TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO SUPERIOR CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y
DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS

EXPEDIENTE n° 2014-3668-M.

DEMANDANTE: Yira Josefina María del Socorro Buenaño García, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad nº V-9.210.181, de este domicilio.
APODERADOS JUDICIALES: José Freddy Gilly Trejo y Luz Elba Gilly, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nros. 5.535 y 40.235, respectivamente.
DEMANDADOS: Pedro Armando Navas Fuentes y Milagros Delfina Navas Fuentes, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad nº V-6.547.874 y V-4.888.105, respectivamente.
JUICIO: Rendición de cuentas
MOTIVO: Inadmisibilidad de la demanda

I
ANTECEDENTES

La presente causa se tramita ante este Tribunal Superior con motivo del recurso de apelación interpuesto por el abogado en ejercicio: José Freddy Gilly Trejo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 5.535, de este domicilio, actuando en su carácter de co-apoderado judicial de la ciudadana: Yira Josefina María del Socorro Buenaño García, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad nº V-9.210.181, de este domicilio, parte accionante en el presente juicio, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en fecha 17 de marzo del año 2014, según la cual declaró inadmisible la demanda de rendición de cuentas incoada contra los ciudadanos: Pedro Armando Navas Fuentes y Milagros Delfina Navas Fuentes, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad nº V-6.547.874 y V-4.888.105, respectivamente, y que es llevado en el expediente n° 4.219-14, de la nomenclatura interna de ese Tribunal.
En fecha 2 de abril del año 2014, se recibió en esta Alzada, se le dio entrada y el curso legal correspondiente.
En fecha 23 de abril de 2014, oportunidad para la presentación de los informes, se observa que ninguna de las partes hizo uso de tal derecho, este tribunal fijó lapso de treinta (30) días siguientes para dictar la correspondiente sentencia.
II
ÚNICO

La apelación que aquí se decide, tiene por finalidad determinar si el Juzgado a quo actúo o no ajustado a derecho en la sentencia de fecha 17 de marzo de 2014, en la que declaró inadmisible la demanda de rendición de cuentas incoada por la ciudadana: Yira Josefina María del Socorro Buenaño García, contra los ciudadanos: Pedro Armando Navas Fuentes y Milagros Delfina Navas Fuentes; y en virtud de ello, confirmar, modificar o revocar la decisión apelada.

El presente procedimiento versa sobre una demanda de rendición de cuentas, incoada por la ciudadana: Yira Josefina María del Socorro Buenaño García, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad nº V-9.210.181, de este domicilio, en su carácter de socia y propietaria de seis mil (6000) acciones nominativas y n o convertibles al portador de la sociedad mercantil “Agropecuaria Las Camazas, C.A.”, contra los ciudadanos: Pedro Armando Navas Fuentes y Milagros Delfina Navas Fuentes, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad nº V-6.547.874 y V-4.888105, respectivamente.
III
DE LA PRETENSIÓN

El apoderado judicial de la parte accionante alegó que su poderdante es propietaria de seis mil acciones (6.000), nominativas y no convertibles al portador, de la sociedad mercantil “Agropecuaria Las Camazas, C.A.”, debidamente registrada ante la Oficina de Registro Mercantil Segundo del Estado Barinas, bajo el nº 06, Tomo 11-A, en fecha 19 de agosto de 1998. Que la propiedad accionaría de su representada la adquirió por compra hecha a la ciudadana María Edith García Fuentes, según Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas nº 9, celebrada en fecha 14 de septiembre de 2006, debidamente registrada en la mencionada Oficina de Registro Mercantil, donde quedó registrada bajo el nº 27 del Tomo 7-A, en fecha 22 de mayo de 2008, en los Libros respectivos.
Afirmó que tanto en el acta constitutiva de la sociedad mercantil “Agropecuaria Las Camazas, C.A.”, como en sucesivas asambleas, se designaron como administrador en su condición de director general y suplente a los socios Pedro Armando Navas Fuentes y a Milagros Delfina Navas Fuentes, con las facultades señaladas en la cláusula séptima, la cual transcribió.
Adujó que en asambleas general ordinaria de accionistas, celebradas en fechas: 10 de marzo de 1999, en acta registrada bajo el nº 50 del tomo 8-A; 18 de marzo de 2005, en acta registrada bajo el nº 26 del tomo nº 7-A; 14 de septiembre de 2006, según consta en acta registrada bajo el nº 27, del tomo 7-A del 22 de mayo de 2008, se designaron nuevamente a los ciudadanos: Pedro Armando Navas Fuentes y Milagros Delfina Navas Fuentes, como director general y suplente, respectivamente.
Que desde el año 2007, hasta la fecha de la demanda, los administradores Pedro Armando Navas Fuentes y Milagros Delfina Navas Fuentes, no han presentado el balance general de la empresa, correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013, que reflejen los estados de ganancias y pérdidas, así como también los respectivos informes del comisario, con lo cual han incumplido con las obligaciones que les imponen los artículos 265, 266, 304, 306, 308 del Código de Comercio, y las cláusulas décima cuarta y décima quinta de los estatutos sociales de la empresa.
Aseveró que en fecha 19 de marzo de 2008, en asamblea general ordinaria de accionistas se procedió a modificar la cláusula quinta de los estatutos sociales, como consecuencia de la puesta en vigencia de la Ley de Reconversión Monetaria. Que de las normas legales y estatutarias señaladas se acredita fehacientemente la obligación de los administradores de la sociedad mercantil “Agropecuaria La Camazas, C.A.”, de rendir cuentas de la administración de la empresa correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, correspondiente cada uno desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre, tal y como lo dispone la cláusula décima tercera de su acta constitutiva y estatutos sociales.
Señaló que su representante en diversas oportunidades ha requerido de los Administradores la presentación de los balances y soportes correspondientes, recibiendo respuestas evasivas y que es por lo que procedió a demandar a los ciudadanos Pedro Armando Navas Fuentes y Milagros Delfina Navas Fuentes, para que convengan solidariamente en rendir cuentas de la administración de la sociedad de comercio “Agropecuaria Las Camazas, C.A.”, en los períodos de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, conforme lo dispone los artículos 304, 305 y 306 del Código de Comercio y la cláusula décima cuarta de los estatutos Sociales. Solicitó que rendidas las cuentas, los administradores restituyan la totalidad de los fondos asumidos en los períodos señalados, para lo cual deberán presentar al tribunal para su examen, los libros de contabilidad obligatorios conforme al artículo 32 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 260 ejusdem.
Solicitó el decreto de medida preventiva innominada, y que se prohíba la movilización y venta de ganado vacuno y caballar propiedad de la empresa “Agropecuaria La Camazas, C.A.”, y solicitó se oficiara al INSAI, en la oficina de guiados de las poblaciones de Elorza, en el municipio Rómulo Gallegos del estado Apure, Barinas y la Luz en el estado Barinas.
Estimó la acción en la cantidad de dieciséis millones (Bs. 16.000.000,00) de bolívares, equivalentes a catorce mil novecientos cincuenta y tres punto dos unidades tributarias.
Consignó copia certificada de expediente nº 02966, expedidas por el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, contentivas del acta constitutiva de la empresa “Agropecuaria Las Camazas, C.A.”, inscrita en el registro de comercio bajo el nº 06, tomo 11-A, de fecha 19/06/1998 (marcada B-1, folios 12 al 55). Asimismo acompañó copia certificada de actas de asambleas general de accionistas de la empresa “Agropecuaria Las Camazas, C.A.” (Marcadas B-11, folios 56 al 82). Original de constancia expedida el Jefe de Oficina de Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria, del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Elorza, quien hace contar que en los cuadernos de registro llevados por ese despacho durante los años 2004, 2005 y 2007 de Avales Sanitarios se encuentran relacionados los predios que allí señaló (Marcada “D”, folio 83).
En fecha 12 de marzo de 2014, el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, recibió la causa por distribución, ordenó formar expediente y darle entrada.
En fecha 17 de marzo de 2014, el Tribunal a quo en la oportunidad de admitir la demanda, dictó sentencia en los términos que a continuación parcialmente se transcriben:
IV
LA RECURRIDA

