TSJ Regiones - Decisión

REPÚúBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario
del Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del estado Barinas
Barinas, treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis
205º y 157º

ASUNTO: EC21-X-2016-000016

En fecha 28 de marzo de 2016, se recibieron las presentes actuaciones ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de Barinas, contentivas de la Inhibición formulada por el Abg. Juan José Muñoz Sierra, en su carácter de Juez Provisorio del Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Circuito Judicial Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas.

Al folio dos (02), cursa certificación de auto de fecha 16 de marzo de 2016, en el cual consta que se dejó transcurrir el lapso de allanamiento contemplado en el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil.

Dada la inhibición formulada, se acordó remitir el presente asunto a este Tribunal Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Circuito Judicial Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, a los fines de decidir la misma.

Por auto de fecha 29 de marzo de 2016, este tribunal dejó constancia que de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, la presente inhibición se decidiría dentro de los tres (3) días siguientes a esa fecha; estando dentro del lapso legal, este tribunal procede a decidir en los términos siguientes:
I
DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA

Las actuaciones con las que se formó el presente expediente fueron recibidas en este tribunal el día 28 de marzo del presente año, para el conocimiento y decisión de la inhibición de fecha 11 de marzo de 2016, formulada por el Juez Provisorio del Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Circuito Judicial Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en el juicio de reivindicación intentado por los ciudadanos: Gabriela Alexandra Bastos Pérez CI V-16.619.534 y Juan Leonardo Bastos Pérez, CI: V-21.013.946 debidamente asistidos por su apoderado Judicial Abg. Luis Laurence Moreno inscrito en el Inpreabogado bajo el nº 35.817, contra los ciudadanos: Dolores Milagros Soler Bastos CI: V-4.926.289, Alirio Gualdron Nieves CI: V-4.929.921 y Benjamín José Bastos Rodríguez, a que se contrae el asunto N° EC21-R-2012-000018, de la nomenclatura de dicho tribunal.

II
SÍNTESIS DE LA INCIDENCIA

La presente inhibición fue formulada por el Juez Provisorio Juan José Muñoz Sierra, según se evidencia en declaración contenida en acta de fecha 11 de marzo de 2016, cuya copia certificada se encuentra inserta al folio tres (03) del presente asunto, cuyo contenido por razones de método se trascribe a continuación:
…Omissis…
“...En horas de despacho del día de hoy, once (11) de marzo de 2.016, comparece ante la Sala de Despacho del Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario del Circuito Judicial Civil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, el abogado Juan José Muñoz Sierra, titular de la cédula de identidad Nº V-13.173.086, en su carácter de Juez Provisorio de este Tribunal, quien expone: “Por cuanto en fecha: 11 de junio de 2.012, me desempeñaba como Juez Temporal del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, procediendo en la referida fecha a dictar sentencia interlocutoria- la cual riela en copia certificada, a los folios 276 vuelto y 277,de las presentes actuaciones- declarando inadmisible la reconvención intentada por los abogados en ejercicio Jesús Eduardo Lares Sarmiento, Marco Aurelio Gómez Montilla y Orlando José Sierra Paredes, inscritos en el Inpreabogado bajo los nros. 153.723, 71.995 y 160.466,en su orden, en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandada en el presente asunto, ciudadanos: Alirio Gualdron Nieves, Dolores Milagros Soler Bastos y Benjamín José Bastos Rodríguez, en el juicio de reivindicación que en su contra, incoares los ciudadanos: Gabriela Alexandra y Juan Leonardo Bastos Pérez, y que se tramita en el expediente signado con la antigua nomenclatura 3.886-11, actualmente EH21-V-2011-000015,propia del órgano jurisdiccional referido, siendo interpuesto recurso de apelación contra dicha decisión por parte del abogado en ejercicio Jesús Eduardo Lares Sarmiento, antes identificado, mediante diligencia de fecha: 20 de junio de 2.012, que riela al folio 278, siendo oído en un solo efecto dicho recurso, mediante auto dictado en fecha: 21 de junio de 2.012 -que en copia certificada cursa al folio 279-,ordenándose la remisión de copia certificada de todo el expediente al Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de Los Andes, a fin de la distribución del recurso entre los Tribunales Superiores. Es por lo que en consecuencia, evidenciándose que en el presente caso dicté el auto declarando inadmisible la reconvención, que por interposición de la vía recursiva ordinaria, ha sido sometida al conocimiento de mi propia jurisdicción, es de lo que se colige que me encuentre incurso en la causal de recusación prevista en el numeral 15º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, por haber manifestado previamente opinión sobre lo principal del pleito, valga decir, sobre la materia que será objeto de pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional Superior, al momento de resolver el recurso ejercido en el presente caso, y es por lo que en consecuencia ME INHIBO de conocer del presente recurso. En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, para no ver comprometida mi imparcialidad y comportamiento, transparente, honesto y siempre ajustado al cumplimiento de las normas constitucionales y legales, es por lo que formulo la presente inhibición, dejando expresa constancia que el impedimento obra contra la parte demandada. Asimismo, manifiesto que no estoy dispuesto a seguir conociendo de la presente causa en caso de allanamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la ley adjetiva civil venezolana” es todo se leyó conformes firman”…

