TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SEGUNDO DEL MUNICIPIO BARINAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS

Barinas, 28 de Marzo de 2014
203° y 155°

Expediente Nº 3.183

Demandante: Ciudadano PABLO ARNOLDO ROA VELAZCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 6.855.502, Abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 143.577, en su carácter de Endosatario en Procuración del ciudadano BENJAMIN ISMAEL ORTIZ TORO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 21.564.449.

Demandado: Ciudadano EDUARDO JOSE SEGOBIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 8.140.958.

Motivo: COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACION

Vista la anterior diligencia de fecha 26/03/2014, del cuaderno de medidas, suscrita por el ciudadano PABLO ARNOLDO ROA VELAZCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 6.855.502, Abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 143.577 actuando con el carácter Endosatario en Procuración, del ciudadano BENJAMIN ISMAEL ORTIZ TORO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 21.564.449; mediante la cual solicita se decrete medida de Embargo en los términos establecidos.

Esta Juzgadora en aras de la seguridad jurídica entra a analizar la procedibilidad para decretar medida preventiva en este juicio:

La acción en la presente causa se fundamenta en un efecto mercantil denominado “LETRA DE CAMBIO”, la cual corre inserta al folio tres (03) de las presentes actuaciones; de la cual se evidencia el monto de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00), cantidad ésta que constituye el monto total de la Letra de Cambio objeto de la presente demanda; la misma, es prueba suficiente para que este Órgano Jurisdiccional acuerde la solicitud de Medida Preventiva de Embargo, presentada por la parte accionante en el presente juicio, el Tribunal lo hace previo a las consideraciones siguientes:

Establece el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil:

“Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez, a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las
resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas.”

Por lo que de conformidad con el artículo antes mencionado del Código de Procedimiento Civil, el decreto de las medidas cautelares no es potestativo para el Juez, no expresa esta norma que el juez “puede” o “podrá” dictar medidas provisionales, sino que el decreto de las medidas es ordenado por el legislador en términos imperativos, particularmente este artículo 646 del Código de Procedimiento Civil que regula el decreto de las medidas preventivas en el procedimiento por intimación o monitorio que expresa: “…el juez, a solicitud del demandante, decretará embargo provisional…” lo cual significa que el juez no tiene facultad discrecional para el otorgamiento o no de las medidas sino que, efectuada la summaria cognitio respecto de los recaudos acompañados según los artículos 640 y 643 del Código de Procedimiento Civil, y verificado que los mismos cumplan con los requisitos legales, el juez debe decretar la medida solicitada.

Ahora bien, con respecto a las medidas cautelares en el procedimiento monitorio, el Dr. Ricardo Henriquez La Roche, en su Obra Medidas Cautelares, ha señalado:

“…En el procedimiento por intimación es necesario hacer una doble distinción: la medida que se decreta antes de la oportunidad de oposición y la que se decreta luego de precluida ésta. En este último caso el embargo es evidentemente ejecutivo, por haber pasado a la autoridad de cosa juzgada el decreto intimatorio (artículo 1.930 CC). En cambio, la medida que se decreta antes de la oportunidad de oposición es de naturaleza preventiva, pues tiene carácter provisional por estar pendiente la eventualidad del juicio de conocimiento, y se refiere por ello el legislador a las tres medidas preventivas típicas en el artículo 646…”

Estas medidas varían en sus condiciones de procedibilidad según el documento fundamental que exhiba el intimante: si es un título negociable, es decir, cedible o endosable desde el punto de vista comercial, patrimonial (facturas aceptadas, letras de cambio, pagarés, cheques, etc.), o si se trata de instrumentos públicos o privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, el juez decretará la medida preventiva sin que goce de poder discrecional alguno que pueda llevarle a negar el decreto por razones de equidad o cautela.

De lo antes mencionado, se evidencia que para acceder a la providencia cautelar, el intimante debe fundamentar su pretensión en cualquiera de los instrumentos mencionados en la referida norma, en razón de la verosimilitud conferida a los nombrados instrumentos.

Las medidas preventivas en este procedimiento especial de intimación están basadas en los instrumentos fundamentales de la demanda en las cuales el legislador considera, indispensable y obligatorio el fumus boni iuris, en razón de lo cual, en estos procedimientos especiales no se le exige al solicitante de la medida, el cumplimiento de los requisitos de las cautelares en el procedimiento ordinario.