“…Siendo la oportunidad para proceder a dictar el auto de admisión, este Juzgado previamente, pasa a realizar las siguientes consideraciones:
Se evidencia de la lectura del escrito libelar, que en el presente caso, el abogado en ejercicio José Freddy Gilly Trejo, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 5.535, actuando en su carácter de co-apoderado judicial de la ciudadana la ciudadana: Yira Josefina María del Socorro Buenaño García, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.210.181, interpone demanda de rendición de cuentas en contra de los ciudadanos: Pedro Armando Navas Fuentes y Milagros Delfina Navas Fuentes, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad nros. V-6.547.874 y V-4.888.105, respectivamente, exponiendo en el libelo, entre otras circunstancias, las siguientes…omissis…
De la lectura del contenido del escrito libelar presentado por el representante judicial de la parte demandante, se constata que el mismo manifiesta que su pretensión se origina del carácter de socia que detenta su representada, en la sociedad mercantil “Agropecuaria Las Camazas, C.A.”. En idéntico sentido expresó el co-apoderado actor en el libelo, que en el documento constitutivo y de estatutos sociales, así como en sucesivas asambleas -ordinarias y extraordinarias- celebradas por los socios de la referida empresa mercantil, se designaron como administradores en su condición de Director General y Directora Suplente, a los socios: Pedro Armando Navas Fuentes y a Milagros Navas Fuentes, en su orden, en quienes se delegaron las más amplias facultades de administración, disposición y representación sobre la compañía anónima.
Arguye asimismo la accionante -por actuación de su co-apoderado judicial- que desde el año 2.007 hasta la fecha de interposición de la demanda, los administradores referidos, no han presentado el balance general de la empresa, correspondiente a los ejercicios económicos de los años: 2.008, 2.009, 2.010, 2.011, 2.012 y 2.013, que permitan verificar los estados de ganancias y pérdidas, y que en idéntico sentido, tampoco han sido presentados los informes del comisario, por lo que en tal sentido, demanda a los socios Pedro Armando Navas Fuentes y a Milagros Navas Fuentes, en su carácter de administradores, para que rindan cuentas de la administración de la sociedad de comercio “Agropecuaria Las Camazas, C.A.”, ejercida durante los períodos económicos que abarcan los años: 2.008 al 2.013.
Al respecto cabe observar en primer término, que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantiza el acceso a la justicia, para que las partes puedan hacer valer sus derechos e intereses y obtener con prontitud la decisión correspondiente. Ese derecho de acceso a la justicia se logra mediante el ejercicio de la acción, que pone en movimiento el órgano jurisdiccional, lo que no garantiza en modo alguno la obtención de una sentencia favorable en relación a la pretensión esgrimida.
Conforme a lo anterior, y si bien es cierto, que ese derecho de acceso a la justicia se ejerce al incoar la acción, ésta debe ser analizada por el juez o jueza para verificar si cumple con los requisitos que permitan su admisibilidad, pues si ésta no es admisible, el órgano jurisdiccional no tocará el fondo de lo peticionado por la parte demandante en el escrito libelar.
Sobre la acción, la doctrina más inveterada ha sentado que: “La acción no es otra cosa que el derecho de perseguir en juicio lo que se nos debe” (Celso). En idéntico sentido, también se ha señalado: “La acción es un derecho que todo sujeto tiene frente al Estado -no frente a la persona que debe cumplir una obligación a favor del accionante- a los fines de obtener una respuesta oportuna sobre la justicia que su caso reclama” (Ricardo Henríquez La Roche. Instituciones de Derecho Procesal. Ediciones Liber. 2005. Pág. 59)
Respecto los requisitos o condiciones de procedibilidad de la acción, el autor patrio Arístides Rengel-Romberg en su obra “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Tomo I, Pág. 165 y 166 , señala lo siguiente:
“Dejando de lado los presupuestos procesales, esta doctrina considera como condiciones de la acción: 1) El interés, no en el sentido material, que es el núcleo del derecho subjetivo, sino procesal, o instrumental, en el sentido de interés de conseguir por los órganos de la justicia y a través de su actividad, la satisfacción del interés material. 2) La legitimación (legitimación ad causam) o reconocimiento del actor o del demandado, por el orden jurídico, como las personas facultadas, respectivamente, para pedir y contestar la providencia que es objeto de la demanda; y 3)La posibilidad jurídica, que los seguidores de Chiovenda entienden como la existencia en hipótesis del derecho subjetivo reclamado; y los partidarios de la acción como derecho abstracto, entienden como la posibilidad para el juez, en el orden jurídico a que pertenece, de pronunciar la clase de decisión pedida por el actor…” (Cursivas y subrayado del Tribunal)
Del análisis del extracto doctrinario anteriormente transcrito, cabe resaltar, que si se rechaza la acción, por faltar uno o varios de los requisitos de procedibilidad de la misma, no hay vulneración del derecho de acceso a la justicia, en virtud de que tal pronunciamiento se emite en el pleno ejercicio de la función jurisdiccional, siendo en todo caso, absolutamente necesario tal análisis, pues los referidos supuestos de procedencia deben entenderse como requisitos para que el sentenciador pueda resolver si el demandante tiene derecho a lo pretendido, y el demandado, la obligación que se le trata de imputar.
En el presente caso se observa, que ha sido incoada demanda de rendición de cuentas, fundamentándose la parte accionante en el contenido del artículo 673 del Código de Procedimiento Civil, que dispone:
