REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Primero Superior del Trabajo del Nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial Laboral del Estado Barinas
Barinas, veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015)
204º y 155º
ASUNTO: EP11-R-2014-000094
I
DETERMINACIÓN DE LAS PARTES Y DE SUS APODERADOS
PARTE ACTORA: PEDRO ANTONIO MONTILLA, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad Nros. V- 8.130.644, con domicilio en la ciudad de Barinas Estado Barinas.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: PEDRO ALFONSO TORRES PAREDES, RAFAEL OCTAVIO JIMENEZ TAPIA y PAUCIDES ENRIQUE PEREZ PAREDES, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° V.- 8.144.814, V.- 11.716.031 y V.- 4.259.764 e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo las matriculas números 32.829, 168.976 y 182.164; representación que consta en poder autenticado que corre inserto desde el folio 12 al 14 ambos inclusive.
PARTE DEMANDADA: sociedad mercantil TRANSPORTE INDUSTRIAL BARINAS, C.A. (TRAINBACA), inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en fecha veintinueve (29) de octubre de 1.996, anotada bajo el Nº 08, Tomo 18-A.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PARTE DEMANDADA: REINALDO AZPURUA, titular de la cédula de identidad Nº V-3.666.853, en su condición de Director General.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ ABAD, MARIA BELEN GUGLIELMO y JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ SOTO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-8.188.496, V-13.949.630 y V-17.988.838, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo las matriculas números 26.971, 85.479 y 195.45, representación que consta en poderes que corren insertos desde el folio 49 al 52, ambos inclusive.
MOTIVO: Apelación.-
II
DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA
Obra ante esta Alzada el presente Recurso de Apelación ejercido en fecha dieciocho (18) de diciembre del 2014, por el Abogado en ejercicio PEDRO ALFONSO TORRES PAREDES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 8.144.814 e inscrito en el Instituto de previsión del abogado bajo la matricula número 32.829, actuando en su condición de apoderado judicial del ciudadano PEDRO ANTONIO MONTILLA, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad Nros. V- 8.130.644, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, de fecha 10 de diciembre del 2014, mediante la cual declara: “DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO de conformidad con el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.”; siendo fijada por esta alzada la audiencia oral y pública, por auto de fecha 12 de enero del año 2015, para el cuarto (4°) día de despacho siguiente a las nueve de la mañana (09:00 a.m.).
III
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Revisadas las actas que conforman el expediente, oída la exposición del recurrente y analizada la decisión apelada, este Tribunal observa que el asunto sometido a su consideración, consiste en determinar si la parte demandante no compareció a la prolongación de la audiencia preliminar fijada para el día 10 de diciembre del 2014, a las 09:00 a.m. por motivos justificados.
Alegatos de la parte demandante apelante: Alega el abogado PEDRO TORRES PAREDES apoderado judicial de la parte actora, que su incomparecencia a la prolongación de la audiencia preliminar fue motivado a un caso fortuito; establece que llegó a la instalaciones de esta Coordinación Laboral a las 09:03 a.m.; que el Juez de instancia ya había realizado el acta; que la contraparte no se opuso a que entrara a la sala de audiencia pero que el Juez manifestó que la audiencia ya se había realizado; alega que ese día ocurrieron hechos que impidieron que arribara de forma oportuna a la celebración de la audiencia, manifestando que la ciudad estaba totalmente colapsada, así como las adyacencias del tribunal; de igual manera expone ante esta Alzada que los demás apoderados no se encontraban en la ciudad de Barinas, que uno de ellos estaba dando clases y el otro se encontraba de reposo médico, que por tal circunstancia la responsabilidad de asistir a la audiencia recaía sobre él, solicitando finalmente que se declare con lugar la apelación y se ordene la realización de la prolongación de la audiencia preliminar.
Para decidir esta Alzada realiza las siguientes consideraciones:
El Artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, consagra lo siguiente:
Articulo 130 (LOPT): “Si el demandante no compareciere a la audiencia preliminar se considerara desistido el procedimiento, terminado el proceso mediante sentencia oral que se reducirá en un acta, la cual deberá publicarse en la misma fecha…”.