Así las cosas, tal criterio viene siendo sostenido en forma pacifica y reiterada por la extinta Corte Suprema de Justicia y no modificado por el Tribunal Supremo de Justicia, tal como se estableció en decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en fecha 26-07-1989, en los siguientes términos:

“…Las medidas cautelares establecidas en el primer supuesto del artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, no incumben al poder discrecional del Juez como ocurre tanto en el segundo supuesto del mismo artículo, como en el ámbito mercantil a tenor del artículo 1.099 del Código de Comercio. La medida cautelar en este procedimiento es de carácter preventivo y provisional de hecho directo es tipo de documento que fundamenta la demanda. El artículo 646 del Código de Procedimiento Civil determina específicamente, cuáles son los instrumentos que distinguen ambos supuestos…”

Admitida así la demanda de intimación y establecido previamente el presupuesto de que la misma está fundamentada en (01) Letra de Cambio, instrumento mercantil que llena el requisito legal como en el caso que se analiza, a tenor de lo dispuesto en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, el Juez decretará la medida cautelar solicitada.

Tal como está contemplado en el criterio contenido en la decisión que se transcribió parcialmente supra, en las medidas cautelares en el procedimiento monitorio, no se exigen los requisitos de procedibilidad contenidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, sino que admitida la demanda por el procedimiento por intimación (lo cual implica la valoración sumaria de los instrumentos fundamentales), y si la misma se sustenta en uno de los instrumentos mencionados en el primer supuesto del artículo 646 eiusdem, es imperativo para el juzgador el decreto de la medida, sin ninguna otra exigencia adicional Y ASÍ SE DECLARA.

Según lo expresado, el Juez, a solicitud de la parte accionante, decretará –mandato imperativo- medidas cautelares, siempre y cuando dicha acción estuviere fundada en alguno de los instrumentos a los que se refiere el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, lo cual autoriza dictar la medida provisional solicitada sin más requisitos, y por cuanto la presente acción esta fundada en uno de los instrumentos cambiarios contenidos en la referida norma, el Tribunal acuerda el decreto de la medida preventiva de EMBARGO, sobre bienes muebles propiedad del demandado ciudadano EDUARDO JOSE SEGOBIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 8.140.958, con domicilio en la Calle Páez, Casa Nº 14-103, entre las Avenidas Nicolás Briceño y Apure, Barinas estado Barinas; hasta cubrir la cantidad de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS BOLIVARES (24.802,00) Bs., que es el doble de la suma de los siguientes montos, DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. F. 10.000,00), total del capital contenido en la Letra de Cambio, instrumento cambiario objeto de la presente demanda; mas la cantidad de UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO BOLIVARES (1.134,00) Bs., por concepto de intereses calculados al cinco por ciento (5%) Anual, así como también la cantidad de DIECISIETE BOLIVARES (17,00) Bs. Por concepto de comisión correspondiente a un sexto 1/6 % del capital, y la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.2.500,00) Bs. que comprende el monto de las costas procesales prudencialmente calculadas por este Tribunal al (25%) del monto del capital de la referida Letra de Cambio. Y ASÍ SE DECIDE.

Publíquese, regístrese y expídanse las copias de ley conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Segundo del Municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, a los veintiocho (28) días del mes de Marzo del año 2.014.-
La Jueza Titular

Abg. SONIA FERNANDEZ C.

La Secretaria

Abg. LILIANA CAMACHO.

En la misma fecha, siendo las dos de la tarde 02:00 p.m., se publicó y registró la anterior sentencia. Conste.-
La Secretaria,

Abg. LILIANA CAMACHO.

EXP-3.183
SFC/LC/AstridR.-

Quienes suscriben, SONIA FERNANDEZ y LILIANA CAMACHO, Jueza y Secretaria titular (respectivamente), del Juzgado Segundo del Municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, CERTIFICAN: Que la copia computarizada que antecede es traslado fiel y exacto de su original que cursa en expediente signado con el N° 3183, de la nomenclatura particular de este Tribunal, contentivo del juicio de COBRO DE BOLÍVARES POR INTIMACIÓN, incoado por el ciudadano BENJAMIN ISMAEL ORTIZ TORO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 21.564.449, contra el ciudadano EDUARDO JOSE SEGOBIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 8.140.958. Dicha copia se expide de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con la parte infine del artículo 77 de la Ley del Registro Público y del Notariado. En Barinas a los, veintiocho (28) días del mes de Marzo del año dos mil catorce (2.014). Años: 203° de la Independencia y 155° de la Federación.

La Jueza Titular

Abg. SONIA FERNANDEZ. La Secretaria

Abg.LILIANA CAMACHO

EXP-3183
SFC/LC/AstridR.-