“Cuando se demanden cuentas al tutor, curador, socio, administrador, apoderado o encargado de intereses ajenos, y el demandante acredite de un modo auténtico la obligación que tiene el demandado de rendirlas, así como el período y el negocio o los negocios determinados que deben comprender, el Juez ordenará la intimación del demandado para que las presente en el plazo de veinte días, siguientes a la intimación. Si dentro de este mismo plazo el demandado se opone a la demanda alegando haber rendido ya las cuentas o que éstas corresponden a un período distinto o a negocios diferentes a los indicados en la demanda; y estas circunstancias aparecieren apoyadas con prueba escrita, se suspenderá el juicio de cuentas, y se entenderán citadas las partes, para la contestación de la demanda, la cual tendrá lugar dentro de los cinco días siguientes a cualquier hora de las indicadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192, sin necesidad de la presencia del demandante, continuando el proceso por los trámites del procedimiento ordinario”.
Sobre el particular, dispone el Código de Comercio en su artículo 310, lo siguiente:
“La acción contra los administradores por hechos de que sean responsables compete a la asamblea, que la ejerce por medio de los comisarios o de personas que nombre especialmente al efecto.
Todo accionista tiene sin embargo, el derecho de denunciar a los comisarios los hechos de los administradores que crea censurables, y los comisarios deben hacer constar que han recibido la denuncia, en su informe a la asamblea. Cuando la denuncia sea hecha por un número de socios que represente por lo menos la décima parte del capital social, deben los comisarios informar sobre los hechos denunciados.
La representación del décimo se comprueba con el depósito de las acciones por los mismos comisarios, u otra persona notoriamente abonada a juicio de los comisarios. Las acciones permanecerán depositadas hasta que se haya verificado la próxima asamblea.
Si los comisarios reputan fundado y urgente el reclamo de los accionistas que representan el décimo del capital social, deben convocar inmediatamente a una asamblea que decidirá siempre sobre el reclamo”.
Es clara la disposición legal precedentemente reproducida, al establecer que la acción para reclamar por hechos de los cuales sean responsables los administradores de una sociedad de comercio, corresponde a la asamblea de socios, la cual debe ejercer tal prerrogativa por actuación de los comisarios o las personas designadas al efecto. Disponiendo asimismo el dispositivo legal, que cada socio puede denunciar al comisario, las actuaciones del administrador o administradores que considere, vulneran sus intereses y/o los de la compañía, debiendo aquél, hacer constar la denuncia recibida en su informe a la asamblea, y si considera fundado y urgente el reclamo del o los accionistas, convocar a una asamblea, siempre y cuando éstos representen el décimo del capital social.
En idéntico sentido, cabe resaltar lo que respecto al legitimado pasivo y activo de la acción de rendición de cuentas, ha sentado la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha: 29 de junio de 2.010, expediente AA20-C-2010-000040, en la cual dictaminó lo siguiente:
“…la Sala ha determinado (tal como lo afirma el sentenciador con competencia funcional jerárquica vertical), que los administradores en las sociedades mercantiles son los obligados a rendir cuentas de su gestión ante la asamblea de socios o accionistas y no ante un socio o accionista en particular; por tanto, la cualidad para demandar la rendición de cuentas o exigir su responsabilidad por las gestiones que hayan sido ejecutadas en perjuicio de la sociedad, corresponden exclusivamente, a la asamblea, a través de sus comisarios o de personas que nombre especialmente para tales fines. Y el juicio de rendición de cuentas, se llevara a cabo por el procedimiento especial contencioso (de rendición cuentas) previsto en el Código de Procedimiento Civil, previo el cumplimiento de las formalidades que al respecto estipula dicho procedimiento para el ejercicio de tal pretensión.
En consecuencia, la acción de rendición de cuentas ejercida por un socio o accionista contra la compañía con fundamento en el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil sería inadmisible, ya que carecería de la cualidad necesaria para la interposición de la demanda.
En este sentido, la Sala Constitucional del Alto Tribunal en decisión N° 2052, de fecha 27 de noviembre de 2006, Exp. N° 06-1259, en el caso de Homero Edmundo Andrade Briceño, citada por el tribunal con competencia funcional jerárquica vertical, determinó lo siguiente:
“…El proceso ejecutivo de rendición de cuentas ha sido entendido como la tutela jurídica que la ley confiere a toda persona a la que le hayan administrado bienes o gestionado negocios en general o negocios determinados en particular, para que el encargado del negocio cumpla con su obligación de hacer mediante la presentación de un estado contable, en forma cronológica, del deber y del haber de los bienes manejados por el obligado, a menos que la ley o el contrato lo eximan expresamente de hacerlo (Cfr. en este sentido. DUBUC, Enrique: Colección Libros Homenajes n° 6 del Tribunal Supremo de Justicia sobre Estudios de Derecho Procesal Civil, Anotaciones sobre el Proceso Ejecutivo de Rendición de Cuentas, página 293 y siguientes.)
Al respecto, cabe el señalamiento de que esa posibilidad de exigencia de rendición de cuentas sobre la gestión de negocios existe en nuestra legislación, sólo en el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:
“Cuando se demanden cuentas al tutor, curador, socio, administrador, apoderado o encargado de intereses ajenos, y el demandante acredite de un modo auténtico la obligación que tiene el demandado de rendirlas, así como el período y el negocio o los negocios determinados que deben comprender, el Juez ordenará la intimación del demandado para que las presente en el plazo de veinte días, siguientes a la intimación. Si dentro de este mismo plazo el demandado se opone a la demanda alegando haber rendido ya las cuentas o que estas correspondan a un período distinto o a negocios diferentes a los indicados en la demanda; y estas circunstancias aparecieren apoyadas con prueba escrita, se suspenderá el juicio de cuentas, y se entenderán citadas las partes, para la contestación de la demanda, la cual tendrá lugar dentro de los cinco días siguientes a cualquier hora de las indicadas en la tablilla a que se refiere el Artículo 192, sin necesidad de la presencia del demandante, continuando el proceso por los trámites del procedimiento ordinario.”
Este especial procedimiento se instauró para la regulación de la exigencia a personas responsables de rendir cuenta de los actos que impliquen percepción de intereses, rentas, frutos, etc., como producto de la administración, enajenación, gravamen o cualesquiera otros actos que fueran cumplidos sobre los bienes o derechos objeto de la gestión que, o bien le ha sido encomendada mediante contrato expreso, o cuya administración, gestión o disposición ejerce en virtud de una disposición legal, en caso de que el gestor, administrador o mandatario se negare a la rendición de las cuentas de sus actos de manera voluntaria, o que las rinda de manera insatisfactoria.
Cabe destacar que, en materia de sociedades mercantiles, el artículo 310 del Código de Comercio establece que los administradores están obligados a la rendición de cuentas de su gestión ante la asamblea de accionistas de la sociedad y no ante un socio o accionista en particular.
Ahora bien, la cualidad para el requerimiento de dichas cuentas o para la exigencia de la responsabilidad de las gestiones que hayan sido cumplidas en perjuicio de la sociedad, corresponde a la asamblea de conformidad con lo que preceptúa el artículo 310 del Código de Comercio. En consecuencia, el ejercicio de la referida pretensión por un socio sería inadmisible, por cuanto carecería de cualidad para la interposición de la demanda.
Los accionistas pueden ejercer sus derechos de resguardo de sus intereses de una manera indirecta, mediante la denuncia ante los comisarios de las irregularidades que tengan conocimiento que han sido cometidas por los administradores y aquellos, si encontraran fundadas las denuncias y siempre que se den los demás requisitos que son exigidos por la ley, acordarán la convocatoria de la asamblea y activarán los distintos mecanismos que les proporciona el ordenamiento jurídico para tales casos.
(…Omissis...)
No obstante el anterior pronunciamiento, esta Sala debe aclarar que la situación jurídica del requirente de la revisión se mantiene incólume, debido a que, tal como quedo evidenciado de la revisión de las actas que conforman el expediente y, además, declarado por los tribunales de instancia que el aquí peticionario no tenía cualidad para la interposición de la pretensión de rendición de cuentas contra los administradores de Minerales Lobatera S.A., como socio accionista, toda vez que es la Asamblea la legitimada para el ejercicio de la misma contra los administradores, a través de sus comisarios o de personas que nombre especialmente para tales fines, de conformidad con lo que preceptúa el artículo 310 del Código de Comercio. Así se declara…” (Resaltado de la Sala).
En relación al mismo asunto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 151, de fecha: 30 de marzo de 2.009, expediente N° 2008-00388, en el caso: “Ingsa Ingenio La Troncal S.A.”, y “Comercializadora Don Carlos D.C., C.A.”, contra Carlos Helimenas Sequera Añez, estableció:
“…Por consiguiente, considera la Sala, que la recurrida habiendo reconocido el carácter de accionista de la codemandante sociedad mercantil Ingsa Ingenio La Troncal, S. A, ha debido declarar la falta de cualidad de ésta con base a (sic) que la acción para demandar judicialmente la rendición de cuentas en el presente caso correspondía exclusivamente a la asamblea de la sociedad mercantil Comercializadora Don Carlos, D.C., C. A., parte codemandante en el presente caso, ya que un accionista como lo es la codemandante sociedad mercantil Ingsa Ingenio La Troncal, S. A., no puede demandar judicialmente la rendición de cuentas al administrador de la sociedad en la cual tiene el carácter de accionista, pues, dicha legitimación corresponde exclusivamente a la asamblea y no al accionista considerado individualmente.
Por lo tanto, habiéndose establecido que la sociedad mercantil Ingsa Ingenio La Troncal, S. A., no tiene cualidad para demandar la rendición de cuentas, es evidente que tampoco la tenía para el momento en que se llevó a cabo la operación sobre la cual se pide al demandado que rinda cuentas de su gestión, no por el hecho de que la sociedad de comercio Ingsa Ingenio La Troncal, S. A., para ese entonces no fuese accionista de la sociedad mercantil Comercializadora Don Carlos, D.C., C. A., sino, porque el socio o accionista no tiene cualidad para demandar en rendición de cuentas, independientemente de que sea o no socio o accionista para el periodo en el cual se solicita la rendición de cuentas o que tenga la condición de socio o accionista para el momento en el cual se ejerce la acción de rendición de cuentas, es decir, el socio o accionista de una sociedad mercantil no tiene cualidad para demandar la rendición de cuentas en ningún momento, pues, la misma corresponde exclusivamente a la asamblea a través del comisario o de personas que nombre especialmente al efecto y no al accionista considerado individualmente…” (Resaltado de la Sala).
En atención a los presupuesto de hecho y de derecho anteriormente expresadas, es concluyente afirmar que en el caso sometido a consideración de la Sala, el ad quem actuó ajustado a Derecho, al determinar que el accionante en su carácter de socio carece de la cualidad necesaria para interponer la demanda de rendición de cuentas y declarar la inadmisibilidad de la misma, toda vez que, tratándose de una sociedad mercantil, la acción de rendición de cuentas no puede ser ejercida por un socio o accionista considerado individualmente, pues, dicha legitimación corresponde exclusivamente a la asamblea de la sociedad, a través del comisario o de personas que nombre especialmente al efecto, por lo que no incurrió en la errónea interpretación delatada.