Del análisis realizado al Articulo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, siguiendo la misma tónica de la brevedad procesal dispone que, si el demandante no compareciere a la audiencia preliminar deberá considerarse desistido el procedimiento, que trae como consecuencia la terminación del proceso, lo cual el juez lo declarara mediante sentencia oral que debe ser reducida en un acta, la cual deberá publicarse en la misma fecha.
En este sentido, es necesario advertir que, en ausencia de legislación expresa sobre caso fortuito o fuerza mayor en la legislación laboral, es necesario acudir al derecho común para precisar su noción, y así doctrinaria y jurisprudencialmente en materia civil, se contemplan varios supuestos dentro del genero “de causa extraña no imputable”, al referirse al efecto del incumplimiento de las obligaciones (Artículo 1.264 del Código Civil venezolano vigente).
Y entre otros supuestos tenemos, el caso fortuito y la fuerza mayor estableciéndose que, por caso fortuito debemos entender el suceso imprevisto que no se puede prever, ni resistir y que emana de la naturaleza y por fuerza mayor todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto, no ha podido resistirse y que por lo general emana del hombre, exigiéndose para la procedencia de ambos que los mismos deban llenar ciertas condiciones tales como:
1. Que produzca la imposibilidad absoluta de poder ejecutar la obligación, esta condición no debe ser teórica sino formal o practica.
2. Que la imposibilidad absoluta debe ser sobrevenida, esto es que se presente con posterioridad a haberse contraído la obligación.
3. Que la causa extraña no imputable sea imprevisible.
4. Que sea inevitable, es decir, que no pueda subsanarse.
5. La ausencia total de culpa y dolo por parte del deudor.
La Sala de Casación Social en Sentencia de fecha 17 de Febrero de 2004, Caso Arnaldo Salazar contra Publicidad VEPACO, analizando el alcance del caso fortuito o la fuerza mayor, adiciona a lo antes señalado:
Omissis
…se considera prudente y abnegado con los fines del proceso (instrumento para la realización de la justicia), el flexibilizar el patrón de la causa extraña no imputable no solo a los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor, sino, a aquellas eventualidades del quehacer humano que siendo previsibles e incluso evitables, impongan cargas complejas, irregulares (que escapan de las previsiones ordinarias de un buen padre de familia) al deudor para cumplir con la obligación adquirida. (Subrayado nuestro)
Naturalmente, tal extensión de las causas liberativas de la obligación de comparecencia a la audiencia preliminar sobrevienen como una excepción de aplicación restrictiva, a criterio del Juzgador.
Por consiguiente, resulta evidente la ineludible necesidad de demostrar los hechos que se invocan dentro de un proceso por las partes, de modo que quien juzga pueda tener en sus manos los elementos de convicción que le permitan constatar la veracidad de las circunstancias fácticas esgrimidas por ellos. Vale decir, que específicamente en materia de incomparecencia, la parte recurrente deberá demostrar fehacientemente las causales que justificaron o avalaron la imposibilidad de presentarse a la fecha pautada, siendo que ello será procedente únicamente si se ajusta a los motivos previstos en la ley adjetiva procesal y en la doctrina jurisprudencial imperante.
Ahora bien, ha sido criterio reiterado y sostenido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia que en el proceso laboral los Jueces de Instancia tanto los de Sustanciación, Mediación y Ejecución, como los de Juicios, así como los de Segunda Instancia, deben utilizar el proceso como instrumento para la justicia, y una de las columnas vertebrales de este nuevo proceso laboral es precisamente estimular la realización de las audiencia, de cara a lograr una efectiva y real conciliación o mediación. También ha sido doctrina reiterada de la Sala, que cuando la parte no comparezca por falta de diligencia deben aplicarse las consecuencias de Ley. Sin embargo también se ha dicho, que cuando por razones de fuerza mayor o de hecho fortuito la parte no puede comparecer a las audiencias, los Jueces tienen que humanizar el proceso y buscar la verdad verdadera.
