédula de identidad Nº V.- 12.200.304, número telefónico 0426-7790903, a quien le asiste el derecho a intervenir en el proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y quien manifestó textualmente lo siguiente: “No tengo problemas con el señor Daniel y no me opongo a beneficio que le corresponda, es todo”.

El probacionario: DANIEL ANTONIO VEQUIZ, ya identificado, fue impuesto de los derechos que le confiere la Ley previstos en los artículos 127, 132 y 133 del Código Orgánico Procesal Penal, y éste encontrándose provisto de todas las garantías procésales, así como del precepto constitucional que lo exime de declarar en su contra, previsto en el artículo 49 ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, libre de toda coacción y apremió expuso lo siguiente: “Tengo la constancia de haber cumplido con las charlas, cumplí con las presentaciones y no me volví a meter más con la victima, no he realizado el donativo . Es todo”.

El defensor público, abogado Manuel Alexander Peña, expuso textualmente lo siguiente: “Oída la exposición en esta audiencia en menester verificar si se a cumplido, estamos en un problema que se nos escapa, lo que se trata hoy es verificar si las medidas se han cumplido, solicito que se amplíe el lapso de prueba. Es todo”.
Seguidamente se le concede nuevamente el derecho de palabra a la representante del Ministerio Público abogada Almarys González, quien manifestó lo siguiente: “No tengo objeción a que se le amplíe el lapso de prueba”.
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR:
Corresponde a esta Juzgadora resolver sobre el presunto incumplimiento del probacionario al régimen de prueba, en virtud de no haber cumplido con la obligación de realizar el donativo en el Geriátrico del Estado Barinas, constante de 3 paquetes de pañales desechables. En tal sentido, resulta necesario precisar que la suspensión condicional del proceso constituye una de las medidas alternativas a la prosecución del proceso, mediante la cual el Estado concede a favor del procesado la posibilidad de reinsertarse socialmente mediante el cumplimiento de una serie de condiciones que permitan determinar que el imputado ciertamente esta dispuesto a redimir socialmente mediante la modificación de su conducta, con el objeto de imponer una sentencia condenatoria a personas que cometen hechos punibles de baja entidad punitiva, y son primarios, es decir, que nunca habían estado sometidos a un proceso penal, ni sujetos de condena penal.

Sobre esta institución procesal ESTABAN MARINO ha referido lo siguiente: “(…) la Suspensión del Procedimiento a prueba en un instrumento procesal que detiene el ejercicio de la acción penal a favor de un sujeto imputado por la comisión de un ilícito, que se somete durante un plazo a una prueba en la cual deberá cumplir ciertas y determinadas obligaciones legales a cuyo término se declara extinguida la acción penal sin consecuencias jurídico penal posteriores”.

Este procedimiento fue creado principalmente para favorecer al imputado, pero además inspirado en una Política Criminal de evitar que ciudadanos y ciudadanas que se ven involucrados por primera vez en la comisión de un hecho punible de menor entidad, tengan la posibilidad de demostrar su disposición de redención mediante el sometimiento a un redimen de prueba, y de esta manera evitar la estigmatización que implica una condena penal y los antecedentes penales.

Se trata de una política criminal de avanzada que soporta esta institución como una forma de auto composición procesal, que deriva de la institución del derecho anglosajón de la “probatio”, cuya finalidad es esencialmente recuperar a las personas que se encuentran en conflicto con la Ley Penal por primera vez, lo cual el doctrinario patrio GUZMAN ha referido lo siguiente:
“Este procedimiento o institución ha sido creada principalmente a favor del imputado de un ilícito y que una vez cumplidas las condiciones se extingue la acción penal sin que produzca ninguna consecuencia jurídico penal para ese imputado

El sometimiento del delincuente a prueba, más que una sanción deviene en un verdadero tratamiento criminológico y de allí que su beneficiario deba entender su significación y que lo acepte voluntariamente”

La probatio implica un tratamiento con una intención esencial que no es otra que la readaptación, tratar de recuperar aquel infractor primario y darle una nueva oportunidad”.

Como puede verificarse de la doctrina transcrita, se trata de brindar una oportunidad al infractor primario, pero adicional a ello se requiere como política criminal de “readaptar y tratar de recuperar a aquel infractor primario”, ya que en nada beneficiaria socialmente el otorgamiento de una nueva oportunidad sin brindar al infractor las herramientas necesarias, y las debidas orientaciones para poder recuperarlo, para poder lograr en el mismo un estado de conciencia que le permita corregir su conducta.

En la practica forense se ha dado muy poca importancia a esta institución procesal, sin tomar en consideración la importancia que tiene la misma desde el punto de vista criminológico, si existe un verdadero control de las condiciones impuestas, y existe un tratamiento y orientación adecuado al procesado, tenemos una altísima probabilidad de que ese individuo no reincida en la comisión de un hecho punible, por tratarse de primarios que sólo han cometido infracciones menores, siendo que incorporarlos al sistema de punición estatal resultaría en convertirlo en una sujeto de mayor peligrosidad.

La suspensión condicional del proceso requiere de parte del probacionario un alto grado de compromiso para mejorar su conducta, y ello debe ser el objeto del análisis del órgano jurisdiccional y del responsable de supervisar el cumplimiento del régimen de prueba, tal como lo afirma RODRIGUEZ DIAZ cuando señala que se “exige al sujeto…un gran esfuerzo y espíritu de superación, para cumplir las condiciones establecidas…” y por tanto, “los tribunales…deben explicar a delincuente, que se le está dando una nueva oportunidad en lugar de condenarlo, pero que al mismo tiempo, esta ocasión de rehabilitarse requiere de un serio propósito de disciplina personal de su parte ” (Subrayado y negrillas del Tribunal).