Finalmente, a los fines de dar exhaustiva respuesta al planteamiento del formalizante, cabe destacar que las previsiones del ordenamiento jurídico procesal y sustantivo vigente, anteriormente expuestas, en modo alguno puede considerarse que vulneren el derecho de acceso a la justicia, el debido proceso y al principio procesal de igualdad del hombre, pues, los accionistas pueden ejercer sus derechos de resguardo de sus intereses de una manera indirecta, mediante la denuncia ante los comisarios de las irregularidades que tengan conocimiento que han sido cometidas por los administradores y, aquéllos, si encontraran fundadas las denuncias y siempre que se den los demás requisitos que son exigidos por la ley, acordarán la convocatoria de la asamblea y activarán los distintos mecanismos que les proporciona el ordenamiento jurídico para tales casos, de conformidad con lo previsto en el artículo 310 del Código de Comercio…” .
En atención a lo dispuesto en el artículo 310 del Código de Comercio, ut supra transcrito, así como a lo expresado en los criterios jurisprudenciales, precedentemente señalados, resulta claro, que la legitimación activa para intentar la demanda de rendición de cuentas, corresponde a la asamblea general de socios, que debe ejercer tal potestad, a través del comisario o persona designada específicamente para cumplir con dicha función.
Ahora bien, en aplicación al caso bajo análisis de las consideraciones realizadas, se desprende del escrito libelar, que la ciudadana: Yira Josefina María del Socorro Buenaño García -por actuación de su co-apoderado- alega ser accionista de la empresa “Agropecuaria Las Camazas, C.A.”, procediendo a demandar a los ciudadanos: Pedro Armando Navas Fuentes y Milagros Delfina Navas Fuentes, en su carácter de administradores de la reseñada sociedad de comercio, a fin que rindan cuentas de su gestión en la compañía; evidenciándose de la lectura del acta constitutiva y de estatutos sociales de la sociedad mercantil “Agropecuaria Las Camazas, C.A.”, que la actora en el presente juicio, no detenta el carácter de comisario en la empresa, y en idéntico sentido, tampoco consta en las actuaciones que conforman el expediente, un acta de asamblea en la cual se le haya designado, a fin de dotarle de la posibilidad de ejercer acciones contra el administrador o administradores de la empresa, por lo que en consecuencia, no constando en autos que la demandante esté facultada para ejercer por sí misma, la acción de rendición de cuentas contra quienes administran la sociedad de comercio de la cual es accionista, es palmaria su falta de legitimación para incoar la demanda en el presente caso.
En tal sentido, sobre la cualidad procesal, señala el maestro Luis Loreto, lo siguiente:
“(…) la cualidad activa y pasiva está constituida por una relación de identidad lógica entre el sujeto al cual la ley en abstracto atribuye un determinado derecho y la persona que en concreto se presenta en juicio para hacerla valer (cualidad activa) y la relación de identidad lógica entre el sujeto contra el cual en abstracto tal derecho puede ejercerse y la persona contra la cual, en concreto, él es ejercido (cualidad pasiva), de lo que puede concluirse que existe una equivalencia de conceptos entre cualidad activa y titularidad del derecho, que constituye la cuestión de fondo por excelencia”.
En idéntico sentido, el profesor Mario Pesci Feltri Martínez, señala en su obra “Estudios de Derecho Procesal Civil”:
“La titularidad o legitimación en la causa activa o pasiva, es un concepto implícito en el concepto de voluntad concreta de ley, ya que nadie puede hacer valer la titularidad de una voluntad concreta de ley, si no es la persona que de acuerdo con la norma sustantiva, es la titular de tal derecho (cualidad activa) ni dicha voluntad de ley puede ser hecha valer contra una persona distinta a las que de acuerdo con la norma abstracta es la llamada a satisfacer la obligación reclamada por el acreedor (derechos a una obligación) o a sufrir los efectos del ejercicio del derecho potestativo hecho valer con la demanda. Por lo tanto, es suficiente señalar como requisito constitutivo de la sentencia favorable al actor, la declaración de una voluntad concreta de ley que le reconozca el derecho subjetivo hecho valer con la demanda”.
Por su parte, el maestro Arístides Rengel-Romberg, en su “Manual de Derecho Procesal Civil Venezolano”, vol. II. p. 140 señala que el proceso no se instaura entre cualesquiera sujetos, sino entre aquéllos que están frente a la relación material o interés jurídico controvertido en la posición de legítimos contradictores por afirmarse titulares activos o pasivos de dicha relación. Afirma que la regla general puede expresarse así:
“La persona que se afirma titular de un interés jurídico propio, tiene legitimación para hacerlo valer en juicio (legitimación activa) y la persona contra quien se afirma la existencia de ese interés, en nombre propio, tiene a su vez legitimación para sostener el juicio (legitimación pasiva)”.
En concordancia con los criterios doctrinarios expuestos ut supra, se colige en el presente caso, que la accionante ciertamente, no detenta legitimación activa para solicitar rendición de cuentas, careciendo en consecuencia del interés procesal a que hace referencia el contenido del artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, al no ostentar el cargo de comisario de la empresa de la cual es accionista, y menos aún, haber sido designada en asamblea de socios, para ejercer acciones en contra del administrador o administradores de la misma, resultando clara su falta de legitimidad para incoar la demanda, circunstancia que -conforme a los criterios legales, doctrinarios y jurisprudenciales señalados en el texto de la presente decisión- constituye una causal de inadmisibilidad de la demanda, por violentar el contenido del artículo 310 del Código de Comercio, y en consecuencia, ser contraria a la ley. Y así se decide.
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta sentencia en los siguientes términos:
PRIMERO: Declara INADMISIBLE la demanda de rendición de cuentas, interpuesta por el abogado en ejercicio José Freddy Gilly Trejo, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 5.535, actuando en su carácter de co-apoderado judicial de la ciudadana la ciudadana: Yira Josefina María del Socorro Buenaño García, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.210.181, contra los ciudadanos: Pedro Armando Navas Fuentes y Milagros Delfina Navas Fuentes, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad nros. V-6.547.874 y V-4.888.105, respectivamente...”.

V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Siendo que ha sido declarada inadmisible la demanda de rendición de cuentas con fundamento en la falta de cualidad para intentar el presente juicio, este Tribunal debe señalar lo siguiente:

El juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en sentencia de fecha 17 de marzo de 2.014 declaró inadmisible la demanda de rendición de cuentas propuesta por el abogado: José Freddy Gilly Trejo, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 5.535, con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana: Yira Josefina María del Socorro Buenaño García, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad nº V- 9.210.181, con fundamento en la falta de cualidad para intentar el juicio de la parte actora, bajo el argumento que la accionista personalmente no tiene cualidad para solicitar la rendición de cuentas de la sociedad mercantil demandada, toda vez, que tanto el contrato social, como la ley, prevén que en estos casos, es la asamblea general de accionistas como expresión máxima de la voluntad de la sociedad, quien debe solicitar la rendición de cuentas por intermedio de los comisarios, en la forma prevista en el artículo 310 del Código de Comercio, y no el socio o accionista individualmente considerado.

Ahora bien, el artículo 16 de la ley adjetiva indica:

“Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente. (Resaltado de este tribunal)

Diversas han sido las definiciones que se han dado en la doctrina de la falta de cualidad e interés, al respecto el maestro Luís Loreto, en su obra: Estudios de Derecho Procesal Civil, Universidad Central de Venezuela- Sección Publicaciones, Volumen XIII, en el capítulo IV “Contribución al Estudio de la Excepción de Inadmisibilidad por Falta de Cualidad, señala lo siguiente:
“La doctrina moderna del proceso ha tomado del derecho común la expresión legitimación a la causa (legitimatio ad causam) para designar este sentido procesal de la noción de cualidad, y distinguirla bien de la llamada legitimación al proceso (legitimatio ad processum); y según que aquella se refiera al actor o al demandado, la llama legitimación a la causa activa o pasiva (legitimatio ad causam activa et pasiva). Siguiendo el lenguaje empleado por el Legislador patrio en el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil, podríamos muy bien distinguir ambas nociones de cualidad diciendo “cualidad para intentar o sostener el juicio”. Más brevemente todavía podrá decirse cualidad activa y cualidad pasiva.
Si la noción de cualidad que se ha dado anteriormente es exacta, aparece de manifiesto que ella denota sólo una relación de identidad lógica entre el efectivo titular de la acción y la persona que concretamente la ejercita. La cualidad expresa un modo de ser del derecho de acción; denota la relación en que se encuentran uno o más sujetos con la acción intentada; indica el lado subjetivo de la acción. Se trata, como he dejado apuntado, de una relación de identidad lógica entre la persona del actor y la persona a quien la ley concede la acción (cualidad activa); y de la persona del demandado, con la persona contra quien la acción es concedida (cualidad pasiva). En el primer caso, la cualidad no es un derecho, ni el título de un derecho, sino que expresa una idea de pura relación; en el segundo, no es una obligación, ni el título de una obligación, sino que expresa igualmente una idea de pura relación, y nada más.
En materia de cualidad, la regla es, que allí donde se afirma existir un interés jurídico sustancial propio que amerite la protección del órgano jurisdiccional competente, allí existe un derecho de acción a favor del titular de ese interés jurídico, quien tiene por ello mismo, cualidad para hacerlo valer en juicio; y que la persona contra quien se afirme ese interés en nombre propio tiene cualidad para integrar la relación procesal como sujeto pasivo de ella. El interés es la medida de la acción, dice un viejo adagio jurídico.”

Sobre este mismo tema, Bernardo Loreto Yánez, en una conferencia dictada en las Jornadas Dr. José Santiago Núñez Aristimuño en Maturín estado Monagas, en el mes de abril de 1992, recogida en la Revista de Derecho Probatorio 2, Director: Jesús Eduardo Cabrera Romero, Editorial Jurídica Alva SRL, bajo el título “Breves Consideraciones sobre la Defensa de Falta de Cualidad y la Carga de la Prueba” afirmó:

“En relación con la formación del contradictorio, todo ordenamiento contiene esquemas subjetivos abstractos que deben ser observados, los cuales están conformados por lo que se conoce como situaciones legitimantes, es decir, por una categoría jurídica diferenciable por su naturaleza de la titularidad de un derecho subjetivo, la cual sólo sirve para determinar quiénes pueden ser partes legítimas y obtener sentencia de fondo, favorable o desfavorable, en los casos a que las situaciones legitimantes se refieren. Habida cuenta de ello, la legitimación en la causa no es otra cosa que la coincidencia entre la situación legitimante prevista en la ley, con la situación jurídica en que el actor afirma encontrarse, según la configura en la pretensión que hace valer en la demanda.”

Debe entenderse entonces, que cualidad o legitimatio ad causam, no es otra cosa que la relación jurídica existente entre el demandante en concreto y aquel a quien la ley da la acción, es decir, la posibilidad de pretender la satisfacción de la pretensión, y la posibilidad de sostener el juicio como demandado.
En relación a la legitimidad activa para demandar la rendición de cuentas en materia mercantil, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2052 de fecha 27 de noviembre de 2006, caso: Homero Edmundo Andrade Briceño, dejó establecido lo siguiente:
“Ahora bien, la cualidad para el requerimiento de dichas cuentas o para la exigencia de la responsabilidad de las gestiones que hayan sido cumplidas en perjuicio de la sociedad, corresponde a la asamblea de conformidad con lo que preceptúa el artículo 310 del Código de Comercio. En consecuencia, el ejercicio de la referida pretensión por un socio sería inadmisible, por cuanto carecería de cualidad para la interposición de la demanda…”

Por otro lado, resulta necesario trasladar al cuerpo del presente fallo, el contenido del artículo 310 del Código de Comercio que dispone:

“La acción contra los administradores por hechos que sean responsables compete a la asamblea, que la ejerce por medio de los comisarios o de personas que nombre especialmente al efecto.

Todo accionista tiene, sin embargo, el derecho de denunciar a los comisarios los hechos de los administradores que crea censurables, y los comisarios deben hacer constar que han recibido la denuncia, en su informe a la asamblea. Cuando la denuncia sea hecha por un número de socios que represente por lo menos la décima parte del capital social, deben los comisarios informar sobre los hechos denunciados.

La representación del décimo se comprueba con el depósito de las acciones por los mismos comisarios, u otra persona notoriamente abonada a juicio de los comisarios. Las acciones permanecerán depositadas hasta que se haya verificado la próxima asamblea.

Si los comisarios reputan fundado y urgente el reclamo de los accionistas que representan el décimo del capital social, deben convocar inmediatamente a una asamblea que decidirá siempre sobre el reclamo.”

En atención a la normativa y doctrina expuestas, podemos concluir que los administradores en las sociedades mercantiles son los obligados a rendir cuentas de su gestión ante la asamblea de socios o accionistas, y no ante un socio o accionista en particular; por tanto la cualidad para demandar la rendición de cuentas o exigir su responsabilidad por las gestiones que hayan sido ejecutadas en perjuicio de la sociedad, corresponden exclusivamente a la asamblea a través de sus comisarios o personas que hayan sido designadas especialmente para tales fines, y el juicio de rendición de cuentas se llevará a cabo por el procedimiento especial contencioso de rendición de cuentas, previsto en el Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, la acción de rendición de cuentas ejercida por un socio o accionista contra la compañía con fundamento en el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil, sería inadmisible, ya que éste carecería de la cualidad necesaria para intentar la demanda.

Por otro lado, cabe reiterar que los accionistas pueden ejercer sus derechos en resguardo de sus intereses de una manera indirecta, a través de la denuncia ante los comisarios de la compañía, haciéndoles llegar las irregularidades que hayan sido cometidas por los administradores, todo de conformidad con el artículo 310 del Código de Comercio.

Además el artículo 291 del Código de Comercio, establece el recurso que tienen los socios contra los administradores y comisarios, si estos últimos no cumplen a cabalidad con su función fiscalizadora de los administradores.

En atención a lo antes expresado, es evidente que el socio o accionista de una sociedad mercantil para hacer valer sus derechos en resguardo de sus intereses, debe denunciar a los administradores ante el comisario por los hechos que considere censurables, para que aquél deje constancia de la denuncia efectuada en el informe a la asamblea, o en su defecto formule la denuncia junto con un número de socios que representen al menos la décima parte del capital social, para que de esta manera los comisarios queden obligados a cumplir con el deber de informar a la asamblea, dando de esta manera cumplimiento al artículo 310 del Código de Comercio.

De esta manera, si el comisario estima fundado y urgente el reclamo de los accionistas que representen ese décimo del capital, debe convocar inmediatamente a una asamblea general de socios para darle cuenta del asunto o de la denuncia planteada; no obstante, si no lo encontrare así, lo dejará para la próxima asamblea la cual siempre decidirá sobre la denuncia formulada, y si de estos hechos se derivase alguna responsabilidad de los administradores, la asamblea podrá ejercer la acción que le competa bien sea por intermedio del comisario o de cualquier otra persona que nombre especialmente a tal efecto.

Al revisar el expediente que contiene esta causa, se evidencia en los folios del 12 al 55, copia certificada del acta constitutiva y estatutos sociales de la sociedad mercantil: “Agropecuaria Las Camazas, C.A.”, debidamente registrada ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, en fecha 19 de Junio de 1998, bajo el n° 06, Tomo 11-A, en la que se observa entre otros aspectos su razón social, el objeto principal de la compañía, el carácter de socios de los ciudadanos: María Edith García Fuentes, Milagros Delfina Navas Fuentes y Pedro Armando Navas Fuentes, titulares de las cédulas de identidad números 2.970.894, 4.888.105 y 6.547.874 respectivamente, evidenciándose además que el tercero de los nombrados fue designado director administrativo y la ciudadana: Milagros Navas Fuentes fue designada como su suplente en la señalada sociedad mercantil; igualmente se encuentra inserta desde el folio 68 hasta el folio 71, acta de asamblea general extraordinaria de accionistas nº 9 de fecha 14 de septiembre de 2006, en la que se evidencia la venta de seis mil (6000) acciones de la empresa “ Agropecuaria Las Camazas, C.A.” hecha por la accionista María Edith García Fuentes a la ciudadana: Yira Josefina Buenaño García y en consecuencia el carácter de accionista que detenta esta última en la identificada empresa, documentos a los que se les otorga pleno valor probatorio como documentos privados reconocidos, con valor auténtico otorgado ante funcionario público competente.

De las documentales antes indicadas, se evidencia que la actora ciudadana: Yira Josefina Buenaño García, efectivamente es accionista de la sociedad mercantil: “Agropecuaria Las Camazas, C.A.”; no obstante, en atención a todo lo expuesto en el presente fallo, la accionante no tiene cualidad para intentar el presente juicio de rendición de cuentas, en virtud de que tal acción le corresponde exclusivamente a la asamblea y la ejerce contra los administradores. Y ASÍ SE DECIDE.

En efecto, la legitimidad se encuentra ligada indisolublemente a la pretensión y responde a principios consagrados constitucionalmente como lo son la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, por lo que constituye una formalidad esencial para la consecución de la justicia, ya que le permite al Estado controlar que el aparato jurisdiccional sea activado sólo cuando sea necesario y que el litigio que se tramita no sea entre cualquier partes, sino entre aquellas en las cuales ciertamente exista interés jurídico susceptible de tutela judicial, en virtud de ello la presente demanda deviene en inadmisible, tal y como lo declaró el Tribunal a quo. Y ASÍ SE DECIDE.

Por todos los motivos de hecho y de derecho expuestos, el recurso de apelación debe ser declarado sin lugar, la demanda de rendición de cuentas debe ser declarada inadmisible, y la recurrida debe ser confirmada con la motivación expuesta. Y ASÍ SE DECIDE.
VI
DECISIÓN

Por la motivación precedente, este Tribunal Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley dicta sentencia en los términos siguientes:
Primero: Se declara SIN LUGAR del recurso de apelación interpuesto por el abogado en ejercicio: José Freddy Gilly Trejo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 5.535, de este domicilio, actuando en su carácter de co-apoderado judicial de la ciudadana: Yira Josefina María del Socorro Buenaño García, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad nº V-9.210.181, de este domicilio, parte accionante en el presente juicio contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en fecha 17 de marzo del año 2014, en el Juicio de rendición de cuentas, que se lleva en el Expediente n° 4.219-14, de la nomenclatura particular de ese Tribunal.
Segundo: Se declara INADMISIBLE la demanda de rendición de cuentas, intentada por la ciudadana: Yira Josefina María del Socorro Buenaño García, contra los ciudadanos: Pedro Armando Navas Fuentes y Milagros Delfina Navas Fuentes.
Tercero: Se CONFIRMA la decisión apelada con la motivación expuesta.
Cuarto: Se condena en las costas del recurso a la parte apelante de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.
Quinto: Por cuanto la presente decisión se dictó dentro del lapso legal correspondiente, no se ordena la notificación de las partes y/o sus apoderados judiciales.
Publíquese, regístrese y devuélvase al tribunal de la causa en su oportunidad legal. Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas a los veintidós (22) días del mes de mayo del año 2014 Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

La Jueza Suplente Especial,

Rosa Elena Quintero Altuve.
La Secretaria,

Abg. Adriana Norviato.

En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior sentencia. Conste.
La Scría.

Expediente n° 14-3668-M.
REQA/ANG/sofíasil.-