III
PUNTO PREVIO

Una de las instituciones que las leyes procesales y, en particular el Código de Procedimiento Civil consagra en garantía del principio constitucional de imparcialidad del juzgador, es por ello, que la inhibición resulta necesaria y es un deber para el juez que tenga conocimiento que en su persona existe alguna causal de recusación, debiendo manifestar su voluntad de separarse del conocimiento y decisión de una determinada causa.

Nuestro sistema procesal se rige por el principio de la legalidad de las formas procesales previsto en la Ley adjetiva en su artículo 7, elevado a rango constitucional en el primer aparte del artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de ello, la declaración de inhibición se encuentra sometida al riguroso cumplimiento de determinados requisitos intrínsecos y extrínsecos establecidos en la ley, cuyo incumplimiento determina su improcedencia.

El último aparte del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, fija que la declaratoria de inhibición la haga el funcionario “en un acta en la cual se expresen las circunstancias de tiempo, lugar y demás del hecho o los hechos que sean motivo del impedimento”; debiéndose expresar también contra quien obra el impedimento.

Por otro lado, el encabezamiento del artículo 189 eiusdem, dispone:

“El acta deberá contener la indicación de las personas que han intervenido y de las circunstancias de lugar y de tiempo en que se han cumplido las diligencias de que hace fe; debe además contener la descripción de las actividades cumplidas y de los reconocimientos efectuados. El acta deberá ser suscrita por el Juez y por el Secretario.”

Además de ello, el artículo 88 ibídem establece las condiciones sustanciales de procedencia de la inhibición, a saber:
“El Juez a quien corresponde conocer de la inhibición, la declarará con lugar si estuviere hecha en la forma legal y fundada en alguna de las causales establecidas por la ley.
En caso contrario, la declarará sin lugar y el Juez inhibido continuará conociendo.
Lo dispuesto en este artículo deja a salvo el derecho de recusación de que pueden usar las partes.”

De la norma precedentemente transcrita, se deduce que para declarar la procedencia de la inhibición, es necesaria la concurrencia de dos requisitos:

I) Que la inhibición sea realizada en forma legal, es decir, en la forma establecida en el último aparte del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, que impone que la declaratoria de inhibición se haga en un acta en la que se expresen las circunstancias de tiempo, lugar y demás del hecho o los hechos que sean motivo del impedimento, debiendo además expresar la parte contra quien obre el impedimento, y
II) Que la inhibición se encuentre fundada en alguna de las causales establecidas por el Ley, vale decir, cualesquiera de las previstas en el artículo 82 eiusdem.

Sin embargo, debe advertirse que el rigor de este último requisito ha sido morigerado a través de sentencia N° 2140 de fecha 7 de agosto de 2003, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictada bajo la ponencia del Magistrado Dr. José Manuel Delgado Ocando, en la que el Máximo Tribunal señaló que en aras de preservar el derecho a ser juzgado por un juez natural, lo cual implica un juez predeterminado por la ley, independiente, idóneo e imparcial, estableció que el juez puede ser recusado o inhibirse por causas distintas a las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sin que ello implique en modo alguno, dilaciones indebidas o retardo judicial.

Por otra parte, es necesario resaltar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución Nacional, el precedente judicial al cual hemos hecho referencia es de carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República.