Pero no basta como se indicara ut supra con la simple voluntad del procesado o procesada si no cumple con las condiciones fijadas, y en el caso de marras con aquellas dirigidas a lograr su orientación y capacitación en materia de violencia de género con la finalidad de modificar su conducta y a su vez resarcir el daño dictando talleres en comunidades con la finalidad de coadyuvar en el objeto de prevenir la violencia contra la mujer.

En el caso de marras ha quedado evidenciado que el probacionario: DANIEL ANTONIO VEQUIZ, ya identificado, no cumplió con la obligación de realizar el donativo en el Geriátrico del Estado Barinas constante de 3 paquetes de pañales desechables, impuesto por el Tribunal de Control Penal Nº 02 Ordinario del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas en la audiencia preliminar; Ahora bien, estima quien decide que el procedimiento penal especial previsto para los delitos de Violencia contra la Mujer, esta destinado a preservar los principios y la estructura del procedimiento ordinario establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, limitando los lapsos y garantizando la debida diligencia y celeridad por parte del Fiscal o la Fiscal del Ministerio Público en la fase de investigación para que dicte el acto conclusivo que corresponda, como una forma de materializar una justicia expedita conforme lo consagra el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, resguardando los derechos y garantías procesales de las personas sometidas a investigación, enjuiciamiento y sanción.

En tal sentido, siendo que la violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud pública y de violaciones sistemática de los derechos humanos que muestran en forman dramática sus consecuencias, se hace necesario que el acusado: DANIEL ANTONIO VEQUIZ, ya identificado, reciba las herramientas necesarias en materia de violencia de género a los fines de su sensibilización, fomentando su re- educación y creando las condiciones idóneas a los fines de no volver a incurrir en este tipo de delitos, por tal razón considera ésta Juzgadora que lo procedente y ajustado a derecho otorgar la ampliación del régimen de prueba por UNA (01) SOLA OPORTUNIDAD, durante el lapso de CUATRO (04) MESES, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, imponiéndole como condiciones: 1.- Se mantiene la medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad, prevista en el artículo 92 numeral 8 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación a los previsto en el artículo 242 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en presentaciones cada sesenta (60) días por ante la Unidad de Vigilancia, Identificación y Control (UVIC) del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, desde la presente fecha. 2.- No agresión a la Victima, 3.- Asistir a un ciclo de charlas impartidas por el Educador adscrito al equipo interdisciplinario del Circuito Judicial Penal con Competencia en delitos de Violencia contra la Mujer de este Estado. 4.- Se le impone trabajo social que a bien determine el equipo interdisciplinario adscrito a este Circuito Judicial Especializado en Violencia de Género, tal y como lo prevé el artículo 68 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y ASI SE DECIDE.

D E C I S I O N:
Por las razones anteriormente expuestas éste Tribunal de Primera Instancia Penal en Funciones de Control, Audiencias y Medidas Nº 02 en Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, resuelve lo siguiente: PRIMERO: Se ORDENA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRUEBA, que le fuera impuesto al ciudadano: DANIEL ANTONIO VEQUIZ, titular de la cédula de identidad Nº V.- 8.134.649, fecha de nacimiento 31-10-1958, edad 55 años, profesión u oficio Chofer, natural de Puerto de Nutria Barinas Estado Barinas, hijo de Rosa Dominga Vequiz (V) y desconocido, Dirección Barrio Coromoto tercera calle Nº 11-45, teléfono 0424-5332672, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, por el lapso de CUATRO (04) MESES, imponiéndole como condiciones: 1.- Se mantiene la medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad, prevista en el artículo 92 numeral 8 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación a los previsto en el artículo 242 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en presentaciones cada sesenta (60) días por ante la Unidad de Vigilancia, Identificación y Control (UVIC) del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, desde la presente fecha. 2.- No agresión a la Victima, 3.- Asistir a un ciclo de charlas impartidas por el Educador adscrito al equipo interdisciplinario del Circuito Judicial Penal con Competencia en delitos de Violencia contra la Mujer de este Estado. 4.- Se le impone trabajo social que a bien determine el equipo interdisciplinario adscrito a este Circuito Judicial Especializado en Violencia de Género, tal y como lo prevé el artículo 68 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. SEGUNDO: Se acuerda fijar audiencia especial de verificación de condiciones para el día: JUEVES VEINTISIETE (27) DE MARZO DEL AÑO 2014, A LAS 09:30 AM. Líbrese oficio al equipo interdisciplinario del Circuito Judicial Penal con Competencia en delitos de Violencia contra la Mujer de este Estado, a los fines de imponer trabajo social, tal y como lo prevé el artículo 68 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como inclusión del probacionario en el ciclo de charlas dictadas por el educador. Se deja constancia que el auto fundado de la presente decisión fue publicado al tercer (03) día hábil siguiente de celebrada la audiencia especial. Quedan las partes notificadas de la fecha fijada para celebrar la audiencia especial de verificación de condiciones impuestas. Regístrese y Publíquese. Cúmplase.

LA JUEZA EN FUNCIONES DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS Nº 02

ABG. JHANNA CAROLINA VALERIO VIVAS

LA SECRETARIA

ABG. ALEJANDRA NÙÑEZ