Evidencia esta Alzada que junto a la diligencia de formalización de la apelación, es consignado por el Co-apoderado judicial de la parte demandante las siguientes documentales:
1.-) Constancia médica marcada “ANEXO 1” la cual riela al folio 84, suscrita por el Dr. Julio Calanche, Traumatólogo, titular de la cédula de identidad N° V- 7.530.881, inscrito en el M.P.P.S bajo el número 33408 y CMB: 817, de la cual se puede leer, que el suscrito médico deja constancia que el Sr. Rafael Octavio Jiménez, titular de la cédula de identidad N° 11.716.031, presentó dolor lumbar, sugiriendo reposo por 06 días. De la referida documental se puede leer que dicha consulta fue realizada en el Centro Quirúrgico Ambulatorio La Bendición C.A., en fecha 09-12-2014; Institución privada.
2.-) Documental marcada “ANEXO 2” la cual riela al folio 85 y 86; la primera de dichas documentales hace referencia al calendario académico Período Lectivo 2015 – 01, de la cual se observa logo e identificación de la Universidad Santa María, Núcleo Barinas, Dirección General, con sello húmedo de dicha institución; la segunda documental en cuestión (f 86), presenta al logo de la universidad, documental denominada horario de clases; se observa que se detalla el nombre y cargo del Dr. Inocencio A. Figueroa A., Decano de Facultad de Derecho, pero la misma no se encuentra suscrita por éste.
Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo el cual es del tenor siguiente: “Los documentos emanados de terceros que no son parte en el proceso, ni causantes del mismo, deberán ser ratificados por el tercero, mediante la prueba testimonial”. En consecuencia lo admisible es solicitar de un tercero el reconocimiento en juicio de un documento, sin articular el hecho dentro de los particulares de la prueba testimonial; pero en vez de “eso” si el hecho aparece comprendido dentro de los interrogantes propuestos, la prueba es correcta e inobjetable de su regularidad”.
En ese sentido si un testigo, al rendir declaración, dice reconocer documentos como suscritos o emanados de él, todo ello en su conjunto constituye una prueba testimonial valida, que el sentenciador valorara conforme a la soberana apreciación de que a tal fin esta investido, así las cosas, evidencia esta Juzgadora que las documentales marcadas como ANEXO 1 y 2 (f 84 al 86) consignadas por la representación judicial de la parte demandante, son instrumentos privados emanados de terceros que al no comparecer éstos a ratificar su contenido y su firma esta Alzada no le otorga eficacia probatoria. Así se establece.
3.-) Riela al folio 87 recorte de periódico del diario de circulación regional La Prensa de Barinas, marcada ANEXO 3, documental a la cual esta Alzada no le otorga valor probatorio, en virtud que la misma no verse sobre el hecho controvertido en el presente asunto, y aunado a ello no demuestra que se haya producido un colapso de circulación en las adyacencias de esta Coordinación Laboral; razón por la cual se desecha del proceso. Así se establece.
Así las cosas de lo debatido en la audiencia de apelación, así como de las pruebas traídas al proceso, no se evidencia que la parte demandante apelante demostrara que su falta de comparecencia a la prolongación de la audiencia preliminar fijada para el día 10 de diciembre del 2014, a las 09:00 a.m., fuese por motivos justificados, razón por la cual este Tribunal no considera subsumido tal circunstancia en un hecho de fuerza mayor, por consiguiente se CONFIRMA la decisión del tribunal que declaro el DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO. Así se establece.
En consecuencia de lo decidido, esta Alzada declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte actora, en contra de la decisión de fecha 10 de diciembre del 2014, por consiguiente se confirma la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. Así se establece.
V
DECISIÓN
Este Juzgado Primero Superior del Trabajo del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la parte demandante apelante contra la decisión de fecha 10 de diciembre del 2014, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas.
SEGUNDO: Consecuencia de lo decidido por este Tribunal SE CONFIRMA la decisión de fecha 10 de diciembre del 2014, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas.
TERCERO: No hay condenatoria en costas.
CUARTO: Remítase el presente expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta misma Circunscripción Judicial, a los fines que continúe el curso legal correspondiente.-
Dado, firmado y sellado en la Sala de despacho de este Juzgado, en Barinas, a los veintitrés (23) días del mes de enero del año dos mil quince (2015), años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.-
La Jueza;
Abg. Carmen G. Martínez
La Secretaria;
Abg. Karelys Frías
En la misma fecha se dicto y publico siendo la 09:28 a.m. bajo el No.0009. Conste.
La Secretaria;
Abg. Karelys Frías.
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