En cuanto al primer requisito de procedencia, se observa que el mismo se encuentra cumplido en el caso bajo estudio, en atención que tal y como se evidencia de los autos, la inhibición la hizo el juez nombrado en declaración contenida en acta levantada a tal efecto, suscrita de conformidad con el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, por él y la secretaria del tribunal a su cargo, y en ella se señalaron las circunstancias que motivaron la inhibición, e igualmente también indicó que el impedimento obra contra la parte accionada, por haber manifestado previamente opinión sobre lo principal del pleito, no obstante se deja constancia que en este caso el impedimento obra contra ambas partes. Y así se declara.

Declarado lo anterior, sólo queda establecer si se encuentra o no cumplido en el caso de autos el último requisito señalado, esto es, que la inhibición se haya fundado y se subsuma en alguna de las causales establecidas por la ley, vale decir, en cualesquiera de las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil o en su defecto, en algún motivo justificado de conformidad con el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia arriba indicado.

De conformidad con lo ya expresado en el cuerpo de la presente decisión, el juez ahora inhibido invocó como fundamento de su inhibición el hecho que en fecha 11 de junio de 2012, dictó sentencia interlocutoria declarando en el dispositivo inadmisible la reconvención intentada por los abogados en ejercicio Jesús Eduardo Lares Sarmiento, Marcos Aurelio Gómez Montilla, Marcos Aurelio Gómez Montilla y Orlando José Sierra Paredes, inscritos en el Inpreabogado bajo los nrosº 153.723, 71.995 y 160.466, en su carácter de co-apoderados judiciales de la parte demandada, ciudadanos: Alirio Gualdron Nieves, Dolores Milagros Soler Bastos y Benjamín José Bastos Rodríguez, titulares de las cédulas nrosº V-4.429.921, 4.926.289 y 8.171.661, respectivamente, contra la parte demandante, ciudadanos: Gabriela Alexandra Bastos Pérez y Juan Leonardo Bastos Pérez, titulares de las cedulas nrosº V-16.691.534 y V-21.013.946, que posteriormente fue remitido a ese juzgado superior para que conociera de la apelación interpuesta.

Ahora bien, quien aquí decide observa que en las actas procesales que conforman el presente asunto, específicamente en los folios 18 al 19, se encuentra agregada copia certificada de la sentencia de fecha 11 de junio del 2012, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en el juicio de reivindicación intentado por los ciudadanos: Gabriela Alexandra Bastos Pérez y Juan Leonardo Basto Pérez, contra los ciudadanos : Dolores Milagros Soler Bastos, Alirio Gualdron Nieves y Benjamín José Bastos Rodríguez ya identificados, sentencia que se encuentra firmada por el juez ahora inhibido.

Ante tal circunstancia, al haber sido comprobado que el juez inhibido dictó sentencia en el juicio antes aludido; este tribunal considera procedente la inhibición formulada por el Abg. Juan José Muñoz Sierra en su condición de Juez Provisorio del Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en virtud de que el funcionario se encuentra efectivamente incurso en la causal de inhibición prevista en el artículo 82 numeral 15° del Código de Procedimiento Civil; por lo que se declara con lugar la misma. Y ASÍ SE DECIDE.

IV

DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Circuito Judicial Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara CON LUGAR la Inhibición formulada por el Juez Provisorio del Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. Abg. Juan José Muñoz Sierra, formulada en el juicio de reivindicación, en el asunto Nº EC21-R-2012-000018, de la nomenclatura interna de ese tribunal.
En acatamiento a la sentencia vinculante proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, signada con el número 1175, de fecha 23 de noviembre de 2010, Expediente N° 08-1497, en la que se dejó establecido que las decisiones que resuelvan las incidencias relativas a la recusación o inhibición deberán ser notificadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al juez o jueza inhibido o recusado y al sustituto temporal; este tribunal observa que el juez inhibido ciudadano Juan José Muñoz Sierra, se encuentra a cargo del Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, es por lo que se ordena su notificación de la presente decisión. Y ASÍ SE DECIDE.
Publíquese, regístrese y expídanse las copias de Ley. Líbrese oficio.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Circuito Judicial Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. En Barinas a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016). Años: 205º de la Independencia y 157º de la Federación.

La Jueza Superior,

Rosa Elena Quintero Altuve
La Secretaria,

Abg. Maribel Gómez.