REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL REGIÓN LOS ANDES
BARINAS, 03 DE OCTUBRE DE 2013
203° y 154°

Mediante escrito presentado ante este Juzgado Superior en fecha 30 de junio de 2009, el ciudadano OLINTO JOSÉ MARTÍNEZ BARAZARTE, titular de la cédula de identidad Nº V-7.072.417, asistido por el abogado Félix Moisés Rosales García, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 28.075, interpuso acción de amparo constitucional conjuntamente con medida cautelar, contra la sentencia dictada en fecha 22 de mayo de 2009, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en el juicio de resolución de contrato de arrendamiento incoado por la ciudadana Rosalba González Bencomo, titular de la cédula de identidad Nº 3.914.621, contra el hoy accionante, antes identificado.

Por auto de fecha 03 de julio de 2009, este Órgano Jurisdiccional declaró su competencia para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta, admitiendo la misma, y ordenándose las notificaciones de ley; igualmente se negó la medida cautelar solicitada.

En fecha 30 de septiembre de 2013, el apoderado judicial de la parte la actora, suscribió diligencia por medio de la cual desiste del procedimiento y de la acción. En tal sentido, resulta pertinente destacar que “…en materia de amparo constitucional la disponibilidad del proceso por las partes sólo se admite en los casos en que el solicitante desista de la acción interpuesta, siempre que en los hechos presuntamente constitutivos de lesión constitucional, no involucren el orden público y las buenas costumbres, por lo que no es dable al accionante (…) desistir del procedimiento pues la homologación de este acto unilateral de autocomposición procesal resultaría contrario a lo previsto en el citado artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales…”. (Véase sentencia Nº 2269, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 26 de septiembre de 2002, caso: Magali Cannizzaro).
Así las cosas, pasa este Juzgado Superior a pronunciarse sobre el desistimiento de la acción, y en tal sentido debe remitirse a lo previsto en el artículo 25, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece:

“Artículo 25: Quedan excluidas del procedimiento constitucional del amparo todas las formas de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta, salvo que se trate de un derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres”.

De igual manera, cabe citarse sentencia Nº 459, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 02 de marzo de 2000, caso: Euro Telesis, N.V., que dispuso lo siguiente:

“...Omissis… del análisis concatenado de lo previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil, vista la remisión que de dicho último texto efectúa la primera en su artículo 48, se observa que, en forma enunciativa:
1. En los procedimientos de amparo, en principio, no son susceptibles de admitirse medios de autocomposición procesal, tales como transacciones y convenimientos.
2. Sólo por la expresa habilitación legislativa – la contenida en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales- , es susceptible de admitirse el desistimiento por parte del quejoso.
3. El desistimiento sólo podrá efectuarse por quien tenga capacidad suficiente para disponer del objeto sobre el cual verse la controversia. Tal capacidad debe constar en forma expresa e indubitada en el instrumento respectivo.
4. El desistimiento sólo será procedente cuando no se trate de un derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres.
5. En cuanto a la oportunidad para efectuar el desistimiento, éste puede interponerse en cualquier estado y grado de la causa.
6. En caso de que el juez constitucional estime el desistimiento como malicioso, el quejoso deberá sancionarse pecuniariamente con una multa de dos mil bolívares (Bs.2.000,oo) a cinco mil bolívares (Bs. 5.000,oo)…”.

En atención a la disposición y jurisprudencia supra transcritas, se desprende que la parte accionante puede desistir en cualquier estado y grado del proceso, requiriendo para tal actuación la capacidad establecida por las normas de procedimiento civil a fin de efectuar dicho acto de disposición; ahora bien, en el caso bajo estudio, se evidencia que el abogado José Félix Rosales, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte accionante, -debidamente facultado conforme se evidencia del instrumento poder que riela al folio 90 del expediente-, manifiesta su voluntad de desistir de la acción de amparo constitucional; siendo así, y por cuanto en el presente caso no se vulneran normas de orden público ni afecta las buenas costumbres, este Tribunal Superior homologa el desistimiento formulado, y le da carácter de cosa juzgada, conforme a lo previsto en el artículo 263, del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento de amparo por remisión del artículo 48, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En igual sentido, este Órgano Jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 eiusdem, exonera de costas a la parte accionante por considerar que la acción de amparo constitucional no es manifiestamente temeraria. Así se decide.

DECISIÓN
Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO de la acción de amparo constitucional conjuntamente con medida cautelar interpuesta por el ciudadano Olinto José Martínez Barazarte, titular de la cédula de identidad Nº V-7.072.417, asistido por el abogado Félix Moisés Rosales García, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 28.075, contra la sentencia dictada en fecha 22 de mayo de 2009, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en el juicio de resolución de contrato de arrendamiento incoado por la ciudadana Rosalba González Bencomo, titular de la cédula de identidad Nº 3.914.621, contra el hoy accionante, antes identificado. Se ordena el archivo del presente expediente.
Publíquese, regístrese y expídanse las copias de ley.
LA JUEZA PROVISORIA,
FDO
MAIGE RAMÍREZ PARRA.
LA SECRETARIA
FDO
GREISY OLIDAY MEJÍAS.
MRP/gm.-
Expediente N° 7602-